El caso Edward, y la necesidad de asumir el ejercicio profesional desde las responsabilidades
La vinculación a proceso penal, y el establecimiento de la medida de prisión preventiva a un médico especialista en Oaxaca, ha polarizado de manera importante a la sociedad, pero también debía invitar —no sólo a Oaxaca, sino al país— a un debate serio, trascendente y profundo sobre la forma en que se ejercen distintas profesiones en México. En general estamos hartos de la impunidad; pero también es cierto que propios y extraños estamos acostumbrados a vivir en un ambiente en el que muchas de las profesiones se ejercen sin responsabilidad, sin certeza frente al cliente —sea paciente, defendido, representado, etcétera—, y sin temor a las consecuencias. Qué bien nos caería —a todos— hallar los puntos relevantes —hasta ahora prácticamente inadvertidos— de una situación como ésta.
En efecto, el pasado 2 de abril fue detenido un médico especialista en ortopedia pediátrica, acusado por la Fiscalía General del Estado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de homicidio con agravante de responsabilidad médica, en contra de un niño de tres años, ocurrido en noviembre del año pasado. De acuerdo con los abogados de las víctimas de este delito —los padres del menor fallecido—, hubo una actuación incorrecta del médico especialista en el suministro de medicamentos.
Por ello, tras la integración de la carpeta de investigación, la Fiscalía General —cuya función esencial es acusar; y cuando no lo hace frente a lo que considera como un posible delito, es no sólo negligente sino abiertamente violatoria de la Constitución— la consignó ante un juez, quien libró una orden de aprehensión, la cual una vez cumplimentada permitió la presentación del imputado ante el juez, que lo vinculó a proceso y le decretó la prisión preventiva en tanto se desahoga el juicio.
Esto tuvo como consecuencia natural la movilización del gremio médico de Oaxaca, y del país, en defensa de su colega encarcelado. Los médicos han tratado de explicar con amplitud, desde su propio campo de conocimiento, cuáles son las razones por las que consideran que el ahora imputado no es responsable del delito que se le acusa. Por su parte, el Fiscal General ha pedido a la comunidad médica, y a la sociedad en general, que asuma el hecho de que este asunto debe ser litigado no en las calles, sino en los tribunales correspondientes, y ha reiterado que el Ministerio Público no retirará la acusación en contra del médico por causa de presiones sociales o manifestaciones.
Las reacciones han sido intensas y complejas. El gremio médico del país se manifestó el fin de semana con marchas en diversas ciudades del país, y también la ciudadanía se ha involucrado en el asunto lo mismo defendiendo la situación del médico que se encuentra en prisión, que recordándole a la misma ciudadanía que hay muchos casos en los que la negligencia —no sólo de los médicos— provoca daños, dolor y pérdidas en todos los sentidos a los particulares que se someten a su práctica profesional.
En este punto, parece entonces que las posiciones son simplemente irreconciliables, y por eso ha habido quien ha condenado o exculpado al presunto responsable, independientemente de lo que finalmente establezcan los tribunales que actualmente, o en lo posterior, resulten competentes para conocer del asunto.
En ese clima tan polarizado, es necesario encontrar puntos de equilibrio para sacar de este panorama brumoso algunos puntos que debieran ser rescatables de un asunto como este. Sin que este sea un ejercicio terminal —sino más bien, enunciativo—, es necesario ubicar lo socialmente trascendente de un caso como éste.
MEJORAR LA PRÁCTICA
En México existe una cultura pobrísima de la colegiación profesional. Desde hace años es sabido, en general, que existen lo mismo universidades públicas y privadas de gran prestigio, que las llamadas “escuelas patito” que a cambio de una suma de dinero validan supuestos conocimientos y habilidades profesionales con las que en realidad no cuentan sus egresados. El problema es que, al final, los egresados de unos y otros centros de estudio, reciben un título y cédula profesional con el mismo valor entre sí, y con la misma posibilidad de ejercer profesionalmente independientemente de que unos estén perfectamente preparados, pero los otros no.
Ahí es donde radica la importancia de la colegiación profesional, que debe ser impulsada —y autoimpuesta— como un primer ejercicio ético, y de responsabilidad social y profesional. De acuerdo con la doctrina, toda asociación profesional debe exigir que sus miembros cuenten con los conocimientos, las habilidades y la preparación necesarios para atender de manera eficiente las necesidades de la población que solicita sus servicios, y evite que esa preparación y conocimientos se limiten a la obtención de un título o grado académico, y se actualicen y amplíen constantemente, no sólo para el beneficio personal de quien los posee sino para el de la colectividad en su conjunto.
