+ Tema ajeno, que por error dejaron en su cancha

Más allá de los lugares comunes, se supone que en una democracia madura y consolidada como la que busca representar el primer gobierno estatal de alternancia en Oaxaca, sí se debía comenzar a gobernar “escuchando a la ciudadanía”. Esta, que es una premisa que más que otra cosa lo que implica es sensibilidad por parte del gobernante, no fue atendida en una de las primeras pruebas que representó el tema de la tenencia vehicular. Por haber reaccionado tarde, y mal, el gobierno estatal hizo suyo un tema en el que, en realidad, bien pudo haber sacado provecho político.

Hoy la historia de esa disputa es conocida por todos. A mediados de diciembre, cuando se aprobó la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2011, se contempló la continuación del cobro del impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos, ya como un gravamen de carácter estatal. En aquella sesión legislativa, no estuvo presente la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, que era única que podía controvertir la inclusión de un asunto como el del referido impuesto vehicular.

Hoy queda claro que el gobierno estatal, ya bajo el mando del gobernador Gabino Cué Monteagudo, incluyó el cobro de la tenencia vehicular no por gusto o porque fuera una forma de molestar o cobrar afrentas a la ciudadanía, sino porque existen necesidades presupuestales importantes y, además, porque —como él mismo lo señala— los recursos provenientes del cobro de derechos vehiculares sí fueron comprometidos por la administración de su antecesor, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Como es evidente, más que una bandera política o una decisión avasallante de su gobierno, el cobro de la tenencia vehicular en realidad parece haber sido decidido por el gobierno actual, en función de las necesidades y la imposibilidad de conseguir mayores márgenes de maniobra, en ese momento, para obtener recursos económicos frescos para ejecutar su programa de gobierno. Y con todo eso queda claro, pues, que pudo no haber sido de su interés cobrarlo; pero que, por las circunstancias, de todos modos se vería obligado a hacerlo.

¿Y por qué, entonces, si este no era un asunto de su interés, sino una decisión necesaria, el gobierno estatal decidió hacer suyo este asunto? Tal parece que tomó el tema no por decisión, sino más bien por un evidente error de cálculo y visión política. Existen, por lo menos, tres razones que pudieron haber sido esgrimidas por el gobierno estatal antes de cualquier polémica, para evitar los cuestionamientos y señalamientos negativos de que hoy son objeto.

El primero de ellos —que sí ha esgrimido, pero tardía y deficientemente— es el relativo a que si alguien es responsable por el cobro de la tenencia hoy en Oaxaca, esos son ex funcionarios emanados de gobiernos del Revolucionario Institucional, que contrajeron créditos dando como garantía de pago, a un plazo de una década, los recursos obtenidos por los derechos vehiculares cobrados a los ciudadanos.

El segundo de esos argumentos —que nadie ha tomado en cuenta— es la ausencia de la fracción priista en la sesión donde se aprobó el Paquete Fiscal para 2011. No se trataba de que el PRI fuera el “gran salvador” de la ciudadanía (porque por sus antecedentes negros está lejos de serlo), y tampoco que “frenara” la aprobación de un impuesto tan rechazado como ese (porque no le alcanzan ni la representación ni los votos en el Congreso), pero sí que por lo menos estuviera ahí para brindar alternativas al gobierno estatal para que obtuviera los recursos que necesitaba, sin necesidad de seguir cobrando derechos vehiculares a la ciudadanía.

(Incluso, debió haber acudido a esa sesión el dirigente estatal, y ex candidato a la Gubernatura, Eviel Pérez Magaña, para dar luz sobre qué decisiones alternativas habría tomado él para desaparecer el gravamen, ya que fue él quien estableció, como una de sus promesas de campaña, eliminar el impuesto).

El tercer argumento, pudo haber sido el del establecimiento del destino específico que tendrían los recursos obtenidos del cobro de ese impuesto, junto con el otorgamiento de facilidades para que la ciudadanía regularizara la situación legal de sus vehículos ante la Secretaría de Finanzas.

OPORTUNIDAD PERDIDA

Quizá respecto a la tenencia, el PRI de Oaxaca dio una primera muestra de lo que deben ser las fuerzas de oposición. Cuando hace un mes el dirigente estatal de la CNOP, Jorge Toledo Luis hizo el llamado a la derogación del impuesto, lo hizo dejando voluntariamente (o descaradamente) de lado toda la responsabilidad que tiene su partido en este asunto. Más bien, tomó la bandera y comenzó a explotarla, como siempre hacen en otros ámbitos las fuerzas de oposición para atacar a sus adversarios del oficialismo, independientemente de si fueron o no parte de las causas que originaron el problema.

Queda claro que argumentos había de sobra para atacar las exigencias del priismo. Sin embargo, también queda claro que por no tener la sensibilidad suficiente, en el momento preciso, el gobierno estatal dejó pasar una oportunidad inmejorable para establecer que si ese impuesto se cobra no es porque ellos quieran, sino porque los priistas comprometieron los recursos, y luego fueron mezquinos al no establecer qué posibilidades había de eliminar ese cobro sin que las arcas estatales dejaran de percibir esos recursos.

Parece claro que, más bien, el gobierno estatal tomó el asunto por el lado partidista, y decidió resistir para no dar gusto a sus adversarios. Lo que no calculó, es que detrás de esa bandera hay miles de ciudadanos que, independientemente del partido político, lo que quieren es no seguir pagando ese gravamen, o cuando menos tener una alternativa al cobro que tradicionalmente se ha realizado.

YA PARA QUÉ

Por eso hoy le sirve políticamente de poco al gobierno estatal, el haber emitido un decreto para pagar hasta en 12 parcialidades tanto la tenencia 2011, como la regularización de los adeudos anteriores de los vehículos de motor. Las alternativas llegan tarde por un error de visión y cálculo, y por tomar del lado partidista un asunto que más bien se inscribía en el interés ciudadano. Y por eso mismo, aún con todo el control de daños que ya aplican en estos momentos para apaciguar este asunto, será el gobierno estatal quien cargue con el costo de un asunto que originalmente no era suyo, y al que sí le pudo haber sacado importantes ventajas políticas.

