Competencia en 2015 será el indicador de la sucesión

Aunque la elección federal de 2015 representa casi un trámite para la gran mayoría de los ciudadanos en Oaxaca, para los partidos políticos esto más bien representa un ensayo de los comicios de 2016. Cada una de las fuerzas políticas tendrá, en los comicios del próximo año, la oportunidad de medir sus posibilidades reales de competencia, y también verá cómo el régimen gobernante en la entidad decide repartir sus cuotas e intereses para preservar el poder.
En efecto, el asunto no es menor dada la realidad de que hoy los partidos de izquierda pasan por su división más profunda desde que se aglutinaron, hace poco más de cinco lustros, en el Partido de la Revolución Democrática. El hecho de que el Instituto Nacional Electoral reconociera a Movimiento de Regeneración Nacional como un partido político más, estableció una disyuntiva que para gobiernos como el de Oaxaca resultan ser trascendentales.
Y es que Gabino Cué Monteagudo es, seguramente, el Mandatario estatal actual que construyó su candidatura más de cerca de Andrés Manuel López Obrador; pero también es real el hecho de que en el momento de definir su ruta política como Gobernador de Oaxaca lo hizo de la mano del PRD. Éste tampoco es tema menor, porque el gobernador Cué ha llevado su gestión particularmente de la mano del perredismo, y hoy en día la línea de flotación que tiene su gobierno se encuentra justamente anclada por las fortalezas formales del perredismo en las cámaras legislativas local y federales.
Este es un tema que vale la pena analizar. Pues a pesar de que ningún legislador federal oaxaqueño tiene influencia o peso específico —e incluso relativo— en la vida parlamentaria del país por su desempeño, sí se reconoce que el gobernador Cué tiene a su favor a la mayoría de los diputados federales y senadores, y que eso le permite una gestión más o menos fluida en su relación con las cámaras legislativas federales, y cierta seguridad de que las fuerzas predominantes en el Congreso federal no intentarán algo para desestabilizar su mandato como Gobernador.
Concretamente, si hay algo que debiera preocuparle al Gobernador, eso tendría que reducirse únicamente a dos temas: uno, asegurar cada año el presupuesto federal que se asigna a Oaxaca; y dos, atajar cualquier intento de que desde las cámaras federales se intente sabotear su permanencia como Mandatario.
Queda claro que al gobernador Cué eso es lo único que le ocupa, y que es a lo único que se ha abocado; y por eso aún cuando la mayoría de los diputados federales perredistas son grises e intrascendentes en la vida parlamentaria federal, el Gobernador los mantiene cercanos, y les permite márgenes de maniobra en sus gestiones con el Gobierno del Estado, a cambio de que éstos cumplan con esas dos condiciones que para el régimen actual sí son preocupantes.
Hablando en números, de los 18 diputados federales que hay por Oaxaca —11 electos por el principio de mayoría relativa, y siete asignados por el principio de representación proporcional—, sólo tres —uno de mayoría, y dos plurinominales— son del PRI; los dos diputados federales por el PAN llegaron gracias a la representación proporcional; pero Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo y el PRD —los tres, partidos aliados del Gobernador— concentran a 10 de las 11 diputaciones federales, y el PRD tiene, además, tres legisladores federales por el principio de representación proporcional.
Esos números revelan la fortaleza actual del gobernador Cué en términos de la representación política que tiene a su favor ante la Federación —aunque en los hechos tenga una relación nula con el Ejecutivo federal, y una imagen desastrosa, inducida ante la opinión pública nacional—, pero a su vez dejan ver el tamaño del problema que tiene ante la partición de la izquierda.

LAS DOS IZQUIERDAS
Las proyecciones apuntan a que Morena sí es capaz de quitarle una porción importante del voto al PRD. La diferencia de fondo entre esos dos bloques que se supone que comparten postulados de ideología política, se centra en que los partidarios y simpatizantes de Morena ubican a López Obrador como la figura central de todo el trabajo político, y votan en función de su liderazgo, mientras que el perredismo está repartido en tribus y cuotas que viven de un clientelismo que hoy por hoy puede reducirse a su voto duro, pero con una merma profunda en los votantes independientes que, en los últimos años, votaron por AMLO y, derivadamente, a favor del PRD.
Así, hoy en día habría que repensar el futuro del perredismo como una de las tres fuerzas políticas nacionales y, en el caso de Oaxaca, como la primera fuerza electoral del Estado. ¿La razón? Que en los cálculos debe considerarse no sólo la preferencia política independiente de cada ciudadano, o la capacidad de movilización de cada partido, sino también la dirección hacia donde el régimen gobernante oriente el trabajo electoral, que según ha demostrado en los últimos procesos electorales en los que ha barrido al PRI en la entidad, sabe hacer muy bien.
La cuestión concreta se ubica en si el Gobierno del Estado asumirá que sus lealtades e intereses principales deben seguir concentradas en el PRD, o si es el momento en el que Gabino Cué debe retribuir a López Obrador el respaldo político que éste le dio por mucho tiempo para la construcción de su proyecto político. En 2015 Morena ya participará como partido político, disputando las diputaciones al PRD y los demás partidos.
Y en los resultados de esa elección estarán los primeros indicios del sostenimiento de las lealtades políticas del régimen, o de su viraje hacia el sector de la izquierda que se ufana de nunca haber pactado con el priismo y panismo a nivel de país, y que esa será una de las cartas con las que buscará captar a los electores que están desencantados del revisionismo perredista y de los insuficientes resultados que han dado como cogobierno en Oaxaca.

AMIGOS COMUNES
Oaxaca vive una situación de abandono por parte de la Federación, en la que participan correlativamente el PAN, el PRI y el PRD. En el ámbito federal, a nadie de ellos le importa la suerte que corra la entidad, y menos la circunstancia del gobernador Cué. Esta situación habría de llevarlo, llegado el momento, a asumir la identidad natural que tiene con el lopezobradorismo, que también está lejos de esas fuerzas. ¿Qué puede ofrecer, hoy, el PRD a Oaxaca? Y en la circunstancia actual, ¿qué perdería el régimen —nada— si decide seguir la ruta política de López Obrador?

+ Ciudadanía y gobierno: sin interés por lo público

El conflicto magisterial en Oaxaca continúa su ruta hacia lo incierto, y no parece haber algo, ni alguien, capaz de aglutinar a todos los sectores de la sociedad que resultan afectados por las acciones de la Sección 22 del SNTE. Esta realidad debe llevarnos a una reflexión urgente sobre el interés real que le brindamos a los problemas que al ser públicos, son de todos.

En efecto, llevamos en Oaxaca más de cincuenta días de acciones continuas de los profesores de la Sección 22, pero hasta ahora nadie, desde ningún sector, ha podido construir una respuesta sólida a esas acciones. Es alarmante que a pesar de que la lucha de la Sección 22 no tiene hoy un asidero visible, y tampoco una ruta y un fin definido, no haya capacidad o posibilidad de nadie en el gobierno, los sectores empresariales, los liderazgos sociales, o la propia ciudadanía, ya no para convocar, sino para concretar, el gran pacto que tanto le urge a Oaxaca para superar esta crisis.

Y es que resulta que hoy la lucha magisterial tiene un rumbo cada vez menos preciso. ¿Razones? Que, por un lado, el gobierno estatal ya dio prácticamente por concluidos los trabajos de negociación, al haber reconocido el secretario General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval Hernández, que en lo que toca a la relación del magisterio con el gobierno estatal, no queda ningún tema pendiente por negociar o atender, acaso algunos pendientes administrativos que sólo es cuestión de tiempo y trámites burocráticos para que se resuelvan.

