+ PWF debe responder con eficacia, no con evasivas

Hace meses, cuando se anunció el inicio de los procedimientos judiciales en contra de una treintena de funcionarios de la gestión del gobernador Ulises Ruiz, en este espacio se advirtió sobre el riesgo de que la realización incorrecta de las auditorías y las averiguaciones previas, podría derivar en un efecto boomerang que afectaría gravemente a la imagen y los intereses del gobierno en turno. Hoy, cuando el tema público potencialmente atractivo es el de las campañas proselitistas, este asunto debe ser un dolor de cabeza para aquellos que ya ven, en el fracaso de las acusaciones, una inmejorable bandera del priismo para sus campañas electorales.
En efecto, desde un inicio hubo dudas importantes respecto al trabajo que se realizaba en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno estatal. En primer término, la misma administración estatal había inflado las expectativas de la ciudadanía, respecto del acto de justicia que constituiría la posibilidad de meter en la cárcel a los personajes a quienes, en la efervescencia electoral, se les acusaba de haber saqueado las arcas del Estado. Las dudas, sin embargo, surgían del hecho mismo de que no se advertía un trabajo verdaderamente eficaz para detectar las irregularidades y, en base a ellas, formular correctamente las acusaciones ante los tribunales competentes.
El primer gran error de este asunto consistió justamente en que el gobierno estatal impuso el matiz político, en una cuestión que debía ser estrictamente jurídica. Sólo la Secretaria de la Contraloría supo el nivel de calidad con el que hicieron las auditorías respectivas. Y luego cometió un error fundamental al dar a conocer, casi con vociferaciones, los nombres de los implicados, acusándolos indebidamente por las “confabulaciones” en que, según la Contralora, incurrieron para saquear las arcas estatales.
Esos dos errores podrían ser cruciales. La politización deliberada de un tema jurídico, y la publicación de nombres, fueron los dos factores que desde el inicio enredaron este asunto y que, en combinación con posibles deficiencias, podrían terminar en un desastre.
¿Por qué? Porque la Contralora prefirió exhibir los montos y los posibles responsables como un triunfo anticipado ante la opinión pública, pero sin tener la seguridad plena de que, al final, los proceso administrativos y judiciales terminarían tal y como comenzaron: señalando montos millonarios de dinero, y con una treintena de ex funcionarios inhabilitados administrativamente, sentenciados condenatoriamente por peculado, desvío de recursos, abuso de autoridad y otros delitos que pudieran configurarse por los delitos cometidos en el ejercicio de funciones administrativas.
Hoy la contralora comienza a cambiar el discurso. Sabe que la lluvia de amparos fue consecuencia de su error al dar a conocer anticipadamente los nombres de los señalados —y no del hecho de que los acusados estén recurriendo a juicios de garantías, porque así como ella tiene el derecho de acusar, los otros tienen el mismo derecho a defenderse, aún siendo responsables—; y hoy sabe también que sus ruidosas acusaciones podrían terminar en el bote de la basura, no porque los acusados sean unas blancas palomas, sino porque sus procedimientos podrían no estar tan bien sustentados como ella dice, y por lo tanto no pasar por la prueba de la constitucionalidad, una vez que sean sometidos ante la jurisdicción de los tribunales federales.
Y de nuevo: el asunto no es político, sino de eficacia en los litigios. Y ahí la contralora Woolrich podría perder definitivamente una batalla, que mediáticamente ha ganado (incluso en el ámbito nacional) gracias a la inversión en gacetillas, y al sensacionalismo y atracción que tienen las acusaciones en contra de funcionarios de un gobernador repudiado, como lo es Ulises Ruiz frente a Oaxaca, y al país.

BANDERA POLÍTICA
Lo ideal sería que las auditorías tuvieran la solidez suficiente como para poder sostener, frente a cualquier tribunal, las acusaciones que anticipadamente ha hecho la contralora. Lo ideal habría sido que los señalamientos iniciales (de que el quebranto patrimonial superaba los tres mil 200 millones de pesos) pudieran ser constatados en sentencias firmes, y que entonces sí no sólo los señalados, sino también el gobierno y el grupo de poder para el que sirvieron, pagaran el costo judicial, económico y político del saqueo que perpetraron. El problema es que la historia es distinta.
Hoy la misma contralora Woolrich Fernández reconoce que los montos por los que inicialmente se acusó a los ex funcionarios, ha ido disminuyendo en la medida en que algunos de ellos han comenzado a solventar las observaciones de las auditorías. Varios de ellos, además, tienen como uno de los argumentos para su defensa legal, el hecho de que la dependencia acusadora no les ha permitido acceder a los expedientes de auditoría para solventar las irregularidades.
Y en más de un expediente instaurado por la Contraloría, existe la certeza de que será derrumbado cuando llegue a los tribunales judiciales, por su deficiente integración. Esto, al final, haría un acto de justicia lleno de claroscuros: porque así como la contralora Woolrich acusó sin pruebas y sin fundamentos sólidos, más de un acusado podría ser exonerado no porque no se haya robado un peso de las arcas estatales, sino porque el órgano acusador (la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría General de Justicia del Estado) no tuvieron la capacidad suficiente para sostener las acusaciones y dar pruebas sólidas de sus señalamientos.
No son aisladas las posibilidades de que esto ocurra. Y si llega a pasar, esta será una bandera inmejorable de victimización para los adversarios políticos del gobierno actual. Ya podemos imaginarlos, no sólo ahora alardeando sobre la fallida persecución en su contra, sino también presumiendo que, en la verdad legal, ellos sí son las blancas palomas que en realidad nadie cree que son, pero en lo que nadie les pudo comprobar lo contrario. Eso sería toda una desgracia.

MAOH, EN CAPILLA
Por cierto, el tema de Miguel Ángel Ortega Habib y las persecuciones que pesan en su contra, son tema aparte. Es un asunto que, en realidad, rebasa al ámbito estatal y podría inscribirse en investigaciones de otra naturaleza que, sin ninguna duda, harán parecer sin mayor importancia a cualquier acusación que le haga el gobierno de Oaxaca. Ya lo veremos.

