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Convenio de Tierras: documento de 1545 que resguarda Archivo Judicial

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Escrito en español antiguo, el documento es un convenio de tierras entre pobladores de las comunidades mixtecas de Tlaxiaco y Teozacualco

El documento más antiguo que resguarda el Archivo Histórico Judicial de Oaxaca (inscrito recientemente en el registro Memoria del Mundo de México de la UNESCO), es un convenio de tierras entre Tlaxiaco y Teozacualco fechado en el pueblo de Etlantongo el 13 de mayo de 1545. El manuscrito altamente valioso se compone de 3 fojas, las dos primeras escritas por ambos lados y la última sólo por el frente y está escrito en español antiguo.

Este documento se encuentra dentro de un expediente que se formó por los malos tratos que los naturales del pueblo de Yolotepec hacían a los de la estancia de San Felipe. Aunque a primera vista podríamos decir que son dos asuntos totalmente diferentes, la realidad es que ambos documentos tiene mucha relación entre sí, veamos el porqué:

En 1574, cuando era alcalde mayor de la provincia de Teposcolula Don Pedro de Castañeda y León se presentaron el gobernador, los alcaldes y regidores del pueblo de Tlaxiaco manifestándole que ante él, siguen un pleito contra el gobernador, cacique y naturales del pueblo de Yolotepec por los malos tratos que éstos le daban a los naturales de la estancia de San Felipe.

Esta querella a simple vista pareciera una queja común, como muchas otras, que durante el siglo XVI se presentaron ante las autoridades novohispanas, y que buscaban por un lado, “se remedie y en todo aya enmienda para adelante”, y por el otro, que “el suso dicho sea castigado de su delito”, con lo que se pretendía que este tipo de delitos no derivaran en hechos de sangre.

Pero el verdadero origen del problema es que los malos tratos que sufrieron los de la estancia de San Felipe a instancias del gobernador, el cacique y principales del pueblo de Yolotepec, fue por una vieja rencilla que su cabecera, en este caso Tlaxiaco, seguía con los del pueblo de Yolotepec por unos pedazos de tierra llamados Mistepeqtongo y Chicometete, en cuyos términos se encontraba la estancia de San Felipe y que Tlaxiaco alegaba ser el poseedor desde “inmemorial tiempo”, puesto que las “han labrado, cultibado, senbrado e cogido”, alegando también, que todos los naturales que han vivido en la estancia de San Felipe siempre han reconocido como su dirigente, al cacique del pueblo de Tlaxiaco.

Ante tal situación, las autoridades de Tlaxiaco, para probar la tenencia y posesión de las tierras, ofrecieron al Alcalde Mayor de Teposcolula presentar testigos que manifestarían no sólo “aberlo ellos visto así del tiempo aca” sino haberlo oído decir “a sus padres abuelos e otros biejos mas ancianos” que las tierras siempre habían pertenecido a ellos. Asimismo presentaron “una escritura – declaración de las dichas tierras de Mistepeqtongo”, las cuales les fueron adjudicadas por Tristán de Arellano y que es el documento de que hacemos referencia al inicio de este escrito.

Este documento es un traslado de una escritura, no sólo por lo dicho por las autoridades de Tlaxiaco al final de su ocurso presentado al Alcalde Mayor, sino que también, porque en la parte superior izquierdo del documento se lee “Traslado de la escritura de los de Tlaxiaco sobre las tierras de taxcotepetongo”.

Sabemos, por lo que se desprende del documento, que éste paso ante don Tristán de Arellano, quien fungía como corregidor en el pueblo de Huaxolotitlán, y como juez “en las cosas tocantes a yndios en la cibdad de guaxaca y en toda su probincia”, y que para poder realizarlo se necesitó de dos intérpretes: uno en lengua mexicana y otro en lengua mixteca.

Esta escritura es un convenio que celebraron los de Tlaxiaco y Teozacoalco con la finalidad de terminar un pleito por un pedazo de tierra llamado Taxcotepetongo y sobre cinco casas de indios ubicados en la estancia de Uxitlán, el cual se encontraba pendiente en la Real Audiencia y con ello poder poner fin a “muchas costas e gastos e bullisios e desasosiegos”.

En el convenio se estableció que las tierras en litigio se dividirían por la mitad, tocando una de ellas a los indios del pueblo de Teozacoalco, y la otra para los del pueblo de Tlaxiaco; asimismo, se estipuló que las cinco casas “de maceguales” quedaban en poder de Tlaxiaco con la condición de que los maceguales que las poseyeran “no puedan tomar senbrar ni beneficiar mas tierras de las que hasta agora an tenido e beneficiado”.

De igual manera, y para evitar alguna diferencia en un futuro, quedaron establecidos los mojones “que parten” los términos de ambos pueblos y que quedaron “señalados e pintados en una pintura”. Resulta interesante este punto, pues en este mapa o lienzo quedaron establecidos los linderos que ambos pueblos reconocían y sobre los que en un futuro no debía de haber “pleito debate ny diferencia”.