+ Institución, sujeta al interés y vaivén partidista

Más allá de la polémica por la forma en cómo fue realizada la conformación del nuevo Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, quedó claro que tanto los diputados que integran la coalición legislativa en el Congreso del Estado, como en el propio grupo gobernante, no existe visión de largo plazo. Tal y como está, el órgano electoral quedó, además de cuestionado, sujeto a todos los vaivenes políticos, electorales y hasta de coyuntura, a los que esencialmente no debía estar condicionado.

Constitucionalmente, el Instituto Estatal Electoral es uno de los órganos a los que se les brindó autonomía y “ciudadanización”, justamente para que tanto su integración como sus determinaciones fueran ajenas a todo partidismo, y por tanto no estuvieran influenciadas por quienes detentan el poder.

Para reforzar esa aspiración, la elección de sus integrantes está determinada por la no pertenencia a partidos políticos y la no participación en el ejercicio público en el pasado reciente (esto es lo que da la certidumbre de la integración ciudadana). Y por esa misma razón, la elección de los integrantes del Consejo General del órgano electoral está encomendada a los representantes del pueblo en el Poder Público, que son los integrantes del Congreso local.

En ese sentido, se supone que éstos salvaguardan el interés de la mayoría, y que al ser sólo ellos quienes eligen a los integrantes del IEEPC, sin la intervención del Gobernador del Estado, garantizan que el órgano electoral no responda a los intereses del poder gobernante. Y, en todo esto, la autonomía del órgano electoral se refuerza con la disposición de que sus integrantes tendrán un periodo de funciones estable y firme, no sujeto a los cambios de gobierno.

Esos son, en esencia, los planteamientos de fondo que caracterizan al órgano electoral. Ahora bien, frente a ellos, preguntémonos: ¿De verdad están garantizados los principios de autonomía y ciudadanización requeridos para el funcionamiento no sólo legal, sino legítimo, estable y reconocido del órgano electoral? Tal parece que en el terreno de lo estrictamente formal, sí; pero si vamos más allá, a una cuestión de mera práctica política y de ejercicio del poder, veremos que las cosas son mucho menos halagüeñas de lo que hoy parecen.

Formalmente, ni el consejero Presidente, Alberto Alonso Criollo, ni alguno de los integrantes del Consejo General del IEEPC, tiene cuestionamiento alguno. Todos cumplieron con el perfil profesional y ciudadano que se requería; todos comparecieron ante el Congreso local, y la única cuestión que queda pendiente es que los tribunales jurisdiccionales de la materia convaliden, o manden a reponer, la elección de uno o todos los integrantes del Consejo General. Sin embargo, aún con eso el órgano electoral podría funcionar plenamente.

Sin embargo, más allá de esa situación —legalmente superable o corregible— habría que preguntarse qué pasará en el terreno de la legitimidad y la estabilidad de un órgano como este, no ahora, sino dentro de un tiempo cuando posiblemente cambie la integración del Congreso del Estado, o simplemente cuando se disuelva la coalición legislativa que hoy existe entre los diputados integrantes de los partidos que apoyan al gobernador Gabino Cué Monteagudo.

Es posible que en ese punto quede en evidencia que no todo radica en el estricto cumplimiento de los requisitos legales, sino que también es necesaria una alta dosis de legitimidad política para que un órgano como el IEEPC pueda funcionar plenamente, para que pueda fungir como árbitro en los procesos electorales, y para que pueda llevar a término el programa de trabajo que tienen sus integrantes actuales. Este asunto, pues, rebasa la simple polémica legal, o jurisdiccional, sobre su integración.

ESCENARIO INESTABLE

Pensemos, por ejemplo, qué podría pasar si en los comicios locales intermedios de 2013, el PRI obtiene mayoría simple o calificada de diputados locales en el Congreso, y por un ánimo de venganza o de demostración de fuerza, decide ir a reformar el IEEPC.

También es posible un escenario como el de la elección federal de 2006, en el que la competencia política fue tan ríspida, y como al árbitro electoral le faltó sustento y legitimidad para fungir como regulador y garante democrático, entonces al primero que todos los partidos decidieron cobrarle la afrenta fue precisamente a éste, renovándolo en un proceso que dejó profundamente lastimado al IFE.

Veamos, particularmente, lo que pasó con el IFE después de la elección federal de 2006. Luego de éstos comicios, todos los partidos coincidieron en que al órgano electoral le había faltado sustento para evitar que ese proceso electoral terminara en crisis. El IFE, según ellos, no pudo garantizar la ausencia de inequidad, excesos, violaciones a la ley, y demás; por eso, por todo lo que ellos habían cometido, decidieron “renovar” al Consejo General de ese instituto.

A Luis Carlos Ugalde nadie puede negarle sus credenciales como profesional, como académico y como representante del interés ciudadano. Sin embargo, nada de eso le bastó para ser removido de su cargo. Finalmente, como consecuencia de una negociación política se decidió su salida (así como fue una decisión política carente de legitimidad plena la que lo llevó, de la mano de la entonces priista Elba Esther Gordillo, a la presidencia del Instituto). Y hasta hoy, no ha habido poder humano que impida que sean las decisiones políticas las que prevalezcan frente a los órganos autónomos.

Como en política nada está escrito, esos son escenarios posibles que, independientemente de sus particularidades, serán de alto riesgo para una institución que hoy carece del sustento político que requería para funcionar plenamente. Nadie puede hoy asegurar que en el futuro próximo el PRI seguirá siendo minoría, o que al pasar a ser mayoría legislativa siga respetando la integración de un órgano en el que, sea como sea, éste no está representado.

RIESGO REAL

Si el escenario hoy tan favorable para la coalición legislativa cambia, entonces los primeros que estarán en problemas son los integrantes del IEEPC; todo eso no habría ocurrido si su integración hubiera estado legitimada, políticamente, por todos los integrantes del Congreso del Estado. Y finalmente, en el mediano plazo esta vulnerabilidad afectará a los partidos, pero será mucho más riesgosa para la aún incipiente democracia electoral que hoy prevalece en Oaxaca.