+ Diputados lucran con función, pero no se comprometen

Ayer iniciaron las comparecencias de secretarios de la administración estatal ante el Congreso del Estado, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno. Ese acto, que para muchos ilusos puede entrañar democracia y rendición de cuentas, en realidad no es sino un circo en el que se ve y se escucha de todo, pero que, objetivamente, no sirve para nada.
Si los legisladores locales se jactan de ser realmente democráticos y comprometidos con las causas ciudadanas, debían de avergonzarse del formato planteado para estas primeras comparecencias, y por ende debían también tomar medidas para evitar este grosero circo en el que únicamente se agrede a la sociedad oaxaqueña. Veamos si no.
Ayer por la mañana, inició el ciclo de comparecencias con el secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, Salomón Jara Cruz. Tanto su participación en ese ejercicio, como la de los diputados, dieron cuenta puntual de lo que será esta supuesta evaluación legislativa del trabajo de las dependencias estatales, y de la enorme oportunidad de hacer algo positivo por Oaxaca que, como en muchas otras ocasiones, están desperdiciando a la vista de todos.
Y no. El problema no sólo radica en el hecho de que las comparecencias sean un auténtico circo, sino sobre todo en el hecho de que éstas no tienen impacto alguno en la evaluación del trabajo realizado, o en el establecimiento de compromisos sobre las deficiencias. No. Las comparecencias sirven sólo para que los diputados se luzcan señalando, cuestionando y descalificando a los servidores públicos, y para que éstos vayan e informen lo que les viene en gana.
En ese sentido, fue demostrativa la comparecencia del secretario Jara Cruz. Desde el inicio se estableció que el formato de la comparecencia incluiría una primera intervención del funcionario, para después escuchar los posicionamientos de diputados representantes de cada una de las fracciones parlamentarias integrantes de la Comisión, quienes podrían hacerle hasta tres preguntas. Finalmente, tendrían derecho a participar los diputados en iguales circunstancias, teniendo el funcionario la obligación —se supone— de responder a los cuestionamientos de los representantes populares.
Esas fueron las condiciones de la primera comparecencia, y seguramente serán las de todas las siguientes. En ese sentido, el secretario Jara Cruz llegó al Congreso a hacer una exposición simple y escueta de su primer año de trabajo y, como luego se lo señalaron los diputados, su comparecencia no sirvió sino para hacer una relectura de lo que ya se había asentado en el documento que contiene el Primer Informe de gestión del gobernador Gabino Cué.
Luego escuchó los reclamos tanto de los diputados opositores del PRI, como de los integrantes de la Coalición Legislativa. De hecho, y para sorpresa de los presentes, fueron mucho más críticos los diputados coalicionistas que los opositores. Representantes de por lo menos tres de las fuerzas coaligadas le pidieron su renuncia al cargo. Todos, sin excepción, le reprocharon su falta de resultados, y le formularon preguntas sobre su desempeño que, al final, éste optó por evadir, por confundir o simplemente por quedarse callado.
Fue, como era previsible, mucho “bla, bla, bla”, y mucho circo político para regodeo de quienes sienten que tienen todo el poder en las manos; pero al final todos —el funcionario compareciente y sus examinadores, los diputados de las comisiones de Pesca, y Agropeacuaria, Forestal y Minería— se fueron a casa quizá satisfechos por haber contribuido a que esos cuestionamientos, exigencias, ataques y recriminaciones hubiesen quedado sólo para la anécdota; pero, por un lado, que el campo, la pesca y la producción agrícola de la entidad, siga tan mal como siempre; y que, por el otro, el funcionario siga tan campante e impune en su cargo, también como siempre.

COMPARECENCIAS “CHIMUELAS”
Las comparecencias, en las condiciones actuales, no tienen ninguna utilidad real. De nada sirve que cuestionen, señalen y hasta intenten defenestrar a un funcionario, si al final de todos modos la comparecencia no sirve para establecer compromisos a cumplir en un tiempo determinado (so pena de ser separado del cargo ante un incumplimiento), ni es un método para coaccionar al funcionario a un mejor desempeño; y mucho menos es resultado de un trabajo conjunto, verdaderamente en comisiones legislativas, entre los representantes de la administración pública y los diputados locales.
Las comparecencias, en esa circunstancia, no son sino un circo. El bajo perfil de los diputados, y la deficiente forma en la que comparecen los servidores públicos, inhibe en sí mismo la posibilidad de que la presencia del funcionario en el Salón de Plenos sea para una verdadera evaluación ciudadana, y para un auténtico cuestionamiento de los representantes populares. Es decir, que como una suerte de mecanismo de control político entre los diputados y el gobierno, este ejercicio es un poco más que inservible.
Además, las vociferaciones, las burlas y las exigencias de renuncia no sirven de nada, si los diputados no pueden exigir hechos o resultados concretos a los funcionarios, y si tampoco tienen herramienta alguna para ejercer cierta presión o coacción tanto para que informe del estado real en que se encuentra la dependencia a su cargo, como para que se obligue a cumplir con ciertos deberes en los que ha incumplido, en no lo ha hecho satisfactoriamente, o en los que debe mejorar para seguir mereciendo continuar en la responsabilidad.
Sin embargo, como nada de eso existe, todos en la comparecencia reían. Reía el secretario Jara Cruz como gesto de impunidad frente a los legisladores que lo cuestionaban, pero que no podían hacer absolutamente para obligarlo a modificar una sola de las conductas o deficiencias reprochadas. Y también reían los legisladores, cuando lo señalaban, cuando se burlaban, o cuando le reprochaban libremente por su ineptitud, por su falta de resultados, e incluso por sus antecedentes como protagonista de la pintoresca grilla local.

¿MUCHA DEMOCRACIA?
Evidentemente, el resultado es pésimo. Así irá al Congreso, cada uno de los funcionarios llamados a la glosa. Y así, al final, todos dirán que cumplieron con la ley. Pero, ¿habrán cumplido con Oaxaca, y con una ciudadanía que espera más hechos concretos, y menos circo, de quienes tienen en sus manos las tareas del Estado? Seguramente no.

+ Fracciones legislativas: nulidad en “democracia”

El año pasado, el Presupuesto de Egresos del Estado fue aprobado en el Congreso del Estado por una mayoría conformada por los partidos de coalición, pero no contó ni con la aprobación, ni con el aval, ni con la participación de la fracción parlamentaria del PRI. Un año después, quedó claro que en el manejo de los recursos el gobierno estatal asumió plenamente —y a veces hasta con excesos— las facultades que le confiere la ley. Pero también quedó claro que, en eso, no hubo consideraciones de ningún tipo ni para quienes avalaron la ley con su voto, y mucho menos para quienes la convalidaron con su ausencia. ¿Ocurrirá algo parecido para 2012?
El año pasado, la recurrente ausencia priista del salón de plenos del Poder Legislativo, y su resistencia a participar de la discusión y aprobación de innumerables temas vitales para la vida pública de la entidad, de algún modo podía comprenderse en las inestabilidades propias de una fracción que pasó, sin escalas intermedias, del total control por parte del líder hegemónico, a una completa soltura y autonomía de sus integrantes. De ser tradicionalmente “homogéneos” —por deberle todos la curul a una sola persona— y disciplinados, pasaron a ser representantes de distintos intereses y grupos que confluyen al interior de la fuerza partidista a la que todos pertenecen.
Aparentemente, la razón por la que el PRI no asistió a sesiones tan trascendentales para sus intereses, como la de la discusión del gasto público para 2011, se debió a la falta de acuerdos internos en su fracción parlamentaria, aunque en el fondo siempre quedó la idea de que esa ausencia había sido una forma decorosa y “políticamente correcta” de convalidación del proyecto de gobierno que entonces iniciaba, aparentemente sin meter las manos.
En medio de todo esto se encontraba un factor fundamental de inestabilidad: el líder moral de su grupo (el ex gobernador Ulises Ruiz) tenía una confrontación total con el nuevo gobierno; pero a la vez había una percepción generalizada de que los diputados locales priistas de la LXI Legislatura, no querían ni comprar ese lío ni padecer las consecuencias de una confrontación directa con el nuevo gobierno.
Por eso, en esa y otras decisiones optaron por el colaboracionismo en diferentes formas. En unas ocasiones optaron por no aparecer en las sesiones; en otras adujeron acuerdos con las otras fracciones parlamentarias. Y en otras más no dieron una sola explicación, sino que de forma individual o colectiva acordaron el sentido de su voto, la conveniencia que éste implicaba, y lo hicieron.
Eso era exactamente lo mismo que ocurría con las otras fracciones parlamentarias. Argumentando la coalición legislativa que anunciaron al inicio de la Legislatura, éstos decidieron votar en el sentido de apoyar las propuestas del Gobernador del Estado. Ello quedó de manifiesto en votaciones directas como la que ocurrió justamente cuando aprobaron el proyecto de presupuesto para 2011.
Los diputados aseguraron haber discutido y analizado individualmente la propuesta, y la sometieron a votación sin necesidad por el proceso deliberativo que, se supone, debía haber para participar en la orientación del gasto, y para garantizar que los intereses sociales defendidos por su partido quedaran también incluidos en el ejercicio presupuestal para el siguiente año.

