+ ¿Conflicto de límites o invasión de facultades?

El conflicto entre los estados de Oaxaca y Chiapas por la pertenencia del territorio que comprende la región de los Chimalapas, presenta un conjunto de aristas harto interesantes que pronto habrán de ser dilucidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que deben ser tomadas en cuenta para comprender el desarrollo de este asunto.

No es momento de hacer previsiones ni juicios de valor, sino únicamente de conocer los escenarios en los que puede desembocar este asunto, y comprender también algunos de los elementos que componen tanto la controversia constitucional presentada por los Poderes del Estado, como los otros procedimientos que contempla la Constitución Federal para el arreglo de límites entre entidades federativas.

Vayamos por partes. Porque, de entrada, es necesario conocer qué actos fueron reclamados por los Poderes del Estado de Oaxaca en las respectivas controversias constitucionales que presentaron ante el Alto Tribunal a mediados del mes de enero pasado. De acuerdo con el Sistema de Consulta Temática de Expedientes de la Suprema Corte, Oaxaca reclamó, a través de las controversias a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, cinco puntos, que son los siguientes:

1. El Decreto número 008 emitido por la responsable, Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Chiapas, mediante el cual estableció la ‘tercer reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas y se crean los municipios de Mezcalapa, El Parral, Emiliano Zapata y Belisario Domínguez’;

2. El Decreto cuyo número y fecha ignoramos, mediante el cual designaron al concejo municipal del nuevo municipio denominado ‘Belisario Domínguez’.

3. los anexos técnicos elaborados por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Chiapas que sirvieron de fundamento para emitir el Decreto precisado en el punto anterior, mismos que por disposición expresa de su artículo ‘segundo transitorio’, forman parte de dicho Decreto; y que a decir del propio decreto, contienen unos estudios técnico jurídicos, de tenencia legal de la tierra y mapas que precisan las circunscripciones territoriales de los nuevos municipios. (…)

4. Todas las determinaciones y mandamientos emitidos, así como los actos realizados por el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, tendientes a materializar la ‘tercer reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas y se crean los municipios de Mezcalapa, El Parral, Emiliano Zapata y Belisario Domínguez’, concretamente los actos realizados y mandamientos emitidos para erigir el nuevo municipio denominado ‘Belisario Domínguez’ del estado de Chiapas. (…)

5. Del Concejo de Administración del nuevo municipio denominado ‘Belisario Domínguez, reclamamos todos los actos de autoridad que como municipio realicen dentro de la circunscripción territorial de nuestro municipio, mismos que se encuentran amparados en el decreto número 008 emitido por el H. Congreso del Estado de Chiapas.”

CUESTIONES INDETERMINADAS

Aunque la transcripción anterior es extensa, ésta es indispensable para conocer qué reclaman los Poderes del Estado en Oaxaca del Gobierno de Chiapas, y qué posibles vertientes jurídicas puede seguir este asunto. Para ello, es necesario tomar en consideración algunos aspectos que a continuación señalamos.

El primero de ellos, es que, como puede verse, en ningún punto de los actos reclamados, Oaxaca establece éste como un conflicto de límites. Más bien, lo presenta como una extralimitación en las atribuciones tanto del Congreso, como del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, al crear un municipio fuera de sus límites territoriales, así como las determinaciones y mandamientos del Gobernador de Chiapas para llevar a cabo la reforma constitucional en la que se dispone la creación de municipios fuera de sus linderos, y todos los actos de autoridad realizados por el Concejo de Administración Municipal del municipio de Belisario Domínguez que, se considera, fue creado en territorio oaxaqueño.

El primer problema que surge de todo esto, es que el ministro Pardo Rebolledo mandó a aclarar la controversia, y particularmente pidió informes en relación a si el Gobierno de Oaxaca había ya agotado el procedimiento establecido en el artículo 46 de la Constitución federal, para entonces acudir ante el Alto Tribunal. Con esto, queda claro que la Corte sí ve este asunto como un potencial conflicto de límites, y no sólo como un conflicto entre Poderes.

¿A qué se refiere el artículo 46 constitucional? A la necesidad de que los conflictos de límites entre entidades federativas, sean resueltos a través de convenios amistosos aprobados por el Senado de la República, o a través de la intervención de la Cámara alta para resolverlos. Incluso, dicho precepto establece que “Las resoluciones del Senado en la materia serán definitivas e inatacables. La Corte podrá conocer a través de controversia constitucional, a instancia de parte interesada, de los conflictos derivados de la ejecución del correspondiente decreto de la Cámara de Senadores.”

¿Qué se puede desprender de todo esto? Que, en un primer escenario, la Corte asuma como este como un conflicto entre poderes, y entre al análisis del asunto para poder emitir una determinación que declare infundada las determinaciones que alega Oaxaca, o que, por el contrario, deje sin efectos los actos realizados por el gobierno de Chiapas en territorio oaxaqueño.

El otro escenario es que la Corte considere que no se ha agotado el principio de definitividad, y que por tanto disponga que Oaxaca debe primero agotar los recursos ordinarios establecidos por la ley para defenderse de la invasión territorial de Chiapas, y mande a que el caso sea conocido por el Senado, para que ahí se resuelva en base a las atribuciones que le da la propia Constitución a la Cámara alta para decidir los conflictos limítrofes entre entidades federativas.

TODO ES POSIBLE

Cuando la Corte tenía entre sus atribuciones la de resolver los conflictos de límites, emitía resoluciones que nunca se pudieron cumplir. Hay varios casos documentados de ello. Por eso, hoy la atribución la tiene el Senado. Y por eso mismo, sí es posible que la Corte se decida por someter el caso a la consideración de la Cámara alta. Lo único no deseable es que, aún teniendo la razón jurídica, Oaxaca ya no pueda deshacer el acto material por el que Chiapas invadió el territorio de los Chimalapas. Ese, que también es posible, sería el peor escenario.

