Lista, preliminar; ¿es posible que haya cambios?

En la sesión de hoy martes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral conocerá y definirá la propuesta de integración final del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Oaxaca. Esta es la última oportunidad que tiene la autoridad para demostrar que la reforma constitucional federal sirvió para ciudadanizar a los órganos electorales, y para constatar que esto no fue otra demostración de gatopardismo.
En efecto, todos conocemos la historia de Gatopardo, que como culminación de su capacidad de adaptarse a las circunstancias para mantener a flote sus intereses, concluye que para que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Esto, en México, ha sido reiterado en infinidad de ocasiones en las que se justifican cambios, medidas y reformas para —según— corregir situaciones de hecho que son perjudiciales para el interés público por la influencia desbordada de ciertos poderes fácticos, aunque al final esas correcciones no se materializan porque los mismos poderes fácticos manipulan los cambios para que se modifiquen ciertas situaciones pero sin llegar al fondo del problema, que es donde se encuentran resguardados sus intereses.
Esto es lo que ha pasado con los partidos políticos y las normas electorales. Desde 1994 la sociedad mexicana ha exigido vigorosamente que las normas constitucionales limiten la influencia de los partidos y grupos políticos en la aplicación de las leyes en materia electoral, y sólo a partir de eso se entiende la llamada “ciudadanización” de las autoridades y procesos electorales con la creación primero del IFE, y luego de sus múltiples y variadas reformas, dar paso al INE.
Se supone que esta última reforma —que es la sexta reforma electoral de gran calado en nuestro sistema jurídico contemporáneo— habría de consolidar la ciudadanización de los órganos electorales. Pero hoy el INE tiene la prueba del ácido con la decisión relacionada a la integración de los órganos electorales locales, a los que recientemente absorbió justamente bajo la premisa de que en el tiempo en que estuvieron bajo la potestad de los poderes locales, éstos no fueron capaces de garantizar la independencia de los integrantes de la autoridad y los órganos jurisdiccionales en materia electoral.
Se supone que para brindar certeza en las nuevas reglas de integración de los OPLEs, la Constitución le dio al INE un conjunto de herramientas cualitativas para decidir cómo integrará los órganos que fungirán como autoridad electoral en las entidades federativas. Concretamente, se estableció que sería a través de un mecanismo abierto, de evaluación de conocimientos y habilidades en materia electoral, y de no dependencia a partidos o grupos de poder, como se garantizaría que fueran auténticos ciudadanos no ligados a partidos e intereses políticos quienes finalmente integraran los órganos electorales.
Pero lamentablemente, lo que hemos visto hasta ahora, es no sólo la insistencia de los partidos y grupos políticos de tratar de entrometerse en el proceso de integración de los OPLEs, sino también la voluntad de éstos —junto con la tibieza del INE, que nunca les marcó un alto— por aparentar que estaban involucrados en la integración y en la propuesta de aspirantes, para tener espacios dentro del órgano que funge como autoridad electoral.
Al menos eso fue lo que pasó en Oaxaca. Y lo que estamos viendo es un proceso deslegitimado desde el inicio (por la realidad o por las apariencias) en el que nuevamente parece que están ganando los intereses por encima del aparente sentido de la norma a favor de la ciudadanización de las autoridades electorales.

¿CIUDADANIZACIÓN?
La propuesta que conocerá y decidirá hoy el INE está integrada por Gustavo Meixueiro, que tiene el padrinazgo de José Antonio Hernández Fraguas; Gerardo García Marroquín (familiar del diputado federal Ricardo Monreal), Filiberto Chávez Méndez (ex director de prerrogativas en el IEEPCO) y Rita Bell López Vences, esposa de un ex candidato panista a diputado federal, como Consejeros electorales por un periodo de seis años. Asimismo Nora Hilda Urdiales Sánchez (consejera electoral en la primera etapa de José Luis Echeverría y cobijada por el PAN), Elizabeth Bautista Velasco y Uriel Pérez García (actual funcionario del IEEPCO, ex secretario general del órgano electoral local encabezado por Alberto García Criollo) para un periodo de tres años.
¿Cuál es el común denominador de esa lista? Primero, que de nuevo no se aparenta la ciudadanización que se prometió. Y segundo, que tampoco se está convalidando el proceso cualitativo por el que se supone que fueron depuradas esas personas como las más idóneas para ocupar el cargo de consejeros electorales. Lamentablemente, pareciera que de nuevo se están imponiendo los criterios e intereses políticos por encima de las promesas de ciudadanización bajo las cuales se llevó a cabo la reciente reforma electoral nacional, que absorbió a favor del INE casi todas las facultades en materia electoral que antes eran de las entidades federativas.
Y es que de nuevo se cumplió el vaticinio que hicimos en nuestra entrega del pasado 28 de agosto. En aquel momento apuntamos: “En Oaxaca hay ejemplos negros de cómo los mejores perfiles son soslayados, en exámenes de oposición, frente a compromisos políticos. ¿Un botón de muestra? Que ninguno de los actuales integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado fue de los mejor calificados en el examen de conocimientos, y las demás pruebas que se aplicaron. ¿Esta historia turbia puede repetirse? Claro que sí, en los huecos que deliberadamente dejó el INE en las reglas que rigen este proceso, para permitir la ominosa participación e influencia discrecional de los partidos políticos en este proceso. Al tiempo.”

BOTONES DE MUESTRA
Para mal de todos los ciudadanos, esa previsión se cumplió y si algo extraordinario no ocurre hoy —es decir, si el INE no modifica la propuesta final de integración—, se perpetuará. Nos explicamos: cuando en 2010 se integró la actual conformación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca la mejor evaluada de todos los aspirantes, fue la maestra Araceli Pinelo López, a quien los diputados ni siquiera consideraron para integrar las ternas que someterían a votación del pleno de la LXI Legislatura. Y hoy ocurre lo mismo con la colega Rosa Ofelia Ramales, que también fue excluida a pesar de haber sido la mejor evaluada y cumplir con todos los requisitos que exigía este proceso.