¿VOTAR SIN ANALIZAR?
Nadie duda que la dependencia que encabeza el secretario Gerardo Cajiga Estrada sepa hacer proyecciones presupuestales. Incluso, nadie duda que lo que él quiere, en nombre del Gobierno del Estado, es el mejor aprovechamiento de los recursos económicos con los que cuenta la entidad, y que esa sea la lógica y motivación del paquete económico que ayer presentó al Congreso.
Sin embargo, ¿esas presunciones —fundadas, sin duda— son suficientes para que los representantes del pueblo oaxaqueño en el poder público, omitan discutir, analizar e incluso incidir públicamente en el presupuesto que se proyecta para Oaxaca? Aún tomando en gran consideración la buena fe del gobierno estatal, y la posible prestancia del secretario Cajiga Estrada, la respuesta a todo esto debe ser “no”.
Esto porque, en principio, no es saludable que la fracción parlamentaria del PRI siga siendo, como lo fue el año pasado, una comparsa silenciosa de los intereses gubernamentales. Porque, además, no es propio ni correcto de una democracia en construcción, que la representación popular decida aprobar de antemano un tema que, como el económico, es fundamental no sólo para el proyecto político o el gobernante, sino fundamentalmente para la gobernabilidad democrática y para la atención de la desigualdad y los problemas sociales más sentidos que tiene la entidad. Esto no es correcto, ni siquiera en un “gobierno de coalición” como el que se jactan de haber conseguido el titular del Poder Ejecutivo y los partidos que hacen mayoría en el Congreso del Estado.
El tema económico, en esta lógica, debiera motivar una discusión intensa, cargada de propuestas alternativas e incluso de exigencias para que el gobierno estatal tuviese una mejor atención a las necesidades y desequilibrios entre las regiones, entre los municipios, y entre los problemas que enfrenta la ciudadanía que habita en los distintos puntos de la entidad oaxaqueña.
¿Podemos esperar eso? Pareciera que no. Pareciera que, de nuevo, lo que se espera es una discusión de baja intensidad; de un convencimiento (por convicción o por conveniencia) generado de antemano, que sigue la lógica de que lo que dice el gobierno es lo correcto y es lo conveniente, y que por esa razón debe ser aprobado para seguir alimentando el “gobierno de coalición” y la “transición democrática” en la que dicen que vivimos los oaxaqueños.
¿Debemos esperar eso de una fracción opositora como la priista, que dice tener un compromiso firme con la ciudadanía, y un convencimiento claro de su calidad de opositores? Evidentemente no. ¿Y debemos esperar de antemano una aprobación unánime por parte de la coalición legislativa? Podemos esperarla, sí. Pero no debería ocurrir así.

¿EVIEL PEÑA NIETO?
No cabe duda que el grado académico no es garantía de nada. En las campañas para gobernador, eso fue motivo para un linchamiento permanente en contra de Eviel Pérez Magaña —que es cualquier otra cosa, menos un tarugo—. ¿Y Enrique Peña Nieto? A él ni el título de abogado que le expidió la Universidad Panamericana lo salvó del mal paso.
almargen@tiempoenlinea.com.mx

+ Gobierno sin proyecto, producto de olas electorales

La misma gente cercana al edil panista Luis Ugartechea Begué se siente contrariada cuando le preguntan, incluso en buena lid, sobre la sensibilidad y el trabajo territorial que, se supone, hizo su jefe en campaña. La contrariedad surge del hecho de que el ahora Munícipe participó realmente poco en el proselitismo a través del cual se le postulaba para encabezar el Ayuntamiento citadino. Su triunfo, en esas condiciones, fue más producto del momento y las circunstancias, que de un trabajo sólido o de un conocimiento específico de los problemas, y las soluciones, que necesita la capital oaxaqueña.

Urgartecha, como bien debe recordarse, ingresó a la política local, empujado por el anhelado deseo del empoderamiento ciudadano que surgió en todos los rincones del país, como respuesta y reclamo al sistema tradicional de partidos, y a los malos resultados que estaban dejando los políticos tradicionales. Al menos en Oaxaca, él y algunos otros personajes emergieron como alternativa para esos sectores sociales y económicos relevantes que, sin embargo, son generalmente ignorados, o menospreciados, por las clases políticas tradicionales.

En un primer momento, como aspirante a una diputación federal por el Partido Acción Nacional en 2009, Ugartechea se apareció en la escena pública local no sólo como un representante innovador de la llamada “vallistocracia” de la capital oaxaqueña, sino también como un personaje de ideas potencialmente frescas, y sensibilizado por los problemas que, como empresario local, también había padecido con los acontecimientos de los años previos. Se supone que con esos antecedentes, podría hacer una representación decorosa de los problemas del sector económico de la capital oaxaqueña, que había sido tantas veces ninguneado —y otras utilizado para sus propios fines— por el gobierno estatal, entonces de extracción priista.

Ugartechea perdió aquella primera elección, ante una bien aceitada maquinaria priista que recibía impulso y recursos desde el Gobierno del Estado. Lejos de ser un proceso electoral atractivo para la mayoría de los ciudadanos, aquel de 2009 fue una elección para muchos sin importancia y, esencialmente, de mero trámite para el PRI. Dicho partido ganó las 11 diputaciones federales. Y personajes como Ugartechea fueron vilmente aplastados en buena medida como producto del desdén ciudadano por emitir su voto.

Quizá esa cuestión fue determinante para su desganada campaña proselitista del año siguiente. El ser empresario, el asumir una postura lejana a los compromisos partidistas tradicionales, y el asegurar que conocía la problemática de la capital oaxaqueña, lo hicieron candidato natural para ir a pelear al alcaldía, dentro de un proceso electoral en el que, por suerte, también se definiría la gubernatura del Estado y la composición del Congreso local. El problema era que Ugartechea se veía incrédulo a las posibilidades.

Seguramente fue por esa razón, como él mismo lo ha reconocido públicamente, fueron los aspirantes a concejales, y los partidos integrantes de la coalición, los que hicieron la mayor parte del trabajo territorial y de proselitismo. A él, en plena campaña en la que era competidor, y en horas en las que se supone que debía estar promocionando el voto a favor de la entonces causa opositora, se le podía ver con toda tranquilidad atendiendo su negocio, o tomando café en los restaurantes cercanos a su domicilio particular.

No parecía muy motivado a invertir tiempo, dinero y recursos económicos, en una campaña en la que él mismo no sabía si obtendría, ahora sí, un resultado favorable. La ventaja fue el envión gabinista que lo arrastró hacia el Palacio Municipal. El problema fue que nunca quedó claro si tenía o no proyecto y perspectiva real de lo que se debía hacer al frente de la Alcaldía. E incluso ni siquiera había quedado constatado si de verdad quería ser Presidente Municipal, o no.

GOBIERNO SIN PROYECTO

El gobierno de la capital oaxaqueña, ha demostrado su buena madera desde hace más de una década. Esto porque ha soportado todas las calamidades posibles: malos gobernantes, proyectos truncos, vivales y oportunistas que han visto en el Ayuntamiento sólo la oportunidad para escalar a peldaños políticos superiores, y no como el espacio para servir a la comunidad oaxaqueña. La mejor prueba de ello, es que desde hace más de diez años ningún Presidente Municipal electo por la ciudadanía ha querido, o podido, llegar al último día de su administración.

La consecuencia de todo esto es que los oaxaqueños nos hemos acostumbrado a los gobiernos de improvisación, a las administraciones que sólo aprovechan las oportunidades y, en general, a los malos resultados. Por eso, aunque enoja, no sorprende que la ciudad tenga tantos problemas. Y por eso mismo parecemos habernos acostumbrado a que nuestras administraciones tengan tan pocos resultados, pero que a la vez alardeen tanto sobre las sedicentes respuestas que en realidad no entregan a la población.

