Aurelio Ramos Méndez

¿Intento de golpe de Estado técnico? Sí. El cuarto o quinto de la temporada. Un golpe de Estado y no otra cosa es lo que trataron de inducir ocho ministros de la Corte, al haber acordado contra todo derecho discutir la factibilidad de revisar si es constitucional la reforma judicial, ya tramitada en el Congreso, ante los ojos de la nación, con todas las de la ley.

Maquinaron una nueva intentona del desprestigiado Poder Judicial para buscar impedir la concreción de los cambios propuestos por la fuerza política mayoritaria desde 2018, y ratificados y ampliados en las urnas, con el abrumador respaldo de 36 millones de ciudadanos, el pasado 2 de junio.

Y eso, la obstrucción de la agenda de un gobierno, es exactamente lo que persigue un golpe de Estado. 

O sea, arrebatarle a la mala el control del Estado –por militares a punta de fusiles y bayonetas o mediante procedimientos técnico-jurídicos menos violentos– a un gobierno democrática y legalmente constituido, con objeto de evitar que pueda instaurar los cambios sociales e institucionales avalados por la mayoría de los ciudadanos.

Los mexicanos estamos pues ante una clara conspiración inspirada, operada y financiada por un conjunto de actores, defensores de intereses, a cual más siniestro.

Actores que van de la oligarquía articulada por Claudio X. González a tenebrosos agentes extranjeros –de Estados Unidos, para ser explícitos—y partidos políticos que ven amenazada la ubre del erario a que han estado prendidos.

Los empeños de la oposición para torpedear los cambios iniciaron de manera soterrada aun antes de la asunción del poder por Andrés Manuel López Obrador. 

Y se hicieron patentes luego con la interposición masiva de amparos en contra de los planes, programas y obras emblemáticas del obradorismo.

Se recrudecieron después, durante la campaña electoral, a base de patentes mentiras que denotaban determinación de robarse la Presidencia, según las cuales las encuestas daban ganadora a Xóchitl Gálvez.

Y se hicieron de plano desembozados el día de los comicios, cuando la candidata opositora –quien acabó perdiendo por paliza–, dio la vuelta olímpica gritando “¡gané, gané!”, mucho antes de que terminara el partido.

En la estrategia golpista de la derecha vendría luego la necedad de alegar –contra toda evidencia, interpretación jurídica o práctica política y electoral– sobrerrepresentación legislativa de la fuerza triunfante en las votaciones.

Faltaba, no obstante, lo peor en las irresponsables y peligrosas intenciones de la atomizada y enclenque oposición de atajar los cambios decididos por los mexicanos: tratar por todos los medios de malograr la reforma judicial.

Los ministros golpistas, cuyos nombres es menester que sean registrados por los mexicanos, son los siguientes:

Luis María Aguilar, Juan Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo, Alberto Pérez Dayán, Norma Piña, Javier Laynez Potisek y Margarita Ríos Farjat.

El haberle dado entrada al asunto, dizque para determinar si procede o no someterlo a revisión, es una leguleyada de este piquete de ministros confabulados, sabedores de que –lo sabe hasta un estudiante de derecho—siempre es posible interpretar la ley a conveniencia.

Ministros con talante de tinterillos ya buscan la manera de sacarle la vuelta a la expresa prohibición constitucional de revisar reformas a la Carta Magna realizadas por el Legislativo, poder reformador por excelencia y garante de la democracia.

Echan mano para ello de un arsenal de acuerdos, resoluciones, tratados, conferencias y cuanto instrumento jurídico ha suscrito el gobierno mexicano con organismos internacionales, los cuales –según su criterio– tienen carácter supranacional y a querer o no obligan observar sus disposiciones.

Se antoja poco probable que los ministros lleven hasta el final su atrevimiento y declaren inconstitucional la reforma.

Sin embargo, estiran peligrosamente la cuerda y pueden detonar una crisis institucional de consecuencias imprevisibles.

Orillan a las dos otras ramas del poder público –Ejecutivo y Legislativo— “desobedecer” las resoluciones de la Corte, con miras a colgarle a la Jefa del Estado, desde el inicio del sexenio, el sambenito de autoritaria y hasta tirana.

La presidenta Sheinbaum ya dijo que no pisará el garlito, pero también dejó claro que es voluntad de los ciudadanos que el Poder Judicial tenga las modificaciones incluidas en la reforma. “Va a ser así, porque en México se acabaron aquellos gobiernos que servían a unos cuantos”. 