AES no distinguió entre el problema y su soberbia

Alberto Esteva Salinas podrá decir misa, pero el paro policial y el pésimo manejo político que él le dio a la crisis de la institución que se supone que encabeza, revela dos cuestiones: primera, que tan no tiene —ni ha tenido nunca— el control de la Secretaría de Seguridad Pública, que por eso a la primera de cambio le explotó un conflicto que no pudo evitar ni controlar; y segunda, que una vez estallado el problema, su soberbia e torpeza le jugaron tal trastada que aún cuando su renuncia no es oficial, ya fue relevado política y administrativamente de sus responsabilidades.
En efecto, la mañana de ayer domingo se hizo oficial el fin del paro de labores de elementos de la Policía Estatal, que duró 15 días. Ante el secretario General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval Hernández, la comisión negociadora de elementos policiacos estableció un conjunto de acuerdos que no sólo pasan por la mejora en sus salarios y prestaciones, y condiciones de equipamiento y trabajo, sino también por el relevo de fáctico de sus mandos operativos y administrativos.
Tan fue así, y tan fustigados quedaron Esteva Salinas y el comisionado de la Policía Estatal, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, que los equipos e instalaciones retenidas por los elementos inconformes le fueron entregadas al subsecretario de Operación Regional de la Segego, Jorge Alberto Ruiz Martínez, y el mando operativo de las corporaciones estatales quedó depositado temporalmente en la persona de Cornelio Figueroa Altamirano. Esta es, pues, la culminación de una historia que no se selló el día que los elementos estallaron el paro de labores, sino cuando Esteva y Zúñiga demostraron no tener capacidad para resolver los problemas que ellos mismos crearon. ¿De qué hablamos?
De que el paro no duró un día, sino 15, y que durante ese tiempo Esteva y sus mandos pasaron de las justificaciones y la búsqueda de culpables, a la demostración de sus propias torpezas. Al inicio, cuando hace tres domingos los elementos se insubordinaron, Esteva dijo que este era un lío prefabricado por los anteriores mandos policiales; luego señaló a un ex gobernador, y finalmente dijo que esta era una treta orquestada por varios diputados.
Lo grave es que aún con todos sus señalamientos, el problema seguía ahí, y no había capacidad operativa para desactivarlo, o cuando menos para entablar un diálogo productivo con los elementos inconformes. No había esa posibilidad por dos razones: primera, porque desde antes de estallar el paro, los elementos habían manifestado reiteradamente sus inconformidades a Esteva y sus mandos sin que éstos consideraran los planteamientos, y por eso una vez que estalló la crisis los elementos no quisieron negociar con ellos; y segunda, porque lejos de buscar una actitud conciliadora —que es lo primero que se debe hacer para solucionar un conflicto—, Esteva Salinas decidió alimentar la confrontación con los inconformes, y abrió una brecha entre los “policías buenos” (los “leales” a él) y a quienes él tachó de “malos” por estar manifestándose en contra de las condiciones en que realizaban su trabajo.
Eso no resolvió nada, y sí contribuyó a profundizar la crisis. Esteva señaló a muchos presuntos responsables de la inconformidad policial, pero nunca pudo demostrar nada, y menos hacer creíble su versión de que como sólo era el 10 por ciento de los elementos quienes estaban inconformes, no había que considerar negociar con ellos. Por si fuera poco, tampoco logró “aislar” a los elementos que supuestamente habían generado esta crisis por órdenes de Marco Tulio López Escamilla, o los diputados a quienes acusó, o al ex gobernador a quien también responsabilizó.
Y con las confrontaciones que todos los días generaba con todos aquellos que lo cuestionaban, sólo demostró el tamaño de su intolerancia e incapacidad para asumir inteligentemente la realidad, y enfrentar un problema que no sólo lo afectaba, sino que fue creado y alimentado por su soberbia y e inmensa capacidad para cometer errores en momentos estratégicos.

SU RELEVO
No debiera sorprender que Jorge Ruiz Martínez fuera designado como relevo provisional —y es muy probable que después se formalice— de Alberto Esteva Salinas al frente de la SSP. Pues aún cuando este servidor público desempeña actualmente funciones en la Secretaría General de Gobierno, cuenta con importante experiencia en el ramo policial al que por años estuvo ligado tanto en la capital del país como en el ámbito federal. Al contrario de Esteva —que no tenía experiencia en seguridad pública y ahora demostró ser un pésimo político—, Ruiz ha tenido un desempeño discreto y constante que de entrada generó aceptación y buen entendimiento con los elementos inconformes.
Y lo que sigue, y que es asimismo esencial, es que a nivel institucional el gobierno de Oaxaca busque los caminos para mejorar las condiciones salariales y de trabajo de las corporaciones policiacas, que históricamente han sido de las peor proveídas del país. No se puede comparar, por ejemplo, el nivel salarial y de prestaciones de un policía raso oaxaqueño (que en promedio tiene un salario que con todo y prestaciones no llega a los siete mil pesos mensuales), con uno de cualquier entidad del centro o norte de la república que tiene salarios por encima de los 15 mil pesos, más prestaciones y demás suministros.
Al final, el gobierno no debe seguir viviendo en el autoengaño de que se tiene la mejor policía del país. No puede ser así, cuando los elementos no cuentan con las condiciones adecuadas para evitar la corrupción, o para trabajar en una situación de dignidad, e incluso para desempeñar sus funciones de la manera adecuada. No es un problema de falta de voluntad, sino de reconocimiento de las insuficiencias y de búsqueda de mejores condiciones.

EL CHOQUE CON LA REALIDAD
Esteva Salinas falló gravemente al querer aparentar una policía suficiente y capaz, exponiendo a los elementos y queriéndolos obligar a secundar sus apariencias. No es indigno reconocer lo que falta y enfrentar la realidad. Pero esa insistencia machacona en atender las frivolidades (como los cascos naranjas, las falsas acciones de “proximidad social” (meras ocurrencias) que implementó, o poner el águila convergente en las patrullas) y cerrar los ojos a los problemas reales de los integrantes de las corporaciones, además de su soberbia y torpeza como político, es lo que en buena medida generó esta crisis, que ante su ineptitud, otros tuvieron que venir a resolver.