De hecho, entre los médicos y los contadores públicos es donde más desarrollada está la colegiación profesional, aunque queda claro que lo hecho hasta ahora no puede ser catalogado como suficiente. Y el problema es que en otras profesiones, la colegiación es prácticamente nula, porque aún cuando en todas existen asociaciones y grupos colegiados, lo cierto es que muchos de ellos sirven para actividades sociales o culturales, pero no para la certificación de conocimientos, preparación y habilidades profesionales.
Esto es relevante, porque en el ejercicio de todas las profesiones hay espacio para la negligencia y la simulación de conocimientos, y por ende todas son susceptibles de ocasionarle daños irreparables a quienes consumen los servicios que prestan, cuando no cuentan con la certeza sobre la calidad y la certificación del profesional a quien contratan. En esa lógica, a todos nos pareció correcto, por ejemplo, que luego de los sismos del mes de septiembre pasado, las instancias de procuración de justicia de varias entidades del país ejercieran acción penal en contra de los ingenieros y constructores de diversos edificios, que se derrumbaron porque de forma deliberada o negligente en su diseño y construcción, no incluyeron la protección antisísmica establecida en las normas aplicables.
¿No debiera ser ese uno de los raseros necesarios para casos en los que no sólo puede haber un resultado accidental o imprevisible, sino también negligencias en el ejercicio de una profesión? El problema es que en México estamos generalmente poco acostumbrados a asumir las consecuencias de los propios actos, y máxime cuando éstos son susceptibles de ser considerados como parte de un riesgo profesional, independientemente de su naturaleza y alcance reales.
Por eso existen sofismas tan oprobiosos, pero socialmente aceptados, como aquel, entre los abogados, que dice que frente a un litigio, cuando se gana, el triunfo es del abogado; pero que cuando el asunto se pierde, la derrota —y sus consecuencias jurídicas, materiales y patrimoniales— es para el cliente.
VER HACIA DELANTE
No se trata de decir, con esto, que el médico sí es responsable de lo que se le imputa, o que la Fiscalía está equivocada en sus señalamientos. Pretender eso sería incurrir en la misma estratagema que hoy tiene enfrentada a la sociedad oaxaqueña, e indignado al gremio médico de la entidad y del país. Por lo que se debería apostar, es porque todos hagan su trabajo eficazmente, para que finalmente se emita un fallo revisable y capaz de esclarecer la verdad de los hechos, y la responsabilidad que podría pesar sobre cada uno de los involucrados —incluida la posible culpabilidad del médico, o el error que muchos acusan de la Fiscalía. Además, evidentemente, de que un asunto como éste sirva para que los profesionales de distintas ramas asuman, en general, la necesidad de impulsar procesos de profesionalización y certificación de sus conocimientos y habilidades profesionales para mejorar su propio desempeño.
Fracasó Martínez Helmes con el espejismo, en Morena, de que la UABJO era su “capital electoral”
Eduardo Martínez Helmes estaba apurado por dejar la rectoría de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, porque decía que se estaba preparando para brincar de la política universitaria, a la política estatal a través de un partido. Siendo aún rector, insinuaba la posibilidad de buscar un cargo legislativo local o federal, pero cuando finalmente se dejó ver en la búsqueda de espacios políticos dentro de un partido, anunció que lo que buscaría sería una candidatura al Senado a través de Morena. De todo ese espejismo, que intentó vender con cierta capacidad, hoy no queda nada.
En efecto, la familia Martínez Helmes, encabezada por el viejo cacique Abraham Martínez Alavés, hizo de la Universidad un modelo eficaz de control político que creyeron inagotable, hasta que la misma inercia que ellos le provocaron terminó fracturando sus estructuras. ¿De qué hablamos? De que desde hace casi dos décadas, los Martínez —el viejo Abraham, y sus hijos Eduardo y Abraham Martínez Helmes— generaron un contrapeso político al interior de la Universidad frente a los sindicatos y grupos tradicionales, a través de una posición de defensa y rescate de la vida académica universitaria, que en otro momento aglutinó a varias de las corrientes universitarias más importantes para ganar la rectoría por varias ocasiones consecutivas.
El punto clímax, aunque también de quiebre de ese grupo político, ocurrió con la decisión de ascender a la rectoría a Eduardo Martínez Helmes. Esa parecía no sólo la culminación de todo un proyecto político familiar, sino también una demostración de fuerza y poder al interior de la Universidad, sobre cómo un solo grupo era capaz de controlar la política universitaria y convertir en rector a alguien que nunca antes había competido para un cargo de elección directa en la UABJO, y que tampoco había ocupado ninguna responsabilidad importante como para tener ascendencia natural entre la comunidad universitaria.