Luego despejó toda duda sobre las intenciones de los ministros que votaron a favor de darle entrada al tema no por descuido o ignorancia, sino por mala fe. “Saben que están procediendo ilegalmente. Lo saben. Son constitucionalistas, conocen la Constitución”.

Y reafirmó que habrá elección popular directa de jueces, magistrados y ministros porque “es la decisión del pueblo de México”.

Así se habla. Así se hace.

BRASAS

Directivos de Radio Fórmula despidieron a la senadora Lilly Téllez del programa del periodista Ciro Gómez Leyva, fervoroso defensor de la libertad de expresión, quien sin embargo no tuvo arrestos para decirle no al patrón. 

La legisladora dio a conocer el miércoles su cesantía, de la cual dijo que fue por decisión de la empresa. 

Tres días después, el conductor apareció en el triste papel de trompo de poner –ese que los chicos colocan en el centro del círculo de castigo–: dio su versión e hizo la pantomima de asumir la responsabilidad del despido, aunque más bien incurrió en delación de los mandamases de la radiodifusora.

Ciro narró que desde el comienzo de la participación de Téllez funcionarios y directivos no aprobaban lo que ella decía y así se lo hicieron saber al conductor.

Y que, por estos días, volvió a darse “esta decisión… comentarios” de directivos de Formula, “y yo ya no la objeté”.

Añadió:

“Fui yo quien ya no la objeté. Así se lo dije a Lilly. Entonces, es una decisión mía el ya no haber objetado esta… inconformidad, o este no gusto de funcionarios de Fórmula por las participaciones de Lilly Téllez.

“¿Por qué no objeté? Pues… ya ¡qué más da! Lo importante es que no lo hice. Por desgaste, quizá por el momento que estamos viviendo, que estoy pasando en lo personal…”.

Clarísimo. A la senadora panista la echaron los directivos y funcionarios de la radioemisora, y el director –un ícono de la libertad de expresión– no pudo, no supo o no quiso defenderla.

Ella publicó que “el dueño” de la empresa está en su derecho de haber tomado la decisión de cesarla.

Como no hay mal que por bien no venga, ¡en buena hora la senadora panista fue expulsada de un espacio periodístico, el cual, lógicamente, tiene que ser ocupado por periodistas no por políticos.

El episodio debería ser oportunidad para procurar la depuración del periodismo usurpado por políticos, quienes nada aportan porque su ámbito natural de acción es la plaza pública, la tribuna parlamentaria, la calle, la visita casa por casa.

¿Alguien cree que un político colaborador de medios dice en éstos cosas distintas de las que expresa en el templete, la cámara legislativa el encuentro con ciudadanos? 

¿Lilly Téllez decía en los micrófonos de Ciro cosas diferentes a las que profería con estridencia en la tribuna del Senado?

***

Erró la Presidenta de la República al responder críticas pedestres de los comediantes Rafael Inclán y Luis de Alba, famosos por su ordinariez, precario talante histriónico y propensión a burlarse de la idiosincrasia de los mexicanos, en particular de los núcleos más humildes. Es decir, a mofarse de quienes les dan de comer. 

Son estos sectores sociales, en efecto, los que lamentablemente consumen la mayor parte de la bazofia profesional de ambos actores, a quienes nadie los confundiría con Robert de Niro o Al Pacino, por más que su soberbia prefigure la suposición de varios Oscar en el palmarés de cada uno.

“Tome las cosas de quien vienen”, debió de haberle recomendado alguno de sus asesores a la mandataria, de modo que ella dejara pasar las bajezas de estos notables émulos de la India María en eso de retratar –mejor dicho, estereotipar– a mexicanos de los estratos más desfavorecidos.

Resultaba ocioso atender ramplonerías y vilezas como esa de que tendremos seis años a una ama de casa en la Presidencia, ruindad que fue lo menos prosaico vomitado por el comicastro Inclán.

Lo de estos dos vacuos, pero jactanciosos faranduleros fue misoginia más estupidez. 

En su respuesta, Sheinbaum reivindicó a las amas de casa –“soy presidenta, abuela, mamá y ama de casa con orgullo”—y les recriminó a estos histriones del cine de ficheras el uso de la palabra “sirvienta”, de la cual expresó con razón: “es terrible… Del porfiriato, de la Colonia”. 