El resultado o conclusión tanto del delito como de la posesión de las tierras no podremos saberlo, desafortunadamente, ya que el expediente se encuentra incompleto pues sólo se conservan 5 fojas, del folio 102 al 106 de la numeración original. Aunque si hay que señalar y preguntarse si las tierras llamadas Mistepeqtongo en el ocurso y la llamadas Taxcotepetongo en el convenio son las mismas.

El Archivo Histórico del Poder Judicial de Oaxaca se localiza en Hidalgo 1106, Centro.

Ecología contra progreso

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Carlos R. Aguilar Jiménez.


Luego que inició en Europa y Estados Unidos durante el siglo XIX la Revolución Industrial, las naciones llamadas hoy industrializadas o de Primer Mundo, frenéticamente se dedicaron a producir toda clase de aparatos, instrumentos, vehículos y prácticamente todo lo que desde entonces utilizamos para producir artefactos e incluso sembrar y cosechar, sin que en ningún momento a esos países les interesara o preocupara lo que ocurriera con el ambiente, ensuciando todo, contaminando, talando, deforestando, perforando y alterando el aire, agua o tierra, porque el ambientalismo, ecologismo y sus seguidores los fanáticos verdes y fundamentalistas ecológicos no existían, así que durante casi dos siglos mediante la producción industrial y agroindustrias estos países se enriquecieron y mejoraron la calidad de vida de sus habitantes, mientras en lo que hoy llamamos el Tercer Mundo, donde se incluye a México, seguíamos y seguimos viviendo rústicamente, de modo preindustrial comprando todo, desde ferrocarriles hasta teléfonos o aviones que no se hacían en México, como miles de otros productos que tienen patentes extranjeras, que aunque algunos se arman, no son marcas registradas mexicanas.

Actualmente, cuando los países de Primer Mundo ya se industrializaron, modernizaron y hasta digitalizaron su vida y actividades, siendo ahora adinerados y potencias mundiales, cuando ya saquearon recursos de donde pudieron y se dejaron sus habitantes, cuando los europeos o estadounidenses tienen una gran calidad de vida y viven felices en su idílico ambiente, ahora quieren, pretenden y obligan a que los demás países, los que están en vías de desarrollo o son emergentes, no contaminen, eviten ensuciar, explotar o aprovechar sus recursos para industrializarse y mejorar su calidad de vida. China lo destacó al señalar que, si bien los países ricos ahora no quieren que los países pobres contaminen y calienten el mundo, pues que se esperen unos años, porque China con su industrialización y desarrollo económico primero se enriquecerá, mejorará la calidad de vida de los chinos y, después, solo después se preocupara por el ambiente, situación que en México muchos no entienden y se oponen a todo proyecto de desarrollo o infraestructura, desde la explotación de minas, la construcción de represas o instalación de aerogeneradores, argumentando el mundo se calentará, el oxígeno acabará y el agua desaparecerá, perdiéndose así inmejorables oportunidades para industrializar al sur de México, porque el centro y norte no tienen problemas, los líos y pobreza son aquí, en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, donde los fanáticos verdes se oponen a todo, desde la utilización del Libramiento Norte hasta la construcción de plazas comerciales, como sucedió hace poco tiempo con Chedrahui de la colonia reforma. Si hubiera seguido gobernando otros diez años, P. Díaz quizá nos hubiéramos industrializado, pero no fue así y perdimos la oportunidad, igual que ahora en Oaxaca donde los ecologistas son los peores enemigos que tiene Oaxaca para su desarrollo y progreso.

Poder Judicial trabaja con respeto a los derechos de los pueblos indígenas

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Durante 2017 se realizaron alrededor de mil 200 diligencias donde participaron intérpretes en lenguas originarias

Brindar acceso y respetar sus derechos para una impartición de justicia equitativa, es parte de los objetivos primordiales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJEO),  por lo que trabaja en contar con traductores de lenguas indígenas para realizar audiencias de juicios orales.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora el 9 de agosto de cada año, el Poder Judicial apunta la transcendencia de respetar las lenguas originarias del estado, brindar las herramientas necesarias para que toda persona hablante de un idioma indígena comprenda cada parte del proceso judicial y así hace valer sus derechos humanos.

Tan solo el año pasado, el Poder Judicial financió alrededor de mil 200 diligencias donde fue requerida la participación de intérpretes en lenguas indígenas; esto, con la finalidad de que las personas involucradas tengan la información necesaria y puedan actuar en su favor.

Es importante resaltar que los intérpretes indígenas, hablantes de algún idioma originario, son empleados del PJEO, así como traductores del Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción, y de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

En el 2017, el Poder Judicial del Estado realizó 858 solicitudes de intérpretes de lenguas indígenas a la CDI, a fin de brindar a los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades oaxaqueñas lo necesario para resolver sus asuntos legales.

Las lenguas más recurrentes son: zapoteco, chatino, mixteco de la Sierra Sur, mixteco de la Costa, chatino y chinanteco, de manera especial para juzgados del Distrito Judicial del Centro, Istmo, Miahuatlán, Juquila y Cuenca del Papaloapan.