Hoy la ciudad no es mejor que la de antes. Salvo excepciones contadas, los citadinos seguimos padeciendo exactamente los mismos problemas de siempre. Se maquillan algunos problemas. Pero lo cierto es que, de nuevo, y como en las administraciones anteriores, hoy tenemos un gobierno citadino sin una perspectiva clara de lo que debe hacer, sin un conjunto de objetivos bien marcados en el qué y el cómo, e incluso sin la estabilidad y el proyecto administrativo que debiera estar guiando su camino.

El gobierno de Luis Ugartechea está a punto de llegar a su primer tercio, y aún no da muestra clara de lo que quiere para la capital. El Munícipe ha gobernado con un panismo que no es panismo; con algunas de sus actitudes, ha querido acercarse a una izquierda que ni lo reconoce ni lo toma en cuenta; como empresario ha dado respuestas tibias a sus representados. Y, en su calidad de gobernante, hoy pretende acercarse a todos aquellos sectores populares a los que no pudo ni quiso ganarse en sus tiempos de campaña.

GOBIERNO ¿PARA DÓNDE?

El problema es que Ugartechea parece gobernar con más inestabilidad y enojo —que a veces parece hasta resentimiento, aunque realmente quién sabe en contra de qué o de quién—, que con certeza de lo que se supone que sabe sobre su proyecto de gobierno. Y con eso, y con sus resultados, no demuestra la seguridad que debería tener un individuo que verdaderamente sabe cuáles son sus retos al frente del gobierno.

+ Seguridad y certeza, más que gran estructura

La regulación del transporte público ha sido un tema recurrente de gatopardismo para el Gobierno del Estado. Desde hace más de una década, las instancias públicas encargadas del rubro han aparentado buscar la fórmula correcta para dotar de seguridad y certidumbre a la vigilancia y reglamentación del sector, aunque lo único que han hecho es tomar medidas para seguir justificando la corrupción. Esto no debe ocurrir de nuevo. Y esa es la lógica que idealmente debería seguir el nuevo replanteamiento que viene, de lo que hoy es la Coordinación de Transporte.

En efecto, en los dos últimos sexenios se trataron de aplicar fórmulas que, según se pensó, eran las correctas, pero que por la falta de compromiso de sus titulares, terminaron siendo desastrosas. En el sexenio 1998-2004, el tema del transporte trató de ser colocado como un tema de primera importancia para la administración estatal. Para ello, incluso, se creó una secretaría que poseía todas las atribuciones específicas para regular el sector.

Este primer intento, en apariencia, era el correcto. En la Secretaría del Transporte se aglutinaban todas las facultades relativas al otorgamiento, permanencia y revocación de las concesiones de transporte público, y tenía los alcances para constituirse en una especie de “árbitro” de la función del transporte terrestre en la entidad, que iba desde los autobuses de servicio urbano y suburbano, taxis y automóviles de alquiler para el transporte foráneo de personas.

Aunque en apariencia esto funcionaba, finalmente todo terminó siendo un desastre. ¿Por qué? Porque apenas había terminado esa administración, los sucesores descubrieron que la Setran había sido un nido de corrupción, debido no a los fallos en el alcance de la instancia, sino justamente porque esas atribuciones habían sido usadas en exceso, y además porque los funcionarios que la encabezaban se dedicaron a defraudar a los particulares, expidiendo concesiones con la firma falsificada del Gobernador del Estado.

Para entonces ya se preveía que el transporte era un asunto no sólo técnico o estratégico, sino que en las circunstancias particulares de Oaxaca, era —para variar— un asunto político. Por eso la Setran fue reducida a una Coordinación, y fue incrustada en la estructura de la Secretaría General de Gobierno. Se pensaba que, teniendo menos facultades y estando supeditada al encargado de la política interna del Estado, el sector del transporte tendría una mejor regulación. El problema es que, en realidad, nada cambió.

Y nada cambió por una razón simple: aunque se habían hecho cambios cosméticos, todo en realidad seguía siendo igual que antes: los procesos de la Coordinación de Transporte seguían siendo opacos y discrecionales; la Coordinación se encontraba en manos de personas corruptas. Y, en general, el sector era territorio fértil para todo tipo de vivales que creían que, con dinero, podían arreglar todo, y conseguir todo, aún pasando por encima de la ley.

Al igual que en la administración anterior, al finalizar el sexenio 2004-2010, la corrupción en Cotran era, acaso, la más escandalosa de todo el Gobierno del Estado. Valiendo para nada la transformación hecha al inicio de la gestión, de nuevo esa instancia era objeto de todo tipo de señalamientos relativos a la corrupción de sus funcionarios, el tráfico de influencias, la discrecionalidad desmedida y también el fraude a personas que, por incrédulas, habían pagado grandes sumas de dinero por trámites legalmente gratuitos, pero complejos de llevar a cabo, y que al final habían sido timados.

Todo esto, por tercera ocasión, generó una exigencia de cambio y saneamiento que, en un primer momento, quizá sí fue escuchada pero no fue atendida por el Gobierno del Estado. Hoy, cuando por enésima ocasión Cotran es una bomba a punto de estallar, la administración estatal deja ver la posibilidad de un nuevo replanteamiento de esa instancia. Pero hasta ahora no ha dado pauta alguna sobre el modo en cómo piensa resolver el complejo y tentador asunto del transporte.

CERTEZA, ¿CÓMO?

Más allá de los cambios legales, en el ámbito subjetivo de las personas en las que recaiga la responsabilidad de la nueva instancia encargada de regular el transporte, se necesitan dos condiciones ineludibles: primera, un compromiso verdaderamente inquebrantable por cumplir con la encomienda que se le dé; y segunda, que garantice (a quien deba de garantizarle, si es que en realidad el Gobernador del Estado quiere hacer cambios reales y para bien) confiabilidad respecto al manejo de las atribuciones comentadas.

El asunto no es menor. La instancia encargada del transporte ha sido modificada en más de una ocasión, pero ésta ha seguido dando los mismos dolores de cabeza de siempre, justamente porque ésta ha sido dejada en las manos incorrectas, y porque las personas que han manejado el sector lo han hecho con un sentido eminentemente patrimonialista, y no con un verdadero sentido de servicio a la comunidad oaxaqueña.

¿El solo cambio legal, o incluso constitucional, frenaría el tráfico de influencias, o los actos de corrupción, tales como la falsificación de documentos o autorización irregular de concesiones? Evidentemente no. Esto, en un primer momento, por fuerza debe partir de la rectitud de los funcionarios, y de su decisión de negarse a cualquier tipo de acto de corrupción. Y en un segundo momento, debe estar reforzado por una regulación legal que permita la total transparencia en todos los actos de la instancia.

Esto es que, contrario a como es ahora, el otorgamiento de concesiones sea conducido a través de un trámite que sea público de oficio; que, quizá, la facultad de otorgar concesiones deje de ser discrecional del Jefe del Ejecutivo, para ser una decisión colegiada o validada por la Legislatura o los ciudadanos; y que desde las distintas vertientes del sector (taxistas citadinos, foráneos, camioneros, etcétera) se haga un compromiso expreso por ceñirse a las disposiciones legales que expida esa nueva instancia, y evitar ser los primeros que fomenten la corrupción en la misma.

Sin eso, de nuevo los cambios serán cosméticos. Y sin eso, de nuevo al final del sexenio estaremos presenciando otro escándalo generado por este mismo asunto, al que se han propuesto modificar… para que siempre siga igual.

REVISIÓN A SILVA

¿Se atreverá el gobierno a hacer una revisión de verdad objetiva del año que la Cotran estuvo en manos de Pedro Silva? Será una caja de pandora. ¿Lo hará?

