+ Objetivos políticos perdidos: alerta lanzada por FARP

Entendiendo claramente que en política, como en todo a nuestro alrededor, el análisis del sentido de los hechos debe estar alejado de las coyunturas simples, de las casualidades, y sobre todo de la ausencia de matices, el estado actual de la Sección 22 del SNTE debía verse más allá de sus rejuegos con el gobierno estatal. Sus más recientes actuaciones y determinaciones, se inscriben en el marco de su dinámica interna de la lucha por el poder. No debíamos perder de vista esa cuestión trascendental.

Hasta el momento, ha sido largamente analizada la actuación y las determinaciones del llamado “magisterio democrático” de Oaxaca, a la luz de sus relaciones y los compromisos políticos que tiene con el gobierno de Gabino Cué Monteagudo.

Queda perfectamente claro que unos y otros fueron copartícipes en la lucha político-electoral contra el régimen priista del ahora ex gobernador Ulises Ruiz, y que de una u otra forma, ambos grupos asumieron el poder el pasado 1 de diciembre.

Del mismo modo, este tiempo ha puesto en claro algo que muchos no quisieron ver mientras todos eran parte de la oposición: que finalmente, el Gobierno del Estado comenzaría a tomar decisiones, y que éstas no serían avaladas incondicionalmente por la Sección 22.

Al contrario, se dijo desde siempre —y se ha venido constatando en la realidad— que el sindicato magisterial de Oaxaca no hace alianzas incondicionales ni tiene amigos, sino intereses; y que lucharía hasta el final por la defensa de sus causas, independientemente de quién fuera el Gobernador del Estado.

Incluso, ha quedado claro que en buena medida, el llamado “martes negro” (15 de febrero pasado, día que en un grupo de profesores se enfrentó con elementos federales durante la visita presidencial a la capital oaxaqueña) fue provocado por la falta de habilidad de los operadores políticos del gobierno estatal, para entender que al negociar con la Sección 22 no sólo debe hacerlo con su Secretario General, sino esencialmente con los líderes de los casi quince grupos que controlan fácticamente la asamblea estatal.

Sin embargo, un elemento que ha sido ignorado por completo hasta hoy, es el de los propios procesos, y momentos internos, que se viven en la Sección 22. ¿De qué hablamos? De que al interior, existe también una pugna abierta entre sus grupos de control por hacerse del cargo que ostenta hoy Azael Santiago Chepi, y que la lucha por alcanzar la dirigencia estatal del Sindicato Magisterial, ha desatado la furia y las tácticas más bajas que alguien pueda imaginarse.

Aunque pareciera extraño, podría ser que siguiendo esas coordenadas, se encuentren algunas de las respuestas que hacen falta, tanto de las relaciones entre el Sindicato magisterial y la administración del gobernador Cué, o con gente identificada con el gobierno priista de Ulises Ruiz.

Es altamente llamativo que sea desde el mismo seno de las organizaciones armadas, de donde surjan invitaciones a la Sección 22 a no perder el enfoque, el liderazgo y la ruta de su lucha; desde donde los llaman a sostener sus banderas y a no permitir que sus postulados de lucha queden extraviados; y desde donde les advierten de los peligros de confiarse de un gobierno (el del gobernador Cué) que para ellos no es tan amigable como hoy aún lo aparenta.

ADVERTENCIAS

El pasado 7 de marzo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, las FARP, emitieron un comunicado a través del cual advierten que la Sección XXII de la CNTE se encuentra “en la mira represiva”. Aunque parece un poco extenso el extracto que a continuación reproduciremos, éste debe ser analizado con todo detalle en cada una de sus palabras:

“Empieza a salir a flote la lucha política e ideológica de dos de los principales grupos al interior del movimiento magisterial. Uno de ellos argumenta, contra el otro, complicidad y alianzas con el ulisismo (léase priismo) y agrega una larga lista de denostaciones. El otro argumenta que su contraparte está aliada con el diodorismo, el cual detenta en la actualidad parte de las mieles del poder estatal.