+ El miedo a Franco los domina; esa, no es política

Conforme se acerca el mes de mayo, el oaxaqueño común comienza a sentir ya la resaca de lo que fue nuestra propia versión de la borrachera democrática del año pasado, la cual culminó con la alternancia de partidos en el poder.

Cuando se hace inminente el momento clímax de la algidez política en Oaxaca —por la revisión anual de los asuntos magisteriales— todos nos preguntamos en dónde está el gobierno, pero también dónde están las fuerzas de oposición que, se supone, debían robustecer en conjunto esa democracia que nos permitiría un mejor nivel de vida. La respuesta a esa doble pregunta, constituye una verdadera incógnita.

Habríamos de preguntarnos, en un primer momento, dónde se encuentran los hombres y mujeres que integran el gobierno estatal. A Oaxaca, la seguimos viendo como la ínsula en la que todos los problemas pueden convivir sin que sea necesario resolverlos. Propios y extraños, no se han cansado —o no nos hemos cansado— de señalar que los retos siguen siendo exactamente los mismos, al igual que los problemas y las afectaciones que día a día sufrimos los ciudadanos; y que por eso puede decirse que la alternancia de partidos en el poder no nos vino ni mejor ni peor de como estábamos.

Todo eso, aunque parece ser un problema grave, en realidad no lo es tanto: aún hoy, y durante todo el primer año de ejercicio, a estos señalamientos puede oponerse la justificación de que las personas que gobiernan están apenas tomando las riendas de su labor, y que será sólo cuestión de tiempo que puedan encauzar tanto la administración como la atención a los problemas que afectan a los oaxaqueños.

Y aunque objetivamente ésta no es una justificación (porque los ciudadanos no tenemos por qué pagar el alto costo del “curso propedéutico”, ya en funciones, de quienes detentan el poder), sí resulta ser una práctica moral y políticamente recurrentemente aceptada en nuestro entorno local.

No obstante, algo en lo que la mayoría de los oaxaqueños hemos fallado, es en preguntarnos dónde está la otra mitad del ejercicio público. Es decir, dónde se encuentran las fuerzas de oposición que debían estar siendo el principal acicate, para que quienes detentan el poder hicieran una labor más eficaz en el servicio público.

Y es claro que si nos deshacemos en cuestionamientos por las fallas del Gobernante, también debíamos hacer lo mismo con las fallas, y la ausencia, de los opositores. Y es que si bien dice el refranero que “tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”, entonces debíamos comenzar a ser parejos y exigir lo mismo a quienes se supone que luchan por lo mismo. Esto es, que buscan el bien común a través de la lucha por la detentación del poder público.

La pregunta, y el señalamiento, no parecen ser ociosos. Es claro que si en Oaxaca el gobierno está lejos de lo que merecemos, en lo que corresponde a las fuerzas de oposición esto se encuentra en iguales o peores circunstancias. Y no hay nada peor, que tener un gobierno titubeante, que además juega solo en una cancha en la que, por una total ausencia, no existe un competidor que le obligue a elevar su nivel de juego, y a demostrar que tiene tácticas dignas de su categoría.

OPOSICIÓN AUSENTE

Parte del comenzar a sentir esta resaca, tiene su origen en la superación de la borrachera democrática relativa al proceso electoral. Esto es que, para los ahora detentadores del poder, deben comenzar a dejar atrás todo lo relativo a su victoria en las urnas, y concentrarse en el trabajo que les corresponde. Pero algo similar, en toda la extensión de la palabra, debía ocurrir para sus opositores.

Ahí es donde, sin embargo, se encuentra el mayor cuestionamiento al PRI de Eviel Pérez Magaña, que hace todo menos ser una oposición verdadera en la escena pública de Oaxaca.

Expliquémonos: pareciera ser que, en primer sitio, son ellos quienes no han podido superar los dolores de la derrota electoral; que son ellos quienes no pueden ver más allá de sus intrascendentes disputas internas y de sus enemigos de papel; y que son quienes no han entendido que el papel de oposición es tanto o más constructivo que el de oficialismo. Al no poder ver todo eso, están echando por la borda la oportunidad inmejorable que hoy tienen, de reconstituir su presencia como partido determinante y protagonista de la actividad política de nuestro estado.

El PRI oaxaqueño se encuentra en una situación de extravío total. Una forma sencilla de “medir” el nivel de debate e intervención de la dirigencia priista en los asuntos públicos, es a través de los medios de información. ¿Qué dice Eviel Pérez en la prensa de por lo menos uno de todos los asuntos que están en la agenda pública de Oaxaca? ¿Cuál es la participación constructiva del PRI, más allá de la actividad de sus diputados o sus representantes sectoriales? ¿Cómo incide para mejorar, el otrora “partidazo” en los asuntos en los que se supone que el gobierno falla, y sus opositores se lo deben señalar?

Es claro que, frente a todo eso, la Dirigencia Estatal del PRI debía dejar de hacer su tema principal —o su único tema— la disputa entre Eviel Pérez y Jorge Franco Vargas. Es verdaderamente lamentable para la vida pública, y para todos los problemas que tiene Oaxaca, que mientras la entidad sigue esperando el momento de la reconstrucción y la mejora en el nivel de vida, el gobierno se la pase dando bandazos, y los opositores desperdicien su tiempo —el tiempo de todos los oaxaqueños— en “dirimir” cuestiones (una dirigencia partidista, que además no está en juego) que en realidad preocupan e interesan a muy pocas personas.

Por eso, esta resaca democrática debía ser también un llamado a la recuperación de la noción de lo que es, o debería ser, el interés público. Dejar de lado esa idea, equivale a sacrificar el interés de todos, en aras de la atención a los temas que sólo benefician o perjudican a unos cuántos. Quienes tienen al PRI en las manos debían dejar atrás sus fantasmas y ponerse a hacer algo por Oaxaca. De no hacerlo, perderán ellos pero esencialmente perderá el interés de la mayoría que, siendo priista o no, espera tener una mejor calidad de vida.

