+ Día del Presidente, luego del Congreso… y ahora de nadie
Cómo cambian las cosas. Hasta hace unos años, el 1 de septiembre de cada año, era considerado en México como “el día del Presidente”. Esta idea se arraigó gracias a la práctica política, consagrada constitucionalmente, que indicaba que el día en que arrancaban los trabajos legislativos del periodo ordinario correspondiente, el Presidente tenía que acudir a dicha sesión para presentar un informe por escrito del estado que guardaba la administración pública federal. Esta obligación constitucional —que es, además, un deber republicano de rendición de cuentas—, pronto se convirtió en un culto a la personalidad. Y finalmente fue retirado del texto constitucional. Hoy, por meras revanchas políticas, y no por el eco ciudadano, los mismos que hace apenas unos años repudiaron el formato del informe presidencial, hoy pretenden revivirlo de varias maneras.
Hoy, ante el vacío, es evidente que, políticamente, la fecha del 1 de septiembre es, en México, un auténtico “día de nadie”. En efecto, al menos en el presente año, quedó claramente comprobado que la aquella fecha que otrora era considerada como de gran trascendencia política, ahora pasó prácticamente desapercibida. No fue sólo porque éste ya no fuera el día del Presidente, sino también porque en este caso ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo, en tiempo, sobre quién recaería la presidencia de la Mesa Directiva para el presente año.
Como primer punto, debemos establecer algunos antecedentes históricos del informe presidencial. Aunque no parezca del todo creíble, en la redacción original de la Constitución federal, el Presidente de la República tenía la obligación de asistir no una, sino dos o más veces al congreso cada año, tanto a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del año correspondiente, como a la sesión inicial de los periodos extraordinarios.
A la letra, el original artículo 69 decía lo siguiente: “A la apertura de sesiones del Congreso, sean ordinarias o extraordinarias, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito; en el primer caso, sobre el estado general que guarde la administración pública del País; y en el segundo, para exponer al Congreso o a la Cámara de que se trate, las razones o causas que hicieron necesaria su convocación, y el asunto o asuntos que ameriten una resolución perentoria.”
Esta disposición fue vigente de 1917 a 1923. Entonces, una primera reforma a dicho numeral, modificó los deberes del Ejecutivo para eliminar la necesidad de informar a los legisladores, sobre las convocatorias a periodos extraordinarias de sesiones. Como puede verse, tal reforma corresponde al fortalecimiento del presidencialismo, que ocurrió apenas dentro de la primera década posterior a la entrada en vigor de la Constitución vigente. Ya para entonces, no era mandato exclusivo del Ejecutivo convocar a sesiones extraordinarias al Congreso, o alguna de sus cámaras; pero tampoco era ya su deber informar al Legislativo las razones por las que lo convocara.
Una segunda reforma, ocurrida en abril de 1986, eliminó el deber del Ejecutivo de asistir a la apertura de los dos periodos ordinarios, estableciendo expresamente, en el 69 constitucional, que sólo debía asistir a la apertura de sesiones del primer periodo ordinario de cada año. Así prevaleció hasta 2008, cuando se realizó una nueva modificación constitucional, para dejar el formato del informe presidencial como hasta ahora prevalece.
¿FORMATO INSERVIBLE
O “DE AVANZADA”?
Actualmente, el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, sobre el formato del informe presidencial, que “en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
“Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado (…) y rendirán informes…”
¿Qué buscó ese formato? Primeramente, darle un giro radical al anterior —que seguramente todos recordamos, en el que el punto central era el mensaje presidencial desde la tribuna de la Cámara de Diputados, así como la réplica de un diputado, lo cual cobraba aún mayor relevancia cuando uno y otro eran de partidos distintos—; y sobre todo, según, establecer un marco de debate más amplio sobre los puntos asentados en el informe de gobierno, con los Secretarios de Estado directamente relacionados con los temas a tratar.
Con esto se buscó eliminar “el día del Presidente”, o el culto a la personalidad y a la figura política que apenas hace unos años acusaban. En los hechos no fue así. En realidad, lo hecho fue un favor al Presidente, que ya para 2007, era más interpelado que aplaudido en sus intervenciones ante la Cámara de Diputados. Con esa reforma, le quitaron la obligación y el trago amargo del tenso informe presidencial, pero le dejaron abierta la puerta para que, como ocurre ahora, éste de todos modos emita su mensaje, pero ahora sin interrupciones, sin abucheos, sin recriminaciones, sin réplicas, y sobre todo, acompañado de un público selecto al que él mismo invita y escoge.
El PRI, en 2008, no se opuso a la modificación del formato del informe. Sin embargo, ahora en 2010 dicen que impulsarán reformas para que el Presidente regrese al Congreso cada 1 de septiembre. Lo que no queda claro es la razón. Más parecen motivaciones partidistas, que ánimos demócratas. Quizá sea mero revanchismo; quizá esperan revivir el adulador “día del presidente” para cuando, según ellos, haya de nuevo un mandatario priista. ¿Será?
UNA TRAGEDIA
Independientemente de que hubiese coincidencias o discordancias de orden político, para todo el ámbito político local es una pérdida trágica y dolorosa la muerte del diputado federal Guillermo Zavaleta Rojas, así como de quienes lo acompañaban en la aeronave que ayer se precipitó en Bahías de Huatulco. No existen palabras suficientes para lamentar la muerte de seis personas jóvenes que buscaban incidir positivamente en la política local. Descansen en paz.
