Aurelio Ramos Méndez

Suena a exageración, pero en modo alguno lo es: la oposición ya no existe; lo puso de relieve el forcejeo por la presidencia de la CNDH. Indujo a Morena responder el ponzoñoso emplazamiento de ¡quién manda aquí!, planteado con intención de “demostrar con hechos” que no manda la presidenta Sheinbaum sino el expresidente López Obrador. El lance le resultó desastroso.

La estrategia opositora fue revelada por Alejandro Alito Moreno, títere consentido de Claudio X. González, el jueves 7, una semana antes de la votación sobre este asunto en el Senado. “Veremos ¡quién manda aquí!”, le dijo a un grupo de periodistas.

A partir de ese momento, la frase –que delataba rendición y renuncia al debate en aras de la estridencia mediática– comenzó a ser repetida como santo y seña de una banda de cacos. 

De modo coincidente, tal requerimiento también empezó a ser usado por “las plumas de Claudio”, un puñado de columnistas de a tanto la línea, que operan de manera concertada al servicio del “junior tóxico”.

El plan fue contraproducente. Condujo a que el debate público y legislativo en torno a la CNDH se diera no entre el gobierno y su partido con sus adversarios sino en el seno del partido guinda, con los antagonistas naturales de éste ausentes de la discusión formal, ruidosos únicamente en medios.

Quedó de manifiesto con ello que en lo político nuestro país está como en los años 50, con membretes que podían verse en la calle pero que como partidos no representaban realidades sociológicas, con principios, programas, líderes…

Se trataba de organizaciones montadas desde el poder –el PPS en 1948 y el PARM seis años después—para dar la apariencia de pluralidad y rejuego democrático.

La actual carencia de oposición es, asimismo, comparable con la tanatosis que los adversarios del régimen debieron ensayar para sobrevivir en 1976, a finales del sexenio de Luis Echeverría, cuando José López Portillo corrió sin competidor rumbo a la Presidencia. Tan bocabajeado estaba el PAN y la derecha toda, que se abstuvo de postular candidato.

O, como en los 80, cuando parte de la oposición también fue articulada desde el gobierno, con el sinarquista partido del gallito (PDM), cuyos candidatos presidenciales fueron Ignacio González Gollaz (1982) y Gumersindo Magaña (1988)

Por aquellos mismos años, el PST –más tarde partido del ferrocarril, PFCRN– era igualmente parte de una oposición ficticia, cuyo abanderado a la grande, en 1982, fue Cándido Díaz Cerecedo, y su líder más conspicuo Rafael Aguilar Talamantes; RATA, para sus allegados.

Hundida hasta el cogote en la corrupción, esta vez la oposición no ha temido que hacerse la muertita: fue un cero a la izquierda en la confrontación en torno de la ombudsperson, y al final dio muestras de que está aniquilada, muerta y sepultada.

El debate se produjo entre los propios morenistas, aunque no está claro si debido a genuinas diferencias de criterio y legítimos intereses políticos, o como maniobra para soslayar la oposición, dejarla vociferante fuera de la jugada.

Lo mismo ocurría todavía en los albores del neoliberalismo, en tiempos de Miguel de la Madrid, poco antes de que Carlos Salinas se comportase como Jalisco, que cuando pierde, arrebata. Hubo debates memorables entre senadores del PRI en la LII Legislatura.

Uno, la ruda confrontación que desde la tribuna libraron sobre economía Víctor Manzanilla Schaffer y Hugo B. Margáin, al término del cual, no obstante, ambos copartidarios se abrazaron a la mitad del salón de sesiones como dos buenos camaradas. “Somos Víctor y Hugo y acabamos de hacer Los Miserables”, justificó ante los presentes el ocurrente yucateco.

Es de lamentarse el actual vacío en la casilla de la oposición. De más está decir que una democracia saludable requiere de una oposición vigorosa, bien anclada en la sociedad, leal, honesta y nacionalista. 

Las objeciones para que una u otra de las aspirantes ternadas accediese a la presidencia de la CNDH corrieron por cuenta de –según dichos de panistas– legisladoras morenistas. Algunas de las cuales se quejaron porque su coordinador de bancada les pidió atender “la línea de López Obrador” y votar no por la candidata de Sheinbaum –Nashieli Ramírez– sino por Rosario Piedra.

Estos dichos, de segunda mano, fueron recogidos por el periodismo y con base en las notas de prensa así producidas –tercera mano—las plumas de Claudio se encargaron de tejer chismes de cuarta que saturaron la atmósfera. 

La patraña sirvió para tratar de disimular la nula presencia de los contradictores de la 4T en Reforma 135, su capitulación, su opción por el escándalo mediático.

Galones de tinta y horas de radio, televisión y redes insumió el desenlace, la ratificación de Piedra en los términos que había profetizado Claudio X. y propalado su evangelista Alito. Aquí no manda la Presidenta, manda el expresidente. 

Sheinbaum, difundieron nuestros más agudos, famosos e informados periodistas, fue humillada, aplastada por sus propios senadores; quedó relegada a la condición de observadora inanimada de las maniobras del expresidente, actriz de reparto en la película de terror que vive el país.

