+ Padre Amaro, y Ley de Herodes, los ejemplos

Pretender acallar la libertad de expresión desde el gobierno, no sólo es un acto que atenta contra las garantías y principios fundamentales que establece la Constitución federal, sino que además es un error y una estupidez las que comete el régimen que lo intenta. La historia reciente de nuestro país, nos ha enseñado que cada que desde el poder público se ha intentado ejercer alguna acción de control o censura, particularmente sobre cintas cinematográficas que reflejan cierto aspecto de la vida nacional, siempre los efectos han sido contrarios y los gobiernos han quedado mal parados.

Nuevamente, para refrendar aquella vieja —pero no por ello desfasada— consigna de no olvidar, volteemos un poco al pasado reciente. En el andar de las últimas dos décadas, nos encontramos con al menos tres intentos claros de censura a películas mexicanas, que más temprano que tarde revelaron la vena autoritaria de los gobiernos o grupos que lo intentaron, fueron proyectadas tal y como fueron creadas a pesar de todos y, lejos de ser minimizadas, por ese hecho alcanzaron notoriedad y atención del público, independientemente de la calidad de producción que tuviera la historia en cuestión.

La primera de las cintas que encontramos en ese somero recuento es Rojo Amanecer. Película protagonizada por los actores José Alonso y María Rojo, entre otros, que revela la vida de una familia clasemediera mexicana, que habita en uno de los edificios contiguos a la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, cuando ocurre la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968, a manos del batallón Olimpia, del Ejército Mexicano, y que involuntariamente se convierte en objeto de los excesos y la brutalidad de los agentes policiacos y elementos militares que terminan masacrando a la familia completa.

Según una reseña publicada ayer por el periódico El Universal, de la Ciudad de México, “una noche de principios de 1989, Carlos Salinas de Gortari se levantó de su asiento en la residencia oficial de Los Pinos y recibió, entre risueño y serio, a Valentín Trujillo. El entonces mandatario acababa de ver el filme Rojo amanecer, donde se abordaba la matanza estudiantil de Tlatelolco, y quería darle su opinión a Trujillo, el productor.

“Salinas de Gortari le soltó entonces la frase: ‘Felicidades por la película, pero el Ejército queda mal, podría suavizarse eso’. Trujillo lo entendió y eliminó dos secuencias en que soldados se pasean entre cuerpos y sangre. Años después el material sería incluido en el DVD que ahora se encuentra a disposición de todos.”

Otra de las cintas que padeció una circunstancia más o menos similar, fue La Ley de Herodes, producida en 1999 por Luis Estrada, y protagonizada por el actor Damián Alcázar. Aquella película, hacía un reflejo y parodia de lo que habían sido los gobiernos del PRI, con todos sus vicios y la contrariedad que generaba el hecho de que el más corrupto personaje de la cinta —que había emergido desde la más honda de las ingenuidades— no sólo no era castigado por sus crímenes y excesos, sino que finalmente era premiado por todas sus trapacerías, bribonerías, engaños y tomaduras de pelo, reflejándose como un político modelo que defendía la democracia y los principios constitucionales desde la más alta tribuna de la nación, con la calidad de diputado federal.

Cuando se iba a estrenar esa cinta, el gobierno de Ernesto Zedillo hizo todo lo posible para no permitirlo. Primero se enfrentaron al hostigamiento por parte del Instituto Mexicano del Cine; la contrariedad surgió porque Estrada había decidido cambiar el final, en el que el protagonista aparece en las Islas Marías purgando una condena por todos sus crímenes, por el que comentamos en líneas anteriores.

De acuerdo con El Universal, “a finales de 1999, y durante cuatro meses, La ley de Herodes se proyectó sin permiso de Estrada en Cineteca Nacional y Cinemark. No se respetaban los horarios; se interrumpía hasta tres o cuatro veces la exhibición sin previo aviso y hasta se anunciaban localidades estaban agotadas, cuando ni siquiera había gente en las salas.

“Al final, el escándalo fue monumental. Los medios internacionales hicieron eco del hecho y cuestionaron el régimen democrático de Ernesto Zedillo. Al final, en febrero del siguiente año, se estrenó masivamente. Y Amerena —director del Imcine— fue removido de su cargo.”