Ese fue el punto clímax por la demostración de poder, pero también fue el punto de quiebre porque con esa decisión los mismos Martínez rompieron los puntos de equilibrio que les habían permitido incluso remontar la oposición de los Rectores a los que ellos mismos habían impulsado. En todos los demás casos, los Martínez tomaban el control de ciertas áreas universitarias que les permitiera la manutención de sus clientelas electorales —algunas posiciones en Finanzas, en Redes y Telecomunicaciones, en las direcciones de algunas escuelas y Facultades, y en la Secretaría Particular de la Rectoría—, y después tomaban distancia del Rector en turno, para asumir una posición aparentemente independiente, y hasta crítica.
Así, por ejemplo, lograron hacer rector a Rafael Torres Valdez, a pesar de que Francisco Martínez Neri no lo aprobaba y no era su candidato a sucederlo. Lo mismo hicieron con Torres respecto a Martínez Helmes. En cada uno de esos movimientos, los Martínez criticaban al Rector en turno acusándolo de romper los acuerdos relacionados con la defensa de la vida académica, y con esa bandera, iban a la oposición para volver a ondear sus postulados.
¿Por qué las cosas se rompieron en el rectorado de Martínez Helmes? Porque entonces, al ser familia, y ejercer como dueños de la Universidad, ya no hubo forma de mantener ese juego de los buenos y los malos, que tan bien les había funcionado en el pasado para mantener la apariencia y el control universitario.
Esa posición, finalmente debieron cambiarla por una franca y abierta: la alianza que trabaron con el porrismo durante la gestión de Martínez Helmes, para mantener el poder. Por eso, inicialmente su proyecto sucesorio estaba en Reynel Vásquez Zárate, a quien bajaron de último minuto para tratar de controlar su apariencia, a través de un académico como Eduardo Bautista Martínez. Lograron ganar, pero ya no con el poder de antes, y casi de inmediato se les descompuso el panorama en sus bastiones universitarios como las facultades de Derecho y Contaduría.
Así, lo que fue un poder boyante de los Martínez en otros tiempos, en realidad ha demostrado estar más menguado de lo que ellos mismos reconocen.
ADIÓS EN MORENA
Los Martínez intentaron en Morena vender la idea de que la Universidad era su bastión político y un semillero de votos. Al interior de la Máxima Casa de Estudios lograron ganar elecciones sucesivas gracias a la forma en la que controlaban a sus clientelas. No obstante, ese liderazgo que presumieron en realidad era sólo una apariencia con la que intentaron brincar de su feudo a la política real.
Eduardo Martínez Helmes apareció, por ejemplo, dentro de los personajes que recibieron el año pasado, el 21 de marzo, a Andrés Manuel López Obrador en un multitudinario mitin en Oaxaca. Aquel mensaje político consistía en que esas personas serían los prospectos para algunas de las candidaturas más importantes en Morena. Martínez quería ser senador, o cuando menos candidato a diputado federal por cualquiera de los dos principios electorales.
¿Por qué no pudo conseguirlo? Primero, porque pronto quedaron en evidencia sus ligas y relaciones con el grupo de Gabino Cué Monteagudo; segundo, porque en Morena nadie le compró la idea de que en realidad tenía un semillero de votos, y un liderazgo real en la entidad, o cuando menos en la capital oaxaqueña, como para poder competir por una curul local o federal. Y finalmente, han ido apareciendo los indicios que los relacionan de fondo con los problemas financieros que actualmente vive la Universidad.
Por eso, paulatinamente Martínez Helmes fue moderando sus pretensiones yendo del Senado a una diputación federal; y de ahí quedar relegado en las posiciones locales porque, además, en Oaxaca ya no existe el fuero o inmunidad constitucional, que era una de las razones por las que aspiraba a un cargo legislativo federal y no estatal. Finalmente, al aparecer las listas de candidatos por ambos los principios en la entidad, Martínez Helmes quedó totalmente excluido incluso de las candidaturas que son de relleno, como son las de representación proporcional en posiciones que sería imposible que resultaran electos.
INCERTIDUMBRE
Hasta hace poco tiempo los Martínez pensaban que con la apariencia les sería suficiente. No fue así y ahora tendrán que esperar, desde sus conocidas posiciones de fuerza dentro de la Universidad, a ver si alguien les permite negociar su incierto futuro como grupo político en la Máxima Casa de Estudios.
At’n jefes de información reporteras/reporteros
Se le invita a la ceremonia de presentación del registro Memoria del Mundo de México que le fue otorgado por la UNESCO al Archivo Histórico del Poder Judicial de Oaxaca, a celebrarse este domingo 8 de abril de 2018, a las 19 horas en el Patio de Lectores de la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa, en el Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, con la participación de la Doctora Nuria Sanz Gallego, representante de la UNESCO en México y de la Maestra Catherine Bloch, presidenta del programa Memoria del Mundo en México. Es de señalarse que en el marco de este evento organizado por la Biblioteca de Burgoa que también recibió este reconocimiento de la UNESCO se realizarán diversas actividades entre ellas la exhibición de diversos documentos trascendentales del Archivo Histórico del Poder Judicial y de la Biblioteca Francisco de Burgoa.