+ Falta de criterios hace que todos se digan agraviados

Desde noviembre pasado, en este espacio advertíamos sobre los riesgos de que el gobierno estatal otorgara indemnizaciones a los agraviados por el conflicto magisterial y popular de 2006, sin criterios y sin un esquema claro para llevar a cabo ese proceso. El resultado de esa falta de previsión, es que hoy diversos grupos se dicen agraviados por la crisis de aquellos años; que todos están tratando de convertir el resarcimiento en un chantaje; y que, en el fondo, nadie sabe con certeza si realmente se le está dando lo justo a quienes resintieron los efectos de aquel episodio, y ni siquiera si son las personas correctas a las que se les está otorgando indemnización.

En nuestra entrega del viernes 25 de noviembre de 2011 nos hacíamos algunas preguntas que hoy cobran relevancia, respecto a quienes exigen, e incluso ya recibieron indemnización por parte del Gobierno del Estado por el conflicto del 2006.

En ese momento, cuestionábamos: “¿Qué no se supone que la Procuraduría General de Justicia del Estado integró una fiscalía especializada para atender los hechos relevantes del pasado?  ¿Qué no se supone que esa debiera ser la vía idónea para determinar quiénes sí fueron objeto de agresiones indebidas por parte del Estado, quiénes no, y quiénes verdaderamente merecen una reparación económica?”

Esto, que no ha sido puntualizado por autoridad alguna, es de vital relevancia. Porque, en la lógica común del derecho, se supone que todo aquel que es indemnizado previamente debió probar ante autoridad competente, y de forma idónea, los agravios de que fue objeto; que tuvo la capacidad de establecer la forma en que éstos ocurrieron e incluso el responsable de los mismos. Si se supone, pues, que las indemnizaciones fueron hechas conforme a derecho y no a través de acuerdos políticos, entonces debiera también tenerse certeza jurídica sobre algunos de los responsables de los quebrantos por el conflicto magisterial.

El problema es que, en realidad, la Procuraduría Estatal no ha alcanzado a integrar todas las averiguaciones previas por los delitos del pasado —entre ellos, el conflicto magisterial— y, hasta donde se sabe, tampoco ha habido un proceso serio para determinar qué hechos fueron constitutivos de lesión jurídica; quiénes fueron las personas que resintieron los agravios, y a cuánto ascienden los mismos.

Todo eso, lo que deja en evidencia es que, como puede preverse, las supuestas indemnizaciones en realidad son consecuencia de pactos específicos realizados entre el grupo gobernante con ciertos sectores de la población. Y que esos pactos están siendo pagados nada menos que con recursos públicos, a través de un proceso discrecional y nada claro sobre los montos y los beneficiarios.

El problema, como lo apuntábamos en noviembre, es que, todo esto, en global, es grave porque, además de todo, finalmente inhibe la verdadera justicia. Si los ya indemnizados, de verdad hubieran ganado los procesos, entonces también debiera suponerse que probaron los delitos de que fueron objeto, y estuvieron en capacidad de señalar a las personas que, con la calidad de servidores públicos, o las corporaciones respectivas, vulneraron sus derechos e integridad física. Es decir, se supone, como es en nuestro derecho, que la reparación debiera ser el acto posterior a la determinación de todas las responsabilidades, e incluso debiera ésta venir aparejada a la ejecución de las sanciones impuestas.

Pero lo cierto es que nada hay de esto. En realidad, lo que parece estar ocurriendo es un equivocado proceso de consolidación de la impunidad, y de un pago a quienes se dicen agraviados pero que quién sabe si en realidad fueron o no las víctimas reales del conflicto magisterial. Y por si eso fuera poco, la poca claridad del proceso y la discrecionalidad del pacto, está provocando que las indemnizaciones se conviertan en un auténtico chantaje.

RESARCIMIENTO O CHANTAJE

El chantaje, desde el primer momento, estaba a la vista. Por eso, también advertíamos que “todo esto tiene mucho de demagogia. El problema es que desde la sociedad se alimenta eso. Porque unos, verdaderas víctimas, se quedan calladas. Y otros, presuntamente vivales, aprovechan la ocasión para obtener beneficios de oportunidad de ese episodio que, sin duda, fue una auténtica desgracia para Oaxaca”.

Hoy, aquella demagogia que se vislumbraba es, lamentablemente, una realidad. Como a los integrantes de la Cofadappo y de la Limeddh se les entregaron recursos prácticamente de forma discrecional, entonces ya apareció cuando menos una docena de grupos distintos que aseguran ser asimismo víctimas del conflicto y exigen al gobierno estatal la entrega de sendas indemnizaciones por los agravios que dicen haber resentido en sus negocios o finanzas personales.

Ante esto, todas las instancias involucradas debieran preguntarse: si ya llevaron a cabo las primeras indemnizaciones, sin claridad y sin criterios específicos, ¿entonces estarán dispuestas a indemnizar a todo el pueblo de Oaxaca, que de una u otra forma también fue víctima del conflicto? ¿Por qué no iniciaron el proceso de resarcimiento en contra de todas aquellas víctimas documentadas del conflicto magisterial, que derivado de esos episodios fueron lesionadas, vejadas y hasta muertas? ¿Sólo son víctimas los agraviados del gobierno o están haciendo un proceso parejo de reconocimiento? ¿Se darán cuenta del tamaño del problema que están provocando?

El resultado de no planear un proceso tan delicado como este es que, en efecto, muchas de las verdaderas víctimas de aquellos episodios terminen no siendo indemnizadas, no por el hecho de que no les corresponda, sino porque no estuvieron dispuestos a hacer bulla para exigir lo que les corresponde; y el otro riesgo es que, por su capacidad de gritar, terminen siendo resarcidas personas o grupos que en realidad ni tuvieron participación en el conflicto ni resintieron sus consecuencias. Y eso, como bien lo parece, es el peor escenario en el que podría ocurrir el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por un conflicto como el de 2006.