Más aún –dijeron– todos se doblaron ante la voluntad de quien, en los hechos, sigue siendo el Presidente. 

Con base en sus falacias y conjeturas, concluyeron que la CNDH está muerta, que para tratar temas importantes es un error acudir a Palacio Nacional, pues lo procedente es buscar la bendición de Amlo.

Afirmaron que la relección de Piedra fue una batalla de fuerza real entre la Presidenta y su predecesor para saber quién manda, hoy en día, en México. Que El Peje tiene teléfono rojo en su rancho y su departamento, y camionetas blindadas y más de un centenar de escoltas a su servicio.

Peor, que la Presidenta tiene un poder prestado y carece de equipo propio, mismo que el tabasqueño se lo quitará cuando él decida.

Y que, con mayoría calificada en el Congreso, el tabasqueño puede quitar a la Presidenta cuando así lo considera, y –¡horror!– regresar al Palacio en unos dos años, entre vítores de su servidumbre política.

Al leer o escuchar semejantes sandeces resulta imposible evitar preguntarse ¿qué se puede hacer con alguien que en el ejercicio de su oficio pierde la razón y es capaz de decir babosadas como éstas, que algunos incautos toman muy en serio?

Lo natural debería ser que la ínfima y atolondrada oposición estuviera dichosa porque la CNDH, supuestamente, quedó en manos de una persona desafecta a Sheinbaum, pero no lo está.

¿Hasta cuándo los antagonistas de la 4T se darán cuenta de que sus patrones los tienen a dieta de sapos y camote? 

Porque batracios y tubérculos se pusieron a deglutir sin hacer gestos, por ejemplo, los panelistas de Tercer Grado cuando uno de ellos –sonó la flauta–, Leo Zuckerman, les formuló la más obvia de las preguntas:

“Si los senadores tienen libre albedrío, ¿cómo pudo ser posible, de qué herramienta, arte, poción o sahumerio se valió el mesías tropical para imponer disciplina y hacer que 87 de ellos votasen en el sentido que él ordenó? Silencio absoluto.

BRASAS

El embajador gringo Ken Salazar ha empezado a metamorfosearse de diplomático en traficante de armas. 

Travestido en trumpista, busca elevar las ventas a nuestro gobierno de la costosa y pavorosa parafernalia bélica para combatir al narcotráfico.

La semana pasada Ken levantó polvo con declaraciones que, como si se tratara de una selfi, ofrecen de él la imagen de una persona de lento aprendizaje.

Durante tres años respaldó la ciertamente fallida estrategia de la 4T contra la inseguridad; pero, ahora, más cerca del zaguán que de la sala, salió con el chorro de babas de que tal estrategia representó un fracaso.

No fue esto lo más grave de su declaración, sin embargo. También criticó la austeridad republicana, de la cual dijo que no sirve contra la inseguridad.

Lo más importante para hacerle frente a este problema –dijo– es contar con los recursos adecuados; “se tiene que invertir”.

Traducción: Ahora que está siendo confeccionado el Presupuesto 2025, el gobierno mexicano debe reservar ingentes cantidades de dinero para comprarles a Estados Unidos –o a sus aliados, como Israel— ametralladoras, fusiles de asalto, lanza cohetes, aviones, radares, submarinos, lanchas rápidas, visores nocturnos…

Además, bazucas, granadas, transportes blindados, instrumentos de inteligencia, equipos de escucha, cómputo y comunicaciones…

¿Puede un país pobre como el nuestro, con una montaña de problemas sociales, disponer del dinero que se necesita para semejante armamento y equipo, destinados en última instancia a atender un problema –el altísimo consumo de drogas—que no es de México sino de Estados Unidos?

¡Enójense Trump, Biden y Ken, hay prioridades! 

RESCOLDOS

Los Yunes, padre e hijo, ya fueron expulsados del PAN, algo que sólo pudo aconsejar la estulticia. ¿La causa? Su respaldo a la reforma judicial. Pillazos ambos Migueles, están sin embargo protegidos por la Constitución. Los echaron con rudeza estaliniana, pero la Carta Magna consagra la inviolabilidad de los legisladores. Veremos si el tribunal electoral dice otra cosa.

Lily Téllez ya les tomó la medida a los periodistas. Gana espacio en medios a punta de escándalos y acciones efectistas. Ahora le arrojó monedas a su colega senadora Cinthya López Castro, indignada porque esta priista chapulineó a Morena. Téllez les queda debiendo a los mexicanos explicaciones de cuánto dinero se embuchacó ella al haber sido fichada por el partido guinda y cuánto por la traición que la catapultó al PAN…

¿Confiscador Amlo y el venezolano Maduro? Nones. ¡Confiscador el argentino Milei! Sin previo trámite legislativo, le quitó su pensión a Cristina Kirchner. La consideró muy elevada, de privilegio. Y, puede que lo sea, pero… ¿se vale en un estado de Derecho despojar de su patrimonio a las personas? Después de esto, ¿están seguros en Argentina el capital y las inversiones de empresas y machucones como Slim o Elon Musk?

