Adrián Ortiz Romero C.
Alejado del alarmante discurso político, el investigador sobre temas educativos, Samael Hernández hace una disección exacta del problema presupuestal que enfrenta el rubro educativo en Oaxaca. Asegura que aún cuando el déficit del IEEPO es mayor al que hasta ahora se ha manejado en la prensa oaxaqueña, la solución no necesariamente se encuentra en recortes salariales o despidos entre el magisterio, sino en que el gobierno federal tenga la voluntad política para reconocer las necesidades económicas reales del rubro educativo. Apunta que este problema creció por las negociaciones paralelas que desde hace dos décadas entabla la Sección 22 con los gobiernos estatal y federal, pero advierte que la nuestra, no es la única entidad que enfrenta este tipo de problemas. Regularizar el presupuesto educativo, dice, es la tarea principal de la nueva administración estatal.
-¿A cuánto asciende el déficit que enfrenta el Instituto Estatal de Educación Pública?
De acuerdo a nuestras estimaciones, y a la proyección de cierre que se hace del presupuesto por parte del IEEPO, el monto real asciende a 3 mil 337 millones, además de 300 millones de pesos de lo que se denomina “adeudo histórico del SAR”; lo que hacen un déficit estimado de unos 3600 millones de pesos, al finalizar el presente año.
-¿En qué año se registra por primera vez este déficit?
En el año de 1994, por una causa en particular. Desde mediados de los años ochentas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público canceló toda posibilidad de abrir nuevas plazas de Personal de Apoyo a la Educación, en todo el sector educativo. Este tipo de plazas, son las que corresponden al personal administrativo y de apoyo a la labor docente, que labora en las instituciones educativas pero no frente a grupo. Año con año, la demanda educativa aumentó junto con el número de escuelas que se ponían en funcionamiento. Eso hacía necesario que junto con el personal docente, fuera necesario seguir contratando a nuevos trabajadores para que cubrieran las labores administrativas.
Hasta antes de 1994, el presupuesto educativo estatal, tenía la capacidad de cubrir las plazas de personal de apoyo, que se creaban por el IEEPO al margen de las disposiciones del gobierno federal, para satisfacer las necesidades del sector que, junto con la demanda educativa, continuaba creciendo. Así, este primer déficit que se registró en el año de 1994, durante la gestión del gobernador Diódoro Carrasco Altamirano, fue resultado de las disposiciones de austeridad decretadas años antes por el gobierno federal, que no atendían el crecimiento y las necesidades reales del rubro educativo en las entidades federativas.
-¿Y cómo fue entonces que dicho déficit fue aumentando hasta llegar a sus niveles actuales?
Este problema se fue incrementando, conforme la Sección 22 del SNTE comenzó a plantear demandas más elevadas al gobierno de Oaxaca. Esto fue parte de las pugnas que surgieron entre ellos. Y fue cuando comenzó la crisis presupuestal de la educación en la entidad. Una de las demandas más recurrentes del magisterio oaxaqueño, en los años siguientes a 1994, fue la de incrementar el número de plazas de apoyo a la educación para satisfacer las necesidades de personal en las escuelas. En menos de una década, ese déficit inicial de 300 millones de pesos, se incrementó hasta alcanzar los 800 millones.
-¿En todo este tiempo se han intentado soluciones?
Sí, claro. Por ejemplo, en el año de 1999 se firmó una nota técnica —que fue en su momento muy comentada en la prensa oaxaqueña— entre representantes de las Secretarías de Hacienda y Educación Pública, por parte del gobierno federal, y del Instituto Estatal de Educación Pública y la Secretaría de Finanzas, del gobierno de Oaxaca, en la que se acordó la realización de una revisión escrupulosa al número y situación de plazas docentes y de apoyo que existían en Oaxaca, para iniciar también un proceso de regularización del presupuesto que recibía la entidad para la educación. Lamentablemente, faltó voluntad política posterior para cumplir con esos objetivos.
-¿De dónde surge esta negociación anual que entablan la Sección 22 del SNTE y el gobierno de Oaxaca, cuando a nivel federal también el SNTE y la SEP hacen lo propio, y esa negociación tendría que ser la única?
Fíjate que no ha quedado claro legalmente, hasta ahora, qué implicaciones laborales tiene hecho de que el que el gobierno de Oaxaca aparezca como “patrón sustituto” del gobierno federal frente al magisterio. Esto significa que la Secretaría de Educación entrega los recursos para que sea el gobierno estatal quien pague a los profesores, pero también para que sea quien negocie con el sindicato magisterial.
Así, cuando esto ocurre, el gobierno estatal negocia en representación de la SEP, pero también la Sección 22 lo hace en nombre del titular de su gremio, que es el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE. Esto generó un problema interno en el magisterio, porque al haber una pugna entre la Sección 22 y el Comité Nacional del SNTE, no existió la posibilidad de acuerdo entre ambos grupos. De este modo, cuando el gobierno estatal alegó al magisterio oaxaqueño que los titulares de la relación laboral (es decir, la SEP y el SNTE) ya habían acordado, éstos obviamente no aceptaron, porque la Sección 22 no reconoce al CEN del SNTE.