QUÉ VERGÜENZA…

Debiera tener la autoridad municipal al reconocer que quitaron el servicio de internet gratuito del Paseo Juárez, por el robo de equipos de cómputo a personas que acudían a ese sitio a utilizar la red. ¿No lo que debieran hacer es reforzar la seguridad? Quizá pensaron que, como dice el refrán, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero del peor modo posible…

+ Su valía como política, aún sigue reservada

Ayer, la diputada local Eufrosina Cruz Mendoza confirmó que buscará contender por una Senaduría de representación proporcional, a través del Partido Acción Nacional. Aunque pudiera pensarse que su figura encarna uno de los principales paradigmas de la política actual en Oaxaca y en México, lo cierto es que los méritos reales de la legisladora aún siguen esperando mejores momentos para ser demostrados. Mientras, ella ha conseguido, y sigue buscando, posiciones políticas de las formas más arcaicas posibles.

Eufrosina, como todos lo sabemos, saltó accidentalmente a la escena pública cuando, en 2007 intentó contender por la alcaldía de su comunidad natal, Santa María Quiegolani, y le fue negado el derecho a participar. Ante la negativa de la Asamblea Comunitaria, Cruz Mendoza vino a la capital oaxaqueña a inconformarse, por considerar efectivamente violados sus derechos políticos. No presentó los recursos legales que sí debió hacer valer. Pero, por el contrario, su historia atrajo la atención de los medios de comunicación, y de ciertos grupos políticos que tomaron su bandera y se dedicaron a protegerla y explotarla.

El planteamiento inicial de Cruz Mendoza era actual e inmejorable: ella se presentó como una mujer indígena, dispuesta a luchar por defender y hacer valer los derechos de las integrantes de las comunidades indígenas. A través de los usos y costumbres, en muchas comunidades como Quiegolani, a las ciudadanas se les negaba el derecho de participar en los procesos de elección de autoridades, y en otros casos también se les vedaba la posibilidad de involucrarse en las responsabilidades públicas de sus comunidades.

Eso fue lo que Eufrosina dijo que quería defender. Eso fue lo que le valió el reconocimiento nacional e internacional, y que, por disposición directa del Presidente de la República, el Partido Acción Nacional la postulara como candidata a diputada local en Oaxaca a través del principio de la representación proporcional, y finalmente fue lo que la llevó al Congreso del Estado a encabezar la Mesa Directiva en el primer año de gestión.

Su posición como diputada local era prometedora, pero también cargada de riesgos si no entendía —como finalmente parece que sucedió— el tamaño de sus responsabilidades. Porque una cosa es decir que se pretenden defender los derechos de cierto grupo de personas (en este caso, los derechos políticos de las mujeres integrantes de comunidades indígenas) y otra muy distinta tomar acciones concretas para tratar de conseguirlo.

El problema para Eufrosina, es que una vez estando en el Congreso, Eufrosina asumió de tiempo completo las tareas de Presidenta de la Mesa Directiva, y dejó para mejores momentos todas sus promesas relacionadas estrictamente con los asuntos que, se supone, la llevaron al Congreso.

Aquellas grandes propuestas que se esperaban en relación a la preservación y tutela de los derechos políticos en las comunidades indígenas, quedaron guardadas en el cajón del olvido. Cruz Mendoza se dedicó a hacer política. Y ni bien dejó la Presidencia de la Mesa Directiva en la Legislatura local, presentó una licencia temporal a su cargo para dedicarse de tiempo completo a apoyar la candidatura presidencial del ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo.

¿Y LA DEFENSA DE LAS MUJERES INDÍGENAS?

De algún modo puede entenderse la forma en cómo Eufrosina Cruz Mendoza llegó al Congreso del Estado de Oaxaca. Pues aunque siempre manejó que en Quiegolani se habían negado a reconocer su triunfo, lo cierto es que lo que la comunidad se negó a permitirle fue la posibilidad de participar en el proceso de elección de autoridades.

No ganó los comicios. Pero bueno, era perfectamente entendible el perjuicio a sus derechos políticos por el que Eufrosina se dolía, y el hecho mismo de que, por eso, los partidos políticos decidieran cobijarla y permitirle que, a través de ellos, explotara las siempre llamativas, rentables y hasta políticamente correctas, banderas de la preservación del indigenismo, y de la promoción a la pluralidad y tolerancia a todas las formas de hacer política que contempla la Constitución de la República. El problema es que no culminó esa tarea inicial. Y hoy, cobijada en esas mismas banderas, pretende ser nada menos que Senadora de la República.

Y es que por lo particular de su figura y antecedentes, la principal bandera de una mujer política como Eufrosina Cruz, debieran ser los hechos concretos que ha logrado como defensora de los derechos políticos de las mujeres indígenas. Una carta inmejorable para aspirar al Senado —incluso por un partido como Acción Nacional que en sus estatutos ni reconoce ni pondera las formas de autodeterminación de las comunidades indígenas mexicanas—, podría ser lo conseguido en Oaxaca en ese tema, dado que nuestra entidad es una de las que más problemas presenta por el solo reconocimiento de los usos y costumbres, y más porque ellos entrañan una serie de violaciones a los derechos políticos de las personas, que luego deben ser resueltos por tribunales o por las autoridades electorales competentes.

En ese sentido, es lamentable que Eufrosina Cruz, para tratar de llegar ahora al Senado de la República, siga apostando a una de las formas más viejas de hacer política que ya antes le redituó, pero que ni es la mejor ni es la única forma de conseguir posiciones: el tristemente célebre “cuatismo”. Y es que no se entienden sus aspiraciones si no es por la bendición del presidente Felipe Calderón Hinojosa, y el respaldo de su propuesta presidencial, el ex secretario Cordero Arroyo.

Ojalá que, por el bien del indigenismo y de la evolución de los derechos reales de los integrantes de las comunidades indígenas, diputadas como Eufrosina Cruz hubieran hecho algo desde el Congreso del Estado. La prueba de lo no hecho, se encuentra en que la reforma constitucional de abril del año pasado, no contempló los temas del derecho indígena que sí deben ser reformados y reforzados. Pero que, lamentablemente, continúan durmiendo el sueño de los justos, por la desidia de quienes, como legisladores, prometieron defenderlos.

