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La noche del lunes 17 de mayo, en el momento cúspide del noticiero estelar de la empresa Televisa, el periodista Joaquín López-Dóriga hizo un anuncio que dejaría en claro el poder de la televisión en México, y que marcaría nuevas pautas no sólo para comprender el alcance que tienen hoy ciertos medios de información, sino también lo desvirtuado que se encuentra el poder y la capacidad de acción del Estado mexicano, ante un asunto tan grave como el del secuestro del abogado y político militante del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos.
El periodista, en el anuncio a nombre de la empresa en donde trabajo, dijo, textualmente: “Y ahora le voy a informar lo siguiente. Mire usted, ante esta delicada, incierta situación por la que atraviesa Diego Fernández de Cevallos, por respeto a su familia, por el espacio que nos han pedido para las posibles negociaciones con los captores, pero por encima de todo, por el respeto a la vida de Diego, noticieros Televisa ha tomado la decisión editorial de no volver a informar de este caso hasta su desenlace, es una decisión de anteponer una vida humana, la de Diego, a este que es el ejercicio periodístico. No ha sido, no, una decisión fácil, pero sí una decisión firme”
De inmediato, comenzó un intenso debate que ha abarcado diversos puntos. Uno de los más trascendentales, fue que la decisión adoptada por la empresa televisora más importante del país, en primer término parecía positiva en cuanto a la preservación de la vida del personaje secuestrado. Sin embargo, también se generó un intenso cuestionamiento respecto a las razones que habían llevado a la televisora a un silencio voluntario, cuando esa no había sido una práctica común en otros asuntos similares. Y llamó por demás la atención que, no se sabe si por mandato expreso, u oficiosamente, un número importante de medios informativos electrónicos y escritos del país —junto con el propio gobierno federal— también decidieron no dar más voz e información sobre este asunto, para sólo tratarlo en la privacidad, y como un mero asunto entre particulares.
¿Qué implica que calle una empresa como Televisa? ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a ese grupo televisivo, que concentra un importante poder mediático, a tomar la vanguardia en un asunto en el que luego sería secundado nada menos que por el gobierno de la República? ¿Y por qué, finalmente, las propias instancias ministeriales tanto de Querétaro, como las federales, decidieron hacerse a un lado a petición expresa de la familia del secuestrado, por dejar ver la posibilidad de que no confían en las instituciones del país? Así, ¿qué podemos esperar de la procuración de justicia en el país?
TELEVISA: AMPLIO PODER MEDIÁTICO
El silencio de Televisa no sólo debe entenderse en la lógica de una empresa común. En realidad, la televisora concentra, por todos sus canales de televisión tanto en señal abierta como las satelitales y por cable —que son de paga—, los contenidos que se prefieren en siete de cada diez televisores existentes en México. Así, el poder que se concentra alcanza niveles exorbitantes que, sin embargo, son poco tomados en cuenta por los televidentes comunes.
Si Televisa concentra el contenido de las dos terceras partes de la atención nacional a través de la televisión, entonces la trascendencia de su poder es inmensa. A pesar de los claros rasgos de la apertura democrática que se vive en el país, el de la televisión continúa siendo un monopolio no sólo de las señales, sino también de la información que se difunde, e incluso de la verdad y el silencio.
En este caso, existen señalamientos relativos a que la empresa televisiva no decidió guardar silencio y prudencia en este asunto, por una cuestión de vocación por la preservación de la vida, sino por una petición salida de la propia presidencia de la República. De este modo, el gobierno federal trató de contener el impacto mediático del hecho, a través de la alianza con quienes concentran el mayor poder de concentración en la opinión pública nacional.
En otros muchos casos, Televisa no ha sido ni tan prudente ni tan considerada con la víctima de un delito. Baste con comprobar que apenas unas semanas atrás, cuando ocurrió la desaparición de la menor Paulette Guebara Farah, fue esta empresa quien dio los mayores espacios de difusión a un asunto que, al igual que el del llamado Jefe Diego, no dejaba de ser polémico pero, finalmente, un tema que bien podría ser catalogado como “de policía”. Ni entonces, ni antes, Televisa había mostrado esa vocación por el silencio. A pesar de que, en los nueve días en que la menor permaneció en calidad de desaparecida, también se especulaba fuertemente sobre la posibilidad de un secuestro.