Si esa es la situación que prevalece en el ámbito administrativo, en el ámbito político la relación entre el gobierno estatal y la Sección 22 del SNTE pasa también por un momento de serenidad. ¿Por qué? Porque al margen del contenido de las iniciativas de Ley Estatal de Educación presentadas en el Congreso del Estado, lo cierto es que el gobierno cumplió su parte del acuerdo político con la 22, relativo a permitirle que fuera ésta quien redactara, en los puntos esenciales, la iniciativa que finalmente es motivo del mayor análisis por parte del Poder Legislativo local, y la Federación, en estos momentos. Y hasta hoy, el Congreso ha afirmado que estudia las propuestas presentadas, aunque lo cierto es que resulta irrelevante qué iniciativa apruebe porque a partir del 1 de enero serán las normas federales en materia de evaluación de la educación las que regirán la situación laboral de los profesores oaxaqueños.

Si esta situación pone en entredicho las razones de la permanencia del plantón y las acciones magisteriales de hostigamiento, todo se agrava ante la decisión del gobierno federal de no continuar negociando con la Sección 22, y de sólo hacerlo a través de su Delegado en Oaxaca. El mensaje que está enviando la Federación es simple: también con ellos se agotaron los temas sustanciales de negociación, y únicamente quedan algunas cuestiones tan relativas por dialogar con los profesores oaxaqueños, que por ello puede y debe hacerlo el Representante de Segob en Oaxaca, y ya no el Subsecretario federal de Gobierno.

Todo esto se enmarca en otra circunstancia palpable: que desde hace semanas la Asamblea Estatal de la Sección 22 no ha definido ninguna nueva ruta de acción política encaminada a los objetivos que se supone que busca. Esto parece comenzar a ser proporcional: el magisterio quiere todo, y como no puede conseguirlo ni por la vía de la presión ni de la negociación, entonces decide quedarse en nada. Y al no conocer los matices asume que su ruta es la del choque contra la pared. El problema es que eso los está llevando a la nada. Y esa nada se pone cada vez más de manifiesto ante la incapacidad del propio magisterio de plantear rutas alternas a las ya establecidas.

El problema de eso es que somos los oaxaqueños quienes pagamos las consecuencias: llevamos 50 días de un plantón que hoy ya no tiene una expectativa o fundamentación clara, y tampoco tiene para cuándo concluir; y todos los días los ciudadanos somos blanco de pequeñas acciones del magisterio con las que quebranta el orden para —según ellos— presionar a un gobierno, que públicamente sostiene que ya no quedan temas por negociar.

Ante este callejón sin salida, ¿debemos conformarnos los ciudadanos? Queda claro que no. El problema es que no hallamos —y parece que tampoco queremos buscarla— una ruta para enfrentar a un gremio organizado pero sin objetivos, y a un gobierno que se conforma con cuidarse la espalda aunque no responda a lo que sus ciudadanos necesitan.

¿Y EL “GRAN PACTO”?

En varios momentos, funcionarios, empresarios, y políticos oaxaqueños han convocado a lo que ellos denominan como “un pacto”. El último fue el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, pero antes fueron representantes empresariales, y un Secretario de Gobierno; todos, con un común denominador: que no pasaron del simple llamado, y que no pudieron materializar su convocatoria en algo concreto a favor de todos los oaxaqueños.

La cuestión es alarmante. Porque queda claro que, al menos en el ámbito de los Poderes del Estado, sus integrantes (el Gobernador, los diputados, etcétera…) sí están dispuestos a la firma de pactos, pero sólo en lo que se refiere a acordar con poderes fácticos con la Sección 22; los sectores empresariales locales están desorganizados y desacreditados por su servilismo del pasado reciente; y la ciudadanía no halla cómo enfrentar a una organización (el magisterio) que tiene el respaldo incondicional de quienes deberían ser aliados de la ciudadanía, y no de los poderes fácticos.

Al final, lo que queda es lamentable para todos. Nadie parece tener el interés, o la estatura, para convocar efectivamente a un gran pacto a favor de la gobernabilidad y los derechos de la ciudadanía. Los poderes del Estado están hoy dispuestos a hacerse uno con sus detractores. Los sectores económicos sólo rumian sus pérdidas pero sin alcanzar a entender que sus inconformidades tendrían más eco si ellos se aliaran con la ciudadanía, antes que esperar a que ésta se compadezca de su desgracia, y de ellos. Y los ciudadanos hemos preferido el desinterés de la resignación, que la capacidad para indignarnos, y actuar en consecuencia, con todo lo que ocurre en Oaxaca.

NO HAY FUTURO

Al final queda claro que los liderazgos, en general, están liquidados, y que ante esta realidad, sólo nos queda esperar a que pase quién sabe qué —incluso nada— con la gobernabilidad en Oaxaca.

+ Gobierno debe dar los beneficios, sin discriminación

Qué visión tan corta tienen los empleados de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, que no alcanzan a ver que el programa de dotación de útiles y uniformes escolares a los niños que estudian en instituciones públicas de educación básica, es un derecho y no una dádiva. Eso, que se aprecia a simple vista, lo confunden con sus aviesas lealtades con la Sección 22 del SNTE. Y en aras de querer sostener sus compromisos políticos, lo que provocan es la violación flagrante de los derechos de los niños que reciben instrucción con profesores de la Sección 59.

En efecto, ayer TIEMPO informaba que según el director del programa de dotación de uniformes y útiles escolares del gobierno estatal, Diego Rule Castro, los alumnos de los maestros de la Sección 59 “no recibirán uniformes y útiles escolares porque [la 59] no acreditó a sus alumnos ni están avalados por el Sistema Educativo de Oaxaca. Destacó que mientras no se compruebe debidamente que cada alumno instruido por maestros de la Sección 59 del SNTE ya cuenta con toda su documentación, los útiles y uniformes no se entregarán ‘porque no se podrá soportar cada entrega’”.

Veamos este asunto en perspectiva. En febrero de este año, el secretario de Desarrollo Social y Humano, Alejandro López Jarquín, señalaba que con el programa de dotación gratuita de uniformes escolares a alumnos de educación pública, se distribuirán un millón 950 mil juegos de uniformes escolares a 975 mil alumnos, ejerciendo una inversión de 463 millones 156 mil 720 pesos; además, decía, se entregarán 500 mil paquetes de útiles escolares con una inversión de 76 millones 230 mil 960 pesos. La única condición que existe para que cada uno de esos niños reciba su dotación de uniforme y útiles escolares, es que se encuentre inscrito en una escuela pública en el Estado.

Ahora bien, lo que parece es que Rule Castro se encuentra extraviado entre los compromisos del gobierno con la Sección 22 —que no hizo él, pero que oficiosamente está siguiendo— y su corta visión como persona y como servidor público. Claramente es visible que no entiende que la entrega de útiles y uniformes a los menores constituye un derecho y no una prebenda; que su obligación como servidor público es velar porque los derechos de la niñez prevalezcan por encima de cualquier otra circunstancia; y que este conflicto entre la Sección 22, la 59 y el gobierno estatal, no es culpa de los menores, y por ende ellos no tienen por qué pagar las consecuencias.

En ese sentido, es evidente que su perspectiva limitada, impide a Rule Castro —y al obtuso Titular de la Sedesoh— entender que el problema entre las secciones sindicales y el gobierno estatal es finalmente producto de una disputa administrativa y política, en la que los menores no tienen nada que ver, y por ende sus derechos deben estar protegidos independientemente de las circunstancias políticas frente a las cuales ellos son víctimas y no actores.