IGLESIA INTOLERANTE

A principios de esta década, el cine mexicano vio la luz de El Crimen del Padre Amaro, protagonizada por Gael García Bernal y Ana Claudia Talancón. Esa, era la historia de un sacerdote católico joven, que llega a una población y se enamora de una bella chica.

A la par de esa historia, se desenvuelve otra en la que el párroco titular tiene nexos con narcotraficantes y es denunciado por un periodista local a través de la prensa. Mientras se ve cómo la Cúpula Católica mueve todos sus hilos de poder para frenar el escándalo mediático, el joven cura sostiene una relación amorosa furtiva con la joven, hasta que ésta resulta embarazada. Todo llega a su punto clímax cuando éste la obliga a abortar y ella muere desangrada en el momento en que se le practica un legrado clandestino.

Cuando se iba a estrenar esa cinta, diversos grupos pro católicos llamaron a hacer un boicot, respaldados silenciosamente por el gobierno federal panista, que entonces acababa de asumir el presidente Vicente Fox.

¿Qué tienen en común todas esas historias? Que los intentos de censura siempre han acabado exactamente en lo contrario. Tiene tal nivel de respaldo y respuesta social cualquier intento gubernamental por censurar, que siempre el efecto es proporcional a la intensidad con que se intentan esas acciones.

Existen infinidad de razones jurídicas para demostrar por qué la cinta Presunto Culpable no tiene razón de estar metida en una serie de controversias judiciales que, en realidad, no intentan salvaguardar los derechos de un particular, sino impedir que esa cinta se exhiba y sea bien recibida por el público en las salas de cine.

EFECTO CONTRARIO

No existe, repetimos, fundamentación suficiente como para considerar que finalmente Presunto Culpable pueda ser retirada de las salas de cine. Pero, en el caso de que ese intento se consumara, de todos modos ello no detendría los efectos y el recibimiento del público, a través de canales informales o incluso de la piratería. La denuncia que hace es mucho más fuerte y profunda que cualquier intento por acallarla.

+ Actos ilegales y excesos: constante de autoridades

Desde que la diputada Eufrosina Cruz Mendoza llegó al Congreso del Estado, trató de poner a debate no sólo la estructuración, sino también la permanencia del reconocimiento de los usos y costumbres, como forma de determinación política de más de cuatrocientas comunidades indígenas en Oaxaca.

La legisladora local, icónica por el abuso de que fue objeto al no dejársele participar en la elección de autoridad municipal en su natal Quiegolani, ha sacado a la luz sólo una vertiente —la política— de las desviaciones prácticas que actualmente presenta ese sistema. Y aún cuando son visibles y perceptibles muchos otros abusos cometidos por las autoridades municipales directamente contra los particulares, en nombre de los usos y costumbres, parece que existe un temor o resistencia profunda a señalarlos tan sonoramente, como debía hacerse.

Un ejemplo de ello, que además impacta en la posibilidad de desarrollo económico de las comunidades y del Estado, es lo que ocurre entre una empresa privada y la autoridad municipal de Rojas de Cuauhtémoc, en el distrito de Tlacolula. Éste caso, apenas alcanza a ser uno de muchos otros que ahora mismo ocurren en territorio oaxaqueño. ¿De qué hablamos?

El pasado 26 de febrero, la empresa Procesadora de Pétreos Abasolo S.A., localizada en el ejido de Santa Rosa Buenavista, municipio de San Sebastián Abasolo, hizo pública en TIEMPO una relación de hechos, en la que se ha visto involucrada con la autoridad municipal de Rojas de Cuauhtémoc.

A grandes rasgos, lo que ha ocurrido es que el edil de esa comunidad, Felipe Díaz Romero, y sus antecesores, determinaron cobrar “derecho de peaje” a la empresa, para permitir que los camiones que transportan el producto que comercializa la Procesadora, puedan circular a través de la comunidad. El asunto se vuelve vital, porque en Rojas de Cuauhtémoc se encuentra la única vía de acceso al sitito donde se encuentran las instalaciones de esa empresa.

Este asunto va más allá de un simple lío entre particulares. Además de que el cobro por derecho de paso en vías federales está expresamente prohibido para cualquier persona, esto resulta mucho más grave cuando quien realiza tal conducta es una autoridad. Y es claro que para ninguna empresa seria, es atractivo asentarse en sitios en donde lejos de facilitarles el desarrollo económico, se le ponen todo tipo de trabas, que luego se convierten en abiertos actos de extorsión.