Defendió además la digna actividad que realizan las trabajadoras del hogar, a quienes –dijo de paso– hay que darles no sólo reconocimiento sino también seguridad social.

Víctimas de avanzado trastorno cognitivo, producto en los dos casos de duras adicciones, ninguno de estos dos genios de la interpretación dio indicio de haber comprendido los alcances de la amonestación. Ni una disculpa, ni una explicación, ni un gesto de arrepentimiento.

Y, a todo esto, ¿sabe alguien dónde están las organizaciones de feministas, defensoras de los derechos de la mujer y de la equidad de género? ¿Será que despliegan una defensa selectiva, en función de sus simpatías político-partidistas? 

O, peor, ¿no será que comparten esas organizaciones los miserables prejuicios de Inclán y De Alba? 

RESCOLDOS

El prestigioso Premio Mundial de Arquitectura y Diseño, mejor conocido como Prix Versailles, puso a la oposición mexicana a condimentar sapos grandes como gatos y deglutirlos sin hacer gestos. Reconoció al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como uno de los más bellos del mundo. Evaluó el diseño y el desarrollo sustentable, y lo ubicó al lado de los aeropuertos de Emiratos Árabes, Singapur, Tailandia y Estados Unidos, también galardonados. La presidenta Sheinbaum celebró el premio y destacó del AIFA los aspectos de arquitectura y diseño. Desde la atalaya de su refinamiento estético los opositores siguen considerándolo una terminal de autobuses.

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.    

Aurelio Ramos Méndez

En cosa de horas, al finalizar este lunes, Claudia Sheinbaum estará al timón del buque del Estado y al mediodía de mañana martes habrá bosquejado sus metas, prioridades e ideas esenciales de gobierno. ¿Qué podemos esperar los mexicanos del común del cambio de mando?

Desde luego, el reforzamiento de las líneas generales de la administración precedente; pero, además, acciones, programas y planes novedosos, imaginativos, que incluyan aspectos en los cuales el obradorismo se quedó corto o fue omiso y fallido.

En un país en que el tiempo y la preferencia gubernamental por las élites hicieron su trabajo de cuatro décadas, persisten numerosos rezagos y diversos sectores presentan la apariencia de verdaderas zonas de desastre. 

Da grima, en medio de semejante escenario, la irreductible inquina de una oposición pulverizada, pero aun así obstruccionista, irresponsable y reacia a reconocer incluso avances democráticos incontrovertibles.

No se requiere perspicacia para suponer que nuestra oligarquía –y no pocos ejemplares del peor rastacuerismo clasemediero– ya puso a enfriar la champaña para descorcharla en el último minuto de este lunes.

Brindarán los malquerientes de la 4T no por el acontecimiento histórico de la asunción del cargo por la primera mujer en la presidencia, sino por el fin del mandato de Andrés Manuel López Obrador. 

Es previsible, eso sí, que aguardarán la celebración hasta el último instante, temerosos de que todavía puedan cumplirse sus propios y necios pronósticos de que el Peje busca eternizarse en el poder e instaurar una dictadura.

Algunos de los más resentidos y rabiosos periodistas ya han despedido al tabasqueño con leperadas como obuses y juegos de palabras originalísimos, distantes del lugar común, revoleando el estridente nombre del peje-rancho de Palenque, Chiapas. 

En la otra orilla, para la mayoría de los ciudadanos –36 millones, según el INE–, lo realmente importante es la renovación democrática del poder. 

Y la llegada de un gobierno con revitalizados bríos, del cual los mexicanos –en especial los más desamparados– puedan con todo derecho esperar beneficios palpables.

Esperar, obviamente, la realización de los ajustes necesarios para cesar de dar palos de ciego en el terreno de la seguridad pública y contener la violencia atroz que convulsiona el país.

Combatir no de palabra sino con toda la fuerza del Estado la corrupción, persistente lo mismo en el sector público que el privado. Y hacer pasar por el aro de la legalidad a los peces gordos de la deshonestidad, cuyo arquetipo por ahora es Ricardo Salinas Pliego.

Procurar una reforma fiscal que grave las fortunas más descomunales e insultantes, la mayoría forjadas al amparo del poder público, y perseverar en la austeridad en el servicio público.

Con especial apremio debe reducirse el costo del sistema político-electoral, tan alto ya que no parece lejano el día en que sólo pueda ser financiado con la solvencia inusitada del narcotráfico.