Así, lo que la Sección 22 planteó es que se tenía que hacer una negociación independiente. ¿Por qué? Porque el magisterio oaxaqueño asumió que el nuevo patrón era el gobierno estatal, lo cual no es del todo cierto. Por eso, bajo esa presunción, presentaba un pliego petitorio adicional al que presentaba el SNTE al gobierno federal. Había así, dos pliegos petitorios. Pero eso ocurrió en todo el país, no sólo en nuestro estado. Y cabe decir que de eso, todos los gobernadores se quejan, pero todos terminan negociando.
-¿Y de dónde obtiene recursos el gobierno estatal para esas negociaciones extraordinarias con la 22?
El gobierno de Oaxaca mantenía comunicación con el federal. Éste fijaba un monto límite para que la administración estatal negociara con la Sección 22; los maestros oaxaqueños lo que siempre exigían era un incremento adicional a lo logrado en la negociación federal. Así, por política sindical, si el SNTE había logrado un incremento del 4 por ciento, ellos exigían a Oaxaca dos o tres puntos adicionales, como para demostrar que eran más eficaces que la dirigencia nacional, con quien tienen pugnas. Entonces, entre gobiernos se acordaba un margen posible para esta segunda negociación. Y el objetivo central de la Sección 22 era el incremento extra.
El problema es que aquí entra un problema legal. Porque existe un cuadro de prestaciones para los trabajadores de la educación, que es imposible de modificar tanto por el gobierno de Oaxaca, como por la Sección 22. Entonces se comenzó a negociar fuera de dicho marco. Es decir, fuera del salario y prestaciones que fija el gobierno federal. Por eso estos acuerdos son de otra naturaleza. Porque para eso se acuñó el concepto de los bonos de productividad, que no corresponden más que a los famosos “días adicionales”, que recibe el magisterio oaxaqueño independientemente del salario que fija el gobierno federal.
-¿En qué consisten esos bonos?
Bueno, en realidad se han armado varios “paquetes” de bonos. Uno fue el del día del maestro, y gradualmente se fue incrementando hasta llegar al monto actual, que son 15 días adicionales de salario; se estableció otro bono como complemento al aguinaldo, que también se fue incrementando paulatinamente hasta llegar a los 50 días que actualmente se les pagan entre diciembre y enero, independientemente del aguinaldo de 40 días que fija el gobierno federal. Así es como se forman los famosos 90 días de aguinaldo, que recibe actualmente el magisterio oaxaqueño. Esos 50 días son complementarios; pero formalmente no son parte de dicha prestación.
-¿Y económicamente, cómo se solventaron estos compromisos?
En un principio, anualmente se comunicaba a la Federación el monto de lo negociado, y éste entregaba los recursos extraordinarios, bajo el concepto de “apoyo a cierre de ejercicio”, para poder cumplir durante todo el año. Y repito, todos los estados de la República ocupan este mismo esquema. Así ocurrió hasta 1999. Pero al año siguiente, cuando llega el PAN a la Presidencia, este esquema se complica. Esto porque la nueva administración foxista se negaba a entregar dichos recursos bajo el concepto de “apoyo al cierre”. Y optaron por los “anticipos de calendario”, que es una aberración, porque eso sí crea un pasivo a la Federación, al ser una deuda no autorizada.
Así ocurre desde entonces. El problema es que el monto del déficit crece cada año, en la misma proporción en que aumentan los salarios y los compromisos de pago del gobierno estatal con el magisterio. Y por esa razón, el monto del famoso “adelanto de calendario” que cada año extiende el gobierno federal, va también en aumento.
-¿Y cómo solucionar de fondo este problema?
El déficit no sólo tiene que ver con los incrementos salariales que recibe el magisterio oaxaqueño —que sí están muy bien pagados—, sino con la voluntad política del gobierno federal para reconocer que las necesidades presupuestales son mayores a las que cada año se asignan a Oaxaca. Es decir, que si sumamos a los 12 mil 800 millones de pesos que la Federación contempla, los 3 mil 337 millones de déficit, el presupuesto total para la educación tendría que ser de unos 16 mil millones de pesos.
Por todo ello, se equivocan quienes sostienen, en la retórica política, que el déficit educativo en Oaxaca es de 2 mil millones de pesos, y que es necesario ir a pedir esos recursos a la Federación. El IEEPO siempre ha cumplido en tiempo y forma con sus deberes; no es necesario “conseguir” el dinero, porque éste siempre lo ha aportado el gobierno federal. El problema que deben atacar, es que esos recursos ya no sean transferidos como “apoyos a cierre” o como “anticipos a calendario”, y se revise y regularice el presupuesto del sector educativo. Esa es la tarea.