OPORTUNIDAD PERDIDA

¿Qué pierde el priismo por sus extravíos actuales? Nada menos que la oportunidad de revertir la situación de derrota y arrinconamiento en que se encuentran. Es decir, que en la elección intermedia puedan volver a ser mayoría en el Congreso del Estado. Esa posibilidad envidiable se aleja hoy aceleradamente.

+ PRI-Gobierno: disputa rebasa a partidismos

Hasta hoy, el debate sobre la permanencia o derogación del impuesto a la tenencia y uso de vehículos en Oaxaca, ocurre en por lo menos tres bandas distintas que, por ser paralelas, no tienen posibilidad de hallar coincidencias. El problema, en todo esto, es que tanto gobernantes como opositores nuevamente dejaron en medio a la ciudadanía oaxaqueña, que es quien finalmente paga el costo económico tanto del impuesto como del bajo nivel del debate.

Esta discusión —si es que puede calificarse así— ocurre en varias bandas, paralelas, por las razones siguientes. A principios de mes, el líder de la CNOP, Jorge Toledo Luis, demandó que el gobierno estatal derogara el referido impuesto vehicular, argumentando que al ser éste un gravamen que no cumplía ya ni con la finalidad para la que fue creado, y tampoco tenía la legitimación federal, además de ser oneroso, debía desaparecer.

Dos días después, el Gobierno del Estado respondió que el impuesto a la tenencia de vehículos era imposible de derogar, debido a que con el producto de su recaudación se cubrían ciertas necesidades presupuestales básicas, pero enfatizando particularmente que ellos mismos (los priistas) “en el pasado aprobaron el impuesto para cubrir la deuda de los complejos administrativos.”

A esta polémica, incluso, hubo una nueva respuesta del Dirigente sectorial del PRI, quien a través de un comunicado estableció tres ejes que, según ellos, son esenciales para apuntalar la exigencia de derogación de la tenencia vehicular. El primero de los ejes establece que con ello se responde al clamor: “¡Basta de impuestos, sin un fin claro y definido!”

El segundo eje establece que si Oaxaca tiene un bajo nivel de recaudación fiscal, es porque éste es un estado pobre, y que por esa razón los contribuyentes dejan de pagar obligados no por la voluntad sino por las circunstancias, y que por esa razón gobiernos de oposición al PRI, como Puebla, decidieron eliminar tal gravamen.

Y el tercero, que pretende ser más preciso, en realidad pone en evidencia que la Secretaría de Finanzas y el Sector Popular del PRI parecen referirse a temas distintos. Aunque el gobierno estatal nunca se refirió a los programas sociales, sino al pago de los complejos administrativos, el Líder Cenopista señala que “es falso que el gobierno del estado requiera de recursos, como el pago de la tenencia vehicular, para impulsar los programas sociales. Los recursos del combate a la pobreza provienen de los fondos federales…”

Y recalca el logro presupuestal de los diputados del tricolor, además de reprochar que ni ellos ni el pueblo de Oaxaca son responsables de que éstos no sepan cómo utilizarlos, o que estén echando mano del cobro de impuestos, o del endeudamiento.

Ante ese panorama somero, queda claro que tanto en la CNOP, como en el gobierno estatal, debían debatir con mayor inteligencia no sólo para hablar con verdades objetivas, sino también para no tratar de timar o de menospreciar al pueblo de Oaxaca.

DEBATE VEDADO

Asegurar, por ejemplo, que un impuesto altamente impopular debe permanecer para costear algo tan fatuo e innecesario para el interés general, como son Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, es tanto como creer que Oaxaca es una isla en la que todos están pensando en las pugnas entre el gobierno y sus opositores; que creen que todo se puede resolver a través de las cargas partidistas; e incluso que la militancia tricolor debe cargar con los latrocinios y deshonestidades de unos cuantos ex funcionarios corruptos. Expliquémonos.

La mayoría de los oaxaqueños estaría dispuesto a pagar ese y otros impuestos, si tuviera certeza de en qué se están utilizando los recursos que se captan por ese concepto. En el Distrito Federal, por ejemplo, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard fue enfático al señalar que con el impuesto a la tenencia vehicular se subsidia el sistema de transporte colectivo, y que por eso era imposible derogarlo. Frente a ese argumento sólido, nadie protestó.

Aquí, sin embargo, a pesar de que todos los servicios públicos relacionados con la vialidad son una auténtica calamidad (baches, agentes de tránsito corruptos, inexistencia de obras viales, nula señalización, etcétera), el gobierno estatal es incapaz tanto de establecer un destino específico para esos recursos, como —sobre todo— de decírselo de manera clara a los ciudadanos. Aquí, el oaxaqueño común siente que paga un impuesto costoso, a cambio de nada. Y ahí se origina mucho del rechazo que tiene ese gravamen.

El otro problema, que es igualmente grave por el mal enfoque que se da, es que el gobierno estatal pretende seguir lavando sus afrentas partidistas particulares a partir de temas que interesan a todos. Es claro que sólo al uno por ciento —si mucho— de los oaxaqueños le interesa saber, o asume con remordimiento, el hecho de que hoy tenga que pagar impuestos por las deudas de un gobernante pasado. En todo caso, el grueso de los oaxaqueños reacciona, ante el señalamiento de que es por culpa de los gobiernos priistas que se debe seguir cobrando la tenencia, con un sonoro y comprensible “¿Y yo por qué?”

Pero, en todo eso, los priistas que dicen defender las causas populares se achican y evaden el señalamiento, innegable, de que fueron militantes de su partido quienes contrataron los créditos para la construcción de los complejos administrativos; que fueron ellos quienes comprometieron la continuidad del cobro de derechos vehiculares; y que de todo eso hicieron millonarios negocios.

En ese sentido, queda claro que el PRI de Eviel Pérez, de Jorge Toledo, y demás, pretende no abordar el tema porque ello implicaría reconocer los errores, o la voracidad de gente a la que en realidad parecen proteger, o a la que se sienten dispuestos a seguir defendiendo, cuando lo que debían hacer es unirse a la exigencia de justicia.