Una reforma política digna de este nombre se antoja impostergable para tijeretearles el presupuesto a los partidos y adelgazar el Congreso.

Se impone decirles adiós a los legisladores plurinominales, cuyos lugares son reservados para amigos, incondicionales, novias y parientes de caciques partidistas. 

Del nuevo gobierno cabe asimismo esperar que la educación sea atendida con toda la seriedad y trascendencia que entraña, con miras a ampliar la cobertura y elevar la calidad.

Objetivos estos para los cuales se requiere no sólo de becas sino, entre muchas otras cosas, de propiciar el genuino mejoramiento profesional del magisterio y hacer cumplir a cabalidad calendarios y programas escolares.

Cabal cumplimiento que, su vez, impone la urgencia de atender las necesidades de los trabajadores de este sector y respetar a plenitud sus derechos; pero, a la vez, frenar con determinación el activismo gremial logrero, desenfrenado y venal, expresado en recurrentes paros, marchas y asuetos injustificados.

Este sindicalismo pervertido les ha causado a niños y jóvenes durante décadas, sobre todo en el sureste, daños irreparables en su formación académica.

Y ha nutrido a la educación privada –en su mayoría de precaria calidad— no porque ésta sea mejor que la pública sino porque en ella al menos se cumple el calendario de clases. 

Huelga hablar del duro impacto económico de la transferencia de la escuela pública a la privada en el bolsillo de las familias.

Claudia Sheinbaum debe, además, voltear a ver con sumo interés al campo. 

No a la agricultura de riego y exportación, que está bien y caminando, sino a la de temporal y autoconsumo, a los campesinos de unos cuantos surcos o hectáreas

El objetivo último tiene que ser detonar la prosperidad de las zonas expulsoras de migrantes y favorecer el retorno al terruño de quienes otrora huyeron de la miseria.

No bastan para tal propósito los programas ya vigentes de apoyo económico o entrega de insumos a productores rurales. Claudia debe poner el tema entre los primeros lugares de sus prioridades. 

Tendrá que acometer con decisión y eficaz coordinación federal con gobiernos estatales y municipales un plan integral que incluya dar seguridad jurídica sobre la tierra y sanear la dispersión de recursos para productores de básicos o nuevos cultivos.

Hasta ahora los ganones a la hora de “bajar” recursos públicos son políticos, funcionarios, empresarios e intermediarios y líderes clientelistas. 

Urgen también definiciones claras en cuanto al aprovechamiento de recursos imprescindibles como el agua…

Inadmisible resulta que una empresa lechera en La Laguna tenga ¡400 pozos profundos!, mientras se impide a un campesino sureño cavar unos cuantos metros para regar su solar…

Renglón aparte merece la indispensable promoción del consumo de productos locales –algo que rige para la agricultura y otros rubros—, junto con el otorgamiento de facilidades para comercializarlos y la protección a productores nacionales. A escala global, hace rato que el proteccionismo está de vuelta.

En modo alguno es mucho pedir lo aquí anotado, frente a un gobierno que cuenta con creces con el respaldo popular necesario para concretarlo.

BRASAS

Si alguien creía que la polarización ha hecho imposibles los consensos, debería reparar en lo que sucede con el caso Ayotzinapa: en diez años este asunto no ha sido resuelto debido a un acuerdo tácito, una confabulación práctica de intereses de todos los signos partidistas, poderes fácticos e instituciones, entidades y poderes del Estado. 

Peor. El traumático episodio se ha enmarañado hasta adquirir rasgos de crimen perfecto.

Enredo al cual de algún modo han contribuido incluso parientes, familiares, defensores y allegados de las víctimas –quienes ahora intentan poner en jaque al Estado–, además de los victimarios directos y los autores intelectuales.

Desde años antes de la tragedia, Iguala –lo dicen las indagaciones—estaba tomada por la delincuencia, sin que autoridad alguna, de la municipal a la federal, ni los tan traídos y llevados contrapesos u organizaciones civiles pusieran el dedo en tan purulenta llaga.

Al cabo de una década, el consensual y variopinto encubrimiento de hecho ya consiguió su objetivo: la verdad sigue oculta porque son muchos y de todos los colores políticos aquellos a quienes no les conviene que se conozca. 

Consenso absoluto. En la precisa acepción que el diccionario le da a este vocablo: “Acuerdo que se produce por el consentimiento de todos los miembros de un grupo o de varios grupos”.