Herido de legitimidad llega Jorge Romero a la presidencia del PAN. Hasta las piedras le gritan que es un delincuentazo, jefe del cartel inmobiliario…

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Aurelio Ramos Méndez

Si tuvieran al menos una leve noción de la vergüenza, los siete ministros de la Corte derrotados en su obcecación de frenar la reforma judicial hubieran renunciado en el acto, tan pronto se terminó la sesión del máximo tribunal en que exhibieron de fea manera la fragilidad ética y aun la complicidad que los hermana.

Ante la falta de grandeza de esos togados para hacer mutis por el foro, sería una irresponsabilidad suprema de los dos otros poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, consentir su permanencia en el Judicial los próximos nueve meses.

Todos excepto uno de estos ministros, dejarán vacantes sus puestos en agosto próximo, por efecto de renuncias ya presentadas como condición para tener derecho a regios, estratosféricos haberes de retiro. 

Es razonable, por ello, la perceptible exigencia social de que estos juristas se vayan a casa cuanto antes, si no por voluntad personal motivada por el pudor, sí por la acción de las ramas del poder obligadas a tomar cartas en el asunto.

Se antoja obvia la observación predictiva sobre el grave daño que personajes de la catadura moral de estos ministros podrían causarle al país en el plazo de la gestación de un bebé. 

Resulta pertinente, además, demandar la indagación rigurosa del desempeño de cada uno de ellos, en justificada búsqueda de cochupos consumados durante el tiempo que han estado en su encargo.

Las impugnaciones a la reforma fueron desestimadas gracias a que el ministro Alberto Pérez Dayán fue valientemente consecuente con su trayectoria judicial.

Opositor como los siete a la reforma, él sin embargo honró la congruencia de sus votaciones, lo cual lo separó del veleidoso combo, pero a la vez lo expuso a la ruindad de ser considerado desleal y traidor. 

Implosionado el bloque antirreforma, modificada la correlación de fuerzas en el tribunal constitucional, lo que los mexicanos vimos en la sesión no fue un debate intelectualmente honesto, con discrepancias ideológicas o de interpretaciones jurídicas; con congruencia, respeto y apego a la Constitución… 

Vimos la acción concertada de una banda de maleantes capaces de cualquier cosa.

Se pudo constatar el absoluto descaro con que hicieron acrobacias retóricas para violar la Constitución y ajustarla a su conveniencia, lo cual tornó axiomática la fama de corruptos que envuelve a la mayoría de ellos.

Si hubo quienes dudaron de que en ese pelotón hay huizacheros que le han torcido el pescuezo a la Carta Magna con tal de liberar a grandes delincuentes, esto es algo que ya no requiere demostración, sino que merece ser creído a pie juntillas.

Si alguien presumía transas en la eternización de juicios y la condonación de impuestos por decenas de miles de millones de pesos a evasores como Ricardo Salinas Pliego, ya puede descartar la duda.

Y, si tan sólo se sospechaba que en las devoluciones archimillonarias de impuestos a empresarios sinvergüenzas había suculentos negocios, ya es factible pasar de la suposición a la certeza. 

Los siete ministros despojados de su hoja de parra son Norma Piña Hernández, Juan Luis González Alcántara, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo y Margarita Ríos Farjat.

En la discusión sobre la reforma sólo quien no quiso no vio a estos rábulas tratar con absoluto cinismo de hacer de las suyas.

Con desprecio por una larga historia de fallos en idéntico sentido en casos de controversias constitucionales, esta vez –¡al diablo la jurisprudencia!—, debido a claros motivos políticos, mutaron su criterio con la facilidad de quien cambia de calcetines.

“Cambiar de criterio no está prohibido”, alentó la feria de chaquetazos la presidenta Piña Hernández, en uno de sus muchos momentos de desesperación y capitulación ética. 

Con madruguetes y leguleyadas desdeñaron fases de definitividad de la reforma, con el argumento de que ellos –¡lástima, Margarito!— habían cerrado temprano la etapa de trámite de los recursos y estaban ya en fase resolutiva.

Luego hicieron hasta lo imposible para negarle rango constitucional a la reforma y considerarla en cambio una mera ley federal electoral, y le regatearon al Congreso la condición de constituyente permanente para dejarlo en simple poder reformador.

Es decir, buscaron despojarlo de sus facultades para realizar modificaciones constitucionales de gran calado. 

Al escuchar a esos adalides del Derecho fue inevitable preguntarse dónde estaban cuando Peña Nieto concretó los llamados cambios estructurales.

O, cuando Salinas, carente de pueblo atrás –se había robado la Presidencia—, con la complicidad del PAN hizo algunos de los cambios más profundos del total de 500 que ha sufrido desde su expedición la Carta Fundamental.

Develaron los siete sus intenciones no sólo obstruccionistas sino francamente golpistas cuando el ponente, González Alcántara, señaló que en el trámite legislativo de la reforma no hubo vicios ni violaciones legales o reglamentarias…

Haciendo con sus manos la figura de dos tarántulas, Piña Hernández apuntó entonces tenebrosa, como anticipando la enmienda del dictamen de su conchabado, de ser necesario: “bueno, eso dice el proyecto…”.

En el colmo del ánimo golpista y la determinación de tumbar la reforma, indiferentes al hecho de que la nación entera podía estar viendo sus desfiguros, los ministros recurrieron a la marrullería de pretender modificar la aritmética.