RUTA SUICIDA

¿Qué este PRI que pretende “recuperar” la confianza ciudadana, seguirá protegiendo a personajes priistas impresentables como Bulmaro Rito, Miguel Ángel Ortega Habib, y todos los que se enriquecieron de forma extraordinaria a costa de asuntos como la contratación de deuda, el manejo presupuestal, o la construcción de obra pública? Si Toledo Luis de veras promueve la defensa del interés ciudadano, debía también deslindarse de esos personajes nocivos para su partido y, junto con los representantes del gobierno estatal, entrar a un debate verdaderamente serio sobre el destino del impuesto a la tenencia vehicular.

+ Golpes mediáticos, en el fondo de esta disputa

Todo aquel que tiene nociones básicas de cómo operan algunos procesos de la administración pública, como lo son los relativos a la auditoría y revisión de la gestión, sabe que las palabras de la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, tienen una alta carga de interés y mensajes políticos, pero muy poco sustento en la realidad. Cuatro meses son insuficientes para realizar una auditoría parcial a toda una administración, y las cifras que componen los supuestos faltantes, finalmente habrán de ser distintas (y menores) de las que ahora se asegura.

Este asunto, de entrada, deja ver el ánimo del actual gobierno tanto respecto a sus antecesores, como en relación al sostenimiento de su propia imagen como régimen de alternancia. Una de las necesidades básicas de todo gobierno —como el actual de Oaxaca—— que arriba al poder venciendo a sus adversarios históricos, es la de ir a revisarlos lo más escrupulosamente posible para tratar de hallar cualquier irregularidad, a través de la cual fundamentar tanto las acusaciones indispensables que ellos utilizaron en campaña, como también para legitimar el “cambio” prometido.

En este sentido, en el terreno político el actual gobierno de Oaxaca no se ha despegado ni un ápice de estas necesidades. Hasta ahora, lo que hemos visto son recurrentes acusaciones, que luego son referidas por medios informativos de la capital del país, a través de las cuales se está señalando a la administración anterior por actos de corrupción.

Es, incluso, hasta cierto punto parte de las necesidades políticas básicas de todo gobierno de alternancia que inicia, acusar de “algo” a sus antecesores ante la mirada de la opinión pública, para así establecer parámetros de “lo malo” que prevalecía antes, y “el cambio” que se está procurando ahora. Oaxaca no es hoy un estado excepcional por esas acusaciones, como lo es tampoco la administración actual por estar revisando a sus antecesores. Más bien, esos señalamientos son los que siempre ocurren. Y nuestra entidad, hoy, no es la excepción.

Incluso, la parte política y de impacto mediático de estos señalamientos, son parte de una estrategia que se delineó desde antes de que el gobernador Gabino Cué Monteagudo tomara posesión de su cargo. Si bien se recuerda, desde noviembre del año pasado, el entonces Gobernador Electo aseguró que indagaría todo lo relativo a la construcción y créditos contratados por el gobierno estatal para edificar Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial.

Después, la contralora Woolrich Fernández dijo algo similar, y anunció que se habían encontrado ya irregularidades en varias dependencias estatales. En esa misma lógica, el secretario de las Infraestructuras, Netzahualcóyotl Salvatierra anunció que también por un asunto de ineficiencia y posible corrupción se había cancelado el contrato existente con la empresa Isolux para la construcción de la velaria del Auditorio Guelaguetza.

Hasta hoy, todo lo dicho son meras declaraciones de prensa. Nadie ha aportado elementos más sostenibles al respecto. Y también se está aprovechando la notoriedad de los presuntos desfalcos, y el desconocimiento que tiene la mayoría de las personas de cómo se lleva a cabo un proceso de auditoría, qué pasos se deben de seguir antes de integrar los procedimientos administrativos y penales, y cuáles son las sanciones reales que puede tener un ex servidor público por haber incurrido en responsabilidad por el manejo de recursos o el no ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley.

VERDAD, NO PERCEPCIONES

Hasta ahora son sólo golpes mediáticos los que busca el gobierno estatal a través de las declaraciones de la Titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, porque de sus mismas declaraciones se desprende que ni las auditorías han concluido, ni se han iniciado los procedimientos administrativos o penales respectivos, ni se ha dado tiempo para que los involucrados se defiendan, solventen lo que puedan, y comparezcan para saber de qué asuntos se les acusa.

El primer paso que debe ocurrir, en este sentido, es la conclusión de las revisiones. El monto de alrededor de mil 700 millones de pesos que hasta ahora se ha manejado en la prensa, puede incluso aumentar. No obstante, las normas relativas a la auditoría y el procedimiento administrativo establecen que esos faltantes iniciales pueden ser solventados a través de la ampliación de documentación que acredite el monto ejercido, la restitución y otras vías.

En todas las auditorías, que se hacen en todas las dependencias de todos los órdenes de gobierno, siempre se observan (o se señalan) montos que finalmente son ajustados. Y, en este sentido, un desfalco sólo ocurre cuando después de todo ese proceso de solventación se concluye que hubo un ejercicio incorrecto, un robo o desvío de recursos, o una mala aplicación de los mismos, y entonces el funcionario responsable es sometido a procedimientos administrativos (para ser multado o inhabilitado para el servicio público, o incluso la imposición de ambas sanciones), o penales, para pagar con penas privativas de libertad por los actos derivados del ejercicio público que constituyen la comisión de delitos del orden común.

Por todo eso, para hacer un juicio desprovisto de cargas o filias políticas o partidistas, y de ánimos de justificación o revancha, habrá que esperar a que todas las auditorías culminen, a que pase el proceso de solventación, a que se den a conocer los montos que no pudieron ser justificados, para entonces sí poder hablar de que tal o cual funcionario se robó o malversó los recursos del Estado.

Bien dice la sabiduría popular, que “lo que se ve no se juzga”. Sin embargo, la Contralora de lo que habla no son de sospechas ni de percepciones, sino procedimientos jurídicos enmarcados por el derecho. Así, habrá que ser mucho más mesurado y esperar a que concluyan las indagatorias, para saber cuánto se robaron, y quiénes fueron los ladrones de la administración anterior.

¿Y CIUDAD ADMINISTRATIVA?