Agradecemos su asistencia.
Atentamente
Wilfrido López Torres
Encargado de la Coordinación de Comunicación Social
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca
Propaganda gubernamental y de campaña, riesgoso rubro que se servirá al gobierno para la manipulación electoral
Hace algunos días, la candidata presidencial independiente Margarita Zavala, se quejó con amargor sobre la disparidad existente entre la asignación de los llamados “tiempos oficiales” de radio y televisión durante la campaña, entre ella y cualquiera de los candidatos postulados por partidos políticos. Mientras a ella –que llegó a la candidatura sólo con respaldo ciudadano— le ofrecían unos cuantos spots de radio y televisión en cada una de las señales, a los candidatos de los partidos literalmente les ofrecían miles. Esto es, en sí mismo, un problema de inequidad, que puede volverse mayúsculo si asumimos las implicaciones que esto tendrá en los próximos años tanto para el gobierno como para los ciudadanos.
En efecto, es necesario dividir este problema en partes. Pues en lo que corresponde a la propaganda gubernamental, en sus primeros cuatro años, de 2013 a 2016, la administración de Enrique Peña Nieto ha gastado 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial, un 71% más de lo que le aprobó el Congreso, de acuerdo con un estudio de Fundar. Esa cifra representa un gasto de 24.8 millones de pesos por día, o un millón de pesos por hora, para difusión en medios. En el periodo señalado, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 21 mil 99 millones de pesos para publicidad oficial, pero el gobierno de Peña Nieto rebasó esa cifra por un monto de 15 mil 161 millones de pesos.
Y es que más allá de las cifras y los millones que se han usado para promocionar al gobierno federal, el problema con la publicidad oficial, señalan expertos, es el uso político de los recursos públicos para “capturar” la información periodística, y el impacto que esta tiene en la vida de las personas. En ese sentido, de acuerdo con una nota de Animal Político, Rocío Stevens de Oxfam México, una organización que trabaja el tema de la desigualdad social, señala que “la falta de límites en publicidad oficial crea condiciones para que el poder político pueda capturar la agenda de la información y de las ideas, de lo que se debate, y lo que eso implica en la calidad y el tipo de información que recibe la ciudadanía”.
Ahora bien, más allá de este panorama, vale la pena preguntarse qué pasará con la legislación que quizá se emita sobre la publicidad gubernamental, y cómo esto sí podría tener un impacto al combinarse con los lineamientos para la asignación de tiempos públicos de radio y televisión a los candidatos, durante las campañas. El analista Javier Tejado Dondé ofrece algunas coordenadas fundamentales.
LA CIMBRA DE UN NUEVO RÉGIMEN
Dice Tejado (https://bit.ly/2Hc4izp) que hay dos factores que pueden incidir en el establecimiento de un largo régimen en México, que abarque cuando menos 18 años: a) la Ley Electoral vigente y b) la nueva Ley de Publicidad Oficial, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado expedir. Ambos instrumentos son clave para posicionar las acciones de un gobierno y de un candidato y son la piedra angular de cualquier estrategia electoral.
La Ley Electoral que tenemos desde 2006 es totalmente estatista y sólo permite a los partidos políticos hacer campañas y también, sólo a ellos, hacer promoción de temas políticos y electorales. Estas campañas se hacen principalmente con los spots gratuitos que el INE da a los partidos políticos, cuya asignación es proporcional al número de escaños que obtienen en la Cámara de Diputados. Así, un partido que obtenga la mayoría en la elección del 1 de julio, en la Cámara de Diputados, tendrá también la mayoría de spots electorales para la siguiente elección (del 2021). Con lo que los resultados de la elección del 1 de julio no sólo definen quién va a gobernar y quién tendrá la mayoría en cada Cámara del Congreso, pero también desde ya se definirá quién tendrá el mayor número de promocionales (o spots) para la próxima elección de dentro de tres años.
El esquema es tan estatista y arbitrario que, por ejemplo, una candidatura independiente —como la de Margarita Zavala— tiene derecho a un (1) spot por cada 124 que tiene la alianza PRI-PVEM-NA o por cada 119 que tiene el Frente conformado por PAN-PRD-MC. Con lo que queda claro que desde ahora quien tenga mayoría en estas elecciones, tendrá una ventaja para los comicios de 2021.
El otro elemento de cualquier estrategia político-electoral es la publicidad que un gobierno puede hacer durante su periodo de gestión. Luego de un mandato constitucional incumplido, desde 2015, la Corte ha ordenado que se expida una nueva Ley de Publicidad Oficial y que ésta tiene que estar lista, en teoría, para el próximo 30 de abril.