POLÍTICA DE SILENCIO, EXTENDIDA
Así de incomprensible como parece, docenas de medios se sumaron al silencio de Televisa. Era, supusieron, para dar paso a que se entablara comunicación entre la familia y los secuestradores; y para que también el gobierno federal hiciera lo propio con las investigaciones correspondientes. ¿Era de verdad necesario, decretar esta veda informativa? Tal parece que no.
Empresas como el diario Reforma, a diferencia de Televisa, han dado un seguimiento puntual a las pesquisas y a los avances en cuanto a las posibilidades de rescate del Abogado que, sin embargo, no han significado escollos ni para las negociaciones ni para la preservación de la vida del secuestrado. La diferencia, entonces, no se encuentra entre el poner en riesgo la integridad de un plagiado y callar, sino en la complicidad que uno o varios medios traban con el gobierno, para evitar que la sociedad masificada se entere de ciertos hechos y cuestione de mejor modo a quienes fallan en la labor de brindar seguridad y certeza a los ciudadanos.
Por eso, medios como Televisa decidieron no hablar más del tema —independientemente del interés periodístico que pudieran tener ciertos aspectos de este asunto—, y otros decidieron actuar con prudencia y responsabilidad en el manejo informativo de un caso sobre el cual sí debe estar enterada la sociedad mexicana.
JUSTICIA, GARANTÍA EN LA QUE NADIE CREE
Hace exactamente una semana, Diego Fernández de Cevallos Gutiérrez, hijo mayor del ex senador de la República dio a conocer un comunicado en el que solicitó a las autoridades mantenerse al margen de toda investigación sobre el secuestro de su padre, a fin de favorecer el proceso de negociación para la liberación del llamado Jefe Diego.
En un mensaje que la familia del Abogado hizo llegar a los medios de comunicación, la familia de Fernández de Cevallos agradece a las autoridades “su diligente y comprometido actuar” tras confirmarse la desaparición del político. “Pero solicitamos encarecidamente que se mantengan al margen de este proceso, para así favorecer la negociación, anteponiendo la vida e integridad de nuestro padre”, dice la carta divulgada por la familia.
A esto, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, replicó lo siguiente: “El gobierno (federal) será muy respetuoso al respecto de las decisiones de la familia en ese sentido y buscará siempre ser un espacio útil para lograr este propósito”.
¿Qué significado tiene la petición de la familia? Primero, que aún cuando los mismos panistas han cuestionado el atraso de las leyes relacionadas con el secuestro, ahora todos decidieron actuar como “tradicionalmente” se hace ante un secuestro. Es decir, hacer a un lado a las autoridades, apartar del caso a todos los que pudieran implicar algún tipo de riesgo, y negociar directamente con los plagiarios.
¿Que no ahora mismo se tendría que estar discutiendo una ley antisecuestros, que tiene cuando menos un año y medio en proceso de creación, y sobre la cual los partidos políticos no se pueden poner de acuerdo? El hecho es, que independientemente de los discursos o las proclamas partidistas o del gobierno federal, esto nuevamente vino a poner en evidencia las consecuencias de la falta de consensos en el país, y la poca credibilidad que hasta las familias más cercanas al gobierno, tienen de las instituciones ministeriales del país.
Este asunto es ampliamente revelador. Todos los involucrados decidieron apartarse, y callar, para facilitar un proceso de negociación que, de acuerdo con la legislación de otros países, sería simplemente imposible, e incluso ilegal para todos los implicados. Pero en México, para contener los costos políticos y los riesgos reales de la corrupción y la ineptitud de las instituciones, se prefirió echar mano del silencio de la televisión, de la complicidad de algunas otras empresas, y ceder a las pretensiones de grupos que se dedican a extorsionar y a delinquir organizadamente.