Asimismo, la Contralora debía también estar indagando todo lo relativo a la construcción de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial. Insistimos en que si algo de bien le quieren hacer a Oaxaca, deben ir al fondo de esos complejos, y evitar que se siga consumando ese robo en despoblado que costará a los oaxaqueños, en 15 años, más de 8 mil millones de pesos.

+ Faltan funciones, y también decisión para el trabajo

Más allá de la polémica por la utilización de las antiguas Delegaciones de Gobierno, ahora denominadas Módulos de Desarrollo Sustentable, como extensiones de trabajo político-electoral de la administración estatal en turno, habría que considerar las razones que en su momento dieron pie a la creación de esos organismos, y la función esencial que tuvieron para que, en base a ello, pudiera comprenderse qué labores se están haciendo correctamente, y qué funciones debían retomarse para en verdad abonar al desarrollo sustentable de nuestra entidad.

En un primer momento, es necesario hacer algo de historia. Como tales, las Delegaciones de Gobierno existen desde poco antes de la administración del gobernador Heladio Ramírez López en Oaxaca. Desde un inicio, fueron concebidas como órganos materiales de control político, aunque después asumieron funciones importantes en cuanto a la planeación del desarrollo tanto de los municipios, como de lo que tenía que ver con las responsabilidades del gobierno estatal.

En la siguiente administración —es decir, la del gobernador Diódoro Carrasco Altamirano—, las Delegaciones de Gobierno asumieron la responsabilidad de apoyar en la administración de los Fondos Municipales del ramo XXVI, y ante la novedad, o la demanda de descentralización de funciones a los municipios, Banco Mundial acicateó dicho proceso, para que fueran directamente los municipios quienes recibieran recursos y ejecutaran acciones que hasta entonces, por su capacidad de operación, capacitación y ejecución, estaban bajo la conducción del Gobierno del Estado.

En ese tiempo, comenzó a haber programas de capacitación a empleados del gobierno estatal en dichas labores, y luego se replicó dicho proceso con las autoridades municipales del más de medio millar de Ayuntamientos que existen en la entidad, para capacitarlos en el manejo de la novedad que eran entonces los Fondos Municipales que se transferían desde las arcas federales.

Bajo ese esquema, el proceso de descentralización de funciones resultó exitoso, y entonces organismos internacionales, y dependencias federales, tales como el Banco Mundial y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dispusieron la creación del ahora tan socorrido Ramo 33, para que los municipios incrementaran sus respectivos márgenes para la ejecución directa de esas acciones que, como ya se dijo antes, hasta ese momento se encontraban en manos del gobierno estatal.

Sin embargo, como se ha comprobado en estos últimos años, no todo en ese proceso de descentralización fue positivo. Independientemente de la posibilidad de ejecución directa que dio el ramo 33, esto también constituyó una transferencia súbita de funciones a los Ayuntamientos. Y éstos no estaban lo suficientemente preparados como para poder desarrollar todo el potencial que implicaban esos recursos.

Otro problema que esto creó, fue que el ramo 33 no representó más recursos, sino que únicamente transfirió su manejo de los gobiernos estatales a los municipales. Esto dejó prácticamente sin margen de maniobra a los gobiernos de los Estados.

El único gobernador que en aquel entonces reviró con fuerza esta decisión federal, fue Manuel Bartlett en Puebla, quien estableció que de todos modos la planeación municipal debía aprobarse por instancias estatales. Y dicho hasta el año pasado, el gobierno estatal del estado vecino, quien se encargaba de orientar y autorizar la inversión de recursos de los municipios.

CLAROSCUROS

Han pasado ya varios años desde que se creó el famoso ramo 33, y lo cierto es que el desarrollo de la mayoría de los municipios no corresponde a los montos millonarios de dinero público que se ha invertido en ellos. No se ve, pues, que en la mayoría haya transformación en sus territorios. Ha habido buenos presidentes que invierten bien el dinero, pero también es cierto que la mayoría no tiene la capacidad, la preparación o la visión suficiente para conducir correctamente estos procesos, o simplemente son corruptos.

Prueba de esto último, es que hoy son más disputadas las candidaturas a Presidente Municipal, que a diputado federal o local. La clave de todo esto es el famoso ramo 33, que siempre tiene muchos millones de pesos que, cuando hay corrupción o torceduras en el ejercicio público, son susceptibles de ser utilizados discrecional e incorrectamente.

Incluso, cuando sí hay pulcritud presupuestal en los Ayuntamientos, éstos se enfrentan tanto a la poca duración de las administraciones municipales (con lo que no puede haber procesos de planeación a largo plazo), y sobre todo se topan con la escasa capacidad municipal, las extorsiones y las “raterías” que han abundado tanto en ellos como en las autoridades estatales.

Por todo ello, en la administración del gobernador Carrasco Altamirano se incorporaron las Subdelegaciones de Planeación a las Delegaciones de Gobierno, y los Munícipes recibieron apoyo y dirección. Para tal efecto, las delegaciones fueron útiles. Y para esa administración de los fondos municipales, las delegaciones de gobierno se encargaron de dar seguimiento, y de brindar asesoría y orientación a las prioridades de los gobiernos municipales.

Esas Subdelegaciones de Planeación se conocieron como los Módulos de Atención Social. Fue incluso un proceso de desconcentración. Es decir, las Subdelegaciones o Módulos estaban integrados por gente que se integró al trabajo de campo. Con ello, técnicos y mandos medios de instancias como el IVO, CAO, Obras Públicas y Desarrollo Rural fueron enviados a las zonas directas de atención, y además hubo coordinación con las instancias federales encargadas del desarrollo social.

LOS MÓDULOS,

NINGUNA NOVEDAD

En resumen, los actuales Módulos de Desarrollo Sustentable vienen de mucho tiempo atrás. La distorsión de sus funciones ocurrió a partir de la perversión de quienes las manejaron, pero este problema no parte ni de su creación ni de sus funciones anteriores o actuales. Los Módulos eran el área fuerte de las Delegaciones, pero no manipulaban lo político. Servían, porque sabían qué hacer y lo hacían. Por todo eso, habría que retomar la verdadera importancia y función social de esos organismos. Y por eso mismo, si Gerardo Albino no sabe ahora qué hacer en lo verdaderamente importante para la función de planeación y desarrollo municipal y estatal, terminará siendo uno más de los cuestionados y señalados Coordinadores de Delegaciones, que hicieron de todo… menos las funciones esenciales que exige el cargo.

