+ Sistema anticorrupción era innecesario para hacer valer la ley
Uno de los signos de nuestro tiempo, es la persecución judicial en contra de varios ex gobernadores. Eso, hasta hace muy poco tiempo, habría sido impensable, primero porque las gubernaturas significaban un eslabón más en el complejo mecanismo de premios y castigos políticos establecidos por el régimen de partido hegemónico; y luego del año 2000, porque los gobernadores se convirtieron, ante la falta de adecuación de todo el sistema a los nuevos tiempos de pluralidad, en pequeños señores feudales prácticamente no sujetos a ningún control. Hoy es una lista larga y creciente de ex gobernadores en problemas con la justicia. Pero lo paradójico es que eso ha ocurrido gracias a la presión ciudadana y la voluntad de quienes deben aplicar la ley, y no al cambio de normas.
En efecto, hace dos meses fue detenido en Guatemala el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; el pasado domingo fue aprehendido, en Panamá, el ex mandatario de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Ambos son acusados de la comisión de diversos delitos relacionados con su gestión como mandatarios. Y ellos son, en realidad, parte de una lista ahora sí ya larga de ex gobernadores que tienen problemas con la justicia, y que la están debiendo enfrentar incluso con penas privativas de libertad.
Pues resulta que hoy en día, sumando a Borge, son ya ocho los ex gobernadores en prisión, a saber: los priistas Mario Villanueva Madrid y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo; Andrés Granier, de Tabasco; Jesús Reyna, de Michoacán, Flavino Ríos —que fue liberado con reservas hace apenas unos días— y Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, Tomás Yarrington Ruvalcaba de Tamaulipas; y el panista Guillermo Padrés, de Sonora.
Aunados a ellos, otros se encuentran sujetos a proceso bajo amparo: Luis Armando Reynoso, panista de Aguascalientes, y Rodrigo Medina, priista de Nuevo León. Investigados, cuatro: César Duarte, de Chihuahua (a quien ya se le libró una orden de aprehensión, por lo que hoy podría considerársele como prófugo de la justicia); Roberto Borge, de Quintana Roo; Fidel Herrera, de Veracruz, y Gabino Cué, de Oaxaca. Hay otro ex gobernador prófugo, además de César Duarte: Jorge Torres, de Coahuila; y otros dos que fueron dejados en libertad luego de ser investigados en México y Estados Unidos, respectivamente: Humberto Moreira, y Eugenio Hernández Flores.
La sola lista deja en claro que los problemas de corrupción entre los gobernadores hoy en día ya parecen endémicos, y que no bastaría más que con seguir investigando para hallar todavía a más gobernadores, o ex mandatarios estatales, en problemas con la justicia. En esa lógica, la caída de Borge, de Duarte; y la persecución a otros ex gobernadores, e incluso a un cúmulo interminable de ex funcionarios que ahora son perseguidos o procesados por la justicia —y ahí entra el ex titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, que no se libra de esta situación— no es sino la respuesta obligada de la clase política que ahora intenta sobrevivir en ese ambiente podrido por la corrupción.
De hecho, en buena medida a través de eso se podría explicar la enorme incredulidad que hoy pesa sobre toda la clase política en general frente a la ciudadanía; podría también explicarse el hecho de que cada vez son menos quienes votan; y que las opciones políticas se polarizan y se atomizan. La razón de fondo de todo eso, parece radicar en el hecho de que la gente ve que la corrupción parece un fenómeno imparable, y que frente a ello el Estado intenta salvar lo más posible su credibilidad persiguiendo a quienes han sido algunos de los mayores exponentes —porque no son todos, ni son los únicos— de la corrupción en nuestro país en los últimos tiempos.
LA LEY NO CAMBIA; LAS PRESIONES, SÍ
En todo esto, hay algo que debemos considerar: esta inusitada ola de persecución a ex gobernadores y funcionarios acusados de haber cometido actos de corrupción, no ha pasado más que por un proceso de presiones ciudadanas y de voluntad obligada de las autoridades para aplicar la ley. El gran cambio que se espera a partir de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, sigue siendo una interrogante. En el fondo, nadie sabe si todo ese entramado jurídico y legal va a funcionar. Pero lo que sí queda claro es que para comenzar a perseguir a los corruptos no ha hecho falta más que aplicar las leyes que ya existen.
Veamos. A Javier Duarte de Ochoa, por ejemplo, hoy lo procesa la justicia federal por la presunta comisión de delitos que van desde el peculado, hasta la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pasando por una lista muy larga de delitos ya existentes en las leyes federales mexicanas. ¿Qué faltó? Que hubiera la suficiente presión, y la suficiente voluntad de la autoridad, para realmente decidirse a investigar todas las operaciones realizadas por el ex Gobernador, y elegir entre algunas de sus conductas, para comenzar a investigarlo, hasta el punto de presentarlo ante la justicia.
Alguno muy similar ocurre con el caso de Borge. Éste no fue perseguido y aprehendido gracias a alguna norma de reciente creación, o al hecho de que la autoridad hubiera sido dotada de nuevas herramientas legales. No: lo único que tuvo que ocurrir es que hubiera —igual que en Veracruz— una alternancia de partidos en el poder estatal, así como una fuerte presión ciudadana relacionada con la exigencia de que los posibles delitos y quebrantos cometidos fueran investigados y sancionados, para que entonces se echara a andar el aparato de la justicia.
No puede decirse incluso que hay justicia politizada, o que se actúa por consigna, porque en realidad el poder público es quien más se ha resistido siquiera a pensar en esas investigaciones, pero lo ha tenido que hacer frente a la realidad de que la ciudadanía le exige cada día más un cambio de actitudes así como determinación para perseguir los delitos que se denuncian.
Por eso, para iniciar ese proceso de revisión a la actuación de los servidores públicos no ha sido necesaria la existencia de nuevas leyes o de nuevas instituciones. Con las ya existentes se ha logrado hacer bastante, y se tiene también la posibilidad de generar condiciones de moderación entre quienes hoy ejercen funciones públicas de primer nivel. Hoy, a todos los nuevos gobernadores, les debe ir quedando claro que sería prácticamente imposible incurrir en las prácticas de sus antecesores, porque hoy sólo por una cuestión legal, sino esencialmente por una cuestión de rechazo ciudadano, serían de inmediato señalados, y los órganos de justicia presionados, para hacer cumplir la ley.
El Sistema Nacional, y los Sistemas Estatales Anticorrupción siguen siendo una interrogante, que ciertamente ofrece algo de esperanza. No obstante, lo que tiene mayor valor es el hecho mismo de que la gente asuma su papel, y le exija a los servidores públicos cumplir con las funciones para las que fue electo sin sobrepasarse o incurrir en actos de corrupción. Es un buen comienzo, que debe seguir su curso hacia un Estado —ciudadanía, gobierno, orden jurídico— cada vez menos tolerante a la corrupción.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Ningún esfuerzo de colegiación o agrupación en el gremio periodístico, debiera ser desdeñado. Una de las razones por las que se abusa de un sector poblacional o social, radica justamente en su dispersión. Por eso, en este día vale reconocer el esfuerzo de quienes se unen para la defensa de sus derechos fundamentales. En Oaxaca hay esfuerzos muy loables como de la APO, la APIP, el Grupo Prensa Oaxaca, el Foro Nacional de Periodistas, el Sindicato de Redactores de la Prensa, y varios otros, que no sólo deben ser reconocidos sino impulsados para beneficio del gremio en momentos tan aciagos como los que actualmente vivimos.