En este caso en particular, sin ningún rubor, el edil de Rojas de Cuauhtémoc, Felipe Díaz Romero, no sólo reconoció cobrar “peaje” a esa empresa, sino que, por acuerdos de la Asamblea Comunitaria, lo hace con los vehículos de todas las empresas que comercializan productos en esa comunidad.

Así, en nombre de los usos y costumbres, pasa por alto las garantías otorgadas por la Constitución a los particulares, hace pedazos los límites que tienen impuestas las autoridades municipales para el ejercicio de sus funciones, y además establece un discurso alarmante que debería escandalizar tanto a los ámbitos de gobierno, como a una sociedad oaxaqueña que, por mucho, se dice democrática.

ABUSOS E ILEGALIDAD

En una entrevista concedida a un portal electrónico, publicada el pasado viernes, el edil Díaz Romero reconocía abiertamente la existencia de un “convenio”, a través del cual la empresa comercializadora de material pétreo, se obligaba a pagar la cantidad de 15 mil pesos por “peaje”.

Aseguraba que al fenecer dicho acuerdo, la asamblea comunitaria decidió que para dejar pasar a los camiones, el cobro mensual ascendiera a 25 mil pesos, además de la reparación de algunos puentes.

Y por si fuera poco, el Munícipe de Rojas de Cuauhtémoc aseguraba que “Solo (sic) cobran un impuesto a los vendedores que llegan al pueblo, a las gaseras, y los recursos que se capten no serán para la tesorería municipal sino se entregarán íntegros para las escuelas del pueblo porque no se tiene recursos para darles mantenimiento.”

Esto debía ser inconcebible para una entidad federativa en la que se supone que prevalece el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque, en primer término, el artículo 11 de la Constitución General de la República establece el derecho de libre tránsito de las personas.

Además, porque el numeral 117, fracción III, de ese mismo Ordenamiento establece que las entidades federativas no pueden, en ningún caso, “gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio”. Interpretando en sentido contrario ese precepto, frente al principio general del derecho que establece que “quien puede lo más, puede lo menos”, podemos entender que si esto se encuentra prohibido para las entidades federativas, también lo está para los municipios.

Y por si algo faltara, una razón más: un cobro de este tipo, para ser constitucional y legal, debe estar contemplado en la Ley de Ingresos Municipal correspondiente. Frente a ello, ¿el Congreso del Estado habrá tenido la osadía de autorizar un impuesto derivado de una conducta como el libre tránsito, que ninguna autoridad municipal o estatal puede prohibir, y ni siquiera regular?

Pero además: ¿El Congreso es copartícipe de estas flagrantes violaciones al orden constitucional federal? ¿O simplemente desconoce que este tipo de conductas a todas luces ilegales, se repiten en innumerables comunidades oaxaqueñas y se convalidan por los “acuerdos de asamblea” a los que llegan las autoridades en nombre y manipulación de los usos y costumbres?

Aspectos como estos, que ocurren a diario pero a los que nadie parece poner atención, hacen impresentables a muchísimas comunidades oaxaqueñas, como sitios en los que se pueden desarrollar nuevas empresas. ¿Cómo pretenden detonar el desarrollo, si lejos de facilitar el comercio, se establecen este tipo de trabas prohibidas por la ley?

ABUSOS Y COSTUMBRES

Por todo eso, es claro que más allá de la vertiente política, los verdaderos abusos que se dan a partir del costumbrismo, se encuentran en su relación con los particulares. ¿Qué nadie le pondrá un alto al edil Díaz Romero, para que cese en sus conductas contrarias a la ley? ¿Y qué los particulares que son objeto de ese tipo de abusos, seguirán quedándose callados frente a estos aberrantes actos que sobrepasan cualquier ley, orden y supremacía de las leyes constitucionales? Esto es lo que debían atender con urgencia, tanto desde el Congreso local, como desde el Gobierno del Estado. ¿O qué la autoridad no existe?

+ ¿Quién respaldaba realmente a maestros en 2006?

Ayer, en un artículo publicado en el periódico El Universal, de la Ciudad de México, la periodista Denise Maerker trataba de demostrar que las manifestaciones magisteriales en contra del gobernador Gabino Cué, hoy tienen un efecto distinto al que en su momento tuvieron con su antecesor, Ulises Ruiz. ¿Es esto cierto?