+ Además de corrupción, incurren en ilegalidades

Nadie con verdadero sentido político desearía parecerse, o ser equiparado con el tristemente célebre personaje priista que responde al nombre de Alejandro Avilés Álvarez. Éste, en su paso por la administración pública el sexenio pasado, se hizo malamente conocido por las historias de corrupción, extorsión y malversación de recursos que se contaban de la dependencia que encabezó.

En efecto, Alejandro Avilés fue coordinador general de Delegaciones de Gobierno, a lo largo de casi toda la administración del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Aunque era una dependencia que ya traía ciertos vicios, y ya había extraviado la mayoría las funciones para las que fue creada, en ese periodo se convirtió en una auténtica especie de “Caja de Pandora”, en la que se entretejían los más oscuros acuerdos tanto para obtener beneficios económicos indebidos, como también para encabezar la operación electoral que debía ser una tarea financiada por el Partido Revolucionario Institucional.

En ese sentido, dos fueron las funciones más conocidas de las Delegaciones de Gobierno en ese periodo: la primera, era la relativa a que lejos de ser facilitadores y conductores de la gestión y atención entre el Gobierno del Estado y los Municipales, los delegados se convirtieron en auténticos extorsionadores, quienes por lo menos la mitad de su tiempo la dedicaban a ver cómo obtenían beneficios económicos a través de la “recomendación” de proveedores, constructoras y consultorías, para que fueran contratadas por los Ayuntamientos que se encontraban dentro de su radio de acción.

La otra mitad del tiempo, la ocupaban para su otra actividad conocida: la operación partidista. Para nadie era un secreto, que la Coordinación de Delegaciones de Gobierno tenía una estrechísima vinculación con la Secretaría de Elecciones del Comité Directivo Estatal del PRI. Por eso, personajes como Marcelo Díaz de León Muriedas y Alejandro Avilés tenían no sólo una sólida relación, sino también intereses comunes que tenían que ver con “el trabajo de partido”.

Y es que, en efecto, tampoco era un secreto el hecho de que la totalidad de los delegados, subdelegados, y directores de área en las 60 delegaciones de gobierno, eran propuestos por la Secretaría de Elecciones del PRI; o éstos, al ser contratados por la dependencia que encabezaba Avilés, se les ordenaba que estuvieran al servicio del área electoral del PRI estatal.

En el interior del Estado, todo aquel que fungió como autoridad municipal en su demarcación, puede dar cuenta de cómo el Delegado de Gobierno hacía lo mismo labor institucional, que trabajo sucio en cuanto a las recomendaciones, extorsiones y chantajes. E, incluso, eran ellos —en conjunto con los también oscuros Delegados del PRI, a los que se les pagaba con recursos oficiales—, quienes estaban dedicados, aún en días y horas de trabajo, a organizar las estructuras y operación electoral, las “giras de trabajo” del líder priista en turno, y la operación estrictamente electoral en los tiempos de campaña, y los días de jornada electoral.

Frente a toda esa historia de turbiedades, que siempre fue pasada por alto por el gobierno estatal, pero que asimismo siempre fue bien conocida por la ciudadanía —a la que no se le puede engañar—, el titular de los actuales Módulos de Desarrollo Sustentable debería comenzar a preguntarse, con seriedad, si está dispuesto a pasar a la historia local con la misma reputación que su antecesor.

Y es que si bien dicen que en los comienzos están los finales, los funcionarios actuales deberían hacer más por lograr cambios que fueran más allá del nombre de esa dependencia.

VIOLACIONES LEGALES

Empero, más allá de los asuntos de corrupción, los módulos de Desarrollo Sustentable deberían también se revisados en cuanto a su trabajo, integración y enfoque, para verdaderamente ser coadyuvantes al desarrollo de los municipios, y no un estorbo o traba como parecen serlo ahora. Aunque es un aspecto fundamentalmente técnico el que a continuación se detalla, no está de más que Gerardo Albino González considerara este señalamiento.

Como bien se sabe, al arrancar la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo se crearon los Módulos de Desarrollo Sustentable, los cuales fueron instituidos para suplir a las antiguas Delegaciones de Gobierno. Una de las funciones establecidas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, señala que los módulos deberían ser instancias de plantación del territorio, tomando en cuenta que dejaría de funcionar todos los aspectos políticos que hasta entonces tenían las delegaciones de gobierno.

Para todo esto, en cada uno de los Municipios del Estado existen los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), creados en la administración anterior, y que tenían como objetivo principal ser la instancia de planeación del territorio dentro de los municipios. Esto significa que con la formación de un solo CMDRS se planeaba el desarrollo total del municipio en todos sus aspectos (económico, ambiental, social, humano e institucional, etcétera.)

Es por eso que se formó un solo Consejo que es el CMDRS. Todo esto, como lo dijimos al principio, encuentra sustento en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobada en el año 2001 por el Congreso del Estado.

En este sexenio, con la creación de los Módulos de Desarrollo Sustentable, la cual está integrando los Consejos en cada uno de los municipios de las diferentes regiones, cadauna de las antiguas Delegaciones de Gobierno, está integrando una instancia a la que denomina Consejo Municipal de Desarrollo Social, generando con ello una confusión en los mismos municipios, y sobre todo, echando por la borda todo el trabajo de planeación realizado anteriormente con los municipios por medio de los CMDRS.

Esto, debido a que instancias federales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ya no participan como las encargadas de los diferentes sectores.

DESARROLLO REAL

Se supone que ya ajenos a los afanes políticos del pasado, Gobierno del Estado debería retomar este proceso de planeación a través de los CMDRS, y pueda continuar el trabajo que se venía llevando a cabo, el cual sí había dado resultados a los municipios, y así tener el desarrollo desde lo local, como se menciona en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

+ Conflictos internos en priismo, ¿origen de todo?