Entre los procesos de los delitos del fuero común donde se solicitan traductores de habla indígena, se encuentran el homicidio calificado, violación, feminicidio, lesiones culposas por disparo de arma de fuego, despojo y abuso de confianza.

Con la colaboración de otras instituciones, el Poder Judicial del Estado cumple con proteger y hacer valer los derechos de los pueblos indígenas, siempre con la intención de ejercer la justicia de manera equitativa y con apego a la ley.

Desaparece astrónomo

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Carlos R. Aguilar Jiménez.


Como consecuencia directa y proporcional de la falta de autoridad e inexistencia de Estado de Derecho, el gobierno mexicano por inacción o ineptitud se convierte en cómplice de la delincuencia, dado que debido a la extrema corrupción en que sobrevivimos, la gente deshonesta, inhumana y cruel hace lo que quiere, violando la ley, normas de convivencia y ética, bloqueando calles, asaltando casetas de peaje, robando, engañando, asesinando e incluso secuestrando y desapareciendo personas, sin que para los delincuentes importen los sentimientos de sus víctimas o familiares, porque los de los criminales nunca a nadie importaron, ni a sus mismos padres que los engendraron silvestremente.

Los delincuentes al ser inhumanos no tienen ningún control porque sus víctimas para ellos no son seres humanos, no son personas sino objetos o cosas que se pueden agredir, secuestrar, matar o desaparecer, como sucede desde hace tres meses, desde principios de mayo con el Dr.  Ernesto Serna García, Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla en España, con estudios en la Universidad Complutense de Madrid y la Sorbona de París, investigador, catedrático de la UABJO e integrante activo, asesor durante muchos años de la Sociedad Astronómica de Oaxaca A.C. y durante el período 2008-11 Presidente de la Sociedad de astrónomos, entusiasta organizador y sempiterno participante en conferencias, mesas redondas, debates y programas de radio de divulgación científica, entre otras actividades culturales donde combinaba su interés por los enigmas del universo, su sapiencia en filosofía e interés por el conocimiento científico.

Actualmente y hace tres meses nadie absolutamente, principalmente su familia y amigos cercanos, sabe algo de su paradero o existencia, porque en México para las autoridades encargadas de la procuración de justicia se considera normal y hasta tradicional que la gente desaparezca, ya sea secuestrada, enterrada en fosas comunes, disuelta en ácido corrosivo o como sea, porque en absoluta impunidad y sin ningún riesgo opera el crimen organizado, en una dinámica de inseguridad colectiva y corrupción, donde no desaparecen únicamente magnates y adinerados, mujeres violadas, estudiantes normalistas o narcotraficantes y migrantes, sino ahora también en Oaxaca, catedráticos, intelectuales y doctores como el Dr. Ernesto Serna García de quien no se sabe absolutamente nada y cada día aumenta la incertidumbre y angustia respecto de su paradero. Inobjetablemente en algún lugar se encuentra el amigo Ernesto a quien recordamos con afecto en nuestro viaje el Gran Telescopio Milimétrico, no obstante, nadie sabe donde es ese lugar donde esté; lo que sí sabemos es que ninguna autoridad hace algo por buscarlo, no hay pesquisas, investigación ni interés, no obstante, el amigo Ernesto está perdido, se encontrará a sí mismo porque conoce el cielo, sabe del universo y con eso podrá regresar de donde nunca se debió haber ido, secuestrado, retenido o raptado y desde hace tres meses desaparecido, ausente de las reuniones de la Sociedad Astronómica de Oaxaca A.C. pero especialmente de su familia, amigos y la UABJO.     

68-18: Medio siglo sin autoridad

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Carlos R. Aguilar Jiménez.


Están por cumplirse 50 años de los trágicos acontecimiento de Tlatelolco, del conflicto entre estudiantes comunistoides y gobierno federal, que el 2 de octubre de 1968 terminó con cientos de muertos y también acabó con el Principio de Autoridad que hasta entonces se ejercía en México, porque si bien es cierto que no se justifica ninguna muerte en conflictos ideológicos, en algunos casos no queda opción, como sucedió durante la II guerra mundial cuando para vencer a Hitler fue indispensable enfrentarse a muerte contra sus despiadados ejércitos o en México, para derrocar a P .Díaz fue indispensable una revolución armada en la que murieron cientos de miles.