Intentaron establecer que las dos terceras partes de once son seis, con lo cual aspiraban tirar a la basura la reforma por voluntad de sólo seis picapleitos…

No seamos ingenuos. Una corte de tinterillos dispuestos a todo tiene que ser sustituida sin demoras.

BRASAS

Al celebrar su amplia victoria en la elección presidencial, el desquiciado misógino y antiinmigrante Donald Trump agradeció con especial vehemencia el apoyo de la migrante eslovena, Melanija Knavs. 

“Gracias a mi fantástica mujer Melania, la primera dama”, le dijo besándole la mejilla. No era para menos su gesto de gratitud.

A lo largo de la campaña la exmodelo y empresaria que ha sufrido toda suerte de agravios de su marido, despreciable convicto de gruesos delitos, le dio respaldo irrestricto aun en momentos en que parecía inminente la perspectiva de hacer visitas conyugales en una prisión.

Consideraciones debidas a su condición de exmandatario eximieron al amigo y admirador del golfista Arnold Palmer –de quien ha elogiado con elocuencia su constitución física: “Por Dios, ¡eso es increíble!”– de jurar como el presidente 47 en una celda y con uniforme anaranjado.

Lo más lamentable, sin embargo, es que Trump consiguió su triunfo en las urnas en parte gracias a inmigrantes desclasados –muchos de origen mexicano—, a quienes él aborrece.

Y, lo peor, que no únicamente allende el Bravo tiene adeptos mexicanos sino también en nuestro territorio. El grueso de la oposición, por ejemplo.

Díganlo si no el abstruso dirigente del PAN, Marko Cortés y un puñado de políticos, intelectuales y periodistas que presionan a nuestro gobierno con la finalidad de que admita la tipificación como terrorismo de la barbarie del narco.

O el cretino columnista de Reforma y la revista Etcétera, Pablo Majluf, quien obnubilado por el odio publicó lo siguiente:

“Ojalá, como anticipan algunos, Trump perjudique seriamente a nuestra dictadura bananera. Lo veo difícil e incluso creo que se pueden acomodar y beneficiarse mutuamente. Pero amarremos navajas como se pueda. Veo tres ideas de cajón para la resistencia mexicana: 1. Promover la clasificación de narcos como terroristas (que lo son). 2. Apalancarnos contra la agenda woke acá, ya parte central del régimen. 3. Utilizar Starlink y plataformas similares para eludir las garras del régimen en Internet y el sistema fiscal”.

En modo alguno puede decirse de estos desnacionalizados que no saben lo que hacen. Al contrario.

Presionan a sabiendas de que, por esa vía, podrían propiciar la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes gringas, las cuales, so pretexto de perseguir al terrorismo, autorizan al Tío Sam meter las narices en todas partes. 

A estas alturas de la historia, ya está claro que nada haría más feliz a la derecha mexicana que forzar la intromisión diplomática e incluso una eventual intervención militar gringa en nuestro territorio.

¡Ni modo entonces de no colgarle el título de vendepatrias!

RESCOLDOS

La sentencia de 38 años de cárcel a Genaro García Luna indujo a Felipe Calderón Hinojosa emprender una campaña mediática preventiva para salvar su pellejo. Se reunió en España con el publicista Carlos Alazraki, quien ahora propala que el usurpador de la Presidencia está en la inopia. Que se moviliza en bicicleta, habita un departamento modesto de 70 metros, carece de dinero y vive del producto de sus conferencias y menguantes ahorros. Así, con ayuda del publicista venal a quien el PRIAN le llenó de oro las alforjas cuando la corrupción estaba en buenas manos, Calderón quiere verles cara de estúpidos a los mexicanos…

“¡No estamos en un mitin!”, le recriminó el tono a su colega Lenia Batres,  el ministro Luis María Aguilar en la histórica sesión de la Corte, el martes 5. Sólo para que, minutos después, él mismo exhibiera su talante mitinero. Megáfono en mano, salió a la calle para agradecerles a los trabajadores paristas su arrojo boicotero. “Son ustedes el alma del Poder Judicial”, les dijo, sin reparar en que exhibía un almario vacío. Porque ninguno de esos trabajadores dio señal jamás de sospechar siquiera de la ductilidad ética de la mayoría de ministros, muchos de ellos sus jefes directos o parientes.

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del 

Aurelio Ramos Méndez

Cuando ocho ministros de la Corte, usurpadores pero salomónicos, descoyunten este martes la reforma judicial y la declaren mitad inconstitucional y mitad válida, será por fin abortada la conspiración en que se comprometieron para intentar a como diera lugar, incluida la vileza de confinar en una mazmorra a la presidenta Claudia Sheinbaum, impedir la continuidad de la 4T.

Se quedarán con el pecado y sin el género, cual ladrón exhibido en su inmoralidad y sin el producto que su canallada, pues con buen juicio la Jefa del Estado ya anticipó que no atenderá una eventual resolución invalidante porque la reforma emergió de la legítima representación popular.

Los ministros confabulados son Norma Piña Hernández, Juan Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez y Alberto Pérez Dayán.

La conjura de la cual estos togados han sido principal instrumento empezó a ser maquinada en los pagos de Claudio X. González mucho antes del proceso electoral, aunque asomó la oreja hasta el 12 de diciembre de 2023.