Los diputados locales de las fracciones parlamentarias que integran la coalición legislativa afín al gobernador Gabino Cué, esgrimen dos argumentos para sostener la constitucionalidad de la designación de los integrantes, y el titular, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) en las condiciones que lo hicieron, y para  asegurar que no fue un albazo, sino un asunto ajeno a ellos, lo que provocó la marginación de las propuestas y el voto del PRI en la integración del Órgano Electoral.

Es claro que en la política, como en el mundo, los hechos no son monocromáticos. Por ello, independientemente de la posibilidad de concordar o no con los argumentos de los coalicionistas, es necesario conocer su propia visión tanto de la constitucionalidad y legalidad de la determinación que ellos tomaron respecto al IEEPC, como de los acuerdos previos, y los conflictos internos que generaron las reacciones y la automarginación de la fracción priista. Como para forjar un criterio claro es necesario conocer todas las versiones, vayamos punto por punto a los argumentos que esgrimen los diputados aliancistas.

Veamos primero los argumentos esgrimidos por las fracciones legislativas coaligadas, respecto a la constitucionalidad de la decisión que tomaron, independientemente de que el lector pueda o no concordar con los mismos.

En ese sentido, aseguran que, de acuerdo con una reforma realizada al CIPPEO apenas la semana pasada, se aprobó una modificación al artículo 84, apartado A, para establecer que el Consejero Presidente del IEEPC debería ser electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión, mas no de la totalidad de los integrantes del Congreso local, como se estableció hasta entonces el dicho ordenamiento electoral, para dar la máxima intensidad y legitimidad constitucional y legal, al Titular del Órgano que funge como árbitro en los procesos electorales.

En un primer momento, fue en base a tal criterio que fundamentaron la decisión de nombrar como Presidente del Órgano Electoral a Alberto Alonso Criollo, y a los integrantes de las propuestas aliancistas como Consejeros Electorales.

¿Cómo pudieron hacerlo? La explicación para eso, jurídicamente hablando, no parece complicada. Esto porque en dicha sesión, los 25 diputados presentes (24 coalicionistas y 1 del PRI), reunían el requisito del quórum que exige la Constitución (la mitad más uno) para el inicio de la sesión, y la legalidad de los acuerdos que se tomen en general.

En su lógica, habiendo quórum legal había también la posibilidad de tomar decisiones aplicando no sólo una mayoría calificada, sino unanimidad. Fue así como no sólo dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, sino la totalidad de los mismos, eligieron a Alonso Criollo como titular del IEEPC. Y por eso mismo, dicen que la decisión que tomaron tiene apego a la constitucionalidad.

Incluso, en su favor dicen que tampoco hubo inconstitucionalidad en el desechamiento de las propuestas priistas a Consejeros Electorales, porque éstos sí fueron votados en el pleno del Congreso, pero fueron rechazados por los diputados coalicionistas, que más bien prefirieron integrar el IEEPC con sus propias propuestas.

Por todo eso, los legisladores que sí conocen de los recovecos legales, dicen que la garantía de audiencia de los ciudadanos propuestos por el PRI como Consejeros Electorales, no fue vulnerada. Y por eso dicen que sí es legal su actuación.

RESPONSABILIDAD PRIISTA

Ahora bien, habría que preguntarse cuál fue la razón que llevó a los diputados coalicionistas a marginar a la fracción parlamentaria del PRI de las decisiones que tomaron sin su consenso. Contrario al albazo que ha sido constantemente denunciado, ellos dicen que la ausencia de la bancada tricolor, y su inmovilidad posterior, se debió no a una actitud ventajosa por parte de los aliancistas, sino a las feroces discordancias internas que privan en ese partido.

En ese sentido, aseguran que la tarde-noche del viernes, ya existía un acuerdo entre el coordinador de la bancada priista, diputado Martín Vásquez Villanueva, y los negociadores de la coalición legislativa. Aseguran que éste, a nombre de su bancada, ya había aceptado que fuera Alonso el titular del Órgano Electoral, pero exigió que fueran respetados ciertos acuerdos de forma para la votación, así como la inclusión de las propuestas priistas a Consejeros Electorales.

Aseguran que ya existía ese acuerdo, además, porque ocho de los diputados priistas —entre ellos Carlos Martínez, Carolina Aparicio y Germán Rojas Walls— ya habían aceptado votar —sin especificar si a cambio de algo— a favor de Alonso. Vásquez exigió, sin embargo, que por un asunto de apariencias, primero fuera sometida a votación su propuesta para Consejero Presidente (Othoniel Peña), y que una vez rechazado entonces se permitiera que los ocho legisladores priistas, completaran la mayoría calificada para elegir a Alonso como presidente del IEEPC.

Aseguran que dicho acuerdo se entrampó por los intereses a los que sirve la fracción priista, que es todo menos un grupo homogéneo. Cuando se concretó tal acuerdo, los diputados afines al ex gobernador Ulises Ruiz le comunicaron la decisión; por su parte, los comprometidos con el diputado Jorge Franco, hicieron lo mismo. Hubo resistencia por parte del grupo ulisista para respaldar la decisión. Y esas diferencias fueron las que, aseguran, impidieron que la madrugada del sábado los diputados tricolores dieran si quiera la cara para concluir el proceso de elección.

Esos desacuerdos, dicen los aliancistas, no pudieron resolverse durante todo el día del sábado y la madrugada del domingo. Y fue hasta ese momento que, según su versión, ellos esperaron el cumplimiento de sus acuerdos iniciales o, al menos, su presencia de los priistas en el Recinto Legislativo para concluir la sesión. Esto nunca ocurrió. Y por eso, dicen, tuvieron que hacer solos la votación, y elegir ellos a sus consejeros.

DOS VERSIONES

Esta es, por decirlo así, “la otra versión” de lo que ocurrió el fin de semana. Lo cierto, en todo esto, es que este proceso tan atropellado lo único que hizo fue minar severamente la credibilidad y legitimidad tanto del IEE, como de la coalición legislativa, y qué decir del PRI. Y por eso, aún con todo, sigue siendo sostenible el señalamiento de que la gran perdedora, en todo esto, fue la democracia en Oaxaca.