+ ¿Cómo erradicarlo? Al desterrar el inmovilismo legislativo
Nuevamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emprendió acciones en contra de uno de los pioneros del llamado outsourcing en México. En efecto, de acuerdo con lo publicado por TIEMPO en su edición de ayer, empresas de consultoría legal y contable, relacionadas con el fiscalista oaxaqueño Sergio Castro López, fueron cateadas y aseguradas por representantes de la autoridad tributaria federal, como parte de una investigación relacionada con el no pago de impuestos al fisco. Esta parece ser una primera acción importante que, sin embargo, no resuelve un problema que tiene mucho más de fondo.
Para nadie es un secreto la forma en cómo trabajan las empresas contables y jurídicas que ofrecen el servicio de outsourcing. Éstas surgieron como una dudosa alternativa al incremento en las obligaciones que el fisco local y federal, le impuso a las empresas en el país. El gran negocio de esos despachos de abogados y contadores, se centró en la elusión de las obligaciones mediante el aprovechamiento de la falta de regulaciones específicas en las normas fiscales aplicables.
¿De qué hablamos? De que, en un primer momento, los prestadores del servicio de outsourcing, innovaron esquemas laborales en los que ellos creaban empresas que sólo existían en la ficción jurídica, pero que no contaban ni con capital ni presencia física. Al ofrecer el servicio del manejo de nómina a los patrones, hacían que éstos obligaran a sus trabajadores a aceptar la terminación de la respectiva relación laboral con la empresa real, e iniciar una nueva con la empresa ficticia. Una vez ahí, dichas empresas controladas por los despachos de outsourcing, sólo reportaban tanto a Hacienda, como al Infonavit, IMSS y demás, que los trabajadores ganaban el salario mínimo. Y así, “legalmente”, tanto la consultoría como el patrón, ganaban.
¿Por qué? Porque, físicamente, los trabajadores continuaban laborando en el mismo centro de trabajo y en las mismas condiciones que antes; sin embargo, el patrón no sólo había transferido el manejo de su nómina a un tercero, sino que también le había transmitido las obligaciones laborales correspondientes. Al hacer el “manejo de nómina”, la consultoría hacía disminuir drásticamente los impuestos, y en la medida que lograba reducir esos pagos ellos lograban incrementar sus ganancias. Y, en esto, los grandes perdedores eran tanto los trabajadores como el Estado.
Los trabajadores perdían, porque aún cuando en apariencia siguieran percibiendo su mismo salario, éste ahora se desglosaba de modo distinto. Sólo el mínimo le era reportado a las instancias tributarias; y éste era nivelado a través de ayudas y compensaciones que, para efectos legales, no constituyen salario. Este era un agravio múltiple. Ante el IMSS, Infonavit y demás, su derecho a jubilación, pago por incapacidades y acceso a créditos inmobiliarios, se veía reducido drásticamente.
Y, en caso de conflicto, la posibilidad de obtener una indemnización justa se hacía prácticamente imposible. Esto porque la empresa que aparecía como patrón, carecía de capital para hacer exigible el pago mediante un aseguramiento; y porque independientemente de cuál fuese el salario, finalmente un trabajador en litigio sólo podía obtener compensaciones equivalentes al salario mínimo que legalmente era reportado como su ingreso formal.
“INNOVAR” ESQUEMAS
Paulatinamente, el Estado comenzó a colocar candados a ese tipo de esquemas. Llegó el momento en el que, descubiertas esas primeras operaciones, los artífices del outsourcing optaron por las sociedades cooperativas. Esto es, que al tomar el manejo de las relaciones laborales de una empresa, constituían sociedades de ese tipo en la que convertían a los empleados en socios de la misma. Al cambiar la naturaleza jurídica de los trabajadores, cambiaban también las obligaciones que tiene la empresa hacia ellos.
Para efecto de las leyes laborales y mercantiles, un trabajador tiene derecho a un salario, a prestaciones de seguridad social, y a recurrir a los recursos que la ley les otorga para la defensa de sus derechos; en el caso de los socios de una cooperativa, éstos no son considerados por la ley como trabajadores; por tanto, la sociedad no tiene el deber ni de otorgarles prestaciones de tipo social como servicio médico, a créditos de vivienda o a jubilación; y tampoco les reconoce personalidad para entablar controversia ante los tribunales laborales. Esto se basa en que una sociedad cooperativa es de naturaleza mercantil, no relativa al derecho del trabajo.
De este modo fue como, creando sociedades cooperativas, falseando el reporte de datos a la autoridad tributaria, buscando las lagunas, y explotando los límites permisibles de la norma, como los prestadores del servicio de outsourcing han podido continuar con esas actividades.