+ Escalada de violencia; Oaxaca, un botón negro

En otros estados del país se habla con preocupación de la incontenible violencia derivada de la criminalidad. Se dice que en casos como el de Michoacán, Nuevo León o Tamaulipas hay situaciones claras de Estado fallido, a partir de que el gobierno no es capaz de garantizar las libertades y derechos mínimos de las personas, y tampoco cuenta con los elementos para contener los quebrantos al Estado de Derecho. En Oaxaca ocurre exactamente lo mismo pero, de nuevo, el origen está en una conflictividad social a la que, por haber sido mal comprendida, se le da una tolerancia que no nos llevará, jamás, a algo positivo.
En efecto, ante los hechos recientes vale la pena reflexionar en torno a ello. Pues en las últimas semanas hemos visto cómo el gobierno asume con toda naturalidad que la alta conflictividad social deriva de una “tradición” relacionada con la pluralidad y la actividad social de las comunidades y grupos organizados de la entidad. En ese gran cajón han cabido lo mismo organizaciones sociales que vienen a la capital de Oaxaca a exigir recursos para las comunidades indígenas, que organizaciones de trabajadores que exigen prebendas al gobierno, o gremios que protestan para pedir o defender sus conquistas y privilegios. A todos se les ha permitido todo. Pero el problema no es ese, sino que esa permisividad fue desde el inicio confundida con tolerancia infinita, y ésta con la inaplicación de la ley.
El resultado es funesto. Pues contrario a lo que ocurría en el pasado, en donde eran pocas organizaciones las que se atrevían a encarar al gobierno y a tomar acciones que perjudicaran a la ciudadanía, hoy en día casi cualquier grupo social o gremio de la entidad puede tomar libremente las calles, cerrar comercios, perseguir a sus adversarios o, sobre todo, ejercer violencia para tratar de hacer valer el derecho o la pretensión que exigen. Aunque podemos creer que en eso los profesores de la Sección 22 del SNTE son los únicos que han caído en ese exceso, basta hacer un pequeño recuento para comprender que esto se está convirtiendo en una constante. Veamos.
Hace algunos meses, por ejemplo, camioneros de dos organizaciones distintas, dedicadas al transporte de material pétreo para obras civiles, se enfrentaron al sur de la capital a partir de un acto abierto de presión a una empresa privada (la constructora encargada de edificar la sucursal de The Home Depot en Oaxaca) para que contratara los servicios de una u otra. ¿El resultado? Que en una primera escaramuza hubo una persona muerta, y en la segunda hubo varias unidades de particulares incendiadas. Todo esto, además de enfrentamientos violentos que nunca fueron repelidos o contenidos por la autoridad.
Ese es un ejemplo. ¿Otro? Los recurrentes enfrentamientos que han ocurrido también entre integrantes de organizaciones de taxistas foráneos, que se disputan el control de las rutas de transporte que pertenecen a los municipios conurbados con la capital. Hace unas semanas, también, taxistas de dos organizaciones (CTM y CNP) se enfrentaron a balazos en la zona del Monumento a Juárez, afortunadamente sin pérdida de vidas humanas, pero con la terrible sensación de que las diferencias entre gremios, que debía atender una autoridad, en realidad son dirimidas con violencia a plena luz del día y ante la mirada complaciente del Estado, que no sólo no hace nada para impedirlo, sino que lo tolera en aras de una supuesta “tradición de conflictividad” que ha sido mal comprendida y que, de hecho, es muy peligrosa para la sociedad.

MAESTROS DE LA VIOLENCIA
Ayer, nuevamente, taxistas de esas dos organizaciones se enfrentaron violentamente en la disputa que sostienen por las rutas y paraderos que se encuentran en los alrededores de la nueva plaza comercial ubicada en Santa Lucía del Camino. Una vez más, y como siempre, la autoridad no hizo nada.
Antes, hace tres semanas, fue nota nacional que profesores de la Sección 22 organizaron una brigada para ir a saquear y vandalizar oficinas de sus adversarios de la Sección 59, de partidos políticos y de representantes populares. Como ocurrió en otras situaciones similares, nadie fue capaz de actuar ya no para reprimir a quienes estaban cometiendo los delitos, sino simplemente para evitar que se quebrantara de esa forma tan brutal el Estado de Derecho.
Todo esto lo ha permitido el gobierno en aras de una situación que no va a pasar: quizá, el Gobierno del Estado asume que permitiendo que situaciones como éstas ocurran libremente, se está privilegiando la vía política sobre la mano dura, y se dan muestras de un gobierno democrático que tolera hasta a las expresiones más radicales. Incluso, en el último de los casos podría creerse que también lo hace en aras de que, solos, los grupos violentos tomen conciencia de lo incorrecto de sus acciones y rectifiquen su forma de actuar y de dirimir sus conflictos.
Esto no va a ocurrir. No es así porque una persona o grupo al que una vez se le permite libremente la violencia, en las ocasiones siguientes no tratará de rectificar, sino más bien de actuar con mayor dureza, para buscar un efecto superior al de las ocasiones anteriores en las que sus acciones han sido exitosas.
Lo más preocupante de esta situación, es que esto se convierte en un mal ejemplo que luego pasa a ser una constante. ¿Vale la pena tolerar la violencia magisterial, gremial o de organizaciones, sólo porque esto es parte de una tradición mal comprendida? No. Y no debe ser así porque tolerar esto es abrir la puerta a expresiones cada vez más duras en contra de la sociedad. Es permitir, pues, que el inconforme se convierta en vándalo, y que después ese vándalo se convierta en un criminal. Es la ruta que lamentablemente llevamos en Oaxaca, sin que hasta ahora haya un reconocimiento del tamaño del error que se está cometiendo, y mucho menos acciones para impedir no la expresión de las organizaciones, sino el desbordamiento de sus exigencias hasta caer en los ilícitos.

PARADOJA DE LA VIOLENCIA
Los elementos policiacos se supone que, en buena medida, existen para contener el orden y prevenir el quebranto del Estado de Derecho. ¿Cómo podemos asumir eso cuando en Oaxaca vemos que hasta los elementos encargados de la seguridad pública se desbordan por la testarudez, intolerancia e incapacidad política de su principal mando, el secretario Alberto Esteva Salinas? Es contradictorio y paradójico que hoy hasta la contención del Estado esté al punto de la violencia.

+ Si hay pruebas, ¿Por qué no inician los desafueros?

Sumido en la crisis de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alberto Esteva Salinas comenzó a repartir culpas y a exhibir a sus adversarios, como si con ello consiguiera dar por terminado el conflicto. En los más de 10 días que llevan las inconformidades policiales, el Titular de la SSP ha repartido culpas y ha dado detalles sobre el presunto origen político del conflicto, pero sobre todo se enfrascó en señalamientos sobre responsabilidades y cuentas pendientes con la justicia de los diputados locales que, según Esteva, son los que han alentado esta crisis. Si tiene pruebas, ya deberían iniciar el proceso de desafuero de los diputados, y no insistir en lo que no tiene ninguna utilidad para los oaxaqueños.
En efecto, todo esto ha sido bien calificado como una auténtica guerra de lodo. Pues casi desde que inició la crisis policial, varios diputados locales se involucraron en el conflicto respaldando las acciones de los elementos inconformes, y exigiendo que diversas instancias del gobierno estatal atendieran las inconformidades, demandas y exigencias de los uniformados.
Mientras eso pasaba, el Titular de la SSP comenzó a señalar lo mismo que esta protesta había sido alentada por elementos afines a su antecesor, Marco Tulio López Escamilla, o que tenía como origen las intrigas de un ex gobernador que había ofrecido prebendas a los elementos para que alentaran la protesta. Y no conforme con su lluvia de versiones sobre el origen conspiratorio de las acciones de los elementos, Esteva luego dijo que todo esto había sido financiado por los propios diputados involucrados. Esto convirtió la protesta en un inútil lodazal protagonizado por Esteva y los diputados que, para defenderse, lo siguieron atacando.
De acuerdo con notas periodísticas que han dado seguimiento al tema, Esteva cuestionó al diputado Pérez Morales, por ejemplo, por haber impuesto a su hija Lizet Lluviely Pérez Durán como directora de Servicios Generales del Congreso del Estado, con sueldo de 70 mil pesos mensuales. Al diputado del PAN, Gerardo García Henestroza, lo señaló también de actos de corrupción cuando fue presidente municipal de la ciudad-puerto de Salina Cruz. Y luego continuó su ofensiva, vía Twitter, acusando al diputado Freddy Gil Pineda Gopar por haber creado grupo de Autodefensa cuando fue edil Nopala.
Esteva recibió respuesta a cada uno de sus cuestionamientos. El diputado García Henestroza lo llamó a madurar y a ganarse el respeto con trabajo. Pineda Gopar, por su parte, le respondió y reveló que Esteva Salinas le prometió patrullas para el Municipio de Santos Reyes Nopala, pero nunca cumplió. Al hacer esto, Esteva y los diputados involucrados sacaron a relucir una serie de acciones y faltantes que, sin embargo, no disculpan o minimizan, en nada, la grave situación por la que atraviesa la seguridad de los oaxaqueños, que sigue al garete por continuar los uniformados en su paro, y por no poder la SSP contener la situación que tiene prácticamente inmovilizados los servicios de seguridad pública en el Estado.
¿Qué sigue?, es la pregunta. Pues queda claro que lo que hasta hoy hemos visto es una artera escaramuza de señalamientos y contraofensivas que, sin embargo, no resuelven ni un ápice del problema. Lejos de ello, es la Secretaría General de Gobierno quien sigue buscando hallar la solución a un problema que debiera estar atendiendo el Titular y los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública; y en la guerra de declaraciones queda también claro el tamaño de la impunidad y las complicidades que existen entre los grupos políticos de la entidad.
¿Por qué si Esteva Salinas sabía de todas esas irregularidades y presunta comisión por parte de los diputados, no actuó desde un principio como buen ciudadano presentando las denuncias correspondientes, y exigiendo que hubiera un proceso de desafuero para cada uno de ellos, y así poder responder por sus cuentas pendientes con la justicia?