Específicamente, el no reconocimiento de esos alumnos por el sistema educativo estatal es una cuestión administrativa, porque es una resistencia del IEEPO —motivada por cuestiones políticas, y por la presión que permanentemente ejerce la Sección 22 sobre ellos—, la que impide que los alumnos de educación pública básica que reciben instrucción por maestros afines a la 59, cuenten con toda su documentación en regla.

Además, es lamentable constatar que son los propios funcionarios estatales quienes presentan los programas sociales como una prebenda o una dádiva sólo para las personas que, al margen de que tengan la necesidad o el derecho de recibir este beneficio, sean quienes estén de acuerdo con el gobierno… o con sus aliados. Esto es abominable porque, además, el gobierno de Oaxaca mantiene sus programas sociales sostenidos únicamente como una concesión graciosa del gobierno, sin darles el carácter constitucional de derechos para la niñez, con lo cual se harían obligatorios de observar independientemente del tiempo y la circunstancia política.

VIOLAN DERECHOS

Además, si esto parece aún poco, quedan aún varias preguntas por responder. Una de ellas, fundamental, es la siguiente: ¿Qué no todos y cada uno de los servidores públicos del país están obligados a observar los derechos fundamentales, definidos y difusos, de las personas, independientemente de que se encuentren o no en una norma, pero existan en la realidad?

Pues hasta donde recordamos, el tercer párrafo del artículo 1 constitucional dice que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Al menos en este caso los servidores públicos involucrados están asumiendo una posición, aún en el ámbito de lo voluntario, que querer limitar un derecho mientras no se cumpla una condición administrativa que no está en manos de los afectados. Es decir, los alumnos no tienen la culpa del problema administrativo de la Sección 59, y ellos sí cumplen con el requisito de asistir a clases en una escuela pública, y por ese solo hecho ser merecedor de las prestaciones que les debe dar el Estado por ser parte de un programa social la dotación de útiles y uniformes.

No hacerlo de ese modo, sería tanto como aceptar que entonces el programa fue hecho sólo para los alumnos que reciben instrucción por parte de maestros de la Sección 22, y que está permitido llevar a cabo un acto abierto de discriminación por no acudir a una escuela de los “democráticos”.

Al final, queda claro que esto quebranta la afirmación de que el gobierno es para todos y que hay una verdadera actitud democrática. Lamentablemente, esta es la constatación de la alianza del sector oficial con el magisterio, que es llevada hasta la ignominia.

SOLIDARIDAD

Al margen de la circunstancia, y de los rejuegos e intereses políticos que hay alrededor de algunos medios locales, es inaceptable la sola intención de querer amedrentar a compañeros de medios informativos. El ataque al domicilio del director de Despertar, nuestro amigo Felipe Martínez López, debe ser indagado y esclarecido de inmediato por las autoridades estatales competentes. Rechazamos la violencia en contra de los medios y exigimos que se haga valer el Estado de Derecho.

Déficit financiero, “papa caliente” para SEP en 2015

El jueves pasado el Gobierno del Estado publicó un inusual comunicado en el que repasaba las circunstancias en que se dio el proceso de rezonificación salarial de los trabajadores de la educación en Oaxaca y, disimuladamente, le “anunciaba” al gobierno federal el déficit, y los problemas financieros que habrá de enfrentar la Secretaría de Educación Pública a partir de enero de 2015, con la recentralización del manejo administrativo de la nómina educativa.
En efecto, en la visión simplista del largo conflicto educativo de Oaxaca, y de la situación que enfrenta hoy el Gobierno de Oaxaca frente a las presiones de la Sección 22 del SNTE, casi siempre se omiten detalles que son fundamentales para comprender la realidad actual. Una de esas circunstancias, que hoy parece en el cajón del olvido, es la relacionada a la negociación que en 2006 emprendió el gobierno federal con la Sección 22, en el marco de la revuelta magisterial que entonces ocurría en la capital del Estado. Ahí se encuentra una de las razones claves de la beligerancia magisterial actual. ¿Por qué?
Porque uno de los temas que encendió la furia de los profesores (y fue gasolina para la revuelta social), fue la decisión del entonces gobernador Ulises Ruiz de retomar el control administrativo del IEEPO. Como bien se recordará, producto del convenio de descentralización educativa firmado en 1992, el gobernador Heladio Ramírez había fijado nuevas reglas para la administración de la educación en el Estado, dentro de las cuales se estableció que sería la Sección 22 quien nombraría a toda la estructura administrativa del nuevo instituto educativo, con excepción del Director General, que sería el único nombrado por el Ejecutivo Estatal sin consenso con el sindicato magisterial.
Ruiz fue presa de esa regla, y por eso cuando decidió la embestida en contra de los profesores en 2006, uno de los aspectos clave que decidió tocar para minar su influencia, fue el de eliminar a todos los integrantes de la Sección 22 que eran parte del cuerpo directivo del IEEPO. Esa fue una de las decisiones que más dolió a la Asamblea de la Sección 22, porque si hubo un factor decisivo para mantener la disciplina de todos los miembros de la 22, éste era la capacidad que tenía el propio sindicato de coaccionar administrativamente a los integrantes del sindicato que no cumplieran con las tareas que ordenara el Comité Ejecutivo de la Sección 22. Por eso, al perder presencia la 22 en los cuadros directivos del IEEPO, también perdía mucha de su capacidad de control al interior de sus bases.
Fue por eso que cuando la 22 fue llamada a negociar en la Ciudad de México directamente con la Secretaría de Gobernación —una vez que la 22 había desconocido totalmente a la administración estatal como interlocutor—, la Asamblea decidió que dos serían los temas base de la negociación: uno sería el conseguir que toda la estructura administrativa que existía en el IEEPO como espacios del sindicato, fuera reinstalada en las funciones que venía desempeñando hasta antes de la crisis magisterial de ese año; y dos, que se llevara a cabo el proceso de rezonificación salarial de los más de 70 mil trabajadores de la educación en el estado, lo cual les garantizaría las mejoras salariales que el gobernador Ruiz se había negado a darles en los meses previos, por tener un costo global de más de 41 mil millones de pesos que el gobierno estatal no tenía capacidad de destinar para ese proceso.
Por eso, a pesar de que la 22 no consiguió ni la salida de Ulises Ruiz del gobierno estatal, ni la desaparición de poderes, curiosamente decidió regresar a las aulas. Pues aunque no había conseguido sus objetivos políticos, éstos se convertirían en la justificación permanente de todas sus movilizaciones y acciones de lucha en los años siguientes. Y al margen de eso, sabían que habían conseguido mucho más que todos los demás actores participantes en el conflicto de aquel año.
Lo que nadie previó es que al final privaría el olvido institucional del gobierno federal por los compromisos que asumió con la Sección 22 para desactivar sus protestas, y que hoy todo eso fuera parte de un pasivo que, como bumerang, le está regresando al gobierno federal para que los asuma.

IEEPO: BOMBA DE TIEMPO
En el comunicado al que hacemos alusión (que puede ser leído íntegramente en  HYPERLINK “http://oaxaca.quadratin.com.mx/?p=331919” http://oaxaca.quadratin.com.mx/?p=331919), el gobierno de Oaxaca muy comedidamente le enlista a la federación los problemas que se llevará a partir del 1 de enero del próximo año. Son los siguientes:
1.-Prestaciones en días  (70 días) y plazas fuera de presupuesto, derivadas de negociaciones salariales de gobiernos anteriores (1995-2007): lo cual equivale a 3.4 mil millones de pesos anual.
2.- Proceso de Rezonificación 2006-2012.- El costo de la transferencia de los trabajadores de la Educación de la zona económica II a la zona económica III, solo se cubre en su totalidad por la federación en el cinco por ciento de las plazas, por el 95 por ciento de plazas restantes,  se recibe una compensación. Lo anterior conlleva a una insuficiencia presupuestal, conciliada con la SEP de: 2.1 mil millones de pesos.
3.- Distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB).- A partir de 2008 se recibe del FAEB únicamente el presupuesto programado en el ejercicio anterior, más el incremento inflacionario estimado, esto implica que los incrementos anuales en sueldos y salarios no sean regularizados. Este criterio de asignación de recursos redujo el presupuesto del IEEPO en: 3.0 mil millones de pesos en el periodo 2008-2012. Con la publicación de la nueva Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno Federal, crea el Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y desaparece el FAEB, y re-centraliza el pago de la nómina educativa a partir del 1 de enero de 2015.