Esta nueva ley va a regir la publicidad del gobierno federal, pero también la de los gobiernos estatales y municipales. Esto significa que cualquier promoción (éxitos y logros) de un gobernante —ya sea en medios electrónicos, impresos y hasta en internet— será regulada por esta ley, así que ésta regirá todo lo que sucede en periodo no electoral para posicionar logros de gobierno. De ahí su importancia. Además, regulará un importante gasto publicitario: 6 mil millones de pesos por año por parte del gobierno federal y otro tanto, incluso superior, por parte de los gobiernos estatales y municipales.
Si esta ley no la expide la actual Legislatura, en el que hay un equilibrio entre partidos y nadie tiene mayoría por sí mismo, en un nuevo gobierno con mayoría en el Congreso se podría aprobar una Ley de Publicidad Oficial que haga nugatoria la posibilidad de que un gobernador, un presidente municipal o cualquier otro funcionario público pueda promover —con recursos públicos y hasta con privados— sus logros o dar cuenta de sus acciones de gobierno. Así, nadie se podría dar a conocer con sus gobernados.
Con ello, queda claro que un siguiente gobierno con mayoría en el Congreso no sólo va a tener la mayor parte de los spots electorales para las elecciones del 2021, sino también la posibilidad de expedir una Ley de Publicidad que evite que crezcan o se den a conocer logros.
La mezcla entonces de la actual Ley Electoral y la nueva Ley de Publicidad, que ha ordenado la Corte, puede generar un nuevo régimen político que inhiba el crecimiento de nacientes figuras públicas, privilegiando el mantenimiento del status quo que se obtenga el próximo 1 de julio. El riesgo entonces de un régimen que perdure durante años, por el control de medios de comunicación, de la publicidad oficial y de los spots en época electoral, parece ser una posibilidad real.
VER A VENEZUELA
Tejado lo advierte con oportunidad: En regímenes como el venezolano, que justo lleva 18 años en el poder, el cambio de la legislación y el control de medios se ha dado con el paso de los años, pero en México, el fuerte control que los políticos decidieron asumir de los procesos electorales desde 2006, aunado al reciente mandato de la Corte para regular la publicidad oficial parecen ser una mezcla potencialmente explosiva que podría dar lugar al establecimiento de una cuasi-dictadura a partir de leyes dadas desde un modelo democrático.
TSJ celebrará reconocimiento de UNESCO al archivo histórico del Poder Judicial
La representante de la UNESCO en México y la Presidenta del Comité Mexicano Memoria del Mundo, encabezarán los festejos en el Centro Histórico de esta ciudad
El próximo domingo 8 de abril, a las 19:00 horas, en el Patio de Lectores de la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa, localizada en el interior del Exconvento de Santo Domingo de Guzmán, la Doctora Nuria Sanz Gallego, Representante de la UNESCO en México, y la Maestra Catherine Bloch Gerschel, Presidenta del Comité Mexicano Memoria del Mundo, encabezarán la presentación del Registro “Memoria del Mundo de México”, reconocimiento que fue otorgado el pasado 4 de marzo al Poder Judicial del Estado de Oaxaca y a la Biblioteca Francisco de Burgoa de la UABJO.
Como preámbulo, a las 17:30 horas partirá una calenda del Centro Cultural San Pablo hacia la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa en el Exconvento de Santo Domingo de Guzmán.
Asimismo, en el marco de este evento organizado por la Doctora María Isabel Grañén Porrúa, Directora de la Biblioteca Francisco de Burgoa, el Magistrado Raúl Bolaños Cacho Guzmán, titular del Poder Judicial del Estado y el Maestro Eduardo Bautista Martínez, Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se realizarán diversas actividades, entre ellas, la exhibición de diversos documentos trascendentales de la Colección de 305 Expedientes en Lenguas Indígenas de Teposcolula y Villa Alta que datan de 1570 a 1816, los cuales forman parte del acervo del Archivo Histórico del Poder Judicial de Oaxaca, así como el acervo de la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa.
El Poder Judicial de Oaxaca invita a la ciudadanía para que asistan el próximo domingo a la exhibición de este valioso legado documental histórico-jurídico que resguarda el Archivo Histórico del Poder Judicial y que es patrimonio de todos los oaxaqueños.
La postura del Estado mexicano ante la CNTE, debería ser un tema relevante para las campañas presidenciales
El único candidato presidencial que ha sido más o menos claro en el planteamiento de la postura que podría asumir ante un tema tan relevante como las exigencias y pretensiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es Andrés Manuel López Obrador. Para bien o para mal, el tabasqueño ha ido esbozando la posibilidad de derogar —dice— la reforma educativa. El problema es que ninguno de los otros candidatos presidenciales ha sido claro al respecto, aún en la consideración de que la CNTE no es sólo un grupo relacionado con la educación, sino que es un auténtico grupo de poder y presión para la gobernabilidad del país.