Pero las declaraciones de estos grupos y sus representantes no ayudan al movimiento magisterial ni popular, por el contrario lo perjudican mucho. Ambos se rasgan las vestiduras, sacando a flote su inmadurez y un poco de soberbia en sus alocuciones. En juego está el relevo de la dirigencia seccional, así es que muchas corrientes o grupos ya enfilan sus baterías. Al presentarse la oportunidad de hacer resbalar al oponente, no se pierde la oportunidad de hacerlo.”

La lucha ideológica no está demás, siempre y cuando se haga de manera adecuada, siguiendo los canales adecuados. La lucha política por los espacios es un derecho conquistado, pero es necesario ubicar correctamente cuál es el enemigo de clase, teniendo la capacidad de detectar el momento y las formas de hacerlo de tal manera que no se le den armas al adversario para golpear. En la lucha legítima por dirigir el movimiento magisterial no debe nadie llevarse entre las patas todo un proceso histórico. Con sus muchos aciertos pero también con sus muchos errores, la Sección XXII es en la actualidad un símbolo de la lucha social a nivel nacional.”

El señalamiento es clarísimo: que en su lucha por el poder, los grupos o corrientes internas de la 22 no sólo se están descalificando entre sí para ganar adeptos, sino que están corriendo el grave riesgo de desacreditar todo el proceso histórico por la democratización, y el referente nacional que son en cuanto a la lucha social.

Todo esto, según lo dicen atinadamente las FARP, lo que hará es dar armas a los oponentes: armas para desacreditar socialmente la lucha magisterial, para desautorizar a sus dirigentes, y para deslegitimar las banderas que ellos ondean para justificar su lucha como movimiento social.

RIESGO NO CALCULADO

Las FARP advierten sobre la revelación de datos de corrupción en el IEEPO. Dicen que esos datos, en cualquier momento, comenzarán a tocar las partidas presupuestales que fueron destinadas al Comité Ejecutivo Estatal de la 22. “El objetivo —dicen— es generar un ambiente de linchamiento en la opinión pública y sentar las bases para justificar una ofensiva represiva.” ¿Todo esto le queda claro a los “democráticos”? Tal parece, sin embargo, que en su lucha por el poder ya perdieron los límites. ¿Permitirán que “todo se vaya al traste”?, como lo advierte el grupo armado. El tiempo, sin duda, confirmará esa tendencia.

+ Padre Amaro, y Ley de Herodes, los ejemplos

Pretender acallar la libertad de expresión desde el gobierno, no sólo es un acto que atenta contra las garantías y principios fundamentales que establece la Constitución federal, sino que además es un error y una estupidez las que comete el régimen que lo intenta. La historia reciente de nuestro país, nos ha enseñado que cada que desde el poder público se ha intentado ejercer alguna acción de control o censura, particularmente sobre cintas cinematográficas que reflejan cierto aspecto de la vida nacional, siempre los efectos han sido contrarios y los gobiernos han quedado mal parados.

Nuevamente, para refrendar aquella vieja —pero no por ello desfasada— consigna de no olvidar, volteemos un poco al pasado reciente. En el andar de las últimas dos décadas, nos encontramos con al menos tres intentos claros de censura a películas mexicanas, que más temprano que tarde revelaron la vena autoritaria de los gobiernos o grupos que lo intentaron, fueron proyectadas tal y como fueron creadas a pesar de todos y, lejos de ser minimizadas, por ese hecho alcanzaron notoriedad y atención del público, independientemente de la calidad de producción que tuviera la historia en cuestión.

La primera de las cintas que encontramos en ese somero recuento es Rojo Amanecer. Película protagonizada por los actores José Alonso y María Rojo, entre otros, que revela la vida de una familia clasemediera mexicana, que habita en uno de los edificios contiguos a la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, cuando ocurre la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968, a manos del batallón Olimpia, del Ejército Mexicano, y que involuntariamente se convierte en objeto de los excesos y la brutalidad de los agentes policiacos y elementos militares que terminan masacrando a la familia completa.

Según una reseña publicada ayer por el periódico El Universal, de la Ciudad de México, “una noche de principios de 1989, Carlos Salinas de Gortari se levantó de su asiento en la residencia oficial de Los Pinos y recibió, entre risueño y serio, a Valentín Trujillo. El entonces mandatario acababa de ver el filme Rojo amanecer, donde se abordaba la matanza estudiantil de Tlatelolco, y quería darle su opinión a Trujillo, el productor.