Se ha adulterado el caso aun con las mejores intenciones. El periodismo de investigación aporta verdaderas perlas.

La periodista María Idalia Gómez develó un episodio que, si no denota mala intención, exhibe precariedad analítica o comicidad involuntaria.

Narró en Aristegui Noticias que cuando el procurador Jesús Murillo Karam expresó aquello de “¡Ya me cansé!”, exabrupto que insumió ríos de tinta y horas de radio y tv, lo dijo –“…a mí me lo dijo”– en alusión a su agotamiento en la conferencia de prensa que daba en ese momento, no a que estuviera exhausto por su responsabilidad institucional en el caso.

Detalló que en aquella ocasión ella le formuló a Murillo cuatro preguntas y que reporteros de otros medios le soplaban interrogantes para que continuara cuestionando al funcionario…

“(Murillo) se da cuenta de que esta vez, a diferencia de otras, no iba a poder cambiar o poder esconderse…”, y entonces la miró y soltó las tres palabras que en los medios desataron un vendaval de semanas.

Hablamos apenas de uno de incontables consensos bien arraigados en nuestra polarizada atmósfera política. O, ¿no es por consenso que gobiernos van y gobiernos vienen y muchos empresarios corruptos siguen tan campantes?

Y, ¿no es el PVEM un membrete creado por consenso para servirle electoralmente, en diversas plazas, ora a uno y ora otro partido? 

De que hay consensos, los hay, aunque no para lo que se necesitan.

RESCOLDOS

Sumaron en total 44 los legisladores locales y federales de oposición que desdeñaron las amenazas de sus dirigentes y apoyaron la reforma judicial. Marko Cortés, Alito Moreno y Dante Delgado hicieron el oso de su vida. Y exhibieron mediocridad jurídica y política. Muy bravos amagaron con expulsar de sus partidos a los “traidores”, pero se aplacaron después de que en la tribuna les leyeron la Constitución, que ampara el derecho de los legisladores para votar como se les dé la gana. Ahora están, asustados, escondidos en sus caniles… 

Imponerle a Genaro García Luna “sólo” veinte años de prisión, pidió su abogado Cesar de Castro. ¡Caramba! Si la defensa solicita semejante pena, no parece desmesurado que un juez riguroso pueda dictarle cadena perpetua. En días se despejará la incógnita…

Haría bien el nuevo gobierno, si saliera en defensa vigorosa de Manuel Bartlett. Durante ¡cuarenta años! la justicia gringa no ha podido comprobar la supuesta participación del exsecretario de Gobernación en el asesinato del policía Enrique Camarena. ¿No es justo exigir que, así las cosas, sea dejado en paz un ciudadano mexicano?

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Aurelio Ramos Méndez

¡Qué tan baja estaba la vara que Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno terminará dentro de una semana con abultado saldo de deficiencias, pendientes, yerros e incumplimientos, ya entró a la historia como el mejor presidente en por lo menos el último medio siglo!

Finaliza su mandato, ciertamente, a distancia sideral de los tres hitos históricos –Independencia, Reforma y Revolución– con los cuales eligió comparar su gestión.

Justo es reconocer, no obstante, que ostenta la calificación más alta si el cotejo se hace con los gobernantes del periodo neoliberal: De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

Un solo dato basta para probar que se destaca frente a todos ellos como un gigante:

Con pandemia y bajo acoso permanente, el actual gobierno sacó de la pobreza a 9.5 millones de mexicanos. ¿Sólo una fracción del total de más de 50 millones de pobres? Peor es nada.

Estos compatriotas no han superado por completo sus carencias ni se hallan en jauja, subieron apenas un peldaño. Su situación, sin embargo, simboliza el que puede ser el principal legado de Amlo. 

Esta administración comenzó a darle vuelta al estado de cosas imperante durante cuatro décadas, patentemente favorable a las élites. Logró que los sectores más depauperados abriguen ahora la esperanza de que el Estado puede ayudarlos a superar su lacerante condición.

Son numerosas las demostraciones de buen gobierno y el de Macuspana se va como el mejor, sí, aunque con mucha pena y poca gloria debido a la envergadura de los pendientes.

El principal déficit se halla en el rubro de la seguridad pública. Imposible hablar siquiera de mediano éxito, con cerca de 200 mil muertos –¡los muertos del Peje, ni modo!—durante el sexenio. 

