+ Deportaciones, un problema ante desinterés de 3 órdenes de gobierno
A pesar de que podría estar a punto de estallar una crisis humanitaria en México tanto por la transmigración, como por las deportaciones masivas desde los Estados Unidos, nadie en el gobierno federal, y los estatales y municipales del país, ha reconocido la importancia de tomar medidas para enfrentar los efectos devastadores de la nueva política migratoria estadounidense. Resulta que este ya no es sólo un problema de los estados del sur por el cierre de la frontera, sino que podría resultar un problema nacional por la previsión estadounidense de deportar a todos los ilegales a México, independientemente de si éstos son no de nacionalidad mexicana.
En efecto, esta semana algunos medios de información estadounidenses dieron a conocer que el gobierno de Donald Trump quiere deportar a México a inmigrantes que hayan cruzado de forma ilegal la frontera sur de Estados Unidos, sea cual sea su nacionalidad. De acuerdo con quienes dieron a conocer la información, en circulares del Departamento de Seguridad Interior para ejecutar las órdenes ejecutivas de Trump, se establece que las autoridades de Estados Unidos tienen la facultad de regresar a los inmigrantes indocumentados al país o “territorio contiguo” por el que llegaron.
Miles de inmigrantes centroamericanos llegan a Estados Unidos a través de territorio mexicano. En Guatemala, sin embargo, el secretario de Seguridad, John Kelly, descartó este miércoles que hayan deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados en su país, pero ratificó la construcción de un muro para reforzar la vigilancia en la frontera con México. La directriz de Trump, apunta la agencia independiente ProPublica, “podría llevar a los Estados Unidos a deportar a México a cientos de miles de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, brasileños, ecuatorianos e inclusive haitianos”.
En los documentos del Departamento de Seguridad Interior se establece que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en la medida en que sea “apropiado” y “razonablemente factible”, enviarán a los extranjeros indocumentados al territorio del país contiguo extranjero desde el cual llegaron, en espera de los procedimientos de remoción pendientes. Es decir, los inmigrantes tendrán que esperar en México, y no en Estados Unidos, a que se defina su situación migratoria, si se les otorga asilo o persiste la deportación.
Frente a la magnitud del problema, el gobierno mexicano ha rechazado frontalmente esa posibilidad, aunque en diversas opiniones especializadas existe la preocupación de que de todos modos el gobierno estadounidense pueda implementar este tipo de medidas, para luego obligar, primero, al gobierno mexicano a recibir a los deportados como una cuestión humanitaria independientemente de su origen; y segundo, para que México entre en un proceso litigioso para defender su postura de sólo recibir a los deportados mexicanos pero no a los de otras nacionalidades. El problema es que, en cualquiera de los casos, de todos modos enfrentaría una llegada masiva de personas deportadas que, independientemente de su condición, necesitarían ayuda humanitaria para sobrevivir en lo que resuelven si situación jurídica ya sea para permanecer en México, para regresar a los Estados Unidos, o para ser repatriado a su país de origen.
PROBLEMA EN DOS FRENTES
La semana pasada apuntábamos en esta misma columna la parte que ya era desde entonces visible de la nueva política fronteriza de los Estados Unidos. Es decir, que el posible cierre de la frontera norte no frenará la transmigración que proviene desde el sur de México, pero sí provocará que cada vez más personas se queden aquí, y necesiten las provisiones mínimas para subsistir. Tijuana vive hoy un problema importante, aunque contextualmente distinto, con la migración proveniente de Haití. Pero nada indica que algo similar no pueda ocurrir en entidades como la nuestra a partir del endurecimiento de las políticas migratorias de los Estados Unidos. Y nos preguntábamos: ¿están conscientes de ello? Pues tal parece que no hay conciencia, o el suficiente trabajo, para reflejarlo no nada más en Oaxaca, sino en todas las entidades del país que padecen de las consecuencias de los fenómenos migratorios.
En ese contexto, en Oaxaca, por ejemplo, el fenómeno migratorio era visto únicamente en la zona del Istmo de Tehuantepec, desde Chahuites hasta Ixtepec, y marginalmente en ciudades como Juchitán y Tehuantepec, porque la intención de los transmigrantes nunca ha sido la de quedarse en México; y, sin embargo, en los últimos años se ha notado un enorme incremento de personas provenientes de Centroamérica en poblaciones y ciudades de Oaxaca que tradicionalmente no eran parte de la ruta del migrante, y que incluso en la capital hoy ya es común ver indigencia o trabajo informal de personas que abiertamente se presentan como transmigrantes que tienen dificultades para continuar su viaje.
En ese contexto —apuntábamos en nuestra entrega del 15 de febrero—, ¿el gobierno de Oaxaca estará claro que no puede continuar con su política de atención al migrante, sólo en la vertiente de los oaxaqueños que se encuentran en los Estados Unidos, sino que también debe voltear a la transmigración de paso; y ahora, además, quizá también contribuir en algo al problema que podría sobrevenir por los abusos de la Patrulla Fronteriza, deportando a todos los indocumentados a México independientemente de su nacionalidad?
Al final, se puede argumentar que la migración es un asunto de competencia federal o que no es algo tan grave como para voltear la mirada. Sin embargo, es también cierto que hoy varias ciudades de la región del Istmo viven problemas de seguridad importantes derivados de la transmigración; y que en ciudades como la capital de Oaxaca hoy se ven por doquier a migrantes en la mendicidad y el abandono, que hasta hace poco no era una escena cotidiana.
Esa misma interrogante tendrían que hacerse todas las demás entidades del país en las que hay fenómenos migratorios y que sistemáticamente se han resistido a reconocer la magnitud del problema. Hoy ya no sólo enfrentarían las consecuencias de lo que llega del sur, y de los paisanos que se van hacia los Estados Unidos, sino que el abanico de riesgos se amplía de manera importantísima con los amagues estadounidenses sobre las deportaciones. México, en sus tres ámbitos de gobierno, evidentemente no está preparado para enfrentar una situación de esa magnitud, y ello podría generar una crisis que hasta ahora ni siquiera hemos imaginado.
DOBLE MORAL
Es cierto que la primera fase debe ser la defensa y el establecimiento de posturas que rechacen la sola consideración de esa posibilidad. Sin embargo, ha quedado claro que el gobierno de Donald Trump no ha tenido ambages, ni los tendrá, en aplicar medidas de fuerza independientemente de cuál sea el resultado fuera de sus fronteras. Sea o no propio, este problema debe ser abordado con la mayor seriedad también como un acto de justicia frente a la doble moral mexicana con la que largamente ha exigido respeto para los paisanos en los Estados Unidos, pero con la que también ha permitido que el paso por México de los transmigrantes centro y sudamericanos, sea uno de los peores infiernos que uno pudiera imaginar.