GUERRA DE IMPUNIDAD
No sería extraño saber que los diputados involucrados en la protesta de la SSP, u otros que ocuparon responsabilidades públicas antes de ostentar su cargo actual, hubieran participado en la comisión de ilícitos o en desvíos de recursos. Lejos de ser una novedad, esa es –lamentablemente- una situación constante que lleva, por ejemplo, a muchas autoridades municipales a buscar un cargo legislativo inmediatamente después de dejar su cargo edilicio, para que el fuero los proteja de posibles acciones de la justicia. Si vemos con detalle, ese es el común denominador de los señalamientos hechos por Esteva Salinas.
En el caso del diputado García Henestroza, como en el de Freddy Gil, la constante fue la de señalarlos por actos o faltantes presuntamente ocurridos durante el tiempo en el que éstos fueron autoridades municipales de Salina Cruz y Santos Reyes Nopala, respectivamente. Incluso, en algunos medios se intentó “revivir” información relacionada con el homicidio de una mujer, en el que presuntamente habría participado el diputado Pineda hace algunos años.
Era claro que, al margen de la veracidad o no de los señalamientos, la intención de Esteva era la de exhibir a sus adversarios y no hacer justicia, como intentó hacer creer en su falsa faceta de “buen ciudadano”. Si en otro escenario Esteva y los diputados no hubieran entrado en este choque de intereses, ¿entonces Esteva se hubiera abstenido de ventilar públicamente los antecedentes oscuros de esos legisladores?
Y es que al final la guerra de lodo no sirve para nada. Esteva lo que está haciendo es ceñirse a señalamientos que tienen como fin demostrar la ilegitimidad de sus adversarios, aunque esto no redunde ni en una acción verdadera de la justicia para indagar los hechos que señala, y tampoco en una posibilidad de solución al conflicto con los uniformados, que en los hechos lejos de resolverse se profundiza cada día más por culpa del lenguaraz Titular de la SSP.

SEGOB, CAJA DE PANDORA
Ayer, en declaraciones a la prensa, el vocero de la Sección 22, Mohamed Otaqui Toledo, admitió que la mayoría de los normalistas recién egresados de las 11 normales de la entidad ya fueron contratados. La SEP lo niega. Pero lo que nadie sabe es qué ha negociado, y qué ha acordado en realidad, la Secretaría de Gobernación con el magisterio oaxaqueño. Esa es una auténtica caja de pandora. Parece que los ciudadanos no tenemos derecho a enterarnos qué acuerdan. ¿Por qué insiste el gobierno en seguirle regalando opacidad y silencio a los maestros en sus negociaciones?

Magisterio cobra facturas a partir del apoyo otorgado

El mes de septiembre está a un tris de terminarse, y la protesta magisterial continúa en una ruta que es directamente proporcional a la crisis por la que atraviesa el gobierno de Oaxaca. Sólo quienes no pudieron leer desde un inicio este escenario previsible, hoy se dicen sorprendidos de que, en medio de la alianza de la Sección 22 con el gobierno estatal, se esté dando el proceso de desgaste político que hoy vemos, y del que ninguno de ellos saldrá victorioso. Creer, antes y ahora, en posibles alianzas incondicionales con la 22, es —por decir lo menos— una falacia.
En efecto, hoy no pocos se plantean preguntas como las siguientes: ¿qué no la 22 y el gobierno son aliados? ¿y qué no, gracias a esa alianza, se supone que debía haber acuerdos inéditos a favor de Oaxaca? ¿Por qué si esa alianza es un hecho, un día la dirigencia de la 22 se sienta con el Gobernador del Estado a negociar, pero al día siguiente los maestros organizan manifestaciones masivas, o actos de presión, que nos afectan a todos? La respuesta a esas preguntas puede también ayudarnos a entender por qué la alianza entre la 22 y el gobierno subsiste, pero también por qué en medio de esa alianza hay temas en los que de todos modos el magisterio seguirá adelante.
Entendamos primero el contexto del magisterio democrático oaxaqueño. Pues desde hace más de 30 años, esta organización ha transitado desde la lucha estrictamente gremial, hasta asumirse como un grupo social y político, que busca transformaciones e intereses más profundos que los de sus solos integrantes. En función de ello, sus planteamientos están enfocados no sólo a participar de sus procesos políticos y luchas internas por cuestiones laborales o económicas, sino que también buscan ser participantes activos, y decisivos, en las decisiones y el rumbo político de la entidad. De ahí se origina la participación política y electoral que han tenido los maestros en Oaxaca a lo largo de las últimas tres décadas.
Particularmente, en el electoral de 2010 —en donde Gabino Cué ganó la gubernatura— se le trató de vincular tanto al priismo como a la oposición. En las semanas previas a la jornada electoral, por ejemplo, se aseguraba que el magisterio mantendría sus acciones de protesta por lo menos hasta el día de los comicios, porque esa era su forma más activa de participar en el proceso democrático. Incluso, el argumento que más permeó entre la población, y que es también el más cercano a sus planteamientos, es el relativo a que apoyarían a las fuerzas de oposición, con tal de lograr la alternancia de partidos en el Gobierno del Estado.
Así lo hicieron. Y ese apoyo no declarado a la causa de Gabino Cué Monteagudo, sí ocurrió dentro del magisterio. Sin embargo, aún frente a ese hecho, fue siempre erróneo suponer que dicha alianza sería duradera, y que a partir del gobierno de Cué el IEEPO, por ejemplo, sería totalmente entregado a la 22; o que durante su gobierno ya no habría marchas, plantones, paros o manifestaciones radicales por parte de los profesores democráticos. Quien supuso eso, simplemente estaba tan equivocado, que a partir de 2011, y hasta el día de hoy, los hechos lo han venido refutando.
Incluso, desde un inicio era previsible que la alianza entre el magisterio y la Coalición opositora fuera sólo coyuntural. Los unía el adversario común —en el caso de la 22 no sólo de la disidencia, sino de la mayoría de sus integrantes— que era el PRI y el gobierno de Ulises Ruiz. Pero si el objetivo de los partidos era llegar al poder, el de un grupo como la 22, era seguir luchando por sus intereses sin crear alianzas incondicionales, y sin importar que quien gobierne sea de ideologías o postulados cercanos a los suyos.
Por eso, desde que asumió el cargo de gobernador, por naturaleza Gabino Cué ha buscado preservar el poder que le fue conferido; y casi de inmediato, la 22 volvió a sus prácticas naturales de disidencia, cuestionamiento, crítica y exigencia. Y como los profesores democráticos tenían aún muchas demandas pendientes —además de todas las que se han venido sumando de la alternancia de 2010 a la fecha en Oaxaca—, poco a poco fueron marcando su distancia, y aún en medio de esa alianza que les permite seguir dialogando, marcaron también sus cuestionamientos propios hacia el gobierno actual.