Por supuesto que no se justifican los muertos de Tlatelolco ni de ningún otro lugar, pero tampoco se justifica que los estudiantes en lugar de estar en salones de clase, estuvieran tratando hacer de México un país comunista al estilo cubano, asaltar la Secretaría de Relaciones Exteriores, boicotear las Olimpiadas Mexico 68 o lo que hayan pretendido, porque la obligación de todo estudiante es estudiar, porque supongo a eso los envían a la escuela sus padres, que han de sacrificarse para darles de comer y todo lo que necesitan mientras se forman académicamente, no a crear comités de huelga, convocar revoluciones, protestas o alzamientos sociales; pero, como haya sido, justificable o no, lo que en realidad trascendió política y socialmente después del 68, que dicen no se olvida, aunque la inmensa mayoría ni hubiera nacido hace medio siglo, es que se acabó, liquidó para siempre con la autoridad, la gobernanza, gobernabilidad y respeto, porque después del 2 de octubre del 68, todos los presidentes y demás autoridades que siguieron nunca más intentaron aplicar la ley a infractores o líderes que argumentan sus demandas o abusos son para dizque  beneficio social, así que el Gobierno desde el 68, para no ser calificado de represor, tirano, déspota, autócrata o arbitrario, prefiere que las demandas, exigencias, delitos, abusos, arbitrariedades y lo que se haga fuera de la ley y debe ser sancionado o regulado, suceda libre e impunemente, porque es más cómodo dejar que acontezca cualquier cosa que resolverla recíproca y legalmente, para unos es más fácil destruir, gimotear u bloquear calles y para otros soslayar, en una dinámica política de impunidad que desde hace medio siglo socavó y derrumbó la Autoridad, porque ahora ya los maestros no pueden castigar alumnos, los padres no pueden regañar a sus hijos, los perros o alimañas tienen derechos casi como humanos y cada quien o grupo hace lo que quiere porque no hay gobernante, padre de familia, educador, director o simple policía, que con autoridad y Don de mando aplique la ley, porque lo condenarán como represor o abusivo y de inmediato aparecerán los Derechos Inhumanos que se dedican a defender delincuentes y líderes corruptos, antes que hacer respetar el derecho humano que todos tenemos a que se aplique la ley y justamente se castigue a los infractores, así sea un presidente o algún dizque estudiante que se dice redentor social y después es un adinerado convertido en lo que más odiaba, como los de aquel fatídico 68, que no olvidan los de odios largos.    

Pulpo camionero en Oaxaca: sector voraz que ha ahuyentado todos intentos de cambio

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En una lógica normal, y en un escenario menos paradójico que el oaxaqueño en la cotidianidad, todos estaríamos de acuerdo en que el alza en el costo de los combustibles, avalaría y justificaría un incremento en el costo del pasaje en el transporte público concesionado. En esa lógica normal, el incremento sería justo y estaría avalado por la realidad, a partir de que el servicio que pudiera prestar dicho transporte fuera el adecuado y el merecido por los usuarios. El problema es que en Oaxaca vivimos en un mundo al revés, y por esa razón a pesar de las justificaciones aparentes, nadie avala ni es posible el incremento al costo del pasaje.

En efecto, de acuerdo con declaraciones hechas a la prensa por la presidenta de la Sociedad Cooperativa Chóferes del Sur, Alejandra Gómez Candiani, el servicio de transporte público enfrenta riesgo de “paro por insolvencia”, porque costos de operatividad e insumos han rebasado los ingresos. De acuerdo con la información, por lo pronto la propuesta planteada en la mesa al también concesionario del servicio de transporte urbano y encargado de la Sevitra, Alejandro Villanueva López, es de 10 pesos. La contrapropuesta del también socio de Sertexa es de 50 centavos.

En medio de la polémica por el alza al precio del servicio de transporte urbano concesionado, Gómez Candiani confirmó que lo único certero es que se autorizará el alza, pero aún no se establece de cuánto y cuándo será. En contraposición a esto, Sevitra dio a conocer que no autorizará ningún incremento en la tarifa establecida de siete pesos por pasaje en el servicio urbano, y dijo que realizará todo tipo de operativos para verificar que los integrantes del llamado “pulpo camionero” incrementen unilateralmente la tarifa, bajo la amenaza de aplicar sanciones a quienes llegasen a intentarlo.

Incluso, el sábado 4 de agosto, a través de un comunicado, la Sevitra habilitó líneas telefónicas para que los usuarios denunciaran el incremento de la tarifa del pasaje. “A todos los usuarios del transporte público, ante el incremento excesivo y no autorizado del pasaje por esta dependencia, hemos habilitado una línea especial para recibir su denuncia, 50 11 961 extensión 1104, también lo puedes hacer en nuestras redes sociales. Tus quejas y denuncias serán atendidas por el departamento de multas y sanciones”, explica el comunicado.

Y es que en apariencia, aquí estamos frente a un diferendo que se supondría que no debiera existir. Es público y notorio el hecho de que en el último año el costo del litro de todos los combustibles que utilizan los vehículos de motor (gasolina y diesel) se ha incrementado de forma exponencial, y que ese es un incremento al costo operativo que casi de manera natural impacta no sólo al transporte público sino a prácticamente todas las actividades y giros de la economía, que directa o indirectamente utilizan medios de transporte para ser realizadas.

 

REALIDAD PARALELA

El problema es que al menos en Oaxaca, existen dos factores que anulan esa realidad aparente: el primero, que los oaxaqueños hemos sido testigos de una larga historia de promesas incumplidas por parte del pulpo camionero a cambio de los recurrentes incrementos a la tarifa del transporte público.