OCHO MIL MILLONES
Si hacemos operaciones aritméticas simples respecto a los montos que constituyen el déficit actual del IEEPO, llegaremos a la conclusión de que su monto real es de más de ocho mil millones de pesos. Esta suma millonaria —unas tres cuartas partes del presupuesto educativo anual de Oaxaca, que es de unos 14 mil millones de pesos— no se generó de la noche a la mañana. ¿Por qué nunca asumió la Federación su responsabilidad de parar esta loca carrera de chantajes? A la federación le ganó la visión facciosa de corto plazo. Y ahora tendrán de nuevo este problema en sus manos.

La responsabilidad federal, hasta ahora sigue escondida

Lejos de lo que se pensaba, en el mensaje alusivo a su Segundo Informe de Gobierno el presidente Enrique Peña Nieto se refirió al tema educativo y, sin mencionar expresamente, lo hizo en un tono conciliador en el que ofreció todo el esfuerzo de su gobierno para la implementación de la reforma educativa. No hubo, pues, ni los tonos de reclamo ni el repudio que muchos hubieran querido escuchar. Eso se explica en el hecho de que, aunque casi nadie lo registra, el gobierno federal tiene un enorme reto con la reforma educativa en Oaxaca que quizá —al igual que el gobierno estatal, con la parte que le corresponde— no sabe cómo resolver.
En efecto, al dar un mensaje a la nación, el presidente Peña Nieto fue muy cuidadoso en sus palabras, respecto a las resistencias en la aplicación de la reforma educativa. “La instrumentación de la Reforma Educativa constituye —dijo— un firme compromiso del Gobierno de la República. Si bien su aplicación ha sido generalizada en el país, también hay que reconocer que ha enfrentado resistencias en algunas regiones específicas. Seguiremos sumando esfuerzos con los gobiernos locales, con los maestros, los padres de familia, las organizaciones civiles y la ciudadanía en su conjunto, para que la Reforma Educativa se aplique en las 32 entidades federativas y, con ello, asegurar que sus beneficios lleguen a todas nuestras niñas y niños del país”.
Al margen de la retórica, lo que parece claro es que el discurso y la realidad no van de la mano, al menos en el caso de Oaxaca, que es la única entidad federativa en donde no se ha llevado a cabo el proceso de armonización de las respectivas legislaciones, en donde tampoco se ha dado un solo paso en la implementación de la reforma educativa, y en el que, al contrario, la Secretaría de Gobernación está socializando una posible solución a la pugna con el magisterio en resistencia, que bien podría constituir la claudicación de la puesta en marcha de los mecanismos de evaluación que hoy contempla la Constitución federal para los profesores de educación pública básica.
Lamentablemente, el gobierno federal ha sido tan omiso como el Estado en las tareas que le corresponden, pero a lo que sí le ha invertido mucho es a tratar de que sea Oaxaca quien cargue con todo el costo político de la imposibilidad de implementación de la reforma educativa, que si bien pasa por la armonización de las dos legislaciones, también es un tema de operación política en la que el gobierno federal no ha podido demostrar eficacia en la construcción de acuerdos.
Y es que hasta hoy, todo lo que hemos visto, se centra en el impulso constante de una campaña de linchamiento en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Oaxaca, que han sido incapaces de cumplir con su tarea de llevar a cabo el proceso legislativo que hace falta. En esa tarea, se ha omitido mencionar que el gobierno federal ha buscado un debilitamiento constante de las estructuras institucionales locales, frente a un sindicato que tiene una capacidad de movilización que no puede ser desestimada, y se ha aprovechado de que el gobierno estatal ha tomado como una determinación —creemos que equivocada— la de no contradecir, ni en lo mínimo, a la dirigencia magisterial que, más que nunca, ha mostrado desinterés en llevar a cabo sus protestas sin lastimar a la ciudadanía.

LOS PENDIENTES FEDERALES
A partir del 1 de enero próximo, la Secretaría de Educación Pública debe tomar el control de la administración de la educación en Oaxaca, y no sabemos qué avance real lleva ese proceso. Asimismo, la SEP aplicó, en coordinación con el INEGI, un censo de maestros y escuelas que nadie sabe qué grado de avance pueda tener en la entidad, y después por un acuerdo con la Sección 22 impulsó un “plantilleo” que no es más que la realización de un censo alternativo para conocer el número de maestros por escuela, su adscripción, sus condiciones salariales y su participación en labores docentes.
Esa crisis, en la parte que hoy sigue escondiendo el gobierno federal frente a la sociedad, tomará otra dimensión en enero próximo, cuando —haya o no ley educativa local armonizada con la legislación federal— entren en vigor todas las disposiciones relacionadas con la administración de la educación, y entonces sea ya la SEP, y no el IEEPO, el encargado de llevar a cabo todos los procesos para que los maestros oaxaqueños cobren sus salarios. Hoy en día no existe ninguna certeza —y si la hay, es sólo en el ámbito privado, porque en el ámbito público sólo se guarda silencio— sobre qué pasará entonces, y si llegado ese momento habrá capacidad de la nueva autoridad educativa para enfrentar todo lo que les espera.
Tomemos como base un ejemplo. ¿Qué pasará si falla la realización del llamado “plantilleo”, así como falló la ejecución del censo educativo que hizo el INEGI? ¿Qué condiciones de gobernabilidad habrá en Oaxaca si una tercera parte, o la mitad, o todos los maestros oaxaqueños no cobran su primera quincena de enero de 2015 con cheques ya emitidos por la SEP? ¿En enero qué tendrá que decir el gobierno federal frente a la resistencia a la aplicación de los nuevos criterios de evaluación de los profesores?
Sobre todo eso debiera estar trabajándose hoy por parte de la SEP, porque la armonización de la legislación local con la federal en materia educativa, es sólo uno de varios pasos que deben darse para llevar a cabo el cumplimiento de las promesas que hizo el presidente Peña Nieto en el marco de la entrega de su Segundo Informe de gobierno. Y queda claro que así como hoy el gobierno de Oaxaca es cuestionado —con toda razón— por su tibieza y sus omisiones, también debiéramos al menos preguntarnos qué está haciendo, y cuánto ha logrado avanzar, el gobierno federal, en las tareas que le corresponden.
Sabemos que esta es una atribución conjunta de los tres órdenes de gobierno, en la que la Federación tiene un conjunto de tareas que quién sabe si ya realizó. Por eso, quizá, el presidente Peña prefirió el tono suave antes que un reproche a Oaxaca que, irremediablemente, le terminaría rebotando como bumerang ante la falta de resultados de los operadores e implementadores federales de la reforma educativa.

