+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Defender la denominación mezcal es un asunto cultural

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Mezcal Convite

+ Se deben idear estrategias de defensa legal vs NOM-199


Demasiado interesados en los asuntos coyunturales, muchos no hemos reparado en que el gobierno federal se encuentra en vías de consumar un despojo cultural no sólo a Oaxaca, sino a varias entidades del país que producen mezcal. Existe un proyecto de Norma Oficial Mexicana (la NOM-199-SCFI-2015) que establece que todos los destilados de agave que se produzcan fuera de los territorios comprendidos en alguna denominación de origen, tendrán prohibido utilizar la palabra “mezcal” y también quedarán impedidos de señalar en sus etiquetas que la bebida tiene como origen el agave, y que en su lugar deberán utilizar la denominación “komil”. Esto, a todas luces es un atropello que debe ser impedido.

En efecto, desde hace meses se habla en algunos círculos sociales y empresariales de ese polémico proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM), y aunque originalmente hubo desinformación y “teorías” sobre la intención que tendría esa NOM sobre la regulación del mezcal o el tequila, la socialización y la revisión de dicho proyecto han dejado claras las intenciones: el gobierno mexicano quiere acotar el uso de las palabras “mezcal” y “agave”, para equipararlas con marcas registradas, y reservarlas para el uso exclusivo de quienes se encuentran dentro de una región con denominación de origen, y en regla con los procesos de certificación. Para entender todo esto, vale la pena ir por partes.

Por un lado, las denominaciones de origen son declaratorias de protección del nombre y características de un producto, en una determinada región. Está, por ejemplo, la talavera o el chile habanero, que tienen sus respectivas denominaciones en el estado de Puebla y en la península de Yucatán. En el caso de los destilados de agave, hay varias denominaciones de origen. Una de ellas es la del tequila, otra la del mezcal, y existen dos más: el sotol y la bacanora, que son bebidas que también se producen del agave pero en otras regiones del país.

En el caso del tequila, su denominación de origen comprende 181 municipios de cinco estados de la República Mexicana: Jalisco con sus 125 municipios, Nayarit con 8, Guanajuato con 7, Tamaulipas con 11 y Michoacán con 30 municipios. Solamente en esos municipios se puede cosechar y utilizar la materia prima, agave tequilana weber variedad azul, para la producción de Tequila. Y ninguna otra bebida alcohólica producida en el país, o fuera de él, puede ostentar el nombre Tequila.

En el caso del mezcal, la Denominación de Origen Mezcal (DOM) comprende regiones de nueve entidades del país; esas entidades son Oaxaca, Michoacán, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas y Durango. El problema es que la DOM establece la protección por regiones. En el caso de Oaxaca establece que la protección abarca particularmente las regiones de Tlacolula, Sola de Vega, Yautepec, y Miahuatlán.

De este modo, aunque la entidad tiene denominación de origen, no todas las regiones están protegidas. Así, por ejemplo, las amplias zonas mezcaleras de la mixteca oaxaqueña han tenido grandes dificultades para acceder primero al uso de la denominación de origen, y luego al proceso de certificación, que muchas veces es rechazado por cuestiones económicas pero también culturales, que debieran ser tomadas en consideración.

KOMIL Y EL DESPOJO

No sólo son los estados con denominación de origen, los que producen mezcal. De hecho, en México, existen registros de que unas 27 entidades del país han producido mezcal desde la época virreinal, que se trajo al territorio actual de México la tecnología necesaria de alambiques para la destilación del mosto del agave. Si consideramos que sólo regiones de nueve entidades del país tienen DOM y podrán seguir utilizando las palabras “mezcal” y “agave” en sus etiquetas, entonces el resultado es un enorme despojo a todas las regiones mezcaleras del país que ya no tendrán la autorización para seguir usando ambos términos, que son parte de su cultura.

En ese sentido, vale también entender algo más: el otorgamiento de una denominación de origen se basa esencialmente en que el gobierno y los productores de la región que la pretende, demuestre que el producto cuya denominación se pretende proteger, es consecuencia de su herencia cultural, que ha sido elaborado bajo ciertas condiciones por un periodo determinado de tiempo, y que su calidad o características dependen de los factores naturales, humanos y geográficos de dicha región.

Así, considerando lo anterior, lo que se desprende en el caso del mezcal, es que la denominación de origen protege a quienes lo han solicitado, pero que hay mucho más mezcal en México que el que se encuentra contemplado en la DOM. Por eso, en este caso, ni están en la DOM todos los estados mezcaleros que existen; ni los que se encuentran protegidos por la Denominación de Origen Mezcal, son todos los que deberían estar.

Frente a todo esto, hay algo irrefutable: que el mezcal es, además de una bebida alcohólica, un producto cultural de México. Y lo interesante que plantea este caso, es que una vez que se consolide la aprobación de la NOM-199 que pretende obligar a todos los productores de mezcal que se encuentran fuera de las denominaciones de origen, a utilizar la palabra “komil” en lugar de “mezcal”, lo que habrá de esperarse son las estrategias de defensa legal que se promuevan ante los tribunales del país para evitar este despojo.

Habrán varios argumentos centrales que desde ahora se prevé que serán parte de la discusión. Uno de ellos, es que muchísimas comunidades indígenas podrán argumentar, en contra  NOM-199, que la denominación “mezcal” de su producto es un elemento integrante de su identidad cultural, y que por tanto su derecho a denominarlo como ellos lo han llamado siempre, es un derecho tutelado por la Constitución y la legislación internacional en materia de derecho indígena.

Otro argumento, también con amplias posibilidades de prosperar, es el relativo a que una decisión como ésta tendría que pasar, necesariamente, por un proceso consulta, contemplado para las comunidades indígenas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cuando el Estado prevea aplicar medidas legislativas o administrativas (como en este caso) susceptibles de afectarles directamente.

UNIRSE, EL RETO

Lo único que podría derrotar a quienes serán despojados por este absurdo intento del Estado, es la desunión. Plantear una defensa legal sólida y unificada será el único camino para impedirlo.

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