Y el segundo, que a pesar de que en Oaxaca la tarifa es relativamente competitiva con respecto al costo del transporte en otras entidades federativas, aquí el servicio sigue siendo un verdadero dolor de cabeza para los usuarios, y se mantiene esa especie de “monopolio” en el que son un puñado de empresas las que se reparten la geografía citadina y de la zona conurbada para la prestación de servicios. En ese acuerdo aparente entre empresas, todos deciden mantener las mismas condiciones de servicio —que son pésimas, en general—, y presionar juntos para los incrementos a las tarifas y para el sostenimiento de su oligopolio, a pesar de que todas sus promesas son incumplidas.

De hecho, si el servicio prestado por el pulpo camionero fuera el adecuado, nadie se inconformaría que existiera un alza a la tarifa porque, de hecho, eso sería lo natural según el costo de los insumos, refacciones y en general la prestación del servicio. Del mismo modo, si hubiera una mayor competencia entre empresas, una mayor demanda por parte del gobierno —que es quien concede las concesiones del servicio—, y mayores exigencias por parte del público usuario, entonces habría mayores posibilidades de que el servicio mejorara.

Lo paradójico es que, de nuevo, en Oaxaca los concesionarios del transporte público están exigiendo un incremento a la tarifa autorizada, a partir de la “consideración” que le piden al público sobre el incremento en los costos de los combustibles y los insumos, pero evidentemente evadiendo la realidad de que han sido ellos quienes inicial y permanentemente han desconsiderado a los usuarios, a los que engañan, maltratan y abiertamente ningunean cuando se trata de cumplir con las condiciones de un servicio más o menos digno.

En esa lógica, resulta que ante cada promesa de incremento existe una serie de promesas que ya sabemos que nunca se han cumplido, y posiblemente nunca veamos en la realidad. Han prometido cambiar la forma de la prestación del servicio, mejorar las unidades, evitar la contaminación excesiva que generan dichas unidades, y tomar medidas para evitar los accidentes que cada año cuestan vidas humanas, que dejan a muchas personas incapacitadas por las lesiones recibidas, y cantidades millonarias de dinero por concepto de daños materiales, de los que muchas veces no se responsabilizan ni los conductores de las unidades, ni las empresas camioneras, ni los dueños de las unidades.

 

INDIGNIDAD

Obviamente, si en Oaxaca existiera más competencia —como el SitiBus, o cualquier otro servicio más o menos estandarizado—, nadie reclamaría un mayor costo del servicio, porque sabrían que a cambio de ese dinero recibirían transportación digna, limpia, segura, y con tiempos perfectamente establecidos. El problema es que hoy los usuarios sienten que pagan demasiado por el servicio no porque consideren el costo del diesel que se ha incrementado significativamente en los últimos meses, sino porque asumen que a cambio de esos siete pesos reciben un servicio de mala calidad, inseguro, indigno e incapaz de satisfacer cualquier necesidad de calidad, para simplemente quedarse en la satisfacción (mínima) de la necesidad de trasladarse de un sitio a otro sin esperar nada más que zangoloteos, riesgos y el mal trato al que nos tienen acostumbrado los desconsiderados operadores —y dueños, y todos— del pulpo camionero.

No se afectará a ningún empleado: Bolaños Cacho

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 Al reunirse con los líderes sindicales del Poder Judicial les dice que los empleados adscritos al desaparecido Consejo de la Judicatura,  serán reubicados sin afectar sus derechos

La desaparición del Consejo de la Judicatura no afectará a ningún empleado en sus derechos laborales; por el contrario, todos serán reasignados en diversas áreas del Poder Judicial”, aseguró Raúl Bolaños Cacho.

Este lunes, al sostener una reunión de información con los dirigentes de los tres sindicatos del Poder Judicial, el Magistrado Presidente instruyó al Director de Administración, Antonio Díaz Aragón darles las facilidades a los sindicatos para que los empleados sean adscritos en los diversos juzgados y dependencias del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Les informó que la creación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, de acuerdo con el Decreto 1539 de la LXIII Legislatura local, es un paso enorme para una mejor impartición  de justicia en Oaxaca.

Los que integran esta Junta, nombrados por el Pleno, el magistrado Crescencio Martínez Geminiano y el juez, César Cervantes  Hernández, son personas sólidas y consistentes, con experiencia probada que consolidarán este proyecto sin fallarle a la ciudadanía, precisó.

Luego de escuchar diversos planteamientos de los sindicalizados, el titular del TSJE les agradeció su interés y su responsabilidad de caminar juntos para engrandecer al Poder Judicial.

A esta reunión de trabajo asistió el Secretario General del Sindicato del Empleados del Poder Judicial del Gobierno del Estado de Oaxaca e Instituciones Conexas (Sepjgeoic), Miguel Esteva Domínguez y la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial “Benito Juárez García”, Olga Josefina Morales Lázaro, así como delegadas y delegados  del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), encabezados por Jorge Mario García Vásquez.

Inminente incremento del pasaje

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Carlos R. Aguilar Jiménez.