Se han aprovechado de la casi permanente inmovilidad legislativa, que no es eficaz en la colocación de candados a través de reformas; se han aprovechado también de los millonarios montos de dinero que perciben por esas actividades, el cual les ha permitido envolver en aros de corrupción a muchos funcionarios. Y se han aprovechado, sobre todo, de que, a pesar de que las leyes laborales en México son proteccionistas en relación a los trabajadores, normas como la Ley Federal del Trabajo fueron confeccionadas cuando esquemas como el que ahora nos ocupa ni siquiera estaba en la previsión —o en la imaginación— de los legisladores, los patrones y los contadores arteros.
El gobierno federal hoy está, presuntamente, “echando el guante” a grupos como el de Casto López. Lo hace por las millonarias sumas de dinero que dejan de percibir por concepto de impuestos, cuotas de seguridad social y demás. No lo hacen por el daño permanente que el outsourcing provoca a los trabajadores en sus derechos laborales; y tampoco se han encargado de tomar medidas más drásticas, en relación a las reformas legales que le urgen a las normas fiscales, y que por la ineptitud y tortuguismo de los legisladores, desde hace años no se pueden lograr integralmente.
ES PREGUNTA
¿Alguien recuerda que hace unos meses, el director Técnico del Puebla, José Luis Sánchez Solá, dijo a la prensa que “un señor chaparrito y morenito” le había ofrecido una suma millonaria si llegaban a la final en el torneo pasado, y aseguró que él era el verdadero dueño del equipo? ¿De quién hablaba?
almargenoaxaca.wordpress.com
En definitiva, la existencia de los outsourcing es un verdadero ataque a la Ley Federal del Trabajo. Pero -efectívamente-, tiene razón el autor al señalar la “indolencia” de nuestros legisladores. Y yo podría aumentar el calificativo llevándolo hasta “ignorancia”, porque dudo que alguno de nuestros brillantes Diputados conozca, aún cuando sea superficialmente, esta estafa de que se hace víctima al inocente trabajador.
Atentamente
Hector A.M.S.
Si Héctor, hay un diputado que si conoce de esto, y lo ha denunciado hasta el cansancio, es el diputado Fernández Noroña. El problema es que estos diputados son minoría. Y la gran mayoría no es que no sepan, sino son una bola de vendidos mal intencionados, que lo único que hacen es defender los intereses de la oligarquía. Busca en Youtube, ” el hombre mas valiente de México”
ATENCIÓN AUTORIDADES COMPETENTES..!!! EL AGENTE ADUANAL: ARTURO CARLOS CABEZUT MADARIA CON PATENTE 3182, ESTA INCURRIENDO EN ESTA PRACTICA, LOS EMPLEADOSYA HAN SIDO TRANFERIDOS DOS VECES A ESTE TIPO DE EMPRESA OUTSOURCING, ES URGENTE QUE INVESTIGUEN POR FAVOR
Estoy de acuerdo con tu comentario… pero me gustaria saber de donde sacas esa informacion… me gustaria contactarme contigo.
MUY INTERESANTE, MUY INTERESANTE, FELICIDADES POR EL ARTICULO!!!
DE SERGIO CASTRO
SIN DUDA ALGUNA
POR CIERTO MUY BUEN ARTICULO
Como es posible que las autoridades competentes cierren los ojos, ARTURO CARLOS CABEZUT MADARIA , SIGUE INCURRIENDO EN ESTE TIPO DE FRAUDES FISCALES, ADEMAS EVADE IMPUESTOS EN LAS OPERACIONES DE COMERCIO ESTERIOR EN ALTAMIRA YA ESTAMOS CANSADOS QUE ESTE SUJETO CON PATENTE 3182 ABUSE Y NOS ROBE NUESTROS DERECHOS COMO TRABAJADORES, IMSS, SAT, INVESTIGENLO
Tienes razón Adrian, este señor es un cerdo además que le gusta amenazar a sus empleados con el despido, es lo que llamamos un delincuente de cuello blanco
cuando van a investigar y a detener a este delincuente de corbata que se hace llamar ARTURO CARLOS CABEZUT MADARIA,QUE COMPRO UN TITULO PARA OSTENTARSE COMO LICENCIADO PERO NUNCA CURSO LA CARRERA,,,QUE COMPRO LA PATENTE PORQUE DE AGENTE ADUANAL NO TIENE NADA
Yo también he sufridos sus amenazas de despido y sin liquidarme de acuerdo a la ley. Arturo Carlos Cabezut Madaria es un explotador que además le gusta tratar mal y humillar a sus empleados´presume que con su dinero e influencias es intocable por eso comete tantas injusticias con el personal
POR QUE LES EXPIDEN UNA PATENTE A ESTE CLASE DE SUJETOS QUE SOLAMENTE LA UTILIZAN PARA ROBAR EMPLEADOS, CLIENTES, GOBIERNO E INSTITUCIONES LLAMESE IMMS , SAT, INFONAVIT, ETC..LAS DEPENDENCIAS NO DEBERIAN ESPERAR SINO TOMAR LA INICIATIVA E INVESTIGAR, DE RESULTAR CON RESPONSABILIDADES, QUE LE RETIREN LA PATENTE