+ Sin triunfalismos, los ajustes son urgentes

Hoy que cumple su primer año de gestión, al gobierno de Gabino Cué Monteagudo debe tener claridad en muchas cuestiones. Igual que a la ciudadanía, a ellos también les debe quedar claro que, ni ahora ni nunca, puede existir un gobernante infalible, un gabinete perfecto, o condiciones sociales óptimas para la tarea de gobierno. Éste es constantemente un camino cuesta arriba. Y por tanto, la administración estatal debe asumir con humildad lo bueno y lo malo que hasta ahora han hecho, para tratar de encauzar lo que no se ha hecho, y de reforzar y corregir los aspectos en los que se han desviado.
En efecto, la llegada del primer año de gobierno efectivo debe servir no para triunfalismos y mucho menos para lamentaciones. En el mejor de los casos, debiera ser momento y oportunidad de un ejercicio serio y sereno de autoevaluación y autocrítica, en la que el gobernante y su equipo pudieran evaluar objetivamente lo que hasta ahora han hecho, para tratar de seguir adelante en las mejores condiciones. Suponiendo que el gobierno de Gabino Cué lleve a cabo una autoevaluación de ese tipo, ¿qué aspectos tendría que tomar en cuenta?
En primer término, debía asumir hoy con humildad, que hasta ahora el mayor error cometido fue el de la generación de expectativas inalcanzables. El hecho de haber derrotado al partido histórico gobernante, significó para los actuales hombres y mujeres del poder la oportunidad de incrementar su bono democrático a partir de la generación de expectativas en la ciudadanía.
Se equivocaron al prometer que a partir del 1 de diciembre de 2010 Oaxaca iba a cambiar. Y la mejor muestra de ello está en que hoy la mayor parte del cuestionamiento del que ya son blanco, parte justamente de la desilusión que ha provocado el hecho natural de que ellos no podrían hacer, en ese lapso, todo lo que prometieron a la ciudadanía.
El gobierno actual se equivocó también al hablar de alternancia y transición. Cometieron el error clásico de confundir un término con otro, y hoy pagan las consecuencias de ello. ¿Por qué? Porque, independientemente de lo que pase en los cinco años siguientes, siempre el primer gran logro del gobernador Cué habrá sido el de haber derrotado al clientelismo hegemónico priista.
No obstante eso, en gran medida la administración actual sigue gobernando bajo la estructura y método de sus antecesores. La reforma constitucional realizada en abril, en ningún sentido llena los parámetros de democracia que los oaxaqueños esperan. Y es evidente que hasta hoy no existen muestras claras de querer pasar de las reformas declarativas, al cambio institucional efectivo que impacte en la evolución de la práctica y la estructuración del ejercicio del poder.
Queda claro que, en un primer momento, en esos dos puntos se centran la gran mayoría de las críticas y cuestionamientos de los que hoy son objeto. El problema es que, en el caso particular de las expectativas, éstas también fueron generadas irresponsablemente no sólo en el ámbito democrático, sino también en el de la respuesta eficaz a los problemas sociales de la gente.
Además de honestidad y trabajo, el gobierno prometió a los oaxaqueños obras, resultados, avances tangibles, y eficacia y eficiencia en la atención de los problemas que aquejan y preocupan a la mayoría. Y aunque en muchos casos sí ha habido la atención y el cambio de actitud, también es evidente, e innegable, que la alternancia no traía consigo bolsas de dinero ni varitas mágicas para que se pudieran resolver cuestiones que en años, o décadas, han sido imposibles de atender en su totalidad por los gobiernos anteriores.

HACER CAMBIOS
Un cambio de actitud y una transición democrática suponen cambios trascendentales en la forma de hacer gobierno. Porque es claro que la transición no implica ni infalibilidad y mucho menos la posibilidad de cambiar para mejorar. El requisito previo de todo esto, radica en que el gobernante decida por construir, y no lo haga por capricho o por simplemente imponer su decisión. Eso es lo que debe ocurrir en Oaxaca luego del primer año de gobierno.
Es innegable que el gobierno actual necesita ajustes por todos lados. Contrario a lo que se dijo, la administración estatal inició con la satisfacción de los compromisos contraídos en campaña con las fuerzas y grupos políticos hasta entonces opositores, y no con los hombres y mujeres de la entidad. La heterogeneidad y la ineficiencia marcaron el rumbo de no pocas dependencias estatales que hasta hoy no han podido tomar el rumbo y la fuerza que requería este momento político en específico.
En este sentido, para un gobierno como el actual es fundamental comenzar a dar resultados y refrendar las promesas hechas a la ciudadanía. Si la expectativa no se ha podido cumplir en este primer periodo, lo que debe haber no es una actitud de desánimo, sino de replanteamientos para tratar de hacer un mejor papel en esta empresa pública, que es de esfuerzos continuados y de largo aliento.
Los criterios para la renovación del gabinete, como ya apuntábamos hace dos semanas, deben ser más claros y, urgentemente, deben estar encaminados a la funcionalidad y no a la continuación del pago de cuotas. No se puede seguir pensando en esa lógica, pero al mismo tiempo exigir resultados y disgustarse cuando se les cuestiona por no satisfacer la expectativa ciudadana. La buena aceptación del resultado depende de la capacidad de acción. Y ésta sólo se logra cuando los esfuerzos son coordinados, y todos los participantes trabajan con los mismos objetivos y rumbos.
Por todo eso, el primer año debe ser motivo del primer gran ajuste. Finalmente los tropiezos son consecuencia, más que de las circunstancias, de las decisiones equivocadas. La ineficiencia no debe ser coronada, pero tampoco debe temblar la mano cuando de lo que se trata es de dar mejores resultados. No se puede pensar en seguir cooptado siempre, como tampoco puede creerse que hasta hoy todas las cuentas entregadas a la ciudadanía son cuando menos aceptables.

TRANSPORTE
¿De verdad es de avanzada el proyecto que se tiene para el replanteamiento de la instancia estatal encargada de regular el transporte público? No se necesita de descubrir el agua tibia, aunque la tarea tampoco es fácil: se necesita honestidad de quien tenga en las manos la función; transparencia total en los procesos; y colaboración del sector regulado. Sin eso, cualquier instancia que creen será pan con lo mismo. Y eso será.

+ No hay disfraz: su aplicación, a la vista de todos

Si alguien pensó en algún tipo de “plan macabro” respecto a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), el blanco eran los profesores, y la forma de lograrlo era la desiformación. Hoy es evidente que la ACE se aplica libremente por la instancia educativa estatal, en acuerdo —o forzadamente— por la autoridad federal, y con la anuencia de una sección sindical que dice rechazar el plan, pero que en los hechos está haciéndose el desentendido frente a su aplicación.

En efecto, hoy la ACE está lejos de ser un plan abominable, o que su aplicación se haga “en lo oscurito” o a espaldas de la colectividad. De hecho, tal y como lo hemos señalado en al menos tres entregas distintas desde hace varios meses, en los últimos años el Gobierno del Estado ha obtenido recursos económicos para la educación, gracias a la aceptación de lineamientos contenidos en la Alianza por la Calidad de la Educación.

En los casos en los que la Sección 22 se ha resistido a reconocerla (como es el caso de la antigua Carrera Magisterial), los recursos extraordinarios provenientes del gobierno federal para ese fin en Oaxaca, simplemente fueron frenados. Y es evidente que, en otros muchos casos —como los señalados ayer en la nota principal de TIEMPO—, ha habido la aceptación tácita de la 22 para que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca se adhiera a los programas y obtenga los recursos federales que ellos exigen.

