+ Ambos, bajo sospecha; Pérez, en capilla… y Peña “informa”
Cometer un acto de corrupción desde el servicio público constituye, en términos objetivos, una conducta inaceptable no sólo porque desvía los bienes y recursos del Estado para beneficios privados, sino también porque rompe con la confianza, que es la base de la legitimidad de los servidores públicos. Aunque eso es lo mismo aquí y en China, lo que dista mucho es la forma de castigarlos. En algunas sociedades el Estado es capaz de sobreponerse a la política para castigar a los corruptos; pero en otras sociedades, todos se ponen de acuerdo para llevar al Estado a la quiebra. Es el contraste entre dos países vecinos como México y Guatemala.
En efecto, ayer el presidente Enrique Peña Nieto ofreció un mensaje a la nación, conmemorativo de sus primeros tres años de gestión. En sus propias palabras, fue “un mensaje de balance, de ajustes, y de reforzar lo que está funcionando”. No obstante, del propio texto se desprendió que éste tenía más la intención de ser una larga perorata de apologías y excusas sobre lo que ha pasado en el último año, e incluso una proyección de lo que no cambiará de aquí hasta que termine el sexenio.
El Presidente se refirió a los logros de su gobierno, pero también con cierta candidez se refirió a los graves problemas de su administración, como la fuga del Chapo Guzmán o la devaluación simulada del peso frente al dólar. En el punto cúspide de su mensaje, se refirió a los casos de conflicto de interés en los que únicamente se limitó a aceptar que éstos habían involucrado hasta al Titular del Poder Ejecutivo Federal y que habían causado agravios a la ciudadanía.
Todos sabemos a qué se refería: a que él, a través de su esposa, y el Secretario de Hacienda, le compraron sendas mansiones a un contratista de obra que había trabajado con ellos en el gobierno del Estado de México, y luego en el gobierno federal, y que esas operaciones financieras habían ocurrido en un marco de excesivos privilegios respecto a las condiciones del mercado.
Aunque esto fue un escándalo, que puso en evidencia no un posible acto de corrupción, sino además un franco abuso en el desempeño de sus responsabilidades públicas, hace dos semanas tanto el Presidente como el Secretario de Hacienda fueron exonerados por la Secretaría de la Función Pública del posible conflicto de interés en que pudieron haber incurrido.
Esa dependencia, que es subordinada al Presidente, dijo que no había existido el conflicto de interés porque el Presidente y su funcionario no habían recibido privilegios desproporcionados por el contratista que les vendió sus respectivas mansiones. También resolvió que no había conflicto de interés, porque uno y otro no eran responsables directos de asignar la obra pública y que por ende no habrían sido capaces de influir en los contratos que le fueron dados a la empresa, y que así no habría manera de ligarlos en un posible acto de corrupción.
La Secretaría de la Función Pública olvidó un pequeño detalle: la legitimidad y la confianza que debe descansar sobre los servidores públicos, y además la parte subjetiva de toda gestión pública: la política. Según la visión estrecha de la SFP un Presidente no puede ordenar, o presionar, para que sus funcionarios cumplan con una orden que él da o que incluso sólo “sugiere”.
En ese llamado “país de uno”, que se niega a desaparecer de nuestro entorno, sigue siendo la hora que dice el Presidente; se sigue haciendo lo que éste manda y cumpliéndose lo que éste ordena. En ese país que nos resistimos a dejar de ser, el Presidente puede incurrir en un acto que merma profundamente su legitimidad y presencia moral ante la ciudadanía, y resolverlo emitiendo un mensaje a la nación en el que simplemente se compromete a que algunas cosas van a cambiar, aunque nada relacionado con la corrupción.
CORRUPCIÓN EN GUATEMALA
Formalmente, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue acusado el viernes 21 de agosto por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de ser el líder de una red de defraudación aduanera conocida como La Línea. Según lo que han informado diversos medios, el nombre de la red de defraudación, hacía alusión a un número de teléfono al que se podía llamar para negociar una alteración en los documentos de los cargamentos de mercadería importada, con el objetivo de pagar menos impuestos. Por el mismo caso guarda prisión la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, que en mayo se vio forzada a renunciar al cargo ante la contundencia de las pruebas en su contra.
Tras la acusación formal y la decisión del presidente de aferrarse a su cargo, seis de sus 13 ministros y otros altos cargos renunciaron. Y anteayer, en un hecho sin precedentes, los 132 diputados que componen el Congreso de Guatemala votaron retirarle la inmunidad al presidente Pérez, que será investigado en la Justicia por un fraude millonario en las aduanas. Poco más tarde, un juez prohibió la salida del país del mandatario, luego de que la fiscalía general de aquel país le presentó una solicitud para que emitiera una orden de arraigo.
Así, al ya no contar con inmunidad constitucional, y estar obligado a permanecer en el país, con Pérez Molina pueden ocurrir dos cosas: primera, que renuncie del cargo de Presidente y decida salir ilegalmente del país; o dos, que aún en funciones sea procesado judicialmente. Su periodo constitucional culmina en diciembre próximo, así que ya disminuido, posiblemente llegue a su conclusión aunque eso no le garantiza que el juicio no continúe, y que no vaya a prisión.
Si lo vemos objetivamente, ambos son actos de corrupción, pero la diferencia estriba en cómo se conciben, cómo se persiguen y qué mecanismos se utilizan para tratar de castigarlos. En Guatemala, que se supone que es un país con menos desarrollo democrático que el nuestro, hay un Presidente acusado, perseguido y desaforado; en México, frente a un acto igual de grave, el Presidente fue exculpado y celebró su gestión con una perorata que no tuvo la vocación autocrítica que muchos aún esperábamos del Presidente.
MALOS AUGURIOS
El año pasado (antes de Iguala, de la Casa Blanca, del Chapo) el 16 de septiembre al Presidente se le cayó la bandera del asta monumental del zócalo de la Ciudad de México, en pleno desfile militar. Ayer, se le cayó la banda presidencial cuando intentaba que se grabara en video el protocolo relacionado con su mensaje a la nación. Dos malos augurios. Ojalá que sólo para él, y no para el país.