CONTROVERSIA… CONTROVERTIDA

¿De veras pasará la controversia constitucional que presentó Oaxaca por la creación de un municipio chiapaneco en territorio oaxaqueño? Aseguran que la Corte preguntó si primero habían acudido al Senado, y la respuesta es no. Ahí podría estar una clave importante. Pronto abundaremos.

+ Plan “transexenal”, a través de Josefina

Diódoro Carrasco vislumbra, entre sus anhelos, regresar a la gubernatura del Estado en Oaxaca. Pretende verse en el espejo en que se reflejó el controvertido dos veces gobernador de Yucatán, Víctor Cervera. Y para eso ha trabajado en los últimos años, y sigue haciéndolo a través de sus renovadas aspiraciones por la Senaduría; también por medio de sus fuertes relaciones con el grupo gobernante en Oaxaca. Y también a través del proyecto presidencial de la panista, Josefina Vázquez Mota.

Carrasco, como todos los gobernantes, entendió bien que el poder político siempre se obtiene para conservarlo, y por esa razón en la última década ha luchado por regresar a los fueros que perdió con la derrota priista en la Presidencia en el año 2000. Hasta entonces, e incluso habiendo entregado la gubernatura de Oaxaca a un grupo priista totalmente contrario a sus intereses, conservó enormes cantidades de poder a través del cargo de Secretario de Gobernación.

La idea, entonces, era la de conservar el poder presidencial a través de su candidato, Francisco Labastida, y seguir detentando cargos de primera importancia. Y es que Carrasco, siendo secretario de Gobernación, se encontraba en la primera línea del poder. Y era previsible que con el triunfo priista habría amplias posibilidades de repetir en ese cargo, o de asumir otro quizá tan importante como ese.

El problema es que el entonces jefe de Carrasco, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, no hizo nada por retener la Presidencia, y el triunfo democrático de Vicente Fox llevó al Ejecutivo Federal a manos del PAN. El grupo zedillista —ideológicamente más cercano al conservadurismo panista, que a las ideas tradicionales del priismo— se convirtió en enemigo natural del presidente Fox.

Y paradójicamente, la identidad natural de unos y otros, y las aversiones que ambos compartían con y desde la casa presidencial, acercó al zedillismo con el grupo panista (justamente el del ahora presidente Calderón) que entonces era la disidencia interna del foxismo. A éste grupo, el panismo tradicional lo veía como un advenedizo que se aprovechó de la popularidad de la figura de Fox, para arrebatarle a los verdaderos militantes de convicción política e ideológica, la posibilidad de llegar a la Presidencia del país para establecer sus principios y llevar a cabo el programa de acción del partido.

El país dio varios giros en el sexenio “del cambio”, y por azares del destino en el año 2006 todos los enemigos de ese panismo, se enfrentaron entre sí. Desde el PRI fue impulsado como candidato presidencial, Roberto Madrazo, quien seis años antes se había enfrentado duramente al grupo labastidista, al que pertenecía Carrasco, para tratar de disputarles la candidatura presidencial. En la otra esquina, desde el foxismo se impulsaba a Santiago Creel.

Por ese solo hecho, ningún enemigo foxista tenía cabida en tal proyecto. Por eso, de nuevo, los panistas “tradicionales”  y los priistas doblemente fustigados (entre ellos Carrasco) hicieron fuerza alrededor de Felipe Calderón. Las circunstancias dispusieron que éste llegara a la Presidencia.

Y con ello se dio un impulso sin precedentes a varios zedillistas. Algunos fueron premiados con candidaturas a cargos legislativos federales —por eso Diódoro fue diputado federal por el PAN de 2006 a 2009. Y otros, como Luis Téllez, fueron colocados en Secretarías de Estado. El problema es que llegó el tiempo en que la venia presidencial se les acabó. Pero sí hubo algunos, como el ex Gobernante oaxaqueño, que alcanzaron a construir proyectos alternativos a través de los cuales pretenden continuar ejerciendo poder.

PROYECTO A FUTURO

Ni el ex gobernador Carrasco, ni el ahora gobernador Gabino Cué Monteagudo, han ocultado nunca su cercana amistad y los sólidos compromisos políticos. De hecho, Cué fue el proyecto de Carrasco para tratar de detentar poder en la entidad, una vez que éste dejó el cargo de Secretario de Gobernación, y que se vio descobijado del grupo que lo había llevado a las más altas esferas del gobierno federal. El ahora Gobernante, con el impulso de Carrasco, llegó a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, desde donde inició esa carrera de largo aliento que, finalmente, lo llevó a la Gubernatura del Estado.

Hoy, en muchas decisiones fundamentales, Carrasco ha tenido mano. Es, sin duda, una de las personas en Oaxaca cuya opinión es más escuchada, más tomada en cuenta, e incluso adquiere el carácter de determinante, cuando se trata de abordar un problema sinuoso, o cuando se trata de establecer la forma de repartir los cargos o las responsabilidades. Eso, por la sola trayectoria y experiencia política de Carrasco, además de la ascendencia que tiene sobre el actual Mandatario, no tendría nada de raro.

El problema surge cuando se plantea un escenario aún más de fondo: es decir, cuando se piensa si en realidad Diódoro está contento con el lugar que ostenta hoy en la política oaxaqueña, o si pretende más. Queda claro que esto último es lo que respondería todo aquel que entiende la lógica del poder. Es decir, que Carrasco no pretende quedarse como el consejero, ni como el guía moral, y mucho menos como “el poder tras el trono”. Seguramente, como es natural, él pretende regresar por todo a Oaxaca. Y para eso está trabajando.

Hoy, por eso pretende ser Senador. Por eso apuesta todo a la inminente candidatura presidencial de Josefina Vázquez Mota. Y por eso pretende tomar el control de ciertos temas de la vida pública de Oaxaca. Quisiera, en el mejor de los casos, conseguir una reforma a la Constitución de Oaxaca que le quitara el candado que pesa sobre él en relación a la imposibilidad de que un ex gobernador vuelva a ocupar ese cargo. Y, lo que es más importante, buscaría empujar, a través de la eventual presidenta Vázquez Mota, la posibilidad de abrir ese mismo candado, que se encuentra establecido en el artículo 116 de la Constitución federal, respecto a quienes ya fueron gobernadores de una entidad, y pretenden volver a hacerlo.