Maerker inicia asegurando que “quienes piensan que pueden actuar igual frente a Gabino Cué como lo hicieron con Ulises Ruiz están equivocados”. Y, refiriéndose particularmente a la Sección 22 del SNTE, a los hechos del pasado 15 de febrero, y al condicionamiento lanzado al gobernador Cué, señala que:

“En Oaxaca hay varios grupos que parecen estar en esa situación. Actúan como siempre, presionan como siempre y quieren lo de siempre. El problema es que sí ha habido cambios y no son menores: ya no gobiernan los mismos y sobre el nuevo gobierno pesan expectativas muy distintas. A Gabino Cué Monteagudo lo observan, lo apoyan y le exigen grupos muy diversos y opuestos a los que respaldaban a Ulises Ruiz Ortiz…

“Entonces, cuando un grupo de maestros de la sección 22 —está probado que fueron ellos— se lanza violentamente contra la Policía Federal y denuncia represión, no es tan fácil que reciban el apoyo ni el beneficio de la duda de amplios sectores de la sociedad oaxaqueña y nacional como hace cinco años; todo lo contrario, despiertan una inmediata desconfianza. No es lo mismo rebelarse contra un gobierno que torpemente intentó por la fuerza desalojarlos del centro de Oaxaca, como lo hizo Ulises Ruiz el 14 de junio de 2006, que hacerlo contra un gobierno recién electo, que no ha hecho nada en su contra y que goza de una legitimidad excepcional porque derrotó, gracias a una gran alianza, a quienes detentaban el poder desde hacía décadas.”

Maerker asegura que frente a los hechos del 15 de febrero, y la molestia y los amagues de la Sección 22 al gobierno de Cué, “sabiamente” la mayoría en la Asamblea Estatal de la 22 decidió “enfriar” la situación, antes que seguir el plan de acción que proponía el secretario General, Azael Santiago Chepi, para hacer bloqueos, paros y cerrar carreteras en presión al Gobierno del Estado.

Señalaba que el único punto que prevaleció, fue el exigir la renuncia de Irma Piñeyro y Bernardo Vásquez Guzmán, por ser cercanos a la profesora Elba Esther Gordillo. Y que, en el fondo, estos movimientos tendían no a presionar al gobernador Cué, sino a reforzar el control económico que la 22 ejerce sobre el sector educativo en Oaxaca.

Pareciera que más que analizar una situación delicada y tan llena de aristas como la que prevalece en Oaxaca, lo que Maerker pretendía era “apartar” al gobierno de Oaxaca de la percepción de que el magisterio lo puso contra la pared.

No se equivoca cuando dice que los equilibrios de fuerzas son distintos, que la imagen y el grado de legitimidad del gobernador Cué nada tienen que ver con los de su antecesor, y que incluso ciertas prácticas en el poder son distintas.

Sin embargo, es claro que ni entiende por completo la lógica de la Sección 22, ni tampoco toma en cuenta algunos de los factores que verdaderamente fueron el detonador del conflicto magisterial vivido aquí hace casi cinco años.

¿APOYO POPULAR?

Para todo aquel que vive y conoce Oaxaca, está claro que si existe aquí un factor de poder que nunca considera, ni tiene sensibilidad alguna respecto a lo que la sociedad opina de ellos, ese es la Sección 22 del SNTE.

En razón de ello, queda claro que antes y ahora sus acciones han sido abiertas. Y que aún en contra de lo que se pretende justificar, la 22 nunca necesita ni aparentar ni tomar acciones desesperadas para mantener el control de sus trabajadores, que ejerce plenamente a pesar de todos sus adversarios políticos en Oaxaca y el país.

En un primer momento, es claro que la exigencia de renuncia no de dos, sino de cuatro funcionarios de primer nivel del Gobierno del Estado, por donde le vea constituye un golpe certero a la estabilidad y la autoridad de cualquier régimen, y que es una demostración implacable del grado de influencia que puede llegar a manifestar un poder fáctico como en Oaxaca lo es la Sección 22.