“Salinas de Gortari le soltó entonces la frase: ‘Felicidades por la película, pero el Ejército queda mal, podría suavizarse eso’. Trujillo lo entendió y eliminó dos secuencias en que soldados se pasean entre cuerpos y sangre. Años después el material sería incluido en el DVD que ahora se encuentra a disposición de todos.”

Otra de las cintas que padeció una circunstancia más o menos similar, fue La Ley de Herodes, producida en 1999 por Luis Estrada, y protagonizada por el actor Damián Alcázar. Aquella película, hacía un reflejo y parodia de lo que habían sido los gobiernos del PRI, con todos sus vicios y la contrariedad que generaba el hecho de que el más corrupto personaje de la cinta —que había emergido desde la más honda de las ingenuidades— no sólo no era castigado por sus crímenes y excesos, sino que finalmente era premiado por todas sus trapacerías, bribonerías, engaños y tomaduras de pelo, reflejándose como un político modelo que defendía la democracia y los principios constitucionales desde la más alta tribuna de la nación, con la calidad de diputado federal.

Cuando se iba a estrenar esa cinta, el gobierno de Ernesto Zedillo hizo todo lo posible para no permitirlo. Primero se enfrentaron al hostigamiento por parte del Instituto Mexicano del Cine; la contrariedad surgió porque Estrada había decidido cambiar el final, en el que el protagonista aparece en las Islas Marías purgando una condena por todos sus crímenes, por el que comentamos en líneas anteriores.

De acuerdo con El Universal, “a finales de 1999, y durante cuatro meses, La ley de Herodes se proyectó sin permiso de Estrada en Cineteca Nacional y Cinemark. No se respetaban los horarios; se interrumpía hasta tres o cuatro veces la exhibición sin previo aviso y hasta se anunciaban localidades estaban agotadas, cuando ni siquiera había gente en las salas.

“Al final, el escándalo fue monumental. Los medios internacionales hicieron eco del hecho y cuestionaron el régimen democrático de Ernesto Zedillo. Al final, en febrero del siguiente año, se estrenó masivamente. Y Amerena —director del Imcine— fue removido de su cargo.”

IGLESIA INTOLERANTE

A principios de esta década, el cine mexicano vio la luz de El Crimen del Padre Amaro, protagonizada por Gael García Bernal y Ana Claudia Talancón. Esa, era la historia de un sacerdote católico joven, que llega a una población y se enamora de una bella chica.

A la par de esa historia, se desenvuelve otra en la que el párroco titular tiene nexos con narcotraficantes y es denunciado por un periodista local a través de la prensa. Mientras se ve cómo la Cúpula Católica mueve todos sus hilos de poder para frenar el escándalo mediático, el joven cura sostiene una relación amorosa furtiva con la joven, hasta que ésta resulta embarazada. Todo llega a su punto clímax cuando éste la obliga a abortar y ella muere desangrada en el momento en que se le practica un legrado clandestino.

Cuando se iba a estrenar esa cinta, diversos grupos pro católicos llamaron a hacer un boicot, respaldados silenciosamente por el gobierno federal panista, que entonces acababa de asumir el presidente Vicente Fox.

¿Qué tienen en común todas esas historias? Que los intentos de censura siempre han acabado exactamente en lo contrario. Tiene tal nivel de respaldo y respuesta social cualquier intento gubernamental por censurar, que siempre el efecto es proporcional a la intensidad con que se intentan esas acciones.

Existen infinidad de razones jurídicas para demostrar por qué la cinta Presunto Culpable no tiene razón de estar metida en una serie de controversias judiciales que, en realidad, no intentan salvaguardar los derechos de un particular, sino impedir que esa cinta se exhiba y sea bien recibida por el público en las salas de cine.

EFECTO CONTRARIO

No existe, repetimos, fundamentación suficiente como para considerar que finalmente Presunto Culpable pueda ser retirada de las salas de cine. Pero, en el caso de que ese intento se consumara, de todos modos ello no detendría los efectos y el recibimiento del público, a través de canales informales o incluso de la piratería. La denuncia que hace es mucho más fuerte y profunda que cualquier intento por acallarla.