 


Si en un sistema democrático son la mayoría de ciudadanos quienes eligen a los gobernantes, lógicamente los gobiernos elegidos democráticamente deben responder solidaria y recíprocamente a la mayoría que votó por ellos, que los eligió como autoridades para administrar, poner orden y buscar el bienestar de todos, sin embargo no es así porque se interesan o preocupan únicamente por minorías y elites, ya sea empresarios, comerciantes, profes de la Secta 22, taxistas o concesionarios del transporte urbano de pasajeros, estos últimos convertidos en mafias perniciosas y malignas que exclusivamente ven por sus intereses económicos en contubernio con el gobierno estatal, como sucede con los dueños de autobuses de pasajeros que una vez más exigen incremento al costo del pasaje, y otra vez, en total falsedad e impostura. el gobierno estatal, SEVITRA (hoy SEMOVI) les pide fingiendo y engañando, mejoren el servicio, sabiendo que nunca lo harán.

En el nefasto gobierno de Gabino Cué y todo su gabinete se inició la construcción de las instalaciones, carriles confinados y paraderos de lo que sería un METROBÚS que daría servicio a los miles de pasajeros que a diario debemos transportarnos en la ciudad, no obstante, aunque se compraron incluso autobuses, jamás comenzaron a funcionar, dejándonos a todos los oaxaqueños que requerimos trasladarnos en la ciudad, sometidos y humillados por los dueños de autobuses, al no haber alternativa de transporte digno, limpio y eficiente, porque todos los autobuses incluidos sus conductores huelen mal, están sucios, carecen de ventanas o tienen rotos los cristales, amén que cubren sus rutas con extrema lentitud o velocidad vertiginosa, dependiendo de los pasajeros que puedan abordar, ya sea abunden o no,  y, jamás nunca cumplen con el recorrido completo de las rutas asignadas ni con los horarios establecidos, operando como se les antoja, sin que a los propietarios y sus póngidos choferes ni al corrupto director de SEVITRA le interese la gente que en mayoría votó por su jefe y quien en mala hora le otorgó el cargo, así que no funciona, no existe el METROBÚS, no se utiliza tampoco el LIBRAMIENTO NORTE y los ciudadanos tenemos que utilizar transporte privado arruinando la economía, el ambiente, la convivencia y perdiendo miles de horas circulando que podrían utilizarse para otros asuntos, pero así es Oaxaca, una ciudad donde impera la impunidad. corrupción y los intereses superiores de los pudientes por arriba del interés de la mayoría, de esa mayoría que votó creyendo que con su voto las circunstancias socioeconómicas y de transporte mejorarían, pero no es así, en breve aumentará el precio del pasaje y el METROBÚS nunca dejarán que opere los taxistas ni los camioneros, porque los gobernantes actúan para beneficio propio y de los acaudalados y, cuando terminan su sexenio, inmediatamente huyen de Oaxaca a donde se vive mejor, si no ¿dónde vive Gabino, Diodoro y todos los anteriores gobernantes? En Oaxaca, no…  

AMLO y la SCJN: reduciendo sueldos y antídotos de defensa

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Hace algunos años, al resolver las controversias constitucionales contra la reforma constitucional indígena de 2002 promovida por 300 pueblos indígenas, la SCJN renunció a ser el guardián del procedimiento de reformas a la Constitución al determinar que las controversias y los amparos son improcedentes contra la Constitución y cerró la puerta abierta en el amparo Camacho Solís en 1998.

En septiembre de 2013, la SCJN resolvió la contradicción de tesis 293/2011. Los rudos ganaron por decisión dividida. La conclusión fue: contra las restricciones constitucionales no hay nada, están en la cima de la jerarquía normativa y respecto de ellas no puede hacerse control de la convencionalidad. Ese criterio impide que los defensores de DDHH podamos combatir el establecimiento de los delitos de prisión preventiva oficiosa y el ominoso arraigo que aún subsiste como resabio de las épocas más obscuras del país.

Dos años más tarde, la SCJN emitió otro criterio jurisprudencial lamentable y curándose en salud: para el caso de que México sea condenado por la Corte Interamericana, (por mantener en la Constitución el arraigo, por ejemplo) el cumplimiento de la sentencia interamericana se hará, dijo la SCJN, siempre y cuando no se pretenda modificar una restricción constitucional. La restricción constitucional elevada al intocable cénit jurídico.

Eran los guardianes de la Constitución. Las convenciones internacionales no deben despeinar a la Constitución porque ésta, a través del 133, crea el sistema que da vida a los tratados y a las convenciones.  Así lo dijeron. Nada procede contra la Constitución: ni el amparo ni las controversias, ni las acciones de inconstitucionalidad. La Constitución es el espacio donde se contrastan las demás normas y actos de las autoridades y no puede ser al mismo tiempo la zona de contraste y el objeto contrastado.

Si en el lejano 2013 algún pitoniso de las redes sociales les hubiese dicho a aquellos ministros que AMLO iba a ganar las elecciones de 2018, que iba a obtener la mayoría en el Congreso y que iba a hacer efectivo el mandato del artículo 127 de la CPEUM reduciéndoles el sueldo de 500 mil a 108 mil pesos tal vez habrían actuado de manera diferente.

