+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Fuero constitucional: debate real, desdeñado

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+ Tema coyuntural, como varios más en México

Si dentro de dos o tres días, la nota principal de los principales medios de información del país, fuera que el Presidente de la República se ausentó del país más tiempo del que le permite la Constitución federal, entonces se iniciaría un largo debate sobre la necesidad de hacer efectiva la obligación del Primer Mandatario de ceñirse a la Ley Suprema o, por el contrario, y según la circunstancia y la justificación habida, de hacer más flexible dicho precepto, para dotar al Jefe de Estado de un mayor radio de acción en sus funciones. Esa, como puede verse, sería una mera discusión coyuntural, con un asunto que tiene más de fondo que un simple hecho aislado. Algo más o menos similar ocurre con la discusión relativa al fuero constitucional.

Vayamos al primer ejemplo. En la publicación original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fechada el 5 de febrero de 1917 en el Diario Oficial de la Federación, se establecía, en el artículo 88, que “El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión.” Luego, en el año de 1966, una primera reforma estableció que debía ser sólo el Senado de la República, o la Comisión Permanente, en el caso de que la primera se encontrara en receso, quien tenía la facultad de recibir la solicitud presidencial para ausentarse del país, y concederla.

Así permaneció la redacción del artículo 88 hasta el periodo presidencial de Vicente Fox Quesada. En aquellos primeros años de la alternancia de partidos en el poder federal, llevó al Congreso de la Unión a tener una inusitada influencia sobre la vida política del país. particularmente, el Senado de la República no tenía una presencia fuerte de legisladores del Partido Acción Nacional, para respaldar al Presidente.

Y mientras el poder se trataba de ejercer a plenitud desde la Presidencia de la República, en el Congreso trataban de hacerse contrapesos no siempre bien enfocados. Así, el presidente Fox cometía excesos como el de hacer solicitudes de ausencia del país reiteradamente, o sin respetar los tiempos prudentes con los que debían realizarse esas solicitudes. Si eso se combinaba con la fuerte polarización política que existía en el país, y las confrontaciones casi insalvables entre fuerzas políticas, el resultado de las revanchas podría materializarse en cualquier asunto. Y uno de ellos, fue negando dos permisos de ausencia al presidente Fox.

En efecto, con el voto en contra de la oposición, la Cámara de Diputados negó al presidente Vicente Fox, en noviembre de 2006, lo que sería su último viaje al extranjero, por considerar que el país se encontraba en crisis por el conflicto en Oaxaca y otros hechos de relevancia nacional. De acuerdo con información difundida en su momento por el periódico El Universal, el permiso de Fox para viajar a Australia y a Hanoi, Vietnam, a la reunión de la APEC, se desechó por 258 votos en contra del PRI, PRD, Convergencia, PVEM, PT, Nueva Alianza y Alternativa, contra 187 a favor, del PAN, y seis abstenciones.

El pleno desechó además por mayoría simple el dictamen, por lo que éste no podrá volverse a votar y fue devuelto al Senado. El proyecto de decreto pedía autorización para que el jefe del Ejecutivo se ausentara del 10 al 19 de noviembre, para realizar una visita de trabajo a Australia del 12 al 16 de noviembre, y participar en la 14 Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Hanoi, Vietnam, del 16 al 19.

En el sexenio de Fox, antes sólo un viaje le había sido negado por el Senado. Fue en abril de 2002, cuando en protesta por los constantes viajes del primer mandatario se le rechazó un permiso para viajar a Calgary y Vancouver, Canadá, y a San Francisco y Seattle, en Estados Unidos. Lo que ocurrió en ese caso, polémico de sí, fue una reforma ocurrida en 2008 que ensanchó la facultad del Presidente para ausentarse hasta por siete días del país sin solicitar permiso al Senado.

 

¿Y EL FUERO?

El debate sobre el fuero debía ser mucho más amplio, y no coyuntural, como hasta ahora lo es en México. De hecho, nadie se había acordado en los últimos años de la polémica inmunidad constitucional —desde 2006 cuando, de hecho, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador fue desaforado para ser procesado judicialmente por el desacato en el procedimiento judicial relativo al predio El Encino—, y poco se había discutido la necesidad de transformarla o eliminarla.

Todo lo trajo de nuevo a la picota, el caso del diputado federal Julio César Godoy Toscano, a quien se le sigue un proceso penal federal por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Fue su antiguo partido, el de la Revolución Democrática, quien lo protegió y le dio la pauta para que asumiera su cargo. Fue la filtración a la prensa de unas grabaciones telefónicas, lo que puso en evidencia que éste no parecía ser tan inocente como se creía. Y fue entonces cómo, en medio de la vorágine, que resurgió este añejo debate sobre la modificación o transformación del fuero constitucional.

Ésta figura, sin duda, debe ser replanteada. El caso de López Obrador dio todas las pautas sobre la urgencia de eliminar los términos actuales de la inmunidad constitucional, y volverla a apegar a los principios que le dieron origen. Esto es, la necesidad de proteger a los legisladores y servidores públicos de primer nivel, de las revanchas de que pudieran ser objeto, a través de los procesos judiciales, por el ejercicio de sus funciones. Teóricamente, esa inmunidad debía operar para protegerlos a partir de la protección que éstos le brindaran a la nación. Pero hoy ocurre, que éstos buscan cargos de ese tipo para protegerse, durante el tiempo de sus funciones, de cualquier acto judicial de molestia.

 

DISCUSIÓN MOMENTÁNEA

El caso López Obrador dejó en claro que, en el caso de los diputados, y los políticos en general, cuando ellos así lo desean, entonces se materializa aquella frase de Hobbes, de que el hombre es el lobo del hombre. Por esa razón, el fuero constitucional debía merecer un debate mucho más amplio y profundo de lo que ocurre, y tendría que ser algo más que una simple discusión momentánea o de moda que, cuando pase la polémica de este caso en particular volverá a quedar reservada… para cuando haya otro político en problemas, que busque protegerse en el amplio manto del fuero constitucional.

 

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