Nematini Vladimir Acevedo Silva

Los pueblos indígenas y afrodescendientes de nuestro país a lo largo de la historia han sufrido diversas vejaciones y violaciones a sus derechos humanos, obligándolos en muchas ocasiones a huir de sus viviendas, perder sus pocos bienes y buscar ¨mejores oportunidades¨ en las grandes urbes, en donde desafortunadamente, se recrudece aún más su realidad. Así pues, las y los indígenas y la comunidad afromexicana, misma que ha sido parte fundamental para la creación de la identidad, construcción y desarrollo de México, se han vuelto unos extraños en su propia nación.

Esto se agudizó aún más en la década de 1980, cuando los gobiernos en turno impulsaron diversas reformas legales y políticas con el fin de disminuir el rol del Estado en la promoción y garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la población. Fue aquí donde se dio paso a la llamada liberalización de la economía, es decir, se buscaba disminuir la participación del Estado en distintos ámbitos de la vida económica con el objetivo de fomentar la expansión de las inversiones privadas. 

A la postre de ello, en el año de 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), momento en el que dio inicio el llamado neoliberalismo, y con ello el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a través del cual se expresaba el sentir de las comunidades indígenas, ya que se sentían traicionados y engañados por aquellos que habían jurado defender la soberanía de México.

El TLCAN dio paso a que se impulsarán modificaciones legales y constitucionales que tenían como objetivo el dar la apertura al desarrollo de megaproyectos de inversión de capital extranjero tanto en el sector minero, de hidrocarburos, minería, turismo, agroindustria, proyectos energéticos y de infraestructura, con lo cual se ponía en riesgo las propiedad ejidal y comunal, así como los recursos naturales de poblaciones indígenas y de afrodescendientes.

De esta manera el Estado Mexicano, aún al haber ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual había entrado en vigor el 5 de septiembre de 1991, por varios años fue omiso en realizar las consultas que por obligación se debieron de haber realizado a las comunidades indígenas, sobre todo al tratarse de proyectos que de una u otra manera afectan su entorno.

Pese a que el Estado Mexicano ha tratado de regular estas consultas a través de instrumentos como el Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas, es importante señalar que las omisiones continúan.

Ejemplos de estas omisiones son como los casos del proyecto minero en San Miguel del Progreso y de Wirikuta, los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec o el Acueducto Independencia en el Valle del Yaqui, por tan solo por mencionar algunos de una lista interminable de casos en los cuales, han sido las propias entidades federativas quienes no han cumplido con sus obligaciones constitucionales.

Desafortunadamente estos casos prosperaron aun cuando en el año 2011 se había impulsado una reforma al artículo 1° Constitucional, a través del cual se modificó la forma sustancial el papel de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico nacional, al igual que la jerarquía constitucional de los tratados internacionales en la materia. Es decir, que todo tratado firmado y ratificado por el Gobierno Mexicano adquirían el rango constitucional.

A partir de esa reforma constitucional, diversos pueblos, comunidades, movimientos y organizaciones integradas por indígenas y afromexicanos, intentaron evitar la imposición vertical de proyectos de inversión dentro de sus territorios.

De estas luchas cabe destacar la emprendida por el abogado zapoteco Carlos Morales Sánchez, estudioso del derecho y activista en la defensa y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, quien, con el apoyo de su equipo conformado por abogadas y abogados indígenas, conforman la asociación civil Litigio Estratégico Indígena.

Fue pues a través de esa asociación civil mediante la cual se han postulado diversos amparos a favor de causas justas, que se promovió un juicio de amparo por conducto de tres indígenas, quienes con justa razón indicaron que la falta de una ley de consulta violaba sus derechos humanos, ya que los gobiernos toman decisiones administrativas, instauran megaproyectos y otorgan concesiones sin escuchar la voz de los pueblos indígenas.

El reclamo era más que justo, ya que los demandantes solicitaban la creación de una Ley Federal de Consulta Indígena. Un instrumento legal mediante el cual frenar los diversos atropellos que han sufrido por parte de quienes los gobiernan.

La disputa por la justicia fue prolongada. En un primer momento el Juez Decimoprimero de Distrito había concedido en primera instancia el amparo. En respuesta, el Senado de la República, haciendo caso omiso a lo reclamos expuestos por aquellos que los habían elegido para representar sus intereses, presentaron un recurso para que la sentencia fuese revisada.

Debido a la importancia del caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el asunto y en sesión de 20 de mayo de este año, desechó los argumentos del Senado, confirmando así la sentencia y ordenando de esta forma al Congreso de la Unión en crear la Ley Federal de Consulta Indígena y Afromexicana. De esta forma se ha reivindicado la justicia social que por décadas los pueblos indígenas y afromexicanos han exigido de manera constante a la nación.

Ahora es obligación del Congreso de la Unión el iniciar los trabajos correspondientes para la creación de esta nueva norma. Y tocará también el momento de que sean las entidades federativas quienes apliquen conforme a derecho, las consultas previas, libres de coacciones, con información, con pertinencia cultural y de buena fe. Deberán anteponer los derechos humanos a los intereses económicos mezquinos, con los cuales solo se benefician unos cuantos y perjudican únicamente a la comunidad.

Puedes consultar el proyecto de sentencia AQUI

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Carlos R. Aguilar Jiménez.