INSOSTENIBLE
Sí, el secretario de Seguridad Pública, Alberto Esteva, es insostenible. Con su ánimo de no meterse en asuntos internos de los gremios, vuelve inoperante hasta el lema de la dependencia que encabeza. ¿Cumplir y hacer cumplir la ley? Por favor…

Presión magisterial, freno a democracia

Sostenidamente, el gobierno y el Congreso de Oaxaca hacen dos aseveraciones respecto a su supuesta independencia de los poderes fácticos: por un lado, dicen que ninguna presión ejercida desde la sociedad es determinante para la toma de decisiones; y por el otro, sostienen que el Estado asume plenamente que parte de su vocación democrática radica en no responder a las provocaciones que grupos de presión como la Sección 22 del SNTE hacen a la autoridad, respecto al orden público y los derechos de terceros. ¿De verdad esas actitudes demuestran democracia e independencia en Oaxaca?
En efecto, hoy el Estado oaxaqueño se encuentra ante uno de sus dilemas más profundos frente a la necesidad de emitir una nueva legislación en materia educativa. Como bien lo sabemos, la reforma constitucional federal, y la promulgación de la reglamentación secundaria de ese nuevo contenido constitucional, obligaron a Oaxaca como entidad federativa a iniciar un proceso de armonización de su legislación, que hoy tiene a sociedad y gobierno frente a una situación en apariencia insalvable: la Sección 22 se ha opuesto con todo denuedo a que se lleve a cabo ese proceso, y sostienen que sólo estarán de acuerdo con una legislación educativa que responda a sus intereses, independientemente de que sea o no armónica con la Constitución de la República. Y ocupan el método de la presión social para tratar de conseguir lo que pretenden.
Frente a esto es que el Estado hace esas dos manifestaciones. Pues por un lado, gobierno y Congreso sostienen que son independientes y que no se dejan presionar por grupo alguno, aunque en los hechos ellos son los que se han visto obligados a postergar el momento de emitir la nueva legislación educativa, y a llevar al consenso con un poder fáctico (la Sección 22) el contenido de una ley, que en sí misma debiera ser la expresión de la independencia y soberanía de los poderes del Estado.
La justificación que hasta ahora han ofrecido el gobierno y el Congreso para llevar a cabo ese consenso, es la vocación democrática de quienes los integran. Esto es posible. Sin embargo, en un verdadero marco de democracia lo que tendría que haber ocurrido es que todos demostraran su voluntad por el consenso, cediendo en ciertas posiciones en aras de conseguir otras. Esto es, que tanto el gobierno y el Congreso concedieran ciertas posiciones a un poder fáctico como la Sección 22 (con quien de entrada no tienen el deber de negociar, aunque lo hacen por esa supuesta vocación democrática), para que a su vez ésta hiciera esa misma demostración. Sólo que eso no ha ocurrido, y posiblemente no ocurra nunca.
Todos sabemos que hasta hoy la 22 no ha cedido una sola de sus exigencias, porque sus órganos de dirección asumen la democracia como el deber del Estado de cumplir todo lo que ellos —como expresión del pueblo de Oaxaca— exigen, y no como el deber de todos los participantes en el consenso democrático de ceder ciertas posiciones en aras de conseguir otras. 
Así, lo que en realidad están provocando los poderes del Estado con esa posición ambigua e inexplicable, es debilitar en su conjunto al Estado. Pues a pesar de que los Poderes estatales no aceptan que en realidad se encuentran profundamente presionados —y asustados— por las acciones y reacciones de la Sección 22, todos vemos que eso ocurre todos los días.
¿Cómo no pensar que hay presión infinita por parte de la Sección 22 en contra del gobierno y del Congreso, cuando los obligaron primero a firmar un pacto político que en sí mismo quebrantaba el mandato dado por el Poder Legislativo Federal para el periodo en que debía darse la armonización de las legislaciones locales con la norma federal? ¿Cómo no creerlo cuando después obligaron al Ejecutivo y Legislativo a conformar una comisión redactora conjunta, en la que prevaleció la visión de los profesores democráticos? ¿Y cómo no seguirlo creyendo, cuando ellos son quienes presionan todos los días a los diputados para que no discutan y aprueben otra legislación, que no sea la que ellos entregaron?
Si en ese marco de presiones —y de la reacción del gobierno y el Legislativo, que siempre responden cediendo a lo que quiere el magisterio—, todavía se atreven a afirmar que hay democracia e independencia del Estado, entonces no sabemos qué concepción tan distorsionada tienen de esos conceptos, que hoy en día no están ni cerca de materializar lo que hasta ahora hemos conocido como Estado de Derecho.

ESTADO DÉBIL
Ahora bien, ocurre exactamente lo mismo con el orden. El gobierno asume como deber inamovible no responder a las afrentas que reiteradamente ha hecho la Sección 22 en contra de la sociedad y el orden público, porque dice que actuar en su contra constituiría una demostración de represión, que va en contra de la vocación democrática del régimen gobernante.
No obstante, lo que ocurre en realidad es que con ello el Estado facilita su propio debilitamiento. ¿Por qué? Porque no sólo se trata de no actuar en contra de la Sección 22, sino también de lo que demuestra, y de los puntos de referencia que toman otras organizaciones. Hoy en día vemos que taxistas, camioneros, transportistas, vendedores ambulantes, integrantes de organizaciones gremiales, grupos de lucha social, y un larguísimo etcétera, toman las calles de Oaxaca libremente, como si en ellas no hubiera una norma mínima de convivencia, y como si no tuvieran el deber de respetar a los demás.
¿Por qué ocurre eso? No porque el magisterio sea muy numeroso y sea imposible actuar en su contra, sino más bien porque el Estado es quien puso la pauta de que todo podía hacerse sin tener consecuencia alguna, y por eso hoy cualquier grupo hace lo que quiere en la vía pública de la ciudad, o atacando bienes o derechos de la colectividad.
Esa es una muestra de debilidad profunda, que está confundida con una actitud democrática. Ésta última debía centrarse en actuar en un marco de tolerancia y civilidad. Pero el límite de esos dos valores debía darse en el momento en el que cualquiera de los dos extremos (la protesta o la civilidad) lastimaran los derechos de terceros.

¿Y LA SOCIEDAD?
Esa es la gran pregunta. Y la respuesta no se encuentra específicamente en la población, sino más bien en su desorganización. Los oaxaqueños no hemos podido pasar del lamento a la organización, entendida ésta última como la capacidad de aglutinarse para exigir derechos u oponerse a ciertas cuestiones. Nada de eso existe. Por eso, y por la debilidad del Estado, aquí impera la ley del más fuerte.