Ese día los más notables conspiradores se congregaron en una comida convocada por la mismísima presidenta del máximo tribunal, Piña Hernández, en la mansión de González Alcántara, el autor del proyecto de resolución que será votado mañana martes. 

De más está decir que se trata del cónclave al que concurrieron ministros y magistrados electorales, con el dirigente del PRI Alejandro Alito Moreno como invitado de honor, al que fue convidado pero no llegó el panista Santiago Creel, personero de la candidata Xóchitl Gálvez.

Aquelarre aquél del cual Piña no ha dicho ni una palabra, pero cuya realización acaba de ser confirmada por el propietario de la finca, González Alcántara, quien de paso y sin pudor aclaró que él alcahueteó la junta pero no asistió.

El encuentro se llevó a cabo cuando ya era patente la estrategia de la oposición, inspirada por Héctor Aguilar Camín, consistente en tratar de anular la elección y buscar conseguir en los tribunales lo que una docena de encuestas indicaba que sencillamente no se podría ganar en las urnas. 

Ahora que los ministros ya van –todos menos una– como el señor Tlacuache de la ronda infantil, con su gran tambache –pensión de 300 mil pesos mensuales, en greña, de por vida— ha quedado exhibida, nítida, la fallida intención de robarse la Presidencia mediante toda suerte de tretas y leguleyadas.

Es extenso el prontuario de maniobras orientadas a tratar de truncar la 4T. Destaca el falseo y manipulación de encuestas durante el proceso electoral para apuntalar a Gálvez.

Y la ruidosa celebración de batallas aun antes de terminar la guerra. “¡Ganamos, ganamos!”, se desgañitaba y brincaba alborozada la candidata panista el 2 de junio por la noche, cuando apenas arrancaba el cómputo de votos. 

En el afán por aniquilar la reforma, colapsados los partidos, los ocho ministros han convertido el Judicial en la real y desaforada oposición, y la reforma ha sido su principal blanco.

Con la anuencia de aquellos ministros se han otorgado amparos de manera indebida, se ha atizado de modo irresponsable un paro de labores y hasta se han consentido solicitudes de apoyo al gobierno gringo vía el Departamento de Estado, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aun la academia, en Harvard.

Se intentó sin éxito que el Congreso se abstuviese de tratar el tema y, una vez aprobada la reforma –con precipitación, sí, debido al acoso opositor–, arrogándose inexistentes facultades de revisión la Corte se apresta a serrucharla y partirla en dos.

La modificación constitucional fue debidamente tramitada en el Legislativo y la Constitución vedaba toda revisión por el Judicial. Así y todo, los ocho se disponen a partirla por la mitad, como dicen que propuso hacer con un bebé el rey Salomón.

Sabedor el cartel de los ocho de que cargará con su fallo como baldón por la aventura no sólo antidemocrática sino francamente delictiva en que se embarcó, le ha prestado oídos a una miserable conseja del redomado opositor de extracción foxista, el ministro en retiro José Ramón Cossío.

Con chicanas de tinterillo, instalado en la suposición de inminente desacato a un mandato judicial, Cossío ya le lanzó amenazas de destitución y encarcelamiento a la Presidenta de la República, algo que ni en la peor mareada de mezcal hubiese podido ocurrírsele a un jurisconsulto respetable.

La diputada y también ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, ya explicó el asunto. “Para que una resolución sea procedente se necesita argumentar que sea procedente el medio de impugnación. En realidad (en este caso), no hay procedencia”, dijo, y añadió:

“Estoy sorprendida de que, por una parte (el proyecto) deja viva cierta parte de la reforma, que es en relación con los ministros y el Tribunal de Disciplina –quienes irían a elección popular–, y por otra parte invalida todo lo relativo a los jueces y a los magistrados –quienes no irían a votaciones”. 

Sánchez Cordero advirtió, con toda razón, que mañana será votado un proyecto salomónico, político, carente de esencia, y al cual “jurídico, constitucional, yo no lo veo”. 

El furibundo opositor Cossío, no obstante, al igual que Gabino Barrera andando en la borrachera, nomás no entiende razones. Obcecado, esgrime la falacia de que el poder que “dice” la ley, está por encima del poder que, por mandato popular, “hace” la ley.

En la necedad del ministro en retiro asumida como propia por los ocho, los demás conspiradores y el aparato que les hace eco, ha quedado en evidencia una total inversión de valores en que se debate la oposición.

Para esta esmirriada y variopinta fuerza política y en particular el Poder Judicial, no es punible chapalear en la corrupción como Peña Nieto. Ni entregarle el gobierno al narcotráfico, como hizo Felipe Calderón vía Genaro García Luna. Y, menos aún delinquir desde la Presidencia al modo de la dinastía de Carlos Salinas de Gortari…

Tampoco debió ser nunca criticado y menos candidateado a la sombra el confeso delincuente electoral y padrino político de Cossío, Vicente Fox, quien hizo trizas la Constitución en su empeño de atajar a Andrés Manuel López Obrador en su ruta a la Presidencia.

Es sancionable, eso sí, con larga temporada en Almoloya, el esfuerzo por morigerar la corrupción en el Poder Judicial.