RECHAZO PANISTA

El problema es que los panistas no lo aceptan. Conforme avanza su campaña, se hacen más claras las simpatías que cosecha, pero también las aversiones que le profieren. Y es que, para lograr sus proyectos primero tiene que ser Senador, como requisito indispensable. Y en esta elección no votan todos, sino sólo los panistas. Y, al parecer, comienza a ver que no todo es tan fácil como inicialmente creía.

+ Democracia con ciudadanos: Hacer exigibles pactos

La forma en cómo fue presentada, procesada y aprobada la Ley de Pensiones para los trabajadores del Gobierno del Estado, es la propia de un régimen no democrático. Si el gobierno estatal, y la Legislatura local, pretenden instaurar nuevas formas de hacer política, debieran comenzar por abandonar ese tipo de prácticas que los colocan justo en el lugar cuestionable y antidemocrático en el que, dicen, no quieren estar.

La actividad legislativa en Oaxaca es altamente contrastante. Pues hoy en día es claro que la eficiencia en la aprobación de nuevas disposiciones jurídicas, se determina únicamente por el interés especifico que tienen los legisladores, o el Gobierno del Estado, en leyes particulares, pero ese interés no es producto de las convicciones y tampoco consecuencia de una verdadera vocación por atender las propuestas de la ciudadanía para reformar y mejorar el marco legal de la entidad.

De hecho, el contraste se marca en dos cuestiones en específico: La primera, es la relativa a que la Legislatura del Estado ni siquiera tiene la disposición para informar a la ciudadanía cuántas iniciativas de reforma se encuentran en estudio en las 36 comisiones permanentes que contempla la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Al no tener disponible públicamente esa información, ni siquiera es posible saber el grado de eficiencia real que tiene el Congreso del Estado, y tampoco es posible determinar hasta qué punto actúa y legisla por consigna o por disposición directa, y en qué medida lo hace con el ánimo de desahogar la abultada agenda de temas pendientes propuestos por la ciudadanía.

Empero, la segunda de las cuestiones tiene que ver con su actuación eficientísima en temas en específico. Y para eso, pongamos un par de ejemplos: ¿En cuánto tiempo la Legislatura local conoció, analizó, discutió y aprobó las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo? La respuesta llana, podría llevarnos a considerar que, en efecto, esa fue una demostración de eficiencia.

Pues todo ese proceso se llevó a cabo en menos de 30 días. Sin embargo, habría también que tomar en consideración el “interés” particular que tenía el Titular del Poder Ejecutivo en esa norma, y la sospechosa “disposición” que tuvieron los legisladores por aprobar esa auténtica “cirugía mayor” que le hicieron los diputados a la ley respectiva.

Algo más o menos similar ha ocurrido con otras normas. La más emblemática de ellas, es la reforma constitucional de abril del año pasado, la cual también fue consecuencia de esa contradictoria eficiencia legislativa, que permite aprobar disposiciones prácticamente sin conocerlas.

Y es que, dígase lo que se diga, lo cierto es que la reforma más reciente a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca fue consecuencia de un mandato directo, y de un texto previamente elaborado por un despacho privado de abogados contratado por la administración estatal, que sólo fue ratificado por el Legislativo, aunque sin modificaciones o aportaciones verdaderamente sustanciales.

A todo esto se le pueden encontrar explicaciones abundantes. Porque siguiendo la lógica del poder (no la jurídica), queda claro que no vale lo mismo el interés del Gobernador del Estado, que el de un ciudadano común que elabora y presenta una iniciativa de reforma al Poder Legislativo.

A partir de eso se puede entender esa eficiencia sólo selectiva de los diputados, y la abundante ineficiencia que profesan cuando no son temas susceptibles de interés o negociación política. Pero es evidente que tal actuación e intereses no debieran ser los predominantes en regímenes que, como se supone que el nuestro, se encuentran en el proceso de construcción de normas y formas más democráticas que las existentes.

TRABAJAR PAREJO

La posibilidad de que una iniciativa de reforma que sea presentada por un ciudadano oaxaqueño común, culmine el proceso legislativo y se convierta en Ley, es —por decirlo decorosamente— remota. Para que dicha propuesta tenga al menos la posibilidad de avanzar, debe ser “hecha suya” por algún diputado, y éste a su vez debe demostrar dotes importantes de negociación y cabildeo entre los demás legisladores, para que éstos conozcan el contenido de la propuesta y decidan someterla al proceso de estudio y dictaminación por la comisión respectiva.

Una vez que eso ocurriere, y que se dictaminase favorablemente, se sometería al conocimiento del pleno legislativo para ser analizada, discutida y, en su caso, aprobada o devuelta a comisiones para ser modificada y de nueva cuenta dictaminada. Una cuestión de ese tipo, aún con el impulso de un diputado o una fracción parlamentaria, podría tardar en concluir ese proceso, una o dos legislaturas. Es decir, entre tres y seis años.

Y esto, de entrada, contrasta con la eficiencia que se demuestra en casos en específico, en los que, en menos de un mes, una iniciativa presentada por el Ejecutivo es analizada y dictaminada en comisiones. Después es presentada al Pleno, que decide obviar la fase de discusión, y se dispone a aprobarla sin mayor dilación para convertirla en norma con fuerza coercitiva.

No debería ocurrir ni una cosa ni la otra. Por eso, los diputados debieran tener mejores parámetros para demostrar a la ciudadanía su eficiencia. Es decir, debieran dejar de “medir” su eficiencia por la cantidad de iniciativas y puntos de acuerdo que presentan, y la cantidad de reuniones, mesas de trabajo y sesiones en que participan, y debieran comenzar a pensar en dejar constancia de su compromiso democrático a través de la demostración de su eficacia real, y de su disposición a atender no sólo el llamado del gobernante o del poderoso para agilizar la discusión de una propuesta, sino el de cualquier ciudadano cuando sus planteamientos sean de interés para toda la ciudadanía.