Contrario a la percepción, la 22 sí puso al gobierno estatal contra la pared, porque un resolutivo de su Asamblea Estatal adquiere, por esa sola razón, la calidad de irrenunciable e innegociable. Es decir, que la renuncia de Piñeyro, Vásquez, Marco Tulio López y Benjamín Robles, ya no están, ni estarán, sujetas a negociación. Y llegado el momento, el magisterio hará todo lo necesario para hacer valer dicho acuerdo. Si ese no es un golpe brutal para cualquier gobierno —aún un ampliamente legitimado como el del gobernador Cué—, entonces no sabremos qué tendría que ocurrir para de verdad tambalearlo.

Pero además, en lo relativo al respaldo social, es claro que ese y otros análisis omiten innumerables elementos que desencadenaron la crisis magisterial hace cinco años. Es cierto que en 2006 la decisión del desalojo tomada por Ulises Ruiz fue torpe y mal planeada. Pero también es cierto que el conflicto alcanzó magnitudes alarmantes, sólo cuando inconscientemente la sociedad oaxaqueña fue involucrada a través de la manipulación propalada desde las estaciones de radio ocupadas por el magisterio, por los amplios espacios dados por ciertos medios informativos, y por todos los factores políticos, económicos y sociales que en ese momento se conjuntaron tanto para reforzar los objetivos de la 22, como para destruir al rancio grupo priista que entonces gobernaba.

¿QUIÉN CAMBIÓ?

En realidad, antes como ahora, el grueso de la sociedad oaxaqueña no ha visto con buenos ojos las acciones del magisterio. Su radicalismo ha provocado incuantificables quebrantos económicos, rezago educativo, violencia e inestabilidad. Y todas esas facturas las ha pagado, siempre, la sociedad. Más bien, lo que ha cambiado es el partido y las personas que detentan el poder. Antes, cuando el impresentable Ulises Ruiz era gobernador, para amplios sectores de la llamada “prensa nacional” la lucha magisterial era justa y tenía total respaldo social. Sólo que ahora, cuando la circunstancia política es distinta, pero la lucha magisterial es la misma de siempre, entonces sí deciden poner en entredicho la legitimidad de las causas, el respaldo de la sociedad oaxaqueña, e incluso los intereses de fondo por los que luchan. Está claro, pues, qué cambió y qué no en Oaxaca.

+ SSPE, debe adecuarse a las circunstancias

Como si fuera una reedición del pasado, la actual administración del Gobierno del Estado está cometiendo los mismos errores de sus antecesores, al plantear los esquemas de seguridad pública. Así como ocurrió en el pasado, hoy el Ejecutivo estatal actúa en ese rubro en base a criterios eminentemente políticos, y no a las necesidades reales de la entidad en esa materia.

¿Por qué decir que todo esto parece una reedición del pasado? Porque hace seis años, cuando se renovó la administración estatal y Ulises Ruiz asumió la gubernatura, decidió los nombramientos de la entonces Secretaría de Protección Ciudadana, y de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, en base a criterios políticos. Hoy ocurre exactamente lo mismo.

¿Qué pasó entonces? Hace seis años, el recién asumido gobernador Ruiz decidió sostener a los mandos policiacos estatales (José Manuel Vera Salinas, Manuel Moreno Rivas y Aristeo López Martínez, principalmente) en las tareas operativas tanto del gobierno estatal, como del municipal de Oaxaca de Juárez que en aquellos momentos también se encontraba en manos de priistas.

Fue visible que esa decisión, junto con el nombramiento de Juan José González Davar al frente de la Seproci, fue tomada con fundamentos puramente políticos. La permanencia en el cargo de los mandos operativos, era parte del pago de favores que el gobernador Ruiz hacía al grupo político que lo impulsó para la gubernatura.

Y el nombramiento de González Davar en la Seproci, en realidad obedecía al otro criterio que reinó en la pasada administración —también ajeno a las razones prácticas y de operatividad—, respecto a que para ostentar un cargo de primer nivel, era más fuerte la inercia de ser amigo cercano del Gobernador, que ser un experto en las tareas públicas que se encomendaban.

Así fue como quedó integrado, inicialmente, el grupo que tenía a su cargo las tareas de la seguridad pública hace seis años. Unos por pago de compromisos políticos, otros por vínculos de amistad, e incluso por las decisiones arbitrarias de quienes fueron los beneficiarios de la delegación del poder (esto último, por el nombramiento de Alma López en Seproci, que impulsó Jorge Franco cuando apenas cumplía un año la administración de Ruiz), lo cierto es que nadie era verdaderamente experto y conocedor de los retos que estaban por venir. Y el costo que pagó Oaxaca por eso, fue extremadamente alto.