S22 no se conformará; crisis de 2006 es la prueba

La Secretaría de Gobernación cometió el más grande error táctico en su intención por lograr que la Sección 22 del SNTE entre en el proceso de implementación de la evaluación para los trabajadores de la educación. Al ceder en la contratación de los 943 egresados de las 11 escuelas normales de la entidad, Gobernación quizá trató de dar una muestra de buena voluntad para avanzar en la negociación. Sin embargo, este paso revela el nivel de desconocimiento que tienen sobre la forma de operar de la Sección 22. El conflicto del 2006 es la prueba, y sólo hace falta recordar por qué.
En efecto, sólo aquellos que no tienen memoria ya olvidaron la génesis del conflicto magisterial de 2006 en Oaxaca. El año previo —2005, el primero de gestión del gobernador Ulises Ruiz, quien como promesa de campaña había anunciado que en su gobierno no habría más marchas y plantones—, el entonces secretario General de Gobierno, Jorge Franco Vargas, conjuró rápidamente las jornadas de lucha magisterial haciendo un movimiento que en el momento dio resultados, aunque en el mediano plazo se convirtió en el detonante de la mayor crisis que ha vivido un gobierno local por conflictos sociales.
Pues resulta que en aquel año 2005, efectivamente no hubo plantón ni paro indefinido de labores por parte de la Sección 22 porque el Secretario General de Gobierno llegó a la mesa de negociación con el magisterio con respuesta a todas y cada una de sus demandas, y todavía les ofreció más recursos de los que el magisterio le había solicitado al gobierno. Obviamente, en aquel momento la negociación fue redituable para la Sección 22, aunque tal movimiento reveló que el sagaz secretario Franco Vargas no conocía la forma de operar del magisterio democrático oaxaqueño. ¿Por qué?
La respuesta es simple: porque ni Jorge Franco, ni el gobernador Ulises Ruiz calcularon que esa supuesta “inversión” hecha con el magisterio no sólo no los convertía en “amigos” o aliados, ni les redituaría en nada —fuera de haber logrado que en 2005 no hubiera plantón, protestas, o actos de presión en las calles de la ciudad—, sino que al año siguiente ello se convertiría en el punto de referencia para que la Sección 22 fuera y les pidiera más de lo que ellos habrían podido seguir dando.
Y es que, en su desconocimiento, Ruiz y Franco no alcanzaron a ver que uno de los principios básicos de la lucha magisterial se centra en nunca ceder ni dar pasos hacia atrás. Esto significaba que, por poner un ejemplo, si en 2005 habían recibido equis número de millones de pesos —cuestión que para el gobierno podría constituir una inversión histórica, producto de un esfuerzo único y extraordinario—, al año siguiente el magisterio no se conformaría con recibir lo mismo, o menos. Ellos, pues, van siempre por más. Y en la imposibilidad de entender esa forma de lucha, todo se rompió cuando en la negociación entre el gobierno y el magisterio en 2006, la administración del gobernador Ruiz no pudo igualar, y mucho menos superar, lo que su mismo gobierno le había dado el año previo.
¿Qué ocurrió entonces? Que los maestros prolongaron el paro indefinido de labores por 22 días, hasta que el gobierno de Ruiz tomó la decisión equivocada de ordenar una incursión policiaca que fue repelida por los profesores que se encontraban en el plantón ubicado en el primer cuadro de la capital oaxaqueña.

LOS ERRORES DE SEGOB
Ayer, el periódico Noticias informaba que ante el acuerdo político entre el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda y la Comisión Política de la Sección 22, el IEEPO inició la contratación de 943 egresados de las 11 escuelas normales, sin mediar examen alguno de evaluación.
Según informaba el diario en su primera plana, el jefe del Departamento del Nivel de Formación y Actualización de Docentes de la dependencia, Jehú Reyes de la Rosa, dijo  que las direcciones de educación preescolar, especial, primaria, indígena y física iniciaron el 29 de agosto pasado las reuniones de trabajo con los 943 egresados para dar a conocer los criterios de contratación porque son diferentes en cada nivel. Explicó que el IEEPO contratará a los egresados con el término administrativo movimiento 95, equivalente al interinato ilimitado, para ser basificados a los seis meses un día de labores conforme marca la Ley.
Esto constituye la rendición del gobierno federal ante la Sección 22, en una equivocada estrategia de distensión del movimiento magisterial de Oaxaca. Pues quizá en la lógica utilizada por el gobierno federal, lo que podrían lograr con esta concesión a los maestros es que ellos se llevaran su “premio de consolación” a cambio de acatar los lineamientos de la reforma educativa. Lamentablemente, no entienden que la lógica de la lucha magisterial no es compatible, bajo ninguna visión, con la conformidad o la resignación. Por eso nos atrevemos a afirmar que este es un error que finalmente Oaxaca, y el gobierno federal, habrán de pagar en los años siguientes.
¿Por qué? Porque el sindicato magisterial no asume que sus adversarios les hacen concesiones como demostraciones de buena voluntad, sino que lo hacen porque se ven obligados a decidirlo en función de la capacidad de movilización y de presión que ejerce el magisterio. Por eso, si en esta jornada de negociación lograron al menos la contratación de los 943 egresados de las 11 normales de la entidad, en momentos subsecuentes no irán sino por más de lo que en esta ocasión lograron conseguir.
Esa fue la lección implacable que dejó el 2006. Y es todavía más lamentable que Gobernación haya cedido ante las presiones magisteriales sin nunca haber tomado la responsabilidad, y los costos políticos, sociales y económicos, de este proceso de implementación de la reforma educativa, que ha cargado silenciosamente a la sociedad y al gobierno de Oaxaca. Esta decisión difícilmente podrá zanjar el problema existente. Y más bien, se ve como la punta de lanza de los conflictos futuros en la relación de la Sección 22 con sus nuevos interlocutores, que a partir de 2015 serán funcionarios del gobierno federal.

EPN: DOS AÑOS, Y NADA
Ayer el presidente Enrique Peña Nieto presentó su segundo informe de gobierno. En ese contexto, una de las cifras negras en su gobierno es que Oaxaca es el único estado del país que no ha visitado. Ahora debería venir pero ya no como favor, sino a explicar por qué escogió a Oaxaca como símbolo del fracaso de su reforma educativa. No faltaba más.

Quitar pluris pega directo a fuerzas opositoras

Si buscamos el matiz democrático de la consulta popular que impulsa el PRI para eliminar 100 curules y 32 escaños en las cámaras legislativas federales, simplemente no lo encontraremos. No existe una explicación lógica, coherente y sostenible en términos democráticos, de por qué una medida de ese tipo fortalecería la democracia representativa; pero lo que sí existen son razones muy concretas, de pragmatismo político puro, para entender por qué hoy el PRI intenta reducir el Congreso.
En efecto, desde hace algunos días el PRI inició en todo el país la recolección de alrededor de un millón y medio de firmas que necesita para acceder a una consulta popular, en los comicios federales de 2015, en la que preguntaría a la ciudadanía si está o no de acuerdo en que se reduzca la composición de las cámaras legislativas federales. El PRI dice que está atendiendo a un reclamo de la ciudadanía, y que además ese es uno de los compromisos que hizo el presidente Enrique Peña Nieto cuando era candidato. Sin embargo, parece que son otras razones (no dichas), las que impulsan esa posibilidad.
Lo primero que debemos preguntarnos es el momento de anunciar la consulta. El líder nacional del PRI, César Camacho, lo hizo apenas una semana después de que el Congreso concluyó los trabajos de la emisión de las leyes reglamentarias de las reformas estructurales. Lo hizo, además, en vísperas del momento electoral que se avecina. Y lanzó la propuesta como un “equilibrio” a la consulta que prepara el PRD sobre la reforma energética, o la discusión del salario mínimo que impulsa el PAN.
Y es que vista desde cualquier perspectiva, la del PRI es una consulta con resultados previsibles y garantizados. ¿Por qué? Porque en efecto, mucha gente exige que se reduzca el Congreso pero no para los fines que quiere el Presidente o el PRI, sino para evitar los excesivos privilegios que tienen los legisladores federales. Es claro que el PRI está impulsando esta consulta con encuestas en las manos, y con la idea de que llevar a cabo este intento encierra un resultado que para ellos bien puede ser un ganar-ganar puro.
Es por eso que en este punto es donde vale la pena reflexionar en dos cuestiones. Primera, ¿quién gana y quién pierde en realidad con esta reforma?; y segunda, ¿cuál sería el efecto colateral de que una medida como ésta pudiera llegar a convertirse en ley, respecto a todo el proceso de reformas que se llevó a cabo recientemente y que al Presidente le interesa mucho perpetuar y evitar a toda costa que ocurra alguna contrarreforma?
Para entender la primera de esas dos cuestiones planteadas en líneas anteriores, es necesario preguntarse a quién le benefician más las diputaciones y escaños del Senado que se otorgan por la vía de la representación proporcional. La respuesta es simple: le benefician más al PAN, al PRD y a los partidos minoritarios, porque territorialmente el PRI tiene más influencia que ellos (tiene, por ejemplo, alrededor de 20 gobernadores, que no tienen problema en ganar la mayoría de los distritos electorales federales) y porque finalmente la representación proporcional lo que busca es equilibrar las fuerzas y dotar de espacios legislativos a los partidos en proporción no a los distritos ganados, sino a los votos obtenidos en las jornadas electorales.
Por eso, una consulta como ésta iría a impactar directamente sobre esos partidos, que verían particularmente mermada su presencia en las cámaras legislativas por la reducción de la representación proporcional.