AMLO tomará el poder en diciembre y con la fuerza que tendrá en el Congreso, podrá hacer y deshacer en la Constitución. Y hoy por hoy nadie puede revisar si las reformas constitucionales son constitucionales o no. Nadie puede echar para atrás  reforma constitucional alguna aunque ésta viole derechos humanos.

AMLO ha dicho que hará efectivo el mandato constitucional de que ningún servidor público podrá obtener un sueldo mayor que el presidente de la República y ha prometido que bajará su sueldo a 108 mil pesos mensuales. La propuesta en términos generales es buena, se trata de abatir el dispendio heredado del régimen hegemónico. Pero la reducción de sueldos va a presentar diversos problemas.

Los medios de comunicación dicen que serán ocho mil los servidores públicos afectados por la reducción, entre ellos, brillantes servidores públicos del Poder Judicial de la Federación quienes tienen mi respeto y admiración. El PJF ha sido  el último reducto de defensa de las libertades públicas en México. Empezaban a consolidarse como un poder independiente: a ratos hacían guiños al presidente de la República como en la sentencia de Cassez y a ratos le enmendaban la plana como en el caso del uso lúdico de la marihuana. Con lentitud pero caminaban.

Es cierto que en un país con 54.3 millones de pobres que viven con 25 pesos diarios es ofensivo que algunos servidores públicos ganen más de 500 mil pesos mensuales. Sin embargo, conforme a los roles democráticos este sueldo es un derecho adquirido y actualmente está protegido constitucionalmente.
La prohibición de la retroactividad en perjuicio de las personas es un principio que vertebra a los sistemas democráticos. Este principio constitucional podría ser la herramienta de defensa de los servidores públicos afectados contra la iniciativa presidencialista que sólo aplicaría a los servidores públicos contratados en el futuro pero no a los que ya gozaban del sueldo con anterioridad a la reforma. Otro argumento defensivo podría ser el principio de progresividad que se traduce en el hecho que la autoridad no puede afectar o disminuir los derechos ya ganados por los ciudadanos. Con estos principios los servidores púbicos afectados ganarían los amparos con una mano en la cintura si la reducción de sus salarios estuviese prevista en una ley secundaria.
El problema se agravaría si la reducción a los sueldos viniese desde una reforma al artículo 127 de la Carta Magna con una restricción constitucional, por ejemplo, en los siguientes términos:

“II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Contra esta medida no podrá argumentarse ni la aplicación retroactiva de la ley ni los derechos adquiridos. El juicio de amparo será improcedente.”
A nadie conviene un Poder Judicial de la Federación débil y sometido al Ejecutivo. Si la SCJN cede ante la presión del Ejecutivo y acepta “voluntariamente” la reducción de sueldos volveríamos a estadios anteriores de 1994 lo que eliminaría el estrechísimo margen de independencia judicial ganado en 25 años y no habrá espacio para el disenso, pues los tres poderes estarán bajo el influjo de un solo poder.

Es necesario entonces que la SCJN, en una nueva reflexión atenazada por las circunstancias, vaya generando el antídoto contra el veneno que generaron: es necesario abrir la procedencia del amparo contra la Constitución interpretando el artículo 25 de la Convención Americana sobre DDHH, eliminar la teoría de las restricciones constitucionales y admitir la posibilidad de cumplir de manera plena las sentencias del Tribunal Interamericano eliminando las restricciones de la Constitución.

Los ministros conservarán su sueldo pero los ciudadanos ganarán más: una efectiva y real división de poderes y la certeza de la vigencia de los pesos y contrapesos tan necesarios en las democracias.

La mayoría legislativa de AMLO no debe ser vista como un cheque en blanco frente a la ley

Andrés Manuel López Obrador gozará de una mayoría legislativa sin precedentes durante la primera mitad de su gobierno, pero ello debe constituir una oportunidad y no una amenaza frente a la Constitución y las leyes. Para que sea así, su mayoría legislativa debe ser vista como un elemento a favor para la reestructuración del gobierno y los factores de poder, pero no para el cumplimiento de caprichos o ambiciones no relacionadas con la cuarta transformación que AMLO le prometió a los electores, y por la que más de 30 millones de ellos votaron por él. Para ello, debe haber mayorías y minorías acordes con la democracia en evolución que se supone que queremos.

En efecto, López Obrador ha planteado una serie de cambios relacionados con su proyecto de nación. Aunque éste no ha sido más que esbozado, el Presidente Electo ha hecho diversos anuncios que, para ser cumplidos, tendrían necesariamente que pasar por reformas legales e incluso a la Constitución. Cuenta con la valiosísima herramienta de la holgada mayoría legislativa que los electores le dieron en las urnas el 1 de julio. Y no sólo eso: contará también con el control de más de 17 legislaturas estatales, que son las necesarias para complementar el proceso dificultado de reformas a la Constitución federal, previsto en su artículo 135.

