Desaparición de normalistas, de lesa humanidad
El enfrentamiento, las ejecuciones y las desapariciones forzadas ocurridas el fin de semana pasado en el estado de Guerrero, son una muestra clara de la profunda debilidad institucional del estado y los municipios, que no sólo no son capaces de responder frente a un conjunto de hechos como éste, sino que asumen una actitud de total indefensión frente a los poderes fácticos. Debemos preguntarnos si sigue siendo necesaria la existencia de los gobiernos estatales y municipales; o si por el contrario, esto debiera ser un llamado a la reconstitución del federalismo, que hoy en día está más que muerto en nuestro país.
En efecto, vale la pena repasar las respectivas actitudes de los titulares del gobierno de Guerrero, y del municipio de Iguala, donde ocurrieron los hechos. Cuando se supo que un grupo de normalistas había sido atacado, que habían muerto seis, y que otros 43 se encontraban desaparecidos, la Federación asumió que este asunto debía comenzar a ser abordado por los gobiernos estatal y municipal, porque en ellos se encuentran las atribuciones primarias relacionadas con esos hechos. ¿Qué ocurrió en realidad?
Que el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, simplemente dijo que él no sabía nada ni se había enterado de nada, a pesar de que la Policía Municipal bajo su mando había coprotagonizado los hechos. Para Abarca, que de inmediato debió dar explicaciones congruentes y suficientes, en realidad mostró una desfachatez enorme que apenas si alcanzaba a disimular la realidad de que él como autoridad ha estado todo el tiempo rebasado.
¿Por qué? Porque desde el inicio se supo que fue la delincuencia organizada quien estuvo presente en esos hechos. Pero como el Edil de Iguala está, o tan cooptado, o tan sometido por el poder fáctico de la criminalidad, que entonces no le quedó de otra más que ponerse en la insostenible situación de reconocer su ignorancia en los hechos, pagar él el costo de la debilidad institucional del ámbito de gobierno que representaba, y tomar la decisión de separarse de su cargo para esconderse inmediatamente.
Eso transfirió, inmediatamente, la responsabilidad al gobierno estatal guerrerense, que actuó más o menos de la misma forma. Esto porque a pesar de que la dimensión de los hechos catapulta las posibilidades de que este asunto se convierta en un tema de responsabilidad para el Estado mexicano (porque hay homicidios y desapariciones forzadas), el gobierno del impresentable Ángel Heladio Aguirre Rivero decidió también esconderse y darle al asunto un tratamiento impropio.
Y es que resulta que funcionarios estatales prefirieron aprovecharse de la crisis para tratar de sacar una raja política; y mientras, la Procuraduría estatal se vio imposibilitada de actuar con eficacia en la indagatoria. El gobierno de Guerrero, pues, tampoco tuvo la claridad para ver que el hecho de que en el ataque a los normalistas, participaron elementos policiacos que, para efectos prácticos, son agentes del Estado; y que de los hechos se derivan delitos que bien pueden llegar a ser catalogados como de lesa humanidad, por su gravedad y trascendencia a toda la población, y no sólo a los directamente afectados.
No lo vieron y por eso decidieron únicamente hacer lo indispensable para que esto no pareciera una situación de total desentendimiento –aunque en los hechos eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Nunca pudieron entender el contexto, y todos se quedaron ahogados en la incompetencia y el desentendimiento, como si esto en verdad pudiera resolver algo.
DE LESA HUMANIDAD
Para darnos una idea de la trascendencia de estos hechos, vale la pena tener por lo menos una referencia de lo que son los delitos de lesa humanidad. En ese sentido, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aclara esto y nos permite ver la dimensión de lo que pasó en Guerrero.
Sobre esto, dice el artículo 7 del Estatuto, que se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Ese mismo numeral se establece que uno de los actos sancionados como crimen de lesa humanidad es el de la desaparición forzada de personas.
Y luego sostiene: “Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.”
¿Podrían encuadrar los hechos de Iguala en este supuesto? Muy posiblemente, sí. porque en este caso se dio la aprehensión y secuestro del grupo de normalistas no precisamente por una decisión de Estado pero sí con la aquiescencia, autorización y posiblemente hasta apoyo de agentes del Estado para consumar esos hechos. Y el hecho de que en todo este tiempo el gobierno guerrerense y el de Iguala demostraron ser incapaces y no tener interés genuino y de fondo, para dar con los responsables de los hechos y aclarar el paradero de estas personas, consumando con ello el supuesto de que con esa desatención se está provocando que las personas queden fuera del amparo de la ley.
Por eso valdría la pena redimensionar lo que está ocurriendo, y el papel que juegan estos ámbitos de gobierno. ¿Deben seguir existiendo los gobiernos estatales y municipales a pesar de su incapacidad para enfrentar un conjunto de hechos como éstos? ¿O la solución debe pasar por el replanteamiento del federalismo para devolverle la fuerza y la capacidad de acción de los gobiernos estatales y municipales, en un contexto en el que durante los últimos años lo que han hecho es socavar de fondo sus capacidades?
LUTO PARA TODOS
También es necesario dimensionar la gravedad que reviste, para todos los mexicanos, la posibilidad de que se confirme que las fosas encontradas el fin de semana contengan los cuerpos de los normalistas. Eso sería brutal, por el hecho de que se comprobaría que éstos fueron ejecutados sin ninguna otra motivación más que la de hacer una demostración de fuerza, y enrarecer (aún más) el ambiente político en Guerrero.