Poder éste que ha hecho de la justicia el reino del trafique aun de lo inimaginable: fallos, notificaciones, programaciones o cancelación de audiencias, filtraciones de expedientes, cambios de jueces, vencimientos de términos, sobreseimientos, cambios de fuero, asignación de asuntos por turno de ministros…

Puestas así las cosas se explica por qué los tremendos jueces juegan con fuego y alucinan con poder escuchar a Piña dirigirse a Sheinbaum a los gritos –como en la Tremenda Corte– y ordenar latigueando el índice: ¡A la reja!

BRASAS

El casi septuagenario Ciro Gómez Leyva (67) fue uno de los más despiadados críticos del plagio de tesis cometido en 1987 por la jovencísima estudiante Yasmín Esquivel Mossa, hoy ministra de la Corte. 

Nada tendría de censurable el rigor del periodista refugiado en España, si no fuese porque él acaba de confesar el plagio de una frase –“la última línea de defensa de una civilización”—incluida con gran éxito en su columna del pasado lunes 28 en Excelsior.

Tal frase, tomada –según el propio Ciro—de un libro sobre la Guerra Civil Española, cuyo autor y título fue convenientemente omitido en su texto por el periodista, es en realidad un lugar común que sólo la ignorancia puede tomarla por inaugural.

A diferencia de la ministra cuyo plagio le causo migraña, a Gómez Leyva el suyo le reportó reconocimiento. El padre de uno de sus colaboradores, que lo tiene por el mejor periodista de México, lo cubrió de elogios por sus frases domingueras, entre éstas la hurtada.

Además, le sirvió para exornar un escrito con el cual deslizó la idea de que él fue inspirador del proyecto de resolución sobre la reforma judicial que será debatido mañana, elaborado por Juan Luis González Alcántara.

La columna cuenta que por la mañana su autor le dijo al ministro Laynez–como espoleándolo– que los ocho se habían rendido, y que poco después le recriminó su silencio a Pérez Dayán, con el resultado de que por la tarde González Alcántara dio a conocer el proyecto en que sostiene que la reforma sí puede ser invalidada.

Proyecto que –añadió Ciro, como dando a entender que él sí le entiende a eso de frotar la lámpara—“quizá pronto el pleno de los ocho lo vote así”. Tan pronto como mañana.

RESCOLDOS

En el PRI varios senadores ya están más cerca de la puerta que de la sala. ¿La causa? El autoritarismo y la corrupción del inefable Alito. Se lo dijo de frente al campechano el coordinador de Morena, Adán Augusto López. Le adelantó que en el tricolor pronto se verán defecciones y en el guinda, la ampliación de su mayoría calificada… 

Demócratas o Republicanos, los presidentes gringos han sido para México siempre lo mismo. A veces, incluso peores los primeros. Ello, no obstante, crucemos los dedos para que el cavernícola Donald Trump quede mañana sepultado en votos y Estados Unidos tenga por primera vez una mujer en la presidencia… 

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Aurelio Ramos Méndez

En mayo de 2023 Tom Hanks les pidió a los alumnos, profesores, trabajadores y egresados de la Universidad de Harvard –donde hicieron estudios tres presidentes mexicanos y algunos miembros de nuestra élite intelectual– que fuesen “superhéroes en la defensa de la verdad”. Menos de un año y medio después la comunidad harvardiana se erigió campeona de la mentira y la estulticia.

Nada asimiló esa colectividad académica del conceptuoso discurso pronunciado entonces por el extraordinario actor, quien en tres películas ha representado a un profesor de esa casa de estudios y cuyo exhorto fue formulado como exaltación del lema –Veritas, verdad—de esa institución. 

Una muestra representativa de la cofradía harvardiana intentó, el pasado 10 de octubre, a punta de risas estúpidas y de una ridícula supremacía en el campo del Derecho, mofarse de la reforma judicial mexicana, aprobada en un sistema de gobierno soberano, democrático, apuntalado por 36 millones de ciudadanos, el 59.75 de quienes sufragaron.

Tal muestra fue reunida en un foro en la Escuela de Derecho, la cual, a decir de un periodista de obeso ego, ocupa –¡uy, nanita!—“el primer lugar en el ranking de facultades de derecho en Estados Unidos”. 

La muy informada y culta audiencia estalló en risas al escuchar la versión del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sobre la reforma, sin reparar en que el conferenciante es resentida parte interesada en el tema de su exposición. 

Los dichos del jurisconsulto debieron haber sido tomados con reservas. Como los de un marido cornúpeta que no es el más idóneo para ensalzar los méritos del amante de su mujer.

Conflicto de intereses políticos, económicos, laborales y académicos aparte, Gutiérrez le explicó de manera pormenorizada ¡a un auditorio de juristas estadunidenses!, la manera como, copiando el modelo gringo, serán electos nuestros jueces, magistrados y ministros. Fue algo así como tratar de enseñarle a McDonals a preparar una Big Mac.

La elección de juzgadores mediante voto popular directo es ampliamente conocida en Estados Unidos, por más que nuestros togados y la comentocracia pretenden hacer creer lo contrario, y establecer una diferencia absurda con el argumento de que el mecanismo allá rige para juez estatales, no federales como acá.