¿ACTUACIÓN INDEPENDIENTE?

Lo que hacen hoy, sólo demuestra que la de la democracia es una casaca que les queda grande, y que sólo utilizan cuando se quieren dar baños de pureza para mostrarse a los ciudadanos como lo que aún no consiguen ser. Los hechos demuestran que siguen condicionando su interés y sus potestades superiores, al interés o la conveniencia del poder, y que cuando a éste le conviene, son todo lo eficientes y pulcros que no son en condiciones normales. Por eso, sin ninguna duda, hoy mismo seguirían reprobando cualquier examen relacionado con la constatación de un desempeño verdaderamente democrático e independiente.

+ Democracia vs realidad: la entendemos mal

¿Se puede tomar en serio un partido, o un grupo político, e incluso un país, en el que se toman decisiones que son simultáneamente contradictorias? ¿Se puede creer aquella idea de que una nación es democrática, cuando se establece una sobrerregulación y al mismo tiempo todos los actores institucionales actúan como candidatos, jefes políticos o líderes morales de sus facciones partidistas? ¿Podemos creer que somos una democracia, cuando la realidad nos indica que somos mucho menos que eso? Algo así ocurre, a pesar de nuestro avance democrático aparente, aquí en nuestro país en estos mismos días.
Y es que, en efecto, aludiendo a la popular frase de un comediante mexicano, en este país “como se dice una cosa, se dice otra”. Veamos si no. Porque el ejemplo actual de todo se llama Partido Acción Nacional, y en lo específico, está demostrando su proclividad a la contradicción a partir de dos de las decisiones más importantes que ha tomado de cara al proceso electoral del presente año.
Mientras en la contienda presidencial, dicho partido está aferrado a seguir el dictado presidencial y a no permitir el reconocimiento de quien es la inminente candidata presidencial, para la jefatura de Gobierno del Distrito Federal tomó la decisión exactamente contraria. ¿No parece una contradicción que mientras a Josefina Vázquez Mota se le están intentando atajar todos los caminos para llegar a la candidatura presidencial, en la capital del país se designó, por la vieja vía del “dedazo” a Isabel Miranda de Wallace como abanderada?
El asunto no es menor, ni se trata sólo de nombres. Pues en el ámbito federal ha quedado perfectamente establecido que Josefina Vázquez Mota no sólo es la aspirante mejor posicionada para obtener la candidatura presidencial, sino que, a la luz de la contienda política, sería la única opción que tendría Acción Nacional para revertir la tendencia al desmoronamiento que actualmente lleva. No se ve otra posibilidad, más que el golpe de timón a sus políticas tradicionales, y la presentación de una apuesta fuerte, por novedosa, a la sociedad, para poder al menos ser competitivo frente a los otros dos candidatos presidenciales.
Sin embargo, queda claro que el objetivo presidencial es no dejar pasar a Vázquez Mota. En la carrera presidencial, el presidente Felipe Calderón Hinojosa no se ha dejado allanar, y tampoco ha ponderado el interés superior del partido por encima de las aspiraciones de su grupo. No. Él tiene su candidato presidencial, que se llama Ernesto Cordero Arroyo. Y hará hasta lo imposible por tratar de imponerlo como abanderado presidencial panista.
Para tratar de conseguir ese objetivo se han valido de todo. Trataron de “doblarla” a partir de la sola decisión presidencial; trataron también de desacreditarla por su condición de mujer y por una supuesta deslealtad al mandatario; intentaron relacionarla con lo peor de su partido y de la política nacional. Y hasta trataron de inducir una encuesta previa para definir si era o no la más aceptada por el panismo nacional, y a partir de eso generar el impulso que le hace falta al proyecto sucesorio presidencial.
A pesar de todo —incluso de sus propios errores y deficiencias, que no son pocos— Vázquez Mota sigue adelante. Y toda esa batalla, por una supuesta democracia que sólo se reconoce cuando es benéfica al proyecto presidencial, se enfrenta a una decisión unilateral de imponer como candidata a Miranda de Wallace.
Y es que, es cierto, Miranda es una mujer con un altísimo índice de aceptación entre los votantes. Ella podría representar también una opción ciudadana seria y consistente frente a los políticos tradicionales. E incluso habría de ser la vía buscada por muchos capitalinos en su intento por generar nuevos escenarios para su gobierno. Sí, en todo hay razón.
El problema, de hecho, no es ella, sino la democracia incongruente y contradictoria que profesa su partido. ¿Por qué a Miranda se le impuso a través de una aplanadora, mientras se quiere jugar a la democracia interna simplemente para no reconocer que Josefina Vázquez Mota es la mejor posicionada? Simple: porque mientras la primera fue propuesta del Presidente, la segunda representa el desafío a su figura y la fuerza determinante que intenta tener en el panismo. Y parafraseando otro refrán: al Presidente sí le gusta la democracia, pero sólo en la casa de su compadre.

¿CANDIDATO O PRESIDENTE?
Qué lamentable que los mexicanos no reaccionemos ante los intentos claros de avasallamiento de la democracia, a manos de los mismos actores que, desde las instituciones del Estado, debieran resguardarla. El Presidente de la República, por ejemplo, juega abiertamente como un actor electoral determinante, mientras que la democracia se deshace en intentos por resguardarla a partir de una sobrerregulación de normas electorales, que no están haciendo sino reprimir la participación de los ciudadanos y negar la posibilidad de que éstos tengan toda la información que necesitan para razonar su voto.
La realidad política es agobiante. Porque digan lo que digan, millones de mexicanos estarían dispuestos a cambiar su voto por una despensa o por una cantidad de dinero, por las difíciles condiciones económicas en que viven. Pero al mismo tiempo, quienes sí tienen posibilidad de razonar y decidir su voto, hoy no pueden ver un debate en televisión, gracias a la sobrerregulación electoral y a la indeterminación del Instituto Federal Electoral.
Y por si esto fuera poco, vemos que una banda paralela se encuentra el Presidente también buscando incidir abiertamente en la vida interna de su partido, a los gobernadores haciendo lo propio respecto a sus propios colores partidistas, y a los actores esenciales del Estado tratando de incidir en el proceso electoral para tratar de conseguir futurismos políticos personales o de los grupos que representan.