Ante todo esto, en realidad, quienes debieran sorprenderse no son los dirigentes de la Sección 22, sino sus agremiados. Es prácticamente imposible que la dirigencia seccional desconozca esta realidad. Y mucho menos podría asegurar lo anterior, cuando es perfectamente sabido, y está hasta “legalizado”, que más de tres cuartas partes de los funcionarios de primer nivel en el IEEPO fueron nombrados nada menos que a propuesta de la 22. Si aún con todo esto la dirigencia seccional desconoce en qué estado se encuentra la relación del sector educativo oaxaqueño con la ACE, entonces estaríamos ante una traición mayúscula de quienes en realidad son los brazos ejecutores de su capacidad de control, cooptación y represión laboral de las bases magisteriales.

No obstante, los trabajadores de la educación —los que están a ras de suelo, frente a grupo, marchando y obedeciendo fielmente las disposiciones de su dirigencia sindical, cada que ésta les indica que tomen las calles— no pueden decir lo mismo. La implementación de la ACE en realidad ha venido acompañada de una enorme campaña de silencio y desinformación por parte de la misma dirigencia sindical, que hoy sin ningún pudor se niega a dar información verdadera a sus agremiados.

Sólo a partir de eso puede entenderse que la ACE esté caminando lentamente. Y que en ese andar no haya encontrado la oposición de un sector magisterial que, en otros años, ha luchado decididamente en contra de disposiciones de mucho menor alcance que las relativas al acuerdo. Con todo eso, lo que queda claro es que los verdaderos traidores a las bases magisteriales no son ni las autoridades ni los gobernantes ni la sociedad que les exige los resultados que sistemáticamente se niegan a dar.

En realidad, los auténticos traidores son los dirigentes de la Sección 22 frente a sus agremiados. Y no. No se trata de que la traición radique en la implementación de la ACE, sino en el hecho de que ellos fueron quienes los llevaron al rechazo de la Alianza —lo que ha traído aparejado fuertes golpes económicos a muchos trabajadores, pero que traerá muchos más en los años por venir, mientras no se acepten los términos de la ACE— y son quienes ahora están permitiendo, con su silencio y su desinformación, que ésta se aplique selectivamente, pero manteniendo detenidos los aspectos que exigirían mayores resultados, pero que a cambio beneficiarían salarialmente a los educadores oaxaqueños.

LA FEDERACIÓN EXIGE

Desde hace algunos años, cuando el gobierno federal firmó la Alianza por la Calidad en la Educación con el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Sección 22 de Oaxaca rechazó ese plan, esgrimiendo dos argumentos fundamentales:

En el primero de ellos, aseguraba que la ACE intentaba homogenizar la educación en el país, sin tomar en cuenta las condiciones y rezagos particulares de los niños y jóvenes oaxaqueños. Éstos, abundaban, requerían condiciones y planes educativos específicos, en razón de sus particularidades y rasgos indígenas, étnicos, lingüísticos, y también en relación a sus condiciones sociales de marginación, pobreza e inferioridad de oportunidades frente a los niños y jóvenes de otras entidades federativas en mejores condiciones económicas, sociales y políticas que la nuestra.

El segundo de los argumentos, en realidad, es de tipo eminentemente político. Ellos rechazaron también el plan por ser éste una creación de la dirigencia nacional del SNTE, de la que ellos son disidentes. Aseguraron, por eso, que la ACE en realidad era un plan enmascarado de privatización de la educación. Y fundados en la defensa de sus derechos laborales, llamaron a sus bases a rechazar la Alianza y generar un plan alterno que sí respondiera a sus necesidades.

Frente a todo esto, en algún sentido el gobierno federal les dio entrada, pero silenciosamente también les robó sus banderas de lucha. Hoy, quien revise la ACE podrá encontrar incorporados prácticamente todos los lineamientos “alternativos” que planteaba la 22 para rechazarla. La SEP también los “rebasó por la izquierda”, al tomar en cuenta esos criterios de diferenciación positiva para los niños y jóvenes de comunidades indígenas, poco aventajadas social y económicamente hablando.

LOS VERDADEROS TRAIDORES

Y además de todo eso, la Federación comenzó a “apretar”, hasta el momento actual, en cuanto al suministro de recursos económicos. Por eso, silenciosamente el gobierno estatal se ha venido adhiriendo a los términos de la ACE. La dirigencia magisterial, sin embargo, no tiene justificación. En público niega lo que en privado reconoce y acepta. Los profesores son los que pagan los platos rotos. A través de la desinformación, por el momento, los tienen conformes. Pero como dice la frase clásica de Abraham Lincoln: “Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo.” Y eso será lo que irremediablemente pase con los agremiados a la Sección 22 en relación a la ACE.

+ Falta de visión, no arreglos, razón de impunidad

Se equivoca Azael Santiago Chepi, dirigente de la Sección 22 del SNTE, cuando asegura que podría haber un pacto entre el Anterior y el Actual Mandatario, para dejar impunes los delitos relacionados con el conflicto magisterial y popular de 2006. Más que por arreglos, la falta de justicia y esclarecimiento de los hechos ocurridos en aquel episodio viene de la falta de visión de quienes prometieron hacer una revisión exhaustiva de los acontecimientos, y castigar a todos aquellos que resultaran con responsabilidad. ¿A qué nos referimos?

Como bien lo recordamos los oaxaqueños, el conflicto magisterial de 2006 fue un hecho sin precedentes en la vida pública de la entidad. En aquel entonces, los profesores de la Sección 22, y diversas organizaciones de lucha social —junto con gran parte del grupo político que hoy gobierna la entidad—, signaron un pacto para derrocar al gobernador Ulises Ruiz.

Durante el conflicto, hubo una contienda permanente de defensa y ataque, tanto de los grupos inconformes, como del gobierno estatal. Éste último, en diversos momentos ordenó actos inaceptables (como los rondines de la llamada Caravana de la Muerte, en la que más de una persona perdió la vida, así como una lista inmensa de actos de represión selectiva).

Pero también, diversos grupos que encabezaban la insurgencia magisterial y popular, cometieron actos abiertamente constitutivos de delitos en contra de la población civil, que bajo ninguna circunstancia pueden ser justificados bajo el argumento de que fueron dentro de la lucha popular, o por ser “prevenciones” a actos de represión y persecución por parte de agentes gubernamentales. El común denominador, por esos acontecimientos, es el ataque sistemático mutuo, y el sometimiento al pueblo oaxaqueño a “medidas de seguridad” o de “legalidad”, en realidad inaceptables para el Estado de Derecho.

Cuando terminaron los enfrentamientos, y las fuerzas federales llegaron a la entidad a restablecer el orden, los grupos inconformes (entiéndase la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, y la Sección 22 del SNTE), perdieron una oportunidad inmejorable para exigir que instancias estatales, nacionales e internacionales independientes, hicieran una verdadera evaluación de lo ocurrido, y contribuyeran a un verdadero proceso de deslinde de responsabilidades.

Lejos de ello, prefirieron la autoflagelación, a través de la denuncia de abusos a través de organismos afines a ellos, que si bien sí hablaban de hechos ciertos cometidos en contra de la 22 y la APPO, también contribuían a minimizar, negar y ocultar hechos de violencia, abusos y ataques que cometían integrantes de los grupos que encabezaban el movimiento popular.

El resultado de todo eso, fue la entrega de esa oportunidad a la administración del entonces gobernador Ruiz. Éste, hábil como era, aprovechó el momento para prometer justicia (cosa que nadie creía), y encabezar las supuestas investigaciones al respecto. Queda claro que respecto a ello, el gobierno estatal se constituía en juez y parte de unos acontecimientos de los que él mismo era corresponsable.