Frente a ello vale la pena preguntarse no sólo qué papel jugarán las fuerzas opositoras a partir del 15 de septiembre —fecha en que se renueva la integración de las dos cámaras del Congreso de la Unión—, sino también qué papel jugará la amplia mayoría de Morena, y quienes puedan ser sus aliados. Lo natural y lo lineal será pensar, en primer término, que como partido, el Movimiento de Regeneración Nacional se plegará a las necesidades de nuevas leyes y reformas que pueda plantear el nuevo Presidente, y que las respaldaría incluso inopinadamente.

En esa misma lógica, podría también plantearse una cuestión concomitante: qué papel jugará la oposición, que si bien será minúscula frente al poder que la voluntad popular le dio al partido del nuevo Presidente, sí será el espacio que podría llegar a representar a las minorías que no votaron por Andrés Manuel ni por Morena, y que ahora parece que se encuentran en una especie de situación de orfandad frente al poder avasallante de los ganadores.

En la búsqueda de equilibrios entre ganadores y perdedores existe —o debería existir— una gama enorme de matices, para que ni los ganadores terminen siendo la oficialía de partes legislativa de los cambios y necesidades del Presidente, ni los opositores terminen siendo un grupúsculo arrinconado que decide colaborar con la mayoría a cambio de algunos favores, o para evitar la pérdida de algunos de los privilegios que le pudieran ofrecer desde el sector público.

¿Qué se necesita? Se necesita, en este nuevo contexto, una oposición que sea firme y congruente, independientemente de su número y posición; y también se necesitaría un oficialismo capaz de no ser un satélite del nuevo Hombre Fuerte del país, sino un contrapeso interno frente a las decisiones que pueden ser parte de un proyecto de país, pero que también pueden ser el dintel para las tentaciones no democráticas. En la definición de mayorías y minorías deberá quedar definido mucho del rumbo que necesita México no sólo para sostener este cambio de rumbo, sino sobre todo para fortalecer su democracia.

MAYORÍAS Y MINORÍAS

México no había tenido mayorías legislativas desde los tiempos del régimen de partido hegemónico. La última mayoría absoluta del PRI fue desmantelada en la elección federal intermedia de 1997, y desde entonces la pluralidad ha sido el signo distintivo del ejercicio legislativo, y de su relación con los presidentes de entonces a la fecha.

Ernesto Zedillo no sólo fue quien perdió la mayoría legislativa del PRI, sino que también entregó la Presidencia al PAN. Vicente Fox no logró nunca la mayoría y, de hecho, Felipe Calderón fue un Presidente que ejerció los seis años de su mandato con minoría en las cámaras legislativas federales. Enrique Peña Nieto cambió las coordenadas, al construir una mayoría artificial a través del Pacto por México.

Muchos de los que ahora militan y nutren la fuerza de Morena, fueron los mismos que señalaron y criticaron tanto el hecho de que el Pacto era producto de un acuerdo político entre cúpulas, y no de la voluntad popular para reformar la Constitución; y que las características del Pacto, y las condiciones bajo las que establecieron el catálogo de reformas, desconsideraban a la ciudadanía y degradaban al Poder Legislativo al haberlo convertido en una especie de oficialía de partes de los proyectos reformistas que se habían discutido y acordado en otras arenas que no eran las del debate legislativo.

Hoy, esas personas y grupos que en aquel entonces denunciaron las arbitrariedades y la desconsideración del Pacto respecto a la voluntad popular, ¿serán capaces de establecer sus propias coordenadas frente a las necesidades y los dictados de Andrés Manuel, o serán la versión renovada de aquella “oficialía de partes legislativa” que tanto denunciaron, cuando el acuerdo cupular constituyó una mayoría artificial a través del Pacto por México entre el PRI, el PAN y el PRD?

Evidentemente, lo sano y lo democráticamente coherente, sería que Morena fuera una mayoría aliada con el Presidente, pero no una mayoría acrítica. Lo primero tendría que significar la posibilidad de que las bancadas de Morena tanto en las dos cámaras legislativas federales, como en los Congresos estatales —todo ello es necesario para llevar a cabo una reforma constitucional— tuvieran sus propias consideraciones respecto a los proyectos reformistas del nuevo Presidente. El problema es que tanto Morena como Andrés Manuel no se han caracterizado, hasta ahora, por ser afines y tolerantes a los disensos y a las alternativas frente a los planteamientos establecidos desde la verticalidad del poder.

DISYUNTIVA

En realidad, una de las cuestiones que resultan más relevantes en este sentido, es la relativa a que el poder público y las mayorías no terminen siendo la herramienta propia del autoritarismo. La voluntad popular en México volvió a otorgar una mayoría 21 años después, quizá con la consideración de que el estado de madurez de nuestra democracia permitirá que, aún así, existan modificaciones equilibradas y que la mayoría sea sinónimo y muestra de civilidad, y no el preámbulo de las tentaciones que han ahogado a otras naciones frente a líderes absolutos. En el fondo, mucha de esa responsabilidad está depositada no en las minorías, sino justamente en la mayoría legislativa que debe ahora hacer su trabajo para bien de México, y no para poner en entredicho el delicado avance democrático de las últimas dos décadas.