DEMOCRACIA CONTRADICTORIA
Esto no debiéramos verlo como “normal”. No es normal que el Presidente decida como jefe de partido. No son normales las abiertas contradicciones ideológicas o de práctica política en que incurren los partidos para satisfacer a sus dirigentes. No es normal que andemos por la vida prodigando la democracia pero ejerciendo y estimulando el autoritarismo que tanto daño nos hace. El problema es que todo va tan rápido que nadie se da cuenta de que esto ocurre. Y seguimos apostando por el autoritarismo y por la subsistencia de las prácticas que todos decimos detestar.

+ Alentar conocimiento: una labor democrática

Tienen razón todos aquellos que, desde el sector oficial, acusan a los opositores a la propuesta de Ley de Pensiones del Gobierno del Estado, de ser objeto de manipulación y desinformación. Sin embargo, si en algo se marcó el fracaso de ese proyecto —prioritario para el futuro de la burocracia y las finanzas estatales— fue en la forma misma en cómo fue presentada y se trató de conducir hasta convertir el proyecto en ley.

En efecto, pareciera que los principales interesados en hacer fracasar la ley, fueron aquellos funcionarios que la presentaron al Congreso del Estado. Éstos hicieron llegar la propuesta de reforma al Congreso del Estado, al mejor estilo del antiguo régimen. Y no calcularon que hoy la Legislatura no tiene una mayoría aplastante; que ahí también hay representantes de la burocracia estatal que estaba directamente involucrada en la reforma. Y que, sobre todo, hoy la ciudadanía no se encuentra, como antes, en la misma situación de desinterés sobre temas importantes.

En ese sentido, el Gobierno del Estado hubiera querido que la aprobación de la reforma a la Ley de Pensiones se diera con un tipo de “albazo”. Es decir, que el proyecto fuese presentado en sigilo para evitar que el grueso de la sociedad —e incluso de los diputados— se enterara del contenido de la reforma; que fuese obviada la discusión en el Poder Legislativo, y que la iniciativa fuese aprobada sin mayor dilación, en un proceso legislativo “fast track”. Es decir, que todo ocurriera antes de que la burocracia estatal reparara en lo sucedido, y que cuando esto ocurriera, todo fuese ya un hecho consumado, imposible de ser revertido.

El problema es que, de antemano se sabía que no existían las condiciones para que algo así ocurriera. Esto porque, en primer término, el Congreso del Estado es, les guste o no, un ente plural en el que no existe una fuerza política predominante. Además, porque ya existían antecedentes precisos de que la burocracia estatal no tan fácilmente permitiría una reforma en la que no sólo no tomaran en cuenta sus puntos de vista, sino en la que no participaran ni siquiera en términos de brindarles información. E incluso, porque hoy los trabajadores sindicalizados del gobierno estatal tampoco tienen un liderazgo predominante que pudiera tener cierto grado de control sobre sus agremiados.

Todo eso generó un efecto boomerang inmediato a la presentación de la iniciativa. Porque de inmediato los trabajadores reaccionaron al intento de reforma; porque no hubo ni la más mínima disposición del sector oficial para generar concientización e información previa a los directamente involucrados; y porque las reacciones en el Congreso fueron tan inocuas que, ante el primer viso de inconformidad por parte de los burócratas estatales, éstos decidieron dar marcha atrás a su decisión de analizar y discutir la iniciativa, y casi de inmediato decidieron apagar la crisis mandando el proyecto a la congeladora.

En todo esto, queda claro que lo incorrecto no está en la norma sino en la forma en cómo ésta ha sido tratada. Queda claro que, en efecto, los trabajadores sindicalizados protestan por desinformación y por manipulación. Pero también lo es que los primeros que dieron pie a estas circunstancias fueron los funcionarios de las Secretarías de Administración y Finanzas que decidieron hacer todo por la puerta de atrás, y a espaldas de los sindicalizados, y que generaron este problema que, para variar, tiene su punto central en un falso debate sobre los derechos de los trabajadores en activo, y los posibles (y supuestos) daños a sus derechos laborales.

ATENDER LA INCONFORMIDAD

Los trabajadores de base en activo del gobierno estatal protestan, impropiamente, porque “alguien” les metió la idea en la cabeza de que con dicha reforma sus derechos laborales se verían lesionados.

Sin embargo, también protestan, primero, porque no fueron tomados en cuenta ni siquiera para decirles previamente en qué consistía la reforma; y sobre todo, porque exigen una clarificación total del manejo del Fondo de Pensiones, ya que existen los suficientes elementos para presumir que de esta potencial crisis no sólo es responsable el crecimiento exponencial de la burocracia estatal, y el incremento de la esperanza de vida de los trabajadores retirados que tienen derecho a pensión, sino también posibles malos manejos que son responsabilidad de los últimos directores de la Oficina de Pensiones… ¡Y el mismo Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado!

En los últimos días ha surgido información relativa a préstamos otorgados con recursos del Fondo de Pensiones, que fueron enviados a una especie de “cartera vencida” por la imposibilidad de ser cobrados. En la lista de presuntos beneficiarios de esos créditos incobrables, se encuentran varios altos funcionarios estatales, y también integrantes de la actual dirigencia del sindicato de burócratas. Eso es lo que, en el fondo, genera inconformidad a los trabajadores. Y es lo que les sigue, y les seguirá dando, banderas y motivos para continuar tomando acciones en contra de la aprobación de la reforma respectiva.

Es indudable que, independientemente de los malos manejos, esta es una reforma indispensable en todos los niveles. Sin embargo, el hecho de que se pretendiera que la reforma pasara “de noche” por el cuerpo legislativo; que éste la aprobara sin ningún tipo de reflexión y sólo gracias a la “aplanadora”, como en los viejos tiempos; y que nadie protestara, era demasiado pedir para un gobierno que se jacta de ser incluyente y democrático con todas las corrientes ciudadanas.