Ocultan que las competencias entre ambas categorías, federal y estatales, son similares. Y que existe un apartado de asuntos comunes, susceptibles de ser conocidos de manera indistinta, en una u otra jurisdicción.

La Oficina Administrativa de los Tribunales de Estados Unidos refiere que federales y estatales atienden por igual delitos punibles por las leyes de uno y otro ámbito, lo mismo que asuntos constitucionales federales y ciertos reclamos de derechos civiles; demandas colectivas, normas ambientales, disputas relacionadas con leyes federales…

Los impugnadores de la reforma, no obstante, se empeñan en sentar la idea de que los jueces estatales no atienden altos asuntos de Estado sino chismes de vecindad y pleitos menores como el robo de una gallina. 

O, sólo materias que no involucran aspectos de verdad importantes, trascendentes, patrimoniales o vitales, de las personas. Mienten.

Unos y otros jueces tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución federal. Los estatales también cuentan con atribuciones para invalidar leyes que consideren contrarias al espíritu de la Constitución federal.

Frente a estas similitudes, en honor a la verdad, en la atmósfera del campus donde se pasearon Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Felipe Calderón se instaló la duda de si los presentes se rieron como bobos de un procedimiento de elección que ocurre en sus narices, en la mayoría de los estados norteamericanos y ahora ocurrirá en México…

O, si se descostillaron de la risa ante las mentiras de Gutiérrez y las tonterías, perversidades y patrañas de la oposición mexicana, en especial de nuestros líderes de opinión, que atizan discusiones bizantinas a punta de babosadas.

Como esa de negar la preeminencia jurídica, democrática, universalmente reconocida del Legislativo en la elaboración de leyes y modificaciones a la Constitución, al punto de haber inducido al oficialismo afianzar tal concepto en la Carta Fundamental y así alegar que se ha roto el equilibrio de poderes.

Sostienen que el presente gobierno carece de facultades para impulsar reformas de gran calado… los mismos que aplaudieron hasta dolerles la mano las reformas estructurales impulsadas, junto con otros, por los tres mandatarios harvardianos, quienes modificaron la Carta Magna hasta hacerla irreconocible.

¿Cómo se elige a los jueces estatales de EU? Lo detalla un despacho la agencia AFP:

Mediante una amplia gama de procedimientos. En 14 entidades, en elecciones no partidistas; es decir, elegidos por el pueblo en una boleta sin etiqueta que identifique su filiación partidista.

En otros siete estados, en elecciones partidistas, mediante voto popular, con una boleta que sí muestra la filiación de partido.

En 27 estados la decisión recae en los gobernadores, aunque en algunos se debe tener la confirmación de otros órganos políticos locales. Y en dos estados, son nombrados por las legislaturas estatales.

En total –dice AFP– son 38 estados los que utilizan alguna forma de elección para designar o mantener en el cargo a los jueces del tribunal superior.

En el escuadrón de mentirosos periodistas que niegan las similitudes en la elección de enjuiciadores en México y EU, hay de todo: 

Desembozados progringos, farsantes que bogan de progresistas en el extranjero y en México son de ultraderecha, y hasta un compadre de Calderón que no se ha sentido en la obligación ética de explicar los motivos de su constante y ardorosa defensa al jefe de Genaro García Luna, y al propio GGL, su proveedor de información privilegiada… para servirle a la delincuencia.

Personajes de esta ralea han desatado una fortísima andanada de descrédito y golpeteo, en su intento de tomarle la medida y debilitar a la Presidenta Sheinbaum. 

La tienen por una ingenua incapaz de percatarse de que “la están llevando a cometer una ilegalidad y una traición a la patria, y que sólo ella terminará pagando los costos de sus extralimitaciones”.

Afirman, sin más pruebas que sus autorreferenciales y delirantes especulaciones, que por presiones de López Obrador “ha perdido la narrativa” y se ha convertido en una réplica discursiva de su antecesor.

Son legión los comunicadores que incluso celebraron el intento de mofa y repudiaron la dura, obligada y justa recriminación de la Presidenta Sheinbaum a las insolentes risas en Harvard. 

Deplorable pretensión de burla por cuenta de integrantes de una comunidad a la cual el pobre Tom Hanks también les pidió, con patente desatino, “que se resistan ante quienes tergiversan la verdad en su beneficio”.

BRASAS

El secuestro y expatriación de Ismael El Mayo Zambada y el aparente choque entre la banda de este capo y los mafiosos herederos de Joaquín El Chapo Guzmán, desde luego han recrudecido la violencia en el mundo de la delincuencia. Pero el empleo de carros-bomba delata la intervención de otras aviesas manos de la narcopolítica.

De cara a estos indicios, es pertinente recordar que si bien el narco infestó la política nacional hace más de medio siglo, este fenómeno fue potenciado a partir de 1988 desde la Presidencia de la República por el hermano incómodo, Raúl Salinas de Gortari.

Durante el gobierno de López Obrador fue notorio el uso de este problema y su manipulación informativa por la oposición para tratar de establecer una relación de complicidad entre los cárteles y el Jefe del Estado.

