+ Deben abandonar simulación y cortoplacismo, y tener visión de Estado
Independientemente de que ayer se haya definido o no la integración del nuevo Instituto de Acceso a la Información en Oaxaca, tanto el gobierno como los diputados de la LXII Legislatura deben considerar que le harían un bien mayor al Estado actuando con responsabilidad y actuando con visión de futuro en esta cuestionada conformación de los órganos constitucionalmente autónomos. Hay varias razones por las que tendrían que apostar a ello. Veamos.
Primera. Los órganos autónomos son de naturaleza especializada, y por eso no pueden seguir sujetos a cuotas. Teóricamente, instancias como la electoral, de transparencia o de fiscalización, son de naturaleza especializada y ese, junto con el de la experiencia, debieran ser los factores fundamentales para determinar su conformación. Las “cuotas” partidistas han demostrado ser desastrosas, porque lo único que se ejerce en los partidos es política. Sin embargo, por definición los especialistas se encuentran en otros ámbitos profesionales, laborales y académicos, y a ellos se debiera acudir cuando de lo que se trata es de conformar estructuras especializadas.
Segunda. Los órganos autónomos no pueden quedar sujetos al arbitrio del corto plazo. Éstos se crearon justamente para eliminar la política como forma de ejercer la administración pública. Parece aún difícil de entender en México, pero una cosa es el partidismo o el “hacer política”, y otra administrar (y fiscalizar, y transparentar, etcétera) los recursos públicos, porque nada de esto puede quedar sujeto a la negociación. Por eso, quien gasta mal, debe ser sancionado; quien se roba el dinero público, también; igual que quien decide esconder los qués y los cómos de la gestión pública a través de la opacidad.
Tercera. En ese contexto, al privilegiar la partidización de las funciones especializadas, lo que el gobierno y los legisladores están provocando es que la prostitución de la gestión pública continúe. Es decir, que si hoy existe la corrupción, entonces lejos de abonar a que ésta termine, los legisladores y el gobierno están también condenando a sus hijos quién sabe si a que sean partícipes de esa corrupción, pero sí, con toda seguridad, a que ellos también sean blanco de esa corrupción que la que hoy se benefician, pero que tanto nos ha quitado a todos como estado, como región, y como país.
Cuarta. Luego de los auténticos desastres en los órganos electorales, de derechos humanos, y de transparencia, el gobierno de Oaxaca debe entender que ya no puede seguir dejando solo al Congreso en la tarea de conformar los órganos autónomos. Esto debiera ser visto como una tarea de autocontrol y de búsqueda de equilibrios políticos. ¿Por qué? Porque ha quedado claro que al haber dejado solo el gobierno al Congreso, éste se ha venido entregando a prácticas que son indeseables hasta para una democracia en construcción.
De hecho, el Congreso ha negociado los espacios especializados, los ha vendido; los ha condicionado y los ha sujetado a chantajes. ¿La razón? Los partidos que conforman el Congreso siguen en la perniciosa idea de “cuidarse las espaldas” poniendo a afines en los órganos autónomos. No entienden que éstos se crearon no para ir sólo a controlar a los partidos, sino a todo el Estado, en una segunda fase, superior, a la de la división clásica de poderes. Y el gobierno, al no intervenir, ni ha promovido la conformación especializada de esos órganos y tampoco ha fomentado —ni siquiera en apariencias— la noción de contar con órganos legitimados que, a su vez, legitimen sus (buenas o malas) acciones y decisiones.
Quinta. Al insistir, el Congreso termina desacreditando a todo el Estado como institución. Quizá los diputados sueñen con tener a sus alfiles en los órganos autónomos como si fueran auténticas cuotas; pero impiden que haya crecimiento cualitativo de esos órganos como garantes de la democracia. Ellos no lo ven, pero al insistir en sus conformaciones aparentemente autónomas, pero llenas de intereses, con cuadros —en el mejor de los casos— salidos de sus partidos, y sin una verdadera certeza de su especialización, lo que hacen es contribuir a que los órganos autónomos sigan siendo sangrías al gasto público, que no cumplen con su función, y que carecen de los elementos para crecer en el alcance de sus funciones.
PREGUNTAS AL CONGRESO
Hay, desde hace ya más de una semana, existe un “chisme” salido del propio Congreso, y que ha circulado con toda veracidad, que dice que ya hay candidatos por partido, para integrar el órgano de transparencia. El único criterio aceptable entre ellos es el que apunta a que esos posibles candidatos no pertenecen al gobierno. Sin embargo, ¿cumplen con los requisitos que ellos mismos establecieron en la convocatoria para la integración del instituto de acceso a la información?
A los diputados también habría que preguntarles cuáles fueron los criterios utilizados para definir a sus candidatos al órgano de transparencia; porque a decir de las versiones que han circulado, por un lado se encuentran todos aquellos que tienen conocimientos profesionales y experiencia comprobable en las áreas relacionadas con el acceso a la información, y por el otro los que únicamente tienen como carta de presentación el aval de los partidos para participar en la competencia. Los primeros son muy reconocidos, y cuentan toda la experticia necesaria… pero no tienen ninguna posibilidad de acceder a uno de los espacios como consejeros; los segundos, no cuentan con nada de experiencias y conocimientos comprobables, pero tienen un aval político que los respalda. Y en ese mundo raro, resulta que lo segundo termina valiendo mucho más que lo primero.
En ese sentido, ¿dimensionan los diputados el tamaño del descrédito que ellos mismos se infligen con esas decisiones? ¿Al menos como ejercicio, en el Congreso se preguntaron cuál sería la conformación real del órgano de transparencia si el criterio político no hubiera existido y todo se hubiera decidido estrictamente en los términos de la convocatoria? Estamos seguros que, de haber ocurrido ese ejercicio, la conformación final habría sido diametralmente distinta a la que apunta a tener en la realidad el órgano de transparencia.
UNA TRAGEDIA
Sí, es nada menos que una tragedia. En su tercera conformación, Oaxaca seguirá teniendo el mismo órgano de transparencia deslegitimado de origen y con más dudas que certezas sobre su funcionamiento. Así de brutal es la consecuencia de la voracidad legislativa.