Resultaron insuficientes las becas para estudiantes, la ampliación de la cobertura educativa, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y hasta la exhortación a padres y abuelos aplicar correctivos. Millares de jóvenes e incluso niños todavía nutren las filas de la delincuencia. 

Mal podría esperarse la atenuación de la barbarie que convulsiona a nuestro país, si por la razón que haya sido el Presidente no movió ni un dedo para explorar la única solución a este grave problema, la ya tardía aunque aún conveniente legalización de las drogas.

El mandatario mexicano, que en muchos casos –comprobables—le habló de tú a tú al huésped de la Casa Blanca, no tuvo arrestos para confrontarse con éste por el tema del narcotráfico.

El Tío Sam –lo saben hasta los niños– ha sido el artífice, promotor, beneficiario y vigilante de la estrategia represiva del fenómeno de las drogas, concretada en la contraproducente guerra contra el narco. 

No cuesta por ello entender que Amlo haya tomado distancia de los esfuerzos regionales y globales en pro de la despenalización, el más vigoroso abanderado por el colombiano Gustavo Petro. 

Fue desperdiciada –¡lástima!— por cuenta de un gobierno con amplio respaldo social, una oportunidad de oro para contener del desangre nacional causado por el tráfico de estupefacientes, locomotora de las diversas expresiones de delincuencia organizada.

Son muchos los aspectos en que el tabasqueño les queda debiendo a los mexicanos. Uno más, el haberle sacado el cuerpo a una reforma fiscal de gran calado. Omisión basada en la prudencia.

Si una oligarquía intocada fue la migraña del Jefe del Estado, con una reforma fiscal quizá estaríamos hablando de un Presidente derrocado, a despecho del pueblo que patentemente tiene detrás.

En todo caso, el erario se privó de los recursos indispensables para atender la ambiciosa agenda social… 

Del combate a la corrupción, campo en el cual en más de una ocasión Amlo izó la bandera blanca, los resultados hablan por sí solos. Sobran dedos de la mano para contar a los grandes corruptos que pisaron la cárcel.

En la 4T presidida por una rara avis de indudable honradez personal, hubo amnistía e inmensa tolerancia para los peces gordos de la corrupción. La deshonestidad y la impunidad aún hicieron de las suyas, tanto en el sector público como en el sector privado. 

En el reverso de la moneda, es extensa la lista de resultados positivos. Mejoró de manera substancial el salario mínimo, apoyó a los grupos más vulnerables indiferente a las acusaciones de clientelismo; realizó importantes obras públicas “inútiles y faraónicas”, según la derecha más rancia.

Atajó el tráfico de influencias y les alzó la canasta a contratistas y proveedores que conciben el Estado como botín. 

Desenmascaró a la gran prensa, dominada por poderosos grupos económicos que usan sus medios como arma para extorsionar al gobierno.

Impuso la austeridad en el servicio público, contuvo el saqueo en el sector salud e hizo valer su autoridad ante los poderes fácticos. 

Emprendió el costoso y todavía largo camino de recuperación para los mexicanos de la riqueza estratégica del petróleo, los hidrocarburos y la energía eléctrica; rehabilitó los ferrocarriles y reivindicó el Estado, adelgazado hasta la anorexia. 

Y consumó una reforma judicial que sepultó la realizada por Zedillo, en la cual jueces, magistrados y ministros ofrecen la justicia al mejor postor. Con el cambio la Corte quizá continuará al servicio de la oligarquía; sin él, era seguro que eso seguiría ocurriendo.

Lo dicho: la vara andaba a ras de piso y muy arriba no está, pero la modesta elevación es de agradecerse.

BRASAS

Los esfuerzos para reivindicar socialmente a Carlos Salinas y reciclarlo en lo político están en su apogeo, por periodistas que recibieron de este expresidente regias obvenciones.

Varios de esos comunicadores –desprevenidos o codiciosos– que le vendieron su alma al diablo, se esmeran en lavarle la cara al exmandatario, usando a Ernesto Zedillo –genuina némesis de Salinas—como víctima propiciatoria.

El expresidente 1994-2000 pronunció ante la Asociación Internacional de Abogados un furioso discurso en contra de la reforma judicial y del Presidente López Obrador. Le fue como al perro de la tía Cleta, aquel que la primera vez que ladró le reventaron la jeta. 