En efecto, la CNTE es un problema nacional, y por eso debería ser un tópico relevante de campaña de todos los candidatos presidenciales. Desde hace mucho tiempo, la Coordinadora dejó de ser un tema local circunscrito únicamente a Oaxaca, Guerrero y Chiapas, para convertirse en un tema nacional. La combinación de la conocida altivez y capacidad de movilización de la CNTE, y la propuesta de derogar la reforma educativa durante el próximo sexenio, debe ser desde hoy un tema que preocupe a todos los candidatos presidenciales.
¿Cuál es la razón? Que gane o pierda, Andrés Manuel López Obrador prendió esa mecha de la inminente movilización magisterial, al tratar de lanzar propuestas que simpatizaran lo mismo con la CNTE que con los profesores del SNTE identificados con Elba Esther Gordillo. Queda claro que no todos los maestros del país mantienen una postura en contra de la evaluación, igual que como resulta cierto que muchos de ellos —los gordillistas— podrían asumir la derogación de la reforma educativa más allá de su contenido, sino como una necesidad de reivindicación del poder de la ex lideresa magisterial, que fue encarcelada por el impulsor de la reforma educativa, y que en un régimen opuesto tendría como sanción política la derogación de la reforma como una manifestación del poder recuperado por la hoy defenestrada maestra Gordillo, en un posible reascenso al poder.
El problema hoy, es que independientemente de lo que ocurra el 1 de julio, de todos modos la CNTE tratará de volver a la carga con respecto a la derogación de la reforma. Hace algunas semanas, López Obrador remarcó su postura relacionada con la reforma educativa, pero dijo que su forma de terminar con las normas que rigen a la evaluación docente —médula de la reforma educativa— sería a través del proceso legislativo (es decir, enviando una iniciativa que modificara el contenido constitucional y legal, para que los diputados la aprobaran).
Esta posibilidad fue rechazada de inmediato por la Coordinadora, quien le mandó a decir a Andrés Manuel que para que verdaderamente mostrara voluntad política y simpatía con su movimiento, tendría que pronunciarse por una derogación de la reforma por decreto. Esta posibilidad, evidentemente, sería una manifestación clara y abierta de confrontación al orden constitucional por parte de un posible Andrés Manuel como Presidente de la República. Frente a ello, el tabasqueño no ha vuelto a mencionar el tema. Aunque queda claro que independientemente de que lo haga o no, ese guiño a la CNTE será la punta de lanza para lo que siga después del proceso electoral.
VOLVERÁN A LA CARGA
Si Andrés Manuel se convierte en Presidente de la República, la Coordinadora y la Sección 22 no esperarán a que manifieste voluntad por la derogación de la reforma educativa, sino que desde el primer día de su gestión —y quizá desde antes, porque el cambio de la Legislatura federal ocurrirá desde el mes de septiembre, y posiblemente Morena llegue a tener mayoría— comenzarán a exigirle el cumplimiento de su palabra a través no de las vías institucionales o las que llegara a plantear AMLO para lograrlo, sino como ellos mismos lo quisieran en forma y fondo.
¿Qué querría la CNTE y la Sección 22? Querrían lo que han dicho, como forma de derogación: es decir, la emisión de un decreto presidencial que dejara sin efecto la reforma educativa. Pero además, como fondo del planteamiento, ellos asumirán la postura de que no quieren la reforma actual —por eso piden su derogación—, pero que además tampoco aceptarán cualquier otra forma de evaluación de la educación pública, que no sea las que ellos mismos establezcan.
Es posible prever desde ahora que una cuestión de esa magnitud no les será concedida, incluso ni por el propio Andrés Manuel si llega ser Presidente. El problema entonces ya no será educativo sino de gobernabilidad. Porque si consideramos que durante todos estos años la CNTE fue al único grupo opositor que el gobierno federal nunca pudo dominar, y que tampoco pudo negociar con ellos —dejando incluso al garete muchos aspectos de la reforma educativa en entidades como la nuestra—, llegando incluso a la circunstancia de permitirles que entidades como Oaxaca fueran espacios de aplicación suavizada o matizada de la reforma educativa.
Considerando lo anterior, lo más probable es que antes del término del presente año, el gobierno federal tendría o a una CNTE tranquila a partir de someterse inopinadamente a su dictado; o tendría a una Coordinadora manifestándose abiertamente en la capital del país, mostrando su músculo político, y su afinada capacidad de organización y movilización, de la que ya le dieron amplia cuenta a la administración del presidente saliente Enrique Peña Nieto, y de la que no tendrán ningún problema de volverle a demostrar a cualquiera que sea el Presidente a partir del 1 de diciembre próximo.