¿Qué ocurría? Que todos esos personajes, estaban acostumbrados a ver la función de seguridad como parte de una tarea política. Oaxaca entonces no tenía problemas graves de inseguridad, y tampoco conocía la beligerancia de grupos radicales. Así, los policías se dedicaban no sólo a preservar el orden, sino también a vigilar, a espiar, a obtener información y a ser sombra de personajes cómodos o incómodos para el régimen. Pero, a la luz de los hechos, nadie estaba preparado para el 2006.

En efecto, si en aquel año el conflicto magisterial tuvo un punto de inflexión, éste ocurrió cuando los mandos policiacos actuaron erróneamente, y esto se combinó con las deficiencias y los errores de cálculo y visión de los operadores políticos del gobierno estatal.

El desalojo fallido, en particular, fue lo que le dio a aquella administración estatal la pauta para regresar a la escena, a aquellos mandos policiacos que en otros tiempos trajeron a raya los movimientos sociales y estudiantiles de los años setentas y ochentas. Esa fue la razón por la que fueron traídos a la escena, personajes como Pedro Ismael Díaz Laredo, o Daniel Camarena Flores.

Luego, ante los duros cuestionamientos por los abusos policiacos ocurrieron nombramientos de “defensores de los derechos humanos”, como Sergio Segreste Ríos y Evencio Nicolás Martínez Ramírez.

Y fueron no decisiones políticas, sino pragmáticas —por la explosión de inseguridad en que se vio inmersa Oaxaca a partir de 2008—, las que orillaron al gobierno estatal a contratar los servicios del vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, junto con la llegada de “los chilangos” Javier Rueda Velázquez, Alan Peña y Jorge Alberto Quezadas Jiménez.

EL MISMO CAMINO

Dicho recuento parecería hasta ocioso, si no fuera porque parece que ahí están, perfectamente visibles, las huellas de las decisiones que está tomando, y que tomará, el gobierno de Gabino Cué respecto a la seguridad pública.

Hoy, como en el pasado, sus decisiones están encaminadas a satisfacer intereses políticos. Pero eso, seguramente, cambiará con las circunstancias. Y ojalá que para entender eso, no tenga que pagar un costo tan alto como el que pagaron sus antecesores, y el pueblo de Oaxaca, con hechos como el del 2006, y la ola de ejecuciones y presencia criminal, que ocurrió aquí en los dos años siguientes al conflicto magisterial.

El secretario Marco Tulio López Escamilla, tiene tatuado el nombre de Roberto Pedro Martínez Ortiz desde el ángulo en que se le vea. La decisión de nombrarlo a él, fue una de las varias recomendaciones que hizo al gobernador Cué el ex Procurador de Justicia en los tiempos del gobernador Diódoro Carrasco, y que tiene que ver, más que con un tema de eficiencia y conocimiento de esa labor, con un simple pago de cuotas.

López Escamilla ya demostró que no es diestro en conocimientos respecto a lo que necesita Oaxaca. ¿Qué necesita? Nuestra entidad requiere de una policía capacitada para enfrentar no sólo los retos naturales de la seguridad pública frente al crimen organizado, sino también para poder hacer frente de manera eficaz a las agitaciones sociales que aquí ocurren con recurrencia.

Hasta ahora, parece haber quedado claro que eso último no es una de las fortalezas de los actuales mandos. Y sobre el combate a la delincuencia, también está en entredicho frente a los delitos de alto impacto que se han cometido en las últimas semanas.

¿Tendrá el gobierno de Oaxaca que resentir lecciones graves —como fue en el pasado— para aprender que la seguridad pública no es un tema político, sino de operatividad? ¿Se tomarán decisiones oportunas? Ojalá que no pretendan seguir los pasos de sus antecesores, porque ello equivaldría a tapar el pozo sólo después de que apareció el niño ahogado.

¿INNOVACIÓN?

Por cierto, anuncian como un descubrimiento la elaboración de una Ley para el Uso Racional de la Fuerza. ¿Sabrán en el gobierno estatal que dicho esquema ya se encuentra en el Programa Preliminar de Gobierno, y que además esa es ya una propuesta harto perfeccionada? No saben. O no quieren reconocerlo.