GANAR-GANAR
Con menos curules y escaños, habría también menos presencia de los partidos de oposición, y entonces habría, valga la redundancia, menos oposición. Ese sería el efecto colateral de una posible reforma encaminada a reducir el Congreso, que el PRI evade explicar a la ciudadanía. Lo hace porque sabe que una explicación de esa es insostenible democráticamente, y porque no parece dispuesto a exhibir su intención de lograr un beneficio propio, a partir del engaño a la ciudadanía respecto a que ésta es una reforma que lo que busca es responder a sus intereses.
¿Por qué sería, además, un ganar-ganar? Porque el PRI y el Presidente están muy interesados en que no haya, por más mínima que sea, posibilidad de que alguna de sus reformas pueda sufrir modificaciones a partir de las acciones de la oposición. Concretamente, no querría ver mermada la reforma energética, a la que le apuestan tanto, o alguna de las otras reformas a las que les pusieron mucho de su capital político. Por eso están tratando de evitar eso “blindando” las reformas a partir de la modificación del esquema democrático de decisión por parte del Congreso.
Ese blindaje se da a partir del hecho de que el PRI irá a fortalecer su presencia territorial para ganar todos los espacios legislativos posibles por la fuerza de los votos, y al mismo tiempo buscará mermar a la oposición para que se quede en la vía de la representación proporcional, a la cual busca restarle espacios. De ese modo, al haber “mucho PRI” y poca oposición en las cámaras, no habrá forma de modificar la Constitución simplemente porque no habrá capacidad numérica para lograr tal objetivo.
Por eso los mexicanos debemos preguntarnos con seriedad si con esta supuesta reforma democratizadora queremos a un Congreso más débil y a un Presidente más fuerte. No parece la ruta correcta de una democracia que se encuentra en crecimiento. Más bien, parece la lectura pragmática –y perversamente hábil- de un tiempo político concreto en el que quien detenta el poder está luchando desde esa posición, para perpetuarse.
Este ya no debería ser un tema de estar de acuerdo o en contra de la reforma sólo por la militancia partidista. La discusión debiera partir de un contexto democrático, y de un análisis serio, en el que debiéramos preguntarnos exactamente qué queremos los mexicanos, y qué planea el grupo gobernante para permanecer en el poder con ventajas.

LA REFORMA Y LOS VACÍOS
Sí debe haber una reforma que replantee el poder. Pero necesita ser mucho más de fondo que la sola reducción de legisladores, sin pasar también por el replanteamiento del poder y la influencia del Presidente. El poder no permite vacíos. Y si alguien tomará la porción de poder que dejará suelto el Congreso al reducir su tamaño, ese será el Presidente, figura sobre la cual nadie discute si es también necesario acotar o replantear sus funciones. Aunque no lo aparenta, esto plantea una abierta tentación autoritaria no vista en los últimos tiempos en México.

Presión, institucionalizada; lucha social, en pleno

En las últimas semanas hemos visto cómo en Oaxaca la legalidad se ha relajado hasta límites insospechados. No es la primera vez que la autoridad estatal se queda arrinconada ante los grupos que organizadamente protestan y, rompiendo el orden, exigen respuesta a demandas que no siempre son legítimas. ¿Vale la pena hoy tolerar que organizaciones y sindicatos sigan en esa dinámica indefinidamente? Es urgente tomar conciencia de ello.
En efecto, si hacemos un recuento de las acciones de protesta de grupos sociales ocurridas en las últimas semanas, veremos cómo cada vez hay más lejanía entre los postulados “sociales” tradicionales y las demandas y disputas que hoy motivan las acciones de violencia. La Sección 22 del SNTE, por ejemplo, mantiene la ocupación de la plaza principal de la capital oaxaqueña, la cual está aparentemente justificada por las negociaciones que llevan a cabo con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Gobernación por la aplicación de la reforma educativa.
Quizá esa parte sea relativamente comprensible, pero no que le hayan abierto el paso a docenas de vendedores ambulantes que hoy aprovechan la presencia magisterial en el zócalo y alameda de la capital oaxaqueña, para comerciar productos sin ningún tipo de regulación, y respondiendo a intereses que no quedan claros –es más, ni los abordan, dejándolos deliberadamente como invisibles- ni en las negociaciones con el gobierno, ni en las justificaciones que el magisterio ofrece a la ciudadanía, y tampoco en los acuerdos que toma la Sección 22 al interior de su Asamblea Estatal.
Si esta violación al orden público doblemente aberrante, ocurre a plena luz del día y a la vista de todos, en Oaxaca también la autoridad está traspasando los límites de la tolerancia en otras cuestiones que también la ciudadanía comienza a ver sin sorprenderse. ¿Nos hemos detenido a pensar, por ejemplo, el grado de impunidad y laxitud que hoy en día tolera el gobierno al magisterio, como para que éste sea capaz de ir a tomar, por varios días seguidos, las oficinas de una compañía privada, sin que nadie los moleste tanto por la agresión y el acto de presión que están cometiendo en contra de un particular, como también por el hecho de que con su protesta rompen todavía más el orden y el derecho de paso de toda la población?
Algo muy similar ocurre con las acciones que en las últimas semanas ha emprendido la Sección 22 en contra de las oficinas de la Sección 59, de legisladores priistas, de edificios públicos, de negociaciones, y de todos los que de alguna forma se cruzan en su camino. El gobierno apenas si alcanza a argumentar que la dinámica social y política de Oaxaca es compleja y llena de particularidades, pero sin aceptar que hoy en día estamos dando pasos irremediables hacia una crisis profunda en cuanto a la noción de orden y a la capacidad que debe tener –y no tiene- el Estado para asumirse como autoridad.
¿Qué debemos esperar que pase con la Sección 22? ¿Que sitie nuevamente la capital de Oaxaca y decida romper el orden a gran escala, como ya lo han hecho en el pasado? ¿Por qué nadie le pide cuentas al magisterio ya no de los vidrios que ha roto y de las negociaciones que ha dañado en sus jornadas de lucha, sino de su oprobiosa tolerancia a la presencia de vendedores ambulantes en el zócalo citadino? ¿Sabemos, por ejemplo, a quién le sirven y mantienen todos los vendedores ambulantes que hoy se encuentran auspiciados y cobijados por el plantón que mantienen los trabajadores de la educación en zócalo citadino? Si sí lo sabemos, entonces alguien debería hacer algo. El problema es que la autoridad asume la posición de tolerante y democrática para maquillar lo asustadiza que es; y la ciudadanía se queda indefensa ante acciones que son cada vez más lesivas y violentas.