La infame patraña se hizo ostensible en el último tramo de la administración, cuando periodistas del salinato incluso se trasladaron a los epicentros del narco, de Miami a Colombia pasando por Sinaloa, para sembrar mediante crónicas y reportajes la falacia de que el narco y Amlo eran la misma cosa.

En el arranque del gobierno de la primera mujer en la Presidencia la maniobra se ha avivado, mediante la ruindad de usar el caso Zambada y la barbarie sinaloense para imputarles complicidad a Amlo y Claudia. 

Está por verse si existe vinculación intrínseca entre lo que sucede en la tierra de los once ríos y los carros-bomba de Guanajuato; si se trata de exacerbación de la violencia por otros grupos delictivos o de una estrategia de la narcopolítica de tufo salinista o de la dupla Calderón-García Luna.

En todo caso y por espantosos que sean los saldos, se debe evitar la tipificación de terrorismo, que no lo es y tildarlo como tal equivaldría a centrarle el balón al gobierno gringo, deseoso de aplicar sus leyes de maneta extraterritorial, promover sanciones económicas y comerciales y hasta intervenir de manera abierta en nuestro país.

RESCOLDOS

En el Ejecutivo deshojan la margarita para decidir si investigar o no a Felipe Calderón; pero, en la cámara baja, ya se busca expulsar, vía juicio político, a Margarita Zavala. Que bueno. A falta de sanción jurídica al socio de García Luna tiene que imponerse al menos una sanción política. La cual pasa por limpiar el calderonato de la escena pública. Es obvio que Felipe y Margarita tienen ronchas del mismo bicho. Y es asimismo imperioso cerrarles las puertas o echar a escobazos a los Gil Zuarth, Lozano, Cordero y otras alimañas de la política… 

Los Claudio X. ya comenzaron su juego del policía bueno y el policía malo. El papá, González Laporte, ha llegado a la ignominia con tal de acercarse a la presidenta de la República. Y el hijo, González Guajardo, intensificó su embestida en contra de la mandataria. La llamó autoritaria, inepta e insensata. Ella fue deferente con el papá y al nene lo etiquetó de “junior tóxico”. Error. Los X. buscan lo mismo. Más que la consanguinidad los une el interés común de hacer negocios al amparo del poder público…

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Adán CÓRDOVA*

El Poder Legislativo adquiere su nombre de la función principal que se le asignó en los albores del constitucionalismo en los siglos XVIII y XIX; a nivel federal a partir del día 1 de septiembre dio inicio la sexagésima sexta legislatura y en Oaxaca iniciará el 15 de noviembre próximo el nuevo ciclo legislativo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante los años 2017, 2019, 2021 y 2023 ha evaluado el nivel de confianza que expresamos los mexicanos  hacia el Poder Legislativo al evaluar a las Cámaras de Diputados y Senadores, resultando que se encuentran peleando los últimos lugares con los policías y los partidos políticos.

Cierto es que las y los legisladores en su mayoría gozan de una popularidad pública que les permite acceder a la representación, pero en honrosas excepciones suelen tener una formación académica o experiencia que les permita responder al nuevo ritmo institucional, y las constantes exigencias sociales.

Elevar la confianza y disminuir la percepción de corrupción son los principales retos del poder legislativo, avanzar en esa dirección obliga a mantener una buena comunicación y una correcta evaluación de sus acciones.

COMUNICAR, no es que publiquen qué desayunan, a qué hora llegan a sus oficinas o qué temas van a analizar durante el día, se trata de qué decisiones toman, por qué las decidieron, y si tienen una utilidad en nuestro entorno.

EVALUAR, no es que hagan muchas acciones o pocas, sino que las que hacen tengan un impacto real en nuestra calidad de vida, si se garantizan nuestros derechos, se fortalecen o se transforman instituciones, a qué se destina el dinero público y qué impacto tiene. 

Una correcta evaluación del Poder Legislativo podría reubicar el papel de este poder en la calidad de vida de las personas, obligaría a evaluar lo existente, reconocer las limitantes y replantear si los resultados obtenidos pueden mejorar para futuras acciones.

La esencia del Estado radica en alcanzar el bienestar colectivo, objetivo bajo el cual los poderes públicos deberían trabajar de manera sistémica, interinstitucional, porque si nadie se levanta pensando en “cómo joder a México” no se entiende por qué los niveles de confianza son bajos y la percepción de corrupción es elevada.

En diferentes ejercicios académicos se ha considerado la reducción de legisladores y legisladoras en las cámaras, la extinción de una de las cámaras del congreso de la unión o la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de eliminar los plurinominales bajo la consideración de “reducir el gasto”.

Lo relevante no es la reducción del número de legisladores ni el gasto que generan sino la calidad de las leyes o las decisiones que toman, porque de poco o nada sirve que se reduzca el número o se adelgace el gasto si las leyes o sus decisiones carecen de impacto para las personas a las que representan.

•  Doctorante en Argumentación Jurídica por el Centro de Investigaciones Jurídico Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; Coordinador del Laboratorio Universitario de Estudios de Transparencia y Combate a la Corrupción de la FDCS/UABJO. Correo Electrónico: adancordovatrujillo@gmail.com Twitter:@adancordovat. Fb: Adán Córdova  #RetribuciónSocialCONAHCYT

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