GRUPOS, LA FUERZA REAL
De acuerdo con la vieja usanza, era práctica común que al iniciar las negociaciones anuales entre el Gobierno del Estado y la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, unos y otros establecían las peticiones que eran posibles de cumplir, pero que al mismo tiempo los representantes oficiales cooptaran, por medio de sumas millonarias de dinero o concesiones de impunidad, a los líderes sindicales. Con esto, respondían a algunas demandas magisteriales, y la misma dirigencia de la Sección 22 se encargaba de evitar que las movilizaciones y acciones de presión se radicalizaran.
Esa “tradición” hoy parece estar agotada. Aún ahora, es común saber que en cada negociación entre el gobierno estatal y la dirigencia de la Sección 22, existen sobornos y compra de conciencias. Sin embargo, la posibilidad de que esa cooptación cupular desactive el radicalismo magisterial, es mínima. La razón está en que hoy, los democráticos tienen sus verdaderos órganos de dirección en los grupos que controlan la Asamblea Estatal, y no en la dirigencia formal.
Por eso, como ya ocurría desde hace años y hoy queda clarísimo con la dirigencia sólo formal de Rubén Núñez Ginez, el Comité Ejecutivo Seccional tiene una representación que ya es meramente testimonial. El verdadero control de la lucha magisterial se encuentra, más que nunca, en los grupos casi invisibles que controlan la Asamblea Estatal, los cuales en innumerables momentos han tomado decisiones unilaterales que, sin embargo, tienen ruidosos efectos para la vida pública de Oaxaca. ¿Quién ha ordenado la violencia, el radicalismo y las más impactantes acciones de la 22? No ha sido la asamblea, sino las facciones.

¿ALIADOS?, SI;
¿INCONDICIONALES?, NO
Vale la pena repasar esto: hay una alianza natural, desde 2010, entre el gobierno y la 22. Pero esa alianza no es suficiente para pensar en la paz anhelada para Oaxaca. El magisterio tiene objetivos muy claros qué cumplir, y no habrá capacidad en el Estado —que, además, es débil— para ir en contra de ellos. Por eso la concertación entre ellos se sostiene, pero ello no impide que la 22 —por muy ominoso que sea— siga lastimando la vida y derechos de todos.

Alberto Esteva, dice tener control, pero no lo demuestra

El paro de labores de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lleva más de una semana activo, y a pesar de que el gobierno dice que es un conflicto prefabricado, hasta hoy se aprecia que es casi nada lo que en los hechos ha conseguido. Por eso si de verdad Alberto Esteva tiene el control de la situación, y es una facción minoritaria quien azuza la protesta, es urgente que el gobierno demuestre control no insista en el autoengaño.
En efecto, vale la pena revisar este contexto bipolar, en el que parecen haber dos verdades paralelas y contradictorias que intentan sobreponerse una con otra. Por un lado, el gobierno estatal ha venido afirmando durante la última semana que: a) la protesta tiene una mínima parte legítima, que el gobierno está atendiendo para eliminar el rezago en el pago de prestaciones pendientes a los elementos; b) que hay otra parte de la protesta, que es la más ruidosa, que esgrime una serie de mentiras y manipulaciones (como la supuesta falta de pago de salarios, o el rezago en equipamiento, armas y vehículos, aún cuando hay más de 700 unidades de reciente adquisición) para justificar la toma de instalaciones.
C) que detrás de esto existen otros intereses, que buscan lastimar no sólo la imagen de la SSP y de Esteva Salinas, sino del gobierno estatal mismo, en el marco de los procesos políticos –y electorales- que se avecinan; y, d) que todo esto pudiera estar siendo aprovechado por organizaciones que pululan alrededor de las tareas de seguridad pública, y que como acto de rapiña estarían avivando este tema para tener distraídos a los elementos de sus tareas de seguridad y aprovechar ellos el vacío para cometer ilícitos.
En el otro extremo, el de los elementos inconformes, se dice que en realidad esta protesta no es más que la desembocadura de una serie de irregularidades que se vinieron escondiendo desde hace mucho tiempo, las cuales van desde la falta de pago de salarios dignos, así como la demora excesiva en la entrega de bonos y estímulos que deben ser otorgados a los elementos como producto de las trasferencias de recursos federales para la seguridad pública, hasta el trato indigno a los policías y la falta de condiciones mínimas para la realización de sus funciones.
Afirman, además, que se les exige más de lo que se les paga; que no se les cumplen requerimientos básicos de alimentación, vestido y armamento para el servicio y que, en resumen, son tan precarias las condiciones en que laboran que por eso se vieron en la necesidad de hacer un paro de labores para dar a conocer sus inconformidades.
Esas son las dos versiones discordantes, que a pesar de las declaraciones de unos y otros, hasta ahora se han sostenido. Los elementos dicen, sobre esto, que su protesta es legítima y que como no la impulsa ningún interés político, ellos continuarán con su inconformidad hasta que se cumplan todas sus demandas; sostienen, incluso, que de los más de dos mil 200 elementos con que cuenta la Policía Estatal, menos de cien siguen laborando bajo las órdenes de Esteva Salinas.
Por el contrario, Alberto Esteva dice que en realidad es un grupo minoritario de policías quien encabeza estas protestas, y que por eso esta inconformidad es en realidad el resultado de un conjunto de apariencias que tienen un fin político y no de mejora en las condiciones de trabajo de los elementos. Para reforzar sus dichos, Esteva lo mismo ha dicho que esta es una intriga propiciada por un ex gobernador; o que la protesta está siendo financiada por diputados locales; e incluso que es un conflicto generado por los elementos que dejó incrustados el ex secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla.