Continuando con la directriz derivada del excesivo uso de la fuerza del gobierno el 2 de octubre de 1968, que tuvo como consecuencia desde entonces ninguna autoridad se atreva a aplicar la ley a manifestantes o grupos violentos de resentidos sociales que agreden, pintarrajean fachadas o monumentos, dañan inmuebles o roban tiendas, para evitar que los gobernantes, como Claudia Sheinbaum, en CDMX sean catalogados también como represores del pueblo bueno y compasivo, como le sucedió a URO al pretender desalojar a profes de la Gestapo 22 del zócalo y a quien desde entonces se le considera el peor represor del mundo, desde esta semana según se deriva de la actitud de Claudia Sheinbaum respecto de delincuentes con banderín de manifestantes que se dedicaron a saquear y destrozar impunemente comercios, bancos y negocios, todo grupo tiene licencia para robar.

Claudia Sheinbaum decidió no utilizara la policía para impedir robos, destrucción y saqueos de la protesta del 8 de junio, prefiriendo daños y perjuicios en propiedad ajena y publica que correr el riesgo de que se le acusara de represora, enviando con este comportamiento político un mensaje claro a los resentidos que participan frecuentemente en manifestaciones, que el vandalismo, robos y destrucción están autorizados, que la violencia en grupo está permitida y los empresarios y dueños de negocios que le hagan como puedan, que se defiendan si pueden por si mismos y asuman las cuantiosas pérdidas porque el gobierno moreno no lo hará y, también, dirige mensaje y directriz a otras ciudades, donde los ladrones podrán hacer lo que quieran dado que la policía no lo evitará y, si acaso lo hiciera y arrestara a algunos saqueadores, de cualquier forma en menos de 12 horas los liberará, así que el mensaje es claro: “Organícese un grupo de unas cien personas, arguméntese que será una manifestación política y dedíquense a robar”, dado que no habrá consecuencias, porque si es usted uno de los millones que se ha quedado sin empleo, no se preocupe por tener ingresos o comida; convoque a otros en la misma situación de crisis económica y en manifestación diríjase en marcha por algún centro comercial o tienda departamental y saquéenla. 

Como el pueblo es bueno y, según el gobierno lo que hacen delincuentes que se dedican a saquear negocios en manifestaciones es bueno, no se les debe castigar aplicando la ley. Por otro lado, como los comerciantes, empresarios o industriales son capitalistas, adinerados o neoliberales, en consecuencia son explotadores, déspotas y abusadores del pueblo bueno y por eso hay que despojar y quizá después hasta expropiar sus bienes, quizá con política al estilo de Robin Hood, “robar a los ricos para dar a los pobres” de manera indirecta y  en la misma lógica según el mensaje de “abrazos no balazos”, permitiendo o dando licencia para robar, como también la tiene el crimen organizado con el ejemplo de Ovidio, el hijo del Chapo y el 99 por ciento de delitos que en México se cometen en impunidad y exceso, principalmente contra las mujeres para quienes su seguridad depende que el agresor cuente hasta diez y se calme…  

Carlos R. Aguilar Jiménez.

En temas respecto del comportamiento, moral o costumbres de cada época y sociedad, con retrospectiva condenamos lo que hicieron nuestros antepasados, incluso abuelos que en su momento consideraron correcto y hasta deseable; así hablamos mal de la esclavitud, combates de gladiadores, corridas de toros, discriminación de mujeres, judíos o indígenas, acciones o comportamiento personal o social que en su tiempo fue aceptado, pero que hoy nos parece deplorable porque lo vemos con el juicio o moral de nuestro tiempo, que igual para las generaciones futuras, incluso para nuestros hijos algunas de las cosas que hoy hacemos y ni nos damos cuenta, les parecerán infames. Hoy si platicamos a un joven que se podía fumar en el cine o avión ni creen o que comprarse un esclavo, hace 200 años era normal, son ejemplos, como seria lo que hoy se considera corrupción.

Lejos de avanzar en la lucha contra la corrupción, esta se encuentra estancada y creciendo, al no registrarse ningún cambio en lo que va del sexenio de A.M. revela el índice 2020 de la firma londinense Control Risks y la organización Sociedad de las Américas, donde México tiene 4.55 puntos en una escala de 10 , debajo de las 4.65 unidades del 2019, donde de 14 disciplinas evaluada, en nueve está debajo de la media Latinoamérica y muy por debajo de países europeos o EU, porque de la misma forma que hoy se condena a la corrupción, la mordida, el arreglo, subterfugio o transa, donde se dice que el que no transa no avanza, es como consecuencia de la idiosincrasia del mexicano porque nos hemos dado cuenta que lo que el gobierno llama corrupción y quiera desterrar para recibir más dinero, en realidad es una costumbre mexicana del ingenio de los ciudadanos para evitar tramites engorrosos, pagos injustos, perdida de tiempo y sobre todo para no pagar dinero al gobierno que, lejos de utilizarlo para obras, infraestructura o servicios púbicos dignos, lo que hace es robar, y así, no tenemos agua potable en casa como en Europa que se pueda tomar del grifo, las calles están llenas de baches, no hay autopista a la costa o istmo y casi todo el dinero de impuestos es para que vivan bien los habitantes de CDMX, así que de manera inteligente se prefiere dar dinero a la policía vial por una infracción que dárselo al gobierno, prefiriendo buscar amigos que ayuden en trámites burocráticos antes que perder un día en antesalas. Auténtica corrupción, robo, fraude, engaño, es la de los políticos que mienten para ser populares, que prometen y no cumplen, que descalifican a los demás, que tienen todo el poder y gobiernan a capricho u ocurrencia, que desmantelan el sistema de salud, que pagan millones en trenes o refinería obsoleta, pero que no compran equipo para médicos que atienden covid o causan desempleo de millones de personas. Eso si es corrupción, lo demás es un manejo inteligente de ciudadanos que seguramente no será condenado por el futuro, reconociendo que éramos más listos que el gobierno al evitar pagar a un sistema de gobierno corrupto y mesiánico que pretende construir el Tercer Templo de Salomón- aeropuerto-.