+ Flavio Sosa, candidato; ¿Qué y quiénes lo dejaron “llegar”?
En medio de las campañas proselitistas, están a punto de revivir algunas de las más añejas rencillas derivadas del conflicto magisterial y popular de 2006. El anuncio de la postulación de Flavio Sosa Villavicencio a una diputación local por el principio de representación proporcional, por parte del Partido del Trabajo, reactivó de inmediato aquella acusación —que en su momento se vertió desde el sector oficial—, en el sentido de que había una plena comunión entre los agitadores que encabezaron la revuelta popular, y el grupo opositor encabezado por Gabino Cué Monteagudo. Más allá de las discusiones estériles y las verdades a medias, en este asunto todos salen mal librados.
En efecto, la noche del pasado martes se dio a conocer que uno de los principales dirigentes visibles de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, Flavio Sosa, encabeza la lista de candidatos a diputados locales por la vía plurinominal, propuesta por el Partido del Trabajo. Ayer mismo, en conferencia de prensa, el diputado Héctor Pablo Ramírez Leyva, reaccionó a nombre del Revolucionario Institucional, señalando que la postulación del Dirigente appista, “muestra que es obvia la alianza que había desde 2006 entre Gabino y la franja de agitadores que comandó Flavio Sosa”,
Ante ello, es necesario preguntarnos si esta discusión es tan bipolar como se pretende hacer ver. Aunque pareciera que, en efecto, los tricolores tienen razón en su señalamiento, es claro que, indirectamente, la postulación de Sosa tiene más causas y responsables de los que ahora se enumeran y satanizan. Si volteamos la mirada al pasado, encontraremos que no sólo fueron la agitación y la violencia dos de los comunes denominadores del conflicto popular del 2006. Hubo otro factor, esencial, que es responsabilidad de quienes hoy gobiernan y que ellos mismos prohijaron de modo abominable en todo lo concerniente a la revuelta popular. Ese factor, se llama impunidad.
Así, hoy parece muy sencillo para el priismo, alzar escandalizado la voz para señalar que la postulación de Sosa Villavicencio demuestra los vínculos que permanentemente ha tenido con el ahora candidato a Gobernador por la coalición Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo; a partir de ello, los tricolores deducen que éstos dos personajes tuvieron vinculación estrecha para organizar las acciones de inestabilidad y violencia que caracterizaron a la revuelta social ocurrida hace cuatro años en Oaxaca.
En ese planteamiento, seguramente a los priistas no les falta razón. Fue desde siempre perceptible la existencia de un claro entendimiento entre varios de los principales dirigentes de la Asamblea Popular y la Sección 22, con los de las fuerzas partidistas que encabezan la oposición en Oaxaca. Unos y otros, en 2006, buscaron el objetivo común de derrocar a Ulises Ruiz Ortiz del cargo de Gobernador del Estado.
Así, los grupos de lucha social buscaron cumplir con ese objetivo a través de la presión popular y la revuelta, mientras que los partidos de oposición, lo hicieron por medio de la acción política y legislativa, y el impulso a acciones como la desaparición de poderes en el Congreso de la Unión.
Luego, en 2007, el Partido de la Revolución Democrática postuló al también dirigente y vocero de la Asamblea Popular, e integrante de la dirigencia seccional de la Sección 22 del SNTE, Zenén Bravo Castellanos. En aquel año, el PRD también impulsó la candidatura por la vía plurinominal de la profesora Carmen López Vásquez.
Ambos personajes, de modo abierto, y tanto en el frente popular como en la lucha magisterial, habían luchado por conseguir la salida del gobernador Ruiz, a través de la revuelta popular de hace cuatro años, para luego unirse a fuerzas políticas opositoras y acceder así a cargos de elección popular. De este modo, hoy uno de ellos, Bravo Castellanos —adherido a la fracción de Convergencia, pero también miembro de la APPO—, es integrante de la LX Legislatura del Congreso del Estado.
GOBIERNO, RESPONSABLE
A diferencia del diputado Bravo, y de la profesora López Vásquez, Flavio Sosa sí enfrentó un proceso judicial, sí estuvo en prisión… y sí fue absuelto por la justicia federal, al corroborar que las acusaciones promovidas en su contra no habían sido fundadas y probadas fehacientemente por la Procuraduría y el Poder Judicial de Oaxaca, y que, al contrario, éstos órganos había actuado deficientemente en la conducción de los procesos penales por los que estuvo casi dos años en prisión.
Ese es, en realidad, el punto cuestionable de su postulación. Nadie duda que él y otros personajes pudieran haber cometido delitos durante la revuelta magisterial de 2006. El mismo Sosa, así lo aceptó públicamente en una entrevista concedida hace unos meses a Milenio Televisión. Pero también dijo que si él cometió alguna falta, ya la pagó en prisión. Y no le falta razón al asegurarlo. Sólo que, en ese sentido, también habría que ver si lo que Sosa pagó metido en la cárcel, fue lo que correspondía a los delitos verdaderamente cometidos.
El asunto no es menor: Sosa Villavicencio obtuvo su libertad absoluta en abril de 2008, no porque hubiera cumplido la totalidad de las penas impuestas por un juez, sino porque sus defensores pudieron acreditar ante los tribunales de amparo, que las causas legales no tenían el sustento suficiente como para comprobar los delitos que se le imputaban. Así, éste abandonó definitivamente la prisión, quedando cancelada toda posibilidad de que se definiera si cometió o no delitos, y si tendría que pagar por ellos ante los tribunales jurisdiccionales.
IMPUNIDAD, IMPUNIDAD
¿Y quién fue el responsable de la libertad, y ahora la elegibilidad de Sosa? Los órganos ministeriales y jurisdiccionales locales, que integraron y condujeron deficientemente las averiguaciones que luego fueron declaradas como inconstitucionales por la justicia federal. Es decir, que la Procuraduría de Justicia, y el ahora secretario de Gobierno, Evencio Martínez, se convirtieron en cómplices de no sólo de la impunidad que impera sobre la revuelta de 2006, sino también de que personajes a los que el mismo gobierno, y el partido gobernante —el PRI— ha tachado de delincuentes y agitadores, hoy aparezcan, legal y legítimamente, como candidatos a diputados. Toda una incongruencia.
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