LA REALIDAD DESMIENTE
Así, queda claro que nada coincide. Pero más allá de una y otra versión hay una sola realidad, que es la que termina desmintiendo a la autoridad, que insiste en decir que detrás de esto hay un matiz político.
Esa realidad es la que dice que los elementos han mantenido bajo su resguardo el cuartel de la Policía Estatal; que Alberto Esteva ha buscado el respaldo político que no logra conseguir por su trabajo al frente de la dependencia que encabeza; que el gobierno tiene más de una semana trabajando al más alto nivel para poder destrabar este conflicto; pero que, en los hechos, los elementos siguen ocupando instalaciones de seguridad, paralizando labores, y presionando al gobierno para que responda a sus demandas.
Frente a este conjunto de hechos, ¿cómo puede afirmar Alberto Esteva que sigue teniendo el control de la institución, y que puede seguir encabezando la labor al frente de la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Cómo puede decir el gobierno que el fondo del conflicto es político, y que es una minoría la que protesta, y sin embargo es incapaz de resguardar las instalaciones y equipos estratégicos para la seguridad del Estado? ¿Cómo pueden afirmar que hay capacidad de reacción cuando, hasta ahora, los elementos inconformes han hecho lo que se les ha pegado la gana sin que haya algo o alguien capaz de conciliar con ellos, o de impedir sus recurrentes acciones?
Queda claro que el gobierno debe evitar seguir incurriendo en el autoengaño, y comenzar a reconocer sus responsabilidades. Alberto Esteva debe separarse de la SSP no por la inconformidad o la exigencia de sus elementos, sino porque ha demostrado una profunda incapacidad para manejar este conflicto. Tan ha sido así, que por eso ha tenido que ser el secretario General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, quien encabece los trabajos de diálogo y concertación con los elementos inconformes que en realidad debía encabezar Esteva Salinas en mesas de trabajo, pero hoy ni siquiera tiene capacidad de diálogo con los elementos.
Oaxaca no puede seguir en estas condiciones. Si hay control debe ejercerse ya. Y si en realidad las insuficiencias son más grandes que las capacidades, entonces deben comenzar a darse las renuncias de elementos operativos y administrativos en la SSP, que invariablemente deben pasar, desde el primer momento, por la de Alberto Esteva Salinas.

“SUPLENCIAS”, INÚTILES
De nada va a servir que la SSP supla a los elementos de la Policía Estatal con la PABIC u otras corporaciones. Eso será tanto como tomar una aspirina para tratar de curar una gangrena. Las soluciones deben ser de fondo. Y por ser la seguridad un tema sensible para la sociedad, ese es un imperativo de Estado que las autoridades deben asumir sin ninguna demora o reparo.

+ Gobierno débil, sí… y eso puede pasar a cualquiera

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) estaría jugando con fuego, si lo que pretende es impedir que el gobernador Gabino Cué asuma la presidencia de ese organismo. Las razones que hasta ahora se han filtrado a la prensa de la capital del país, sostienen que un grupo de mandatarios estatales se opone a que su homólogo de Oaxaca asuma la presidencia de la Conago porque éste ha mostrado debilidad en el manejo de la armonización e implementación de la reforma educativa. No entienden que este es un problema estructural. Y que al tratar de anularlo, también están abriendo la puerta para que después la Federación los anule a ellos.
En efecto, en los últimos meses diversos intereses se unieron para impactar en contra del gobierno de Oaxaca, y mostrarlo ante la mirada nacional como el único responsable de que no se haya podido implementar la reforma educativa en nuestra entidad. Esas visiones pasaron deliberadamente por alto que si bien existe una alianza entre la Sección 22 y el gobierno estatal, el magisterio democrático no se hizo fuerte en este gobierno, ni fue ahora cuando tomaron el control del instituto educativo estatal.
Esos intereses que se unieron para hacer ver al gobierno estatal como el único responsable de la crisis educativa, también ignoraron voluntariamente en los últimos tiempos fue el gobierno federal quien terminó de empoderar a la 22, cuando en las negociaciones políticas del conflicto de 2006 decidieron cumplir todas las exigencias económicas y políticas del magisterio para que éste se apartara de la revuelta popular. Y que, incluso, hoy en día lo que paga Oaxaca son las consecuencias de años de abandono y desinterés federal por el manejo que dieron sucesivas administraciones estatales a los aspectos administrativos y financieros de la educación, que eran de origen federal, y que por ende debieron también estar permanentemente bajo la vigilancia de las autoridades federales.
Hoy en día todas esas circunstancias son desatendidas, y más bien se optó por el camino fácil de responsabilizar al gobierno de Gabino Cué, que hoy se encuentra en un callejón sin salida. La federación está decidida a que Oaxaca pague el costo por la fuerza que hoy tiene la Sección 22, y por eso el rechazo es tan evidente que Oaxaca es el único estado en donde el presidente Enrique Peña Nieto no ha puesto un pie desde que se convirtió en Titular del Poder Ejecutivo Federal.
En el fondo, pues, la federación está transfiriendo a Oaxaca un costo que, en realidad, deberían estar pagando institucionalmente juntos porque aún cuando no fueron ni el gobernador Cué ni el presidente Peña quienes le dieron poder a la 22, sí son hoy ellos los que hoy tienen el deber no personal, sino institucional, de responder por lo que en otros momentos hicieron los gobiernos que hoy ellos encabezan. Esto no es así, y lejos de eso, la federación le está cargando todo el costo a Oaxaca. Y lo que sería lógico suponer es que, frente a esto, hubiera un cierre de filas de los mandatarios estatales para hacer fuerte a quien está siendo brutalmente debilitado, porque lo que hoy pueda pasarle a éste mañana puede repetirse en cualquiera de ellos. Temas hay de sobra. Y por eso los gobernadores deberían tener más cuidado en sus cálculos políticos.

CONAGO, MÁS DÉBIL
DE LO QUE APARENTA
Oaxaca enfrenta hoy una crisis profunda en materia educativa. Sonora, con Guillermo Padrés, enfrenta un problema también fuerte, ante el torpe intento del Mandatario de respaldar a la minera que contaminó toda una región y recibir un verdadero embate federal.
Algo similar pasó en Michoacán, cuando rompiendo con las formas y la constitucionalidad, el gobernador Fausto Vallejo fue a presentarle su renuncia al presidente Peña y no al Congreso local, como si éste fuera el Rey de México y no hubiera un procedimiento constitucional expreso que regulara su separación del cargo. Esos son, apenas, botones de muestra —hay muchos más— que revelan lo débiles que son en realidad los gobernadores, y su falta de noción de que, en la división, se ahondan más sus flaquezas.
Y es que la Conago surgió, a principios de la década anterior, como un intento de los mandatarios estatales por aglutinarse en un ente político que hiciera frente al poder presidencial, que entonces recién había pasado de manos priistas a las de un Presidente emanado de Acción Nacional.
Y de acuerdo con los propios planteamientos de la Conferencia, ésta funciona como un espacio institucional permanente de vinculación, consulta, deliberación, diálogo y concertación, que tiene dentro de sus objetivos el realizar los proyectos y estudios políticos, económicos, sociales y jurídicos para proponer y acordar soluciones conjuntas sobre asuntos relativos a política presupuestaria, criterios para la transferencia de potestades y recursos, desarrollo social, seguridad, etcétera.
En el fondo, lo que se supone que intentaron en su momento los gobernadores, fue crear una especie de contrapeso al poder presidencial. Aunque hoy queda claro que ese intento está extraviado no sólo porque a más de una década de existencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, éste organismo sigue siendo un ente estrictamente político sobre el cual nadie ha tenido el interés de darle rango constitucional o legal, y fuerza vinculante frente a la federación, y hoy tampoco están muy preocupados por darle sustento a sus integrantes —como representantes de las entidades federativas— para rescatar a los estados frente a los embates de una Federación fortalecida, y la disminución de sus facultades y capacidades políticas frente a circunstancias específicas.