Por eso no sólo es importante, sino prioritario, que cada uno de los candidatos presidenciales establezcan sus prioridades y planteamientos, con respecto a lo que prevén para enfrentar este problema de gobernabilidad que de forma inminente tendrán con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Como bien lo sabemos en Oaxaca —producto de experiencias como la del gobierno de Gabino Cué, que intentó ser aliado de la CNTE y nunca lo logró a pesar de haberse plegado durante años a sus exigencias y presiones—, el magisterio democrático tiene una vocación opositora insuperable e infranqueable, que irremediablemente los llevará a encarar, pero nunca a aliarse, con quien sea el próximo Presidente. Así sea su candidato actual, Andrés Manuel López Obrador.
¿Y LOS CANDIDATOS OAXAQUEÑOS?
Acostumbrados a no meterse en problemas, ninguno de los candidatos oaxaqueños a cargos estatales o federales, se ha referido al tema. No lo hacen, primero, porque no quieren asumir posiciones que luego les generen costos políticos —aun cuando su postura pudiera ser la correcta—; y segundo, porque no entienden de fondo todo lo que ocurre con la CNTE.
Poder Judicial trabaja en favor de la difusión de derechos infantile
A través del teatro guiñol pequeños del CENDI aprenden sobre sus derechos humanos
Con la intención de generar una cultura sobre el conocimiento de los Derechos Humanos desde la infancia, en especial sobre los Derechos de las Niñas y Niños, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJO) realiza diversas acciones para la promoción del tema.
Es así que la Dirección de Derechos Humanos del PJO en conjunto con la Coordinación General de Fortalecimiento de la Cultura de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), este martes por la mañana, impartieron la plática sobre los derechos de las niñas y niños a los pequeños del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), “Margarita Maza de Juárez” dependiente del Poder Judicial.
En el CENDI ubicado en el Complejo Administrativo de Ciudad Judicial, la psicóloga Ariadna Osorio, compartió con los infantes los derechos principales que tienen, como el derecho a la educación, derecho a un nombre propio, derecho a la no discriminación, derecho a una vida libre de violencia, derecho a la igualdad, derecho al juego, derecho a la protección, derecho a un medio ambiente sano y derecho a la salud.
A la parte, explicó a las niñas y los niños, que a todo derecho corresponde un deber, como el realizar la tarea escolar, acomodar los juguetes utilizados, respetar a los compañeros de clase, seguir las indicaciones del médico, no tirar basura en la calle y obedecer las indicaciones de sus padres y maestros.
Después de la plática, los pequeños disfrutaron de la presentación de teatro guiñol “Los derechos son nuestros”, en la cual se mostró a los niños y niñas la importancia de conocer sus derechos, así como ponerlos en práctica y cuidarlos.
‘Fakenews’ de campaña, no sólo abarcan el falso desvío de afores en NAIM; también son utilizadas por el PRI en CDMX
Estos son tiempos en los que uno de los mayores cuidados que debe tener un ciudadano responsable, es a la hora de dar clic en el botón de ‘compartir’, en sus redes sociales. La web está inundada de noticias falsas o engañosas. Y aunque en realidad esta parece una estrategia exclusiva de algunos partidos de izquierda —que, por ejemplo, durante el fin de semana se dedicaron a viralizar una nota relacionada con el dinero de las afores en la construcción del nuevo aeropuerto—, en realidad hay quienes utilizan estrategias aún más temerarias al lanzar propuestas irreales, fantasiosas y hasta mal intencionadas, que además son imposibles de cumplir, sólo para tratar de convencer a un sector específico de la población que, igualmente en la ignorancia, repite y saluda dichas propuestas. Es el caso del candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
En efecto, a lo largo de los últimos días circuló una versión relacionada con la inversión realizada por algunas Administradoras de Fondos para el Retiro, en infraestructura para el nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). La nota refería que el presidente Enrique Peña Nieto había ‘dispuesto’ el dinero de las Afores de los mexicanos para financiar el costo del nuevo aeropuerto, y los encabezados de dichas notas daban a entender, e invitaban directamente a la ciudadanía, a inconformarse porque ‘nadie les había pedido su autorización’ para que dicha inversión se realizara con el dinero que cada trabajador ahorrando para sus años de vejez.
De entrada, el planteamiento de la información era bastante engañoso. Pues queda claro que independientemente de los actos de corrupción y las omisiones que puedan existir en la planeación de las inversiones, y en la construcción de la nueva terminal aérea, lo cierto es que quien en realidad puso en riesgo la inversión fue el propio López Obrador, al establecer como punto de referencia para la discusión del proyecto su decisión anticipada de cancelarlo.
Ese solo hecho, ha generado un problema importante de nerviosismo no sólo entre los inversionistas de dicha obra, sino también entre todos aquellos que están haciendo inversiones en infraestructura, y que podrían ser susceptibles de decisiones de una naturaleza más o menos similar a partir de una sola decisión gubernamental o, en este caso, de quien podría llegar a ser el Presidente de la República. En este caso, incluso, los mercados de valores y el valor de la moneda comenzó a reflejar el nerviosismo que genera una decisión, y en la que los primeros afectados podrían llegar a ser justamente aquellos sobre quienes se decidió dicha inversión.