Frente a ello, sería ridículo pensar que en algún momento tuvo ánimo de hacer justicia. Y lo que siempre fue evidente, es que sus agentes lo único que hicieron (desde la Procuraduría General de Justicia, y desde el Poder Judicial del Estado) fue enredar las investigaciones, desviar las líneas de investigación, y justificar y exculpar a todos aquellos personajes que habían ocupado cargos de primer nivel en la administración que pudieran tener motivos para ser perseguidos.

Esa fue la “justicia” que el gobierno de Ruiz procuró a Oaxaca. Y fue la razón por la cual el gobierno actual prometió iniciar verdaderas investigaciones para dar con los verdaderos responsables de la represión y los ataques a la población, y castigarlos conforme a las leyes vigentes para dar justicia a los afectados.

¿Y LA JUSTICIA?

La administración estatal, hasta ahora no ha tenido verdadera voluntad para hacer justicia. Y no, no se trata de que haya pactado, o de que ésta se trate de una gran confabulación con sus adversarios y enemigos políticos. En realidad, lo que le ha faltado al gobierno actual, es una verdadera visión de Estado para entender este problema, y enfrentarlo con las herramientas posibles para hacer justicia.

Por ejemplo, de nada sirve que se haya creado en la Procuraduría una fiscalía para la investigación de los hechos relevantes del pasado, si este esfuerzo no viene dotado de las herramientas indispensables, los recursos y el personal adecuado para ello. Según se sabe, lo único que hizo la PGJE fue reorientar a algunos de sus agentes del ministerio público y secretarios ministeriales para este tema. Pero queda claro que ellos no son personas especializadas en la materia ni tienen especialización ni incumbencia con los delitos que están investigando.

Lo mismo ocurre con el Poder Judicial. De él, hasta ahora tampoco se ha notado hasta hoy un esfuerzo serio y articulado por contribuir a generar las condiciones de colaboración para que esas investigaciones se lleven a cabo. No se trata de que esa “coadyuvancia” consista en la creación de juzgados de consigna, ni mucho menos que en la PGJE se establezcan fiscales de acusación irracional.

Más bien, de lo que esto debiera tratarse, es de esfuerzos institucionales coordinados para poder llegar a resultados aceptables. Hoy, todo lo que se hace son esfuerzos aislados, y más bien ceñidos al ámbito de las apariencias y de lo políticamente correcto. Por eso, hoy todos los resultados que pudieran tener esas investigaciones, y esas demandas de justicia, más bien se encuentran cuestionados y son poco creíbles. Tendrían credibilidad, sin embargo, si el esfuerzo fuera sistemático, y si la visión de la indagación fuera de verdad un asunto de Estado, y no una cuestión para quedar bien con ciertos grupos, y para aparentar el cambio.

OPORTUNIDAD VISIBLE

Todavía existe una enorme oportunidad. Sólo falta que los grupos que se duelen por esos acontecimientos, tengan la voluntad de exigir no sólo investigaciones, sino dar pautas para ellas. Y sobre todo, que estén dispuestos a asumir la parte de responsabilidad que les derive de ellas. El 2006 no fue un conflicto en el que el gobierno fue el malo y la resistencia fue el bando de los buenos. La población resintió agravios de todos. Y esa debiera ser la ruta de una auténtica investigación de Estado relativa al conflicto del 2006.

+ Gobierno y grupos deben dejar atrás demagogia

La posibilidad de regular las marchas, es tanto como querer apostar al triunfo de la demagogia. En sí mismas, las manifestaciones públicas son expresión desbordada de cuestiones que antes debieron ser atendidas y resueltas por las vías institucionales. Es decir, que quien sale a manifestarse en la vía pública, lo hace ante la falta de atención, o los vicios que se han creado en su relación con la autoridad. Ante ello, es fundamental preguntarse: ¿Es necesaria la regulación, o la concertación?

En efecto, la visión ingenua o ventajosa, que pretende hacer creer a la sociedad que el solo cambio a las leyes modifica la situación de la sociedad, es la que apunta a que con una regulación legal todo se solucionaría. Por el contrario, una visión más apegada a la realidad, debiera apuntar a lograr una mejor acción de gobierno y concertación política —y también de entendimiento y colaboración de los grupos sociales—, para tratar de terminar, por esa vía, con las manifestaciones que afectan a terceros.

Queda claro que las manifestaciones públicas no surgen por simple generación espontánea. En primer término, éstas son un derecho de la ciudadanía constitucionalmente consagrado que, además, se perfecciona por la falta de atención por parte de la autoridad, a los problemas y asuntos que le plantean los ciudadanos. Idealmente, no debieran existir las marchas porque, se supone, todo debiera también ser resuelto eficazmente y a través de los cauces legales previamente establecidos.

El problema es que, hoy, esto último no se reduce más que a un ideal. La autoridad, en primer término, fue rebasada por completo por un aluvión de problemas sociales y políticos que diariamente atiborran a las instancias encargadas de la administración y la gobernabilidad; pero en esto, también existe una buena dosis de ineptitud y desatención de esos asuntos, que a la larga no han hecho sino multiplicar los vicios, y disminuir las posibilidades de soluciones oportunas y convenientes para el interés general, y no sólo para un grupo en específico.

Hoy nos quejamos de las marchas. Pero no fueron los mismos quejumbrosos de hoy —la sociedad— quien en otros momentos exigió que, independientemente de su contenido y finalidades, fueran atendidas y satisfechas las demandas de quienes protestaban, justamente para terminar con los actos de molestia.

Las consecuencias de ello, hoy están a la vista: muchas de esas manifestaciones son auténticos actos de chantaje o de provocación a la autoridad, que se llevan a cabo directamente en las calles, sin antes pasar por las oficinas gubernamentales, donde se pudieron haber resuelto sin afectar a terceros. Son un vicio porque las mismas torceduras de la autoridad lo fomentaron. Y son un chantaje porque lo que en muchas de esas manifestaciones se busca, no son aspectos relacionados con el interés general, sino beneficios y canonjías para grupos específicos.

Frente a este panorama, cabe de nuevo la pregunta: ¿qué hacer con ello? Para ser eficaz, sin duda la respuesta debe estar apegada a la realidad, y no a las aspiraciones de quienes creen que el solo legalismo es suficiente para cambiar la sociedad.

¿REGULAR LAS MARCHAS?

¿Cómo ponerle una regulación legal, a asuntos que en sí mismos rebasaron las esferas legales? Toda marcha o acto de manifestación en la vía pública, visto desde una óptica tajantemente jurídica, en sí misma viola derechos de terceros, y también podría ser constitutiva de delitos. Si la autoridad lo que quiere es hacer valer el Estado de Derecho, lo hará sin cortapisas, sin titubeos, y utilizando las herramientas que le proporcionan las leyes vigentes sin necesidad de ninguna modificación.

¿Por qué la autoridad no evita las marchas o los bloqueos de calles, oficinas públicas y demás? No lo hace porque no quiere; porque considera que hacerlo traería más problemas que beneficios. Y tampoco las regula no porque no quiera, sino porque si ni siquiera puede resolver los problemas que les plantean quienes se manifiestan, menos será capaz de ponerle reglas a sus manifestaciones… y mucho menos conseguirá que los marchantes o inconformes, hagan caso de esas reglas que fueron establecidas para normar la única vía que les queda (la de las calles, que no debiera ser una opción) para ser escuchados.

Por eso, es muy alto el riesgo de que una regulación jurídica de las marchas sea más un acto demagógico, que una respuesta eficaz que termine con los problemas que provocan las manifestaciones. Por eso, en lo que debe pensarse —aunque también sea un idealismo— es en la posibilidad de lograr verdaderos consensos entre quienes acostumbran manifestarse, y establecer también reglas específicas para evitar, por la vía que sea, que las manifestaciones en sí mismas se conviertan en actos de molestia que repercuten en terceros.