EL AUTOBOICOT
Por eso, el hecho de que haya mandatarios que presuntamente estén boicoteando la posibilidad de que el gobernador Cué llegue a la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, lo que están haciendo en el fondo es darse un balazo en el pie. Hoy es Oaxaca, pero mañana puede ser cualquier otro estado. Y si no se arropan y se fortalecen entre ellos, entonces lo que están haciendo los gobernadores es terminar de abrirle la puerta a la Federación para que, con el proceso de recentralización de funciones que ya están culminando, terminen de convertir a los gobernadores en simples regentes, de adorno, de los territorios en donde se supone que debe haber gobiernos de estados libres y soberanos.

+ Alberto Esteva falló como mando y como político

A pesar de que se insiste en la existencia de indicios de que un grupo de elementos de la Policía Estatal inconformes con sus mandos, podrían estar actuando por una consigna política y no sólo por demandas laborales, es claro que de todos modos Alberto Esteva Salinas, y los principales mandos policiales de la entidad, fallaron gravemente en la previsión y contención de este conflicto, y que sólo por eso deben irse.
En efecto, de no concluir hoy viernes la protesta de los elementos de la Policía Estatal, estaría por cumplirse una semana no sólo de la rebelión de los inconformes, sino también de la imposibilidad del Secretario de Seguridad Pública, y de sus mandos operativos, de cumplir con las funciones que les establece la ley, y de mantener bajo su resguardo las instalaciones estratégicas de las corporaciones estatales. Esta inconformidad, que dice el gobierno que tiene un origen sólo parcialmente genuino, fue un hecho imprevisible e incontenible para los mandos policiacos, que en los últimos días ni siquiera han podido despachar en sus instalaciones.
De hecho, ayer se dio a conocer que alrededor de 150 elementos fueron dados de baja de la corporación, y a que a los otros elementos —inconformes o no— se les hizo firmar un documento de “lealtad” a los mandos policiales y al Gobernador del Estado. A través de esas medidas se les pretende hacer volver a sus funciones, y a dar por concluida la protesta una vez que el gobierno cumpla con algunas de sus demandas genuinas.
Frente a todo esto, es clara la necesidad de ver este asunto en una perspectiva más amplia. Pues queda claro que un documento como ese no garantiza, ni en lo mínimo, la posibilidad de que pueda volver a ocurrir una nueva inconformidad, una vez que los grupos políticos que supuestamente están azuzando esta rebelión vuelvan a levantar a los policías, o que las precarias condiciones en que desarrollan su labor los mueva nuevamente a parar labores para exigir atención a sus necesidades.
Más bien, lo que parece revelar esta decisión es la urgencia de Esteva Salinas por refrendar el supuesto control que tiene sobre la dependencia que encabeza, y el intento de asegurarle al Titular del Poder Ejecutivo el funcionamiento de las corporaciones estatales. Lo más grave, es que esta parece ser una nueva decisión motivada por el autoengaño generado al interior del gabinete de seguridad, de que con esas acciones (culpar a terceros de la rebelión, y tratar de remediar la crisis a través de la firma de cartas carentes de todo efecto real) se está cumpliendo con el deber de ejercer el mando de las corporaciones policiacas, cuando los hechos han revelado que Esteva y sus subordinados padecen un grado infinito de ineptitud en el desempeño de sus funciones.
En los hechos es evidente que esas acciones no remedian en nada el problema, porque es directamente la Secretaría General de Gobierno quien está llevando a cabo las tareas de negociación política, que no tiene capacidad de realizar el propio Secretario de Seguridad Pública; y porque finalmente aún cuando Esteva diga que es un grupo minoritario de elementos el que se encuentra insubordinado, de todos modos hoy en día él es un Secretario al garete, que no tiene posibilidad ni de ingresar a sus oficinas, y cuyos subordinados siguen rebasados por una situación que no tuvieron capacidad de prevenir o atender antes de que esto se convirtiera en la crisis que es.

INEPTOS
Al margen de las culpas que anda echando Esteva Salinas a sus adversarios políticos para salir del atolladero, es evidente que los motivos “sociales” de esta protesta los tuvo a la vista durante semanas, y siempre decidió vivir en su mundo paralelo de “la mejor policía de México” para no ver que esas inconformidades podrían fácilmente convertirse en un foco de protesta.
Concretamente, Esteva Salinas supo, pero no quiso atender, el enojo de cientos de elementos y trabajadores de la SSP porque tienen varias quincenas sin cobrar; porque los encargados administrativos de la dependencia ni siquiera les pueden dar certidumbre sobre su pago, o una fecha tentativa para la realización del mismo; y porque desde hace mucho tiempo los elementos de la Policía Estatal se han venido quejando de las malas condiciones en que realizan su trabajo, de la falta de solidaridad de la Secretaría cuando sufren lesiones o percances en el desempeño de sus funciones, y de la falta de pago de viáticos cuando laboran fuera de su adscripción de trabajo, entre otras.
Por eso, si hoy Esteva tiene el arrojo de señalar a otros como responsables políticos de esta inconformidad, también tendría que reconocer que su insensibilidad galvanizó las razones para protestar, y le dio a sus supuestos adversarios los elementos que necesitaban para tomar partido de esta situación y cumplir sus fines políticos.
Lo más grave es que en esta voluntad por hallar culpables, Esteva y sus subordinados —encabezados por Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, comisionado de la Policía Estatal— están también tratando de esconder que ha sido su torpeza la que no les permitió impedir que esta protesta creciera; que fue su falta de liderazgo y capacidad operativa, lo que le abrió la puerta a la rebelión; y que sus fallos en la contención de la crisis fueran los que le permitieran a los inconformes tener el control de instalaciones estratégicas como el cuartel general de la Policía Estatal —donde se encuentran oficinas clave para el desarrollo de muchas funciones policiales—, que hasta ayer en la tarde continuaba en poder de los inconformes.