TODOS CONTRA TODOS
La Macro Plaza tiene menos de una semana en funcionamiento, pero ya lleva más protestas que días laborados. A ese lugar han ido a manifestarse transportistas, materialistas, profesores, taxistas y mototaxistas, que en realidad podrían también responder a las autoridades municipales corruptas que desean tener una participación en el “área de oportunidad” que ofrece la macroplaza a través de la tolerancia a la corrupción.
Hace unos días, por ejemplo, se fueron a manifestar taxistas que querían ser “respetados” en los espacios que dicen que les pertenecen en la nueva plaza comercial, ubicada en jurisdicción de Santa Lucía del Camino. Esa “pertenencia” está basada en realidad, en una única creencia de que la territorialidad también significa un derecho fáctico que en ese caso está a su favor. Por eso, aquellos taxistas fueron a protestar y a agredir a otras organizaciones, como si en realidad no existiera una autoridad de la materia, que en el último de los casos debiera ser la encargada de regular todas esas cuestiones, y no dejarse chantajear por ninguna organización, por numerosa que fuera.
El problema, en este caso, es que la noción de la legalidad y el sentido de la autoridad está totalmente rebasada. Sólo así puede entenderse que no haya noción entre las organizaciones de que primero debe estar la ley y después la fuerza, o de que ellos no pueden pensar sólo en agredir a todos los que se cruzan en su camino tratando siempre de imponer su criterio y sus intereses por la fuerza, y ya sin antes mediar el diálogo o respetar las acciones que pudiera emprender la autoridad para tratar de controlar situaciones de esta naturaleza.
Nada de eso ocurre hoy en día, y eso es preocupante. Ya no se trata sólo de que la lucha sea entre grupos y el gobierno, sino que hoy ésta se da, en los mismos términos, entre gremios y particulares, entre organizaciones de un mismo ramo, o entre ámbitos de gobierno que azuzan a grupos sociales para que vayan a protestar en contra de otros ámbitos de gobierno.

AUTORIDAD, AUSENTE
Esa pérdida de la noción de autoridad puede no tener retorno si la única intención de la autoridad, es la de seguir dando largas y canonjías a quienes deberían ser controlados pero tienen contra la pared a quien debiera ser la autoridad, pero no lo parece. Por eso, hoy la lucha social vive momentos de desenfreno que serán muy difíciles de remediar cuando se den cuenta que la tolerancia sólo sirve para concentrar más los vicios que hoy se permiten.

INE debe dar más certezas sobre proceso de elección

Desde hace algunas semanas se desarrolla el proceso de selección de quienes integrarán el Organismo Público Local (OPL) del Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituirá al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). La elección de los consejeros de ese organismo es relevante, porque constituye una de las primeras materializaciones de las nuevas reglas electorales. Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿De verdad el INE está coronando la ciudadanización de los órganos electorales?
En efecto, la pregunta no es ociosa, a la luz de ciertas cuestiones que le quitan brillo a este proceso de reintegración de los organismos electorales locales, como el de Oaxaca. Una de las dudas razonables que por salud política que deben prevalecer en un proceso como éste, es si de verdad el INE está haciendo lo suficiente por garantizar la ciudadanización de los órganos electorales, y si de verdad está tomando las medidas adecuadas que brinden certeza a los ciudadanos de que realmente se eligió a las personas más calificadas para fungir como autoridad electoral.
Estas dudas tienen su razón: con la reciente reforma electoral, la Federación hizo patente que las entidades federativas son menores de edad en cuanto al manejo de sus responsabilidades electorales, y al mismo tiempo la Federación se asumió como el gran árbitro de esas cuestiones. Por eso le quitó a los estados la gran mayoría de sus facultades en el ámbito electoral, para convertir al IFE en un Instituto Nacional y darle alcances de leyes generales a normas que antes regían cuestiones electorales sólo en el ámbito federal.
Así, una de las razones de fondo para eliminar la jerarquía normativa en el ámbito electoral (municipal, estatal y federal) y crear una sola competencia (la nacional), fue que los estados no habían podido impedir la partidización de sus órganos electorales, ni habían logrado frenar la influencia de poderes fácticos que colonizaron a los órganos electorales locales y los pusieron al servicio del poder, alejándolos del interés de la ciudadanía.
A partir de eso se torna relevante la cuestión de cómo se están integrando los OPL. Pues se supone que con ello lo que el INE pretende lograr es inhibir la influencia de partidos y grupos políticos en la integración de los órganos electorales locales, para así garantizar que habrá independencia, especialización y legitimidad en las funciones electorales, y que de verdad estarán éstos integrados por las mujeres y hombres más calificados para realizar dichas labores. Se supone, pues, que con estos nuevos procesos el INE busca que los OPL se integren al margen de débitos políticos, tráfico de influencias, o “intereses” de los partidos porque sean ciertos personajes –califiquen o no en la evaluación de los conocimientos técnicos que deban acreditar- quienes sean parte de los órganos que fungen como autoridad electorales.
Por eso hoy en día es no sólo posible, sino necesario, preguntarse si de verdad el INE está llevando a cabo correctamente el proceso de selección de consejeros de los Organismos Públicos Locales, y si en esto de verdad está garantizando la claridad, la imparcialidad y la equidad respecto a todos los aspirantes.

LAS DUDAS
Quizá en un ánimo de hacer una convocatoria lo más amplia posible, el INE dejó abierta la posibilidad de que los integrantes del actual órgano electoral estatal (el IEEPCO) participaran en la integración del OPL. Esta no es en sí misma una cuestión que rompa con la equidad que debe prevalecer en este proceso.
Más bien, lo que sí genera una expectativa negativa es el hecho de que, en el caso del IEEPCO, la gran mayoría de quienes integran el Consejo General son agentes directos de los partidos que los postularon. Así pues, si se suponía que una de las cuestiones que el INE quería eliminar al absorber a los órganos electorales locales era la partidización de sus integrantes, hoy de entrada esa cuestión no se garantiza al dejar en la laxitud tanto la participación de esos personajes, como el ámbito de influencia que habrán de tener los partidos representados en el Consejo General del INE.
No obstante, vale la pena ir por partes. Primero, parece que el INE estableció un sistema de exámenes para dar certeza sobre el resultado de la elección de consejeros de los OPL. No obstante, en el establecimiento de ese mecanismo de exámenes no se estableció con precisión qué nivel de influencia tendría cada una de las etapas para la selección final de los consejeros. Dicho de otro modo: se estableció la elaboración de un examen de conocimientos y de un ensayo escrito, la valoración curricular y una entrevista, pero no hay certeza de qué valor específico tendrá cada una de esas etapas para la determinación de quién es, fundadamente, un candidato idóneo.
Luego, se dejó en la completa discrecionalidad la participación de los partidos políticos y los consejeros del Poder Legislativo en este proceso. Así, las reglas para la designación de consejeros del OPL sólo establecen que una vez que hayan sido aprobadas las listas de los aspirantes que avanzaron en las etapas de selección, éstas serán entregadas a los representantes de los partidos políticos y a los Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General, “para sus observaciones y comentarios”.
¿Qué podemos entender como “observaciones y comentarios”? Pues esta aparente suspicacia se funda en el hecho de que ellos tienen una facultad discrecional de acordar, o pactar, la consideración en específico de alguno de los integrantes de esa lista de aspirantes al margen de sus resultados en la evaluación; o bien, pueden vetar la posibilidad de que uno de esos aspirantes seleccionados pueda llegar a ser considerado como potencial candidato a ocupar la responsabilidad de consejero electoral.

¿DEMOSTRARÁ EL INE TRANSPARENCIA?
En Oaxaca hay ejemplos negros de cómo los mejores perfiles son soslayados, en exámenes de oposición, frente a compromisos políticos. ¿Un botón de muestra? Que ninguno de los actuales integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado fue de los mejor calificados en el examen de conocimientos, y las demás pruebas que se aplicaron. ¿Esta historia turbia puede repetirse? Claro que sí, en los huecos que deliberadamente dejó el INE en las reglas que rigen este proceso, para permitir la ominosa participación e influencia discrecional de los partidos políticos en este proceso. Al tiempo.