El Gobierno del Estado, independientemente de su color partidista, y del grupo que gobierne, debiera tener operadores eficaces y verdaderamente atentos para evitar el desbordamiento de los conflictos. En las circunstancias actuales, eso parece francamente imposible. Y por eso, quienes hoy tienen la tarea de gobernar, padecen los mismos problemas que denunciaban cuando les tocó ser oposición. Es decir, que esto ya no sólo se trata de un asunto de eficiencia de la autoridad en turno, sino que son problemas estructurales que debieran ser remediados a través de formas mucho más amplias que las intentadas hasta hoy.

Suponer lo contrario, equivaldría a seguir abonando la idea de que con el endurecimiento del castigo, la incidencia de la conducta disminuye. Si eso no ocurre en temas tan delicados como el endurecimiento de penas corporales (hoy hasta cadena perpetua) a quienes cometen ciertos delitos, mucho menos va a suceder en temas que no importan consecuencias tan graves, como la penalidad que pudiera contener una ley que regula las marchas.

MUCHAS LEYES

Quienes hacen las leyes debieran dejar de pensar en la demagogia, y en los excesos legislativos. No hace falta crear más ordenamientos para un sistema jurídico que sustantivamente es muy competitivo, pero que adjetivamente —es decir, en el ámbito de la aplicación— es simplemente desastroso. Todos debieran preocuparse por hacer valer las leyes vigentes, y cumplir con las obligaciones que se les encomiendan, y dejar de pensar que con actos demagógicos podrán contribuir en algo a tener una mejor sociedad.

+ Gobierno y S-22, relación nociva… y mafiosa

Según el Diccionario Esencial de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española, toda mafia es “un grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos”. Ante los hechos, es claro que la Sección 22 del SNTE es justamente eso, ante la complacencia de un gobierno —y una sociedad— que deberían —o deberíamos— tener vergüenza por tolerar plácidamente esa relación inadmisible.
En efecto, lo que está a la vista de todos los oaxaqueños, es una relación pactada entre el gobierno y la Sección 22, en la que el primero debe tolerar todas las acciones que emprenda el segundo; en la que los mentores tienen todo el derecho a hacer lo que sea necesario para proteger sus intereses. Y en el que la sociedad es quien debe de pagar las consecuencias por ello. Esto, una sociedad verdaderamente comprometida y democrática, debiera ser inaceptable.
Ayer, como en muchas otras ocasiones, vimos cómo los maestros de la Sección 22 tomaron una causa, y la llevaron hasta sus últimas consecuencias. Tomando como bandera de lucha un simple acto de solidaridad con otros gremios, los trabajadores de la educación en Oaxaca dejaron, como en muchísimas otras ocasiones, a más de un millón de alumnos sin clases; paralizaron oficinas gubernamentales estatales y federales, bloquearon la actividad comercial y bancaria, y obstruyeron la prestación de servicios públicos necesarios para la ciudadanía.
El problema, frente a esto, no radica sólo en que lleven a cabo esos actos (que lo mismo pueden constituir simples actos de molestia para la ciudadanía y el comercio, que delitos en contra de quienes sí ven directamente vulnerados derechos protegidos por las normas penales vigentes), sino sobre todo en que nadie —ni la sociedad ni el gobierno oaxaqueño, o el federal— dice nada frente a esos abusos flagrantes.
Pareciera que, frente a la organización mafiosa del gobierno, nadie tiene ya interés en arreglar nada. Y es que la de ellos es una auténtica asociación mafiosa. Pues aun no llevando a cabo acciones criminales, queda claro que sí están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario (legal o no, moral o no, ético o no, legalmente posible o no) con tal de proteger sus intereses comunes.
Aunque la misma Sección 22 es un conjunto fundamentalmente plural —que a su interior tiene a innumerables corrientes disidentes entre sí—, es evidente que cuando se trata de defender sus privilegios, sus salarios o las canonjías que han logrado como conquistas sindicales, no tienen reparo de ir juntas hasta lograr el objetivo. No les importa encima de quién pasen, ni qué intereses legítimos afecten, ni qué personas o instituciones tengan que pisotear. La prueba de ello, fue la resistencia que encabezaron durante el conflicto magisterial de hace un lustro.
Lo grave, hoy, es que ya nadie parece preocupado por arreglar nada. El gobierno estatal parece resignado a sostenerse en la postura de tolerar el problema y capotearlo, sin vislumbrar ninguna posible solución perentoria. Sólo a partir de ello puede entenderse que las jornadas anuales de negociación entre la 22 y la administración estatal, se reduzcan hoy a la entrega de un abultado cheque en blanco, que el Gobierno del Estado otorga a los profesores democráticos, pero sin establecer contraprestaciones de ningún tipo por parte del magisterio, en relación a los temas educativos que además, se supone, son su obligación de atender independientemente de los incrementos de sueldo.
Y si esto pasa con el gobierno estatal, qué se puede decir del federal. Éste, en realidad, únicamente se involucró en los temas educativos de Oaxaca cuando tuvo enfrente a la insurgencia magisterial del 2006. El gobierno federal intervino sólo como un acto de conveniencia y supervivencia particular —ya que sabían que al entregar Oaxaca, y la cabeza del entonces gobernador Ulises Ruiz, ellos mismos se convertían en el siguiente objetivo—, pero no porque verdaderamente estuviera convencido en atender y resolver una gravísima problemática que, directa o indirectamente, todos los días afecta a millones de oaxaqueños.

TODOS DESENTENDIDOS
Si queda claro que nada de esto le importa al gobierno, ¿será distinto con la sociedad? Tal parece que no. Los ciudadanos comunes —nosotros— estamos en el punto de habernos acostumbrado a estas afectaciones. Ver un aula sin clases es para los oaxaqueños algo de lo más normal.
Y hoy, al ver también calles, comercios u oficinas públicas bloqueadas, simplemente nos hace buscar la solución al problema inmediato, pero no la necesidad de exigir que los responsables de ese asunto —el gobierno y el magisterio— cumplan con los compromisos democráticos y educativos que, se supone, tienen con la ciudadanía.
La lógica común es sencilla: si el gobierno es incapaz de exigir, controlar y coaccionar a los maestros que no cumplen con su obligación laboral mínima, menos podremos ser capaces de ello los ciudadanos —que no tenemos ni las herramientas legales, ni la legitimación, ni la posibilidad del uso de la fuerza que sí tiene el Estado. Eso nos lleva al desánimo. Y éste al convencimiento de que nosotros no podemos ser capaces de incidir en la solución de asuntos como éstos.
A nosotros, como ciudadanos, eso debería avergonzarnos. Porque aún frente a lo que podamos decir, éstos hechos nos siguen ubicando como la misma sociedad agachona y conformista que, según parece, no hemos dejado de ser. Pero también debiera avergonzar, tanto o más, al gobierno que según negocia con ellos y da respuestas que constituyen soluciones al problema magisterial ¿Por qué la vergüenza? Porque ellos, desde hace años, han dado todo a cambio de nada. Y cuando se dice nada, es que, en efecto, la 22 ha recibido todo cuanto le han dado, pero no ha cedido un ápice en sus afectaciones y formas de llevar a cabo la lucha política y gremial que encabezan desde hace más de tres décadas.

¿NO HAY SOLUCIÓN POSIBLE?
Mientras todo esto siga viéndose desde la perspectiva actual, el problema sólo se irá agravando. Pero estamos tan acostumbrados, que este asunto que debiera tenernos con los cabellos de punta, más bien nos provoca tranquilidad. Mientras no cierren las calles, qué importa que cierren las escuelas. Pero eso, que es tan grave y riesgoso, pero que a la vez no merece ningún tipo de preocupación, sólo ocurre en un estado tan singular, e irresponsable, como el nuestro.