ESTEVA FALLA EN TODO
Por eso, y no por la exigencia de los elementos inconformes, Alberto Esteva debe irse de la SSP. Debe irse porque ha demostrado impericia e inexperiencia en el manejo de esta crisis. Falló en lo político porque cuando pudo haber evitado este problema no lo hizo, y cuando debió haber encabezado la situación, decidió enfrentarse a sus subordinados a grado tal que otros son los que hoy en día negocian y tratan de resolver los problemas y vacíos que él alimentó. Y falló en lo operativo porque hoy, a pesar del respaldo político que recibió, sólo está escudado con sus cartas de lealtad pero no en la capacidad de poder demostrar mando —o cuando menos respeto— al interior de la dependencia que encabeza. Por eso el cuartel de la Policía sigue tomado; por eso los policías inconformes siguen teniendo tanta libertad, a grado tal que hasta pudieron incrustarse en el desfile del 16 de septiembre.

Demuestran su sometimiento e inconsciencia

Durante el desfile cívico militar del 16 de septiembre en Oaxaca, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv) decidió interrumpir la transmisión para evitar que aparecieran, en las pantallas de sus televidentes, imágenes de las protestas que realizan empleados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Este acto de autocensura puede entenderse bajo la lógica de un medio de comunicación oficialista. Pero no bajo la premisa de que la televisión oficial constituye un medio informativo al servicio de la ciudadanía.
En efecto, este asunto no es, ni debe ser tomado como algo menor, pues la decisión de interrumpir una de las pocas transmisiones importantes que hace la Cortv cada año sólo para no afectar la situación del Secretario de Seguridad Pública, constituye un gravísimo acto de autocensura que debe ser rechazado tajantemente por todos los sectores interesados en la actuación de los medios informativos, sobre todo porque éste es un medio público que opera con recursos del Estado, y que por ende debe ser el primer garante de las libertades y principios que son norma e imperativo de nuestra sociedad; y también por el hecho de que esto ocurre en el marco de un gobierno que se jacta de ser democrático y abierto a todas las formas de pensamiento, incluso con las que discrepa o frente a quienes lo cuestionan.
Y es que de entrada este asunto es grave porque lo que se constata —aunque se sabía desde hace mucho tiempo— es que a la Cortv la siguen concibiendo como un conjunto de medios informativos al servicio del régimen en turno, y no dedicados a elaborar y transmitir contenidos de utilidad para todos los oaxaqueños.
Podría caber un cuestionamiento inicial: ¿era útil para la sociedad ver en la transmisión de la Cortv una protesta de elementos policiacos en medio del desfile cívico militar del pasado martes? Quizá, concretamente, no. ¿Pero cómo cerrarse a ese hecho imposible de ocultar o disimular, cuando vivimos una era en la que los medios informativos tradicionales (la radio y la televisión) dejaron de tener el monopolio informativo, y hoy comparten esa función casi con cualquier persona que tiene a la mano un teléfono móvil, una tableta o una computadora, y decide reflejar lo que ocurre en la vía pública a través, por ejemplo, de una red social?
Eso es lo que genera buena parte de este problema: que mientras todas las redes sociales, e incluso otras estaciones y canales de radio y televisión han hecho una larga transmisión, y han reseñado con todo detalle la inconformidad de los elementos de la SSP, la televisión oficial de Oaxaca decidió cerrarse a esa realidad, y a atajar la transmisión de un acto público —de interés para toda la comunidad, y que además es muestra de patriotismo y orgullo, como lo es, en todos los rincones del país, el desfile de las fuerzas armadas— según ellos para “no afectar” al gobierno para el que sus directivos trabajan, y con quien sienten más débito que con los televidentes (muchos o pocos: da lo mismo) que esperaban ver una transmisión completa del acto cívico y el desfile.
Esto es como querer tapar el sol con un dedo, además de ser un acto de infinita torpeza, con el que demuestran su falta de entendimiento de lo que es y debe ser la televisión pública, y su voluntad porque la Cortv siga siendo la piltrafa que ha sido en los últimos tiempos como opción televisiva para los oaxaqueños.

AUTO TRAICIÓN
Dice la Ley que crea la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, en su artículo tercero, que una de sus funciones consiste en llevar a cabo la planeación, elaboración producción y transmisión de programas de radio y televisión que promuevan el desarrollo del Estado, difundan y preserven la cultura de sus pueblos, los programas educativos de las autoridades competentes y las actividades gubernamentales que en cumplimiento a disposiciones legales y al contenido del Plan Estatal de Desarrollo, realicen por conducto de órganos y dependencias del Estado.
Como puede verse, en ningún punto de esa transcripción, y en ningún precepto de la ley citada, se establece que Cortv debe ser subordinado a los intereses del gobierno en turno, o que el interés de un funcionario o dependencia estatal puede o debe estar por encima de los principios que rigen a todos los medios de comunicación, o de los derechos que tiene la ciudadanía a acceder a información sobre lo que ocurre a su alrededor.
Quizá, en su descargo, los directivos de Cortv podrían también argumentar que el establecimiento de la línea editorial de ese medio es responsabilidad y decisión de ellos. Podría aceptarse sólo en la medida en que la difusión de un tema o hecho fuera contrario al interés general (por citar un ejemplo simple, mensajes de la delincuencia organizada, o hechos que constituyeran la apología de delitos), pero no cuando esto sólo revela una situación en la que está involucrado un funcionario. Si esto parece poco, vale considerar otra cuestión: a la Cortv no la mantiene el bolsillo de ningún gobernante o servidor público, sino dinero público que, por ese sólo carácter, debería obligar a la Cortv a estar al servicio de la sociedad, y también a abrir al escrutinio público sus decisiones y su línea editorial.
Lamentablemente situaciones como ésta revelan la pequeñez de personajes como Emilio de Leo que, por cuidar su chamba, decidió realizar un acto de autocensura en la Cortv, el cual también constituye una traición a la propia Corporación —que no merece ser exhibida y ridiculizada de tal forma— y a toda la sociedad que sigue esperando una mejor televisión y radio públicas, pero que sólo ve transmisiones desacreditadas no por su contenido (a pesar de que las producciones propias son escasísimas en la Cortv) sino por las decisiones de sus directivos.
Por eso hoy en día el Gobierno del Estado debe considerar seriamente en la posibilidad de dar por concluidas las transmisiones de la Cortv, y ocupar los recursos que invierte en ella en cuestiones de verdadero provecho para la sociedad. Es terrible pero hace mucho tiempo que el Canal 9 no es opción informativa, ni educativa, ni de entretenimiento, ni de divulgación, ni de nada. Si eso no es suficiente, decisiones como la del martes en el desfile terminan de desacreditar lo que de por sí ya enfrenta serios cuestionamientos.

¿Y LA DEMOCRACIA?
Esta decisión revela un peligroso signo de intolerancia, que también debe ser rechazado. ¿Vale tanto la pena defender a Alberto Esteva como para aniquilar lo poco que le queda a la Cortv?