Los periodistas-salinistas defendieron con ardor a su mecenas e hicieron tiras con el pellejo del colilargo Zedillo, de cuya alocución criticaron lo extemporáneo, sin percatarse del efecto búmeran que impactó a los dos expresidentes.

En columnas tales como El Monstruo de Zedillo, Habla Zedillo, el salvador de AMLO y Zedillazo a las corrosivas reformas, bosquejaron los podrideros que fueron ambos sexenios.

Develaron casos de autoritarismo y aun de eso que Zedillo nombra tiranía. 

Violaciones constitucionales al por mayor, sometimiento de los poderes Judicial y Legislativo, vulneración de derechos humanos; uso faccioso de la justicia, torcimientos de la ley y sobornos archimillonarios cometidos desde la Presidencia, entre infinidad de abusos e ilegalidades.

Denunciaron perversión de la justicia, siembra incriminatoria de cadáveres, desvió de mil millones de pesos de Pemex a la campaña del PRI en 2000, fraudes con el mismo fin en dependencias públicas, y hasta ungimiento por dedazo –“Carlos Salinas hizo Presidente a Zedillo”— del Jefe del Estado.

Según estos periodistas AMLO no cumplía con los requisitos de ley para ser candidato a Jefe de Gobierno, pero Zedillo le ordenó al PRI no impugnar esta ilegalidad, y su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, gestionó que le quitaran al tabasqueño dos órdenes de aprehensión por la toma de pozos petroleros.

Además, Zedillo accedió remover a Roberto Madrazo del gobierno de Tabasco, y su procuraduría sembró un cadáver en la finca de ese angelito que es Raúl Salinas para acusarlo de homicidio.

Asimismo, autorizó a la PGR pagarle un soborno de medio millón de dólares al testigo usado en el caso del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, para que cambiara sus declaraciones y acusara del crimen a Raúl Salinas.

Y, para culpar del asesinato de Colosio a ese querubín que es Carlos Salinas, la procuraduría zedillista torturó al “segundo tirador”, Othón Cortes, a quien el maléfico Zedillo lo tuvo un año preso en Almoloya.

Zedillo también sobornaba a AMLO, vía Marcelo Ebrard, con ocho millones de pesos –quién sabe durante cuánto tiempo–, mientras que Enrique Jackson y José Carreño Carlón le consiguieron casa en Copilco al tabasqueño.

¡Caramba, y uno que pensaba que en aquellos años campeó la libertad, imperó la democracia y refulgió la justicia!

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Con idéntico sentido de la oportunidad de Zedillo y la estrategia epistolar de El Mayo Zambada, a unos días del fin del sexenio, Genaro García Luna le lanzó al Presidente López Obrador una cubetada de lodo. 

Dijo que el mandatario tiene vínculos con cárteles del narco y que de ello cuentan con pruebas los gobiernos de México y Estados Unidos.

Contradijo así al gobierno gringo, que en febrero pasado desmintió a The New York Times.

En aquella ocasión hasta el embajador Ken Salazar exhibió al diario neoyorkino: “Como lo dijo la Casa Blanca muy claramente, no existe una investigación relacionada con el Presidente. Esto es la realidad”.

García Luna desmintió también a John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, quien semanas antes había balconeado al Pulitzer Tim Golden: “No existe investigación alguna relacionada con el Presidente de México”.

No hay pruebas, pero la prensa militante en eso que el Presidente llama la maleantada, en la cual destaca Raymundo Riva Palacio, amigazo y virtual vocero de García Luna, ha hecho descomunal ruido propalando la falacia del narco exsecretario de Seguridad.

Quien a estas horas debe estar escondido dentro de una lata de sardinas es el esposo de Margarita Zavala. 

Porque si García Luna dice saber tanto de López Obrador, mejor ni imaginarse lo que puede desembuchar de Calderón, de quien fue brazo derecho, amigo, socio, colaborador, confidente, todo. 

RESCOLDOS

Es mejor irse que escaparse. El periodista Ciro Gómez Leyva se va a vivir a España. Puede denominar como quiera a esta decisión; pero, en plata blanca, se trata de una huida. Trabajará de exiliado porque es muy rentable, viste mucho y monetiza más dar la apariencia de confrontación con el poder. Su alejamiento es consecuencia de un amplio repudio social que el rating no registra y que, a su vez, resulta de la capitulación ética y el dilatado ejercicio de un periodismo sesgado y mendaz.

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