Aún así, las posturas parecen claras, independientemente de las noticias falsas que circulan alrededor no de la decisión de López Obrador ni del financiamiento del nuevo aeropuerto, sino del nerviosismo de quienes piensan que su ahorro para el retiro podría estar en riesgo. En esa lógica, el analista Alfredo Hernández (https://bit.ly/2JdlVzB) señala que en enero de 2016 la Consar informó que las Afore podrían invertir en dos nuevos vehículos de inversión: Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión y la famosa Fibra E. Días después, se publicaron los lineamientos y las disposiciones generales correspondientes en el Diario Oficial de la Federación.
Es importante resaltar, señala, que la naturaleza de las Afore es propiciar la inversión a largo plazo, por lo que la nueva regulación se pensó para que los ahorradores pudieran obtener mejores rendimientos (más dinero por su ahorro) con criterios de análisis y medición de riesgos confiables y bien establecidos. Las Afores cuenta con un comité de inversión y un órgano de gobierno que, de manera autónoma (es decir, sin la intervención del gobierno federal o, en general, del Estado), analizan los instrumentos de inversión existentes, y buscan aquellos que ofrezcan el mayor rendimiento a tu ahorro, con el menor riesgo posible.
En cuanto al NAICM, son cuatro las Afore que participan a través de la Fibra E: Inbursa, Pensionissste, Profuturo y Banorte XXI, con una inversión conjunta de 13 mil 500 millones de pesos. Las Afore sólo participan en 10 por ciento de la inversión, mientras que el restante 90 por ciento se distribuye entre inversionistas nacionales e internacionales, fondos institucionales, privados, bancas privadas y aseguradoras.
A su vez, podríamos abundar, en las Afores hay recursos por casi tres billones de pesos, por lo que el monto invertido en el aeropuerto no llega a ser ni el uno por ciento del total de los recursos de los ahorradores que todo el tiempo se están invirtiendo y moviendo en los mercados de valores para ganar rendimientos. Por lo que gran parte de todo lo que han dicho quienes han impulsado esta información, en realidad tiene la intención deliberada de escandalizar y preocupar, pero no informar.
PROPUESTAS ‘FAKE’ PRIISTAS
No es el único caso. Mikel Arriola ha soltado al menos dos propuestas que parecen francamente aberrantes. En su apertura de precampaña dijo por ejemplo que “la familia será mi prioridad, la Ciudad de México será la Ciudad de los valores, de la familia. Claramente les digo: Mikel Arriola está en contra de la adopción entre parejas del mismo sexo”; y dijo que de ganar las elecciones, en su primer día como jefe de Gobierno, someterá a consulta pública “todos los temas que nos dividen como ciudadano, como son la marihuana recreativa, el aborto, la adopción y el matrimonio entre parejas del mismo sexo, para que ahora sí todas las voces sean escuchadas”.
Este fin de semana, al inicio de su campaña formal como candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México propuso reducir a 16 años la edad de responsabilidad penal.
“Para resolver de una vez por todas el grave problema de la inseguridad pública que azota a los capitalinos, se reducirá a 16 años la edad en la que los capitalinos podrán ser procesados penalmente como adultos”, señaló el priista. “Desde el primer día de mi gobierno, mandaré una iniciativa de reforma al Congreso para reducir la edad penal de 18 a 16 años, sin descansar hasta que se haga realidad y establecer que si algún menor de 16 años comete algún delito grave, como secuestro, sea juzgado como adulto”, agregó.
Esto, igual que lo relacionado con la consulta sobre los derechos y libertades de las personas, es imposible de cumplir. ¿La razón? Que son derechos establecidos en la Constitución y en Tratados Internacionales sujetos al principio de la progresividad, lo cual significa que al ser libertades y derechos reconocidos en dichos instrumentos, no pueden ser revisados en un sentido restrictivo, y mucho menos ser cancelados. La progresividad equivale, en términos llanos, a ir siempre hacia delante en la ampliación y perfeccionamiento de dichos derechos, sin posibilidad de regresiones, porque nada de eso está sujeto a la voluntad de un gobernante ni a las propuestas políticas de un candidato.
NO MÁS MENTIRAS
Debemos como ciudadanos estar muy atentos a este tipo de manipulaciones. Podemos tener preferencias electorales definidas —y, de hecho, debemos tenerlas—, aunque no a costa de mentiras ni manipulaciones. Mucho menos cuando éstas son intencionadas para engañar a la ciudadanía. Al margen de la decisión democrática, debemos rechazar frontalmente tanto las noticias como las propuestas ‘fake’.