Al final, lo que queda en evidencia es la poquísima capacidad de entendimiento y sensibilidad que tienen los funcionarios involucrados; y, sobre todo que, por esos errores elementales de cálculo en que incurrieron, a partir de ahora será mucho más difícil que la reforma pase en sus términos actuales, incluso abonando a la clarificación de cómo ha sido manejado el fondo de pensiones, y la forma en cómo pueden ser recuperados los préstamos a altos funcionarios, que ya fueron declarados como “incobrables”.

CIRUGÍA MAYOR

Este, como queda claro, es un asunto de sensibilidad y de una operación política de tipo quirúrgico. El problema adicional al que se enfrenta hoy el gobierno, es que son los propios trabajadores sindicalizados quienes, aunque de forma poco organizada, son los que están protestando. ¿Podrán hacer esa demostración de una operación excepcional? Deberían. Pero quién sabe si puedan.

+ Crímenes de lesa humanidad los implican a todos

El delito de desaparición forzada de personas, además de estar tipificado en la legislación penal internacional, es considerado como un crimen contra la humanidad por los distintos sistemas de justicia internacional de los que México es parte. A partir de ello, temas como el de la desaparición de los dos integrantes del EPR, presuntamente ocurrida en mayo de 2007 en la capital oaxaqueña, debieran dejar de verse como asuntos de un régimen y un gobernante en específico, para preocupar, y mover a la obtención de avances y resultados concretos, a los depositarios actuales del poder del Estado. Las razones para ello son abundantes y apremiantes.
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Albero Cruz Sánchez, según denuncias públicas del propio EPR desde junio de 2007, desaparecieron en la capital oaxaqueña la noche del 24 de mayo de 2007, presuntamente a manos de elementos de cuerpos de seguridad del Gobierno del Estado de Oaxaca, quienes posteriormente podrían haberlos entregado a fuerzas federales o al propio Ejército.
Dentro de sus denuncias, el grupo armado reconoció expresamente que esos dos integrantes, y varios más de sus milicianos, habían participado en el conflicto magisterial ocurrido el año previo (2006) en su calidad de luchadores sociales, y establecieron que esa pudo haber sido la vertiente a partir de la cual se dio su identificación, seguimiento, detención, entrega a fuerzas federales para su posterior detención.
A lo largo de los últimos años, el EPR ha reiterado su denuncia —señalando a los gobiernos del presidente Felipe Calderón, y de Ulises Ruiz—, al grado tal de conseguir la conformación de una Comisión de Mediación, reconocida por el gobierno federal como gestora e interlocutora para las tareas relacionadas con la búsqueda y localización de los eperristas. En esa misma lógica, el EPR ha conseguido la legitimación tanto de la existencia del hecho como de sus exigencias, a partir de las manifestaciones hechas por el gobierno de Gabino Cué Monteagudo respecto a su preocupación y disposición a participar en el esclarecimiento del hecho.
No obstante, lo que es visible hoy en día es que las acciones tanto del gobierno federal, como de la administración anterior y actual en el Gobierno de Oaxaca, no han pasado de las manifestaciones de disposición y preocupación por el hecho. Y eso es grave no sólo por el riesgo inminente de violencia, o de nuevas acciones militares o de sabotaje por parte del EPR como respuesta y presión a la inacción oficial, sino porque el continuar dando largas al asunto, sólo abona a la posibilidad de que, dentro de un tiempo, el Estado Mexicano —las instituciones, independientemente de las personas que en esos momentos sean depositarias del poder público— deba responder a la comunidad nacional e internacional por las decisiones irresponsables, y carentes de visión de Estado, de los funcionarios directamente responsables del hecho, y de los actuales, que prometen lo que no están dispuestos ni preocupados por cumplir.
Al final, lo que se vislumbra en el mediano o largo plazo, son procedimientos ante la justicia internacional en materia de derechos humanos, investigaciones de verdad serias, imparciales e incluyentes, y juicios en los que se ponga en entredicho no sólo a un gobernante o una administración, sino a todo un Estado. Y México no se merece continuar en ese escenario, en el que es condenado por permitir y fomentar, con la impunidad y la irresponsabilidad de sus representantes, la violación a los derechos fundamentales de las personas.

EXIGENCIAS SIN RESPUESTA
El EPR ha demandado una investigación seria sobre el paradero de sus dos integrantes. Abonando a esa posibilidad, incluso dispuso un cese unilateral de toda acción de sabotaje, como señal de disposición a arreglar este asunto dentro del marco institucional. Y, en su momento, el gobierno respondió positivamente aceptando la conformación de una Comisión de Mediación e iniciando una Averiguación Previa para aclarar los hechos y tener certeza sobre el destino de los desaparecidos.
En esa misma lógica, e instalados en el discurso del gobierno democrático y justo, el gobierno de Gabino Cué hizo lo mismo, manifestando una voluntad distinta a la de sus antecesores (porque el gobierno de Ruiz nunca aceptó la responsabilidad ni tomó acciones concretas para investigar lo relativo a los eperristas), y prometiendo contribuir con las investigaciones. El problema es que, hoy, ni el gobierno federal ni el de Oaxaca ha entregado avances concretos sobre el tema. Y, de hecho, todo ha continuado en la sola emisión de discursos que no vienen acompañados de acciones específicas, incluso para —en una posibilidad remota— desmentir la existencia de la detención, y la desaparición de los dos guerrilleros.
En el corto plazo, el riesgo radica en que el EPR reinicie acciones militares. Pero, en el mediano plazo, todo este caso buscará llegar a las instancias internacionales (como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hasta la Corte Penal Internacional) en las que finalmente podría investigarse objetivamente el hecho para llegar a la conclusión de que las denuncias son ciertas, y que por tanto el Estado Mexicano —no sólo los funcionarios directamente involucrados y sus sucesores— es responsable por este hecho que constituye un delito de lesa humanidad.
Todo eso podría ocurrir no sólo por la proclividad a la intolerancia y el autoritarismo de los funcionarios directamente responsables del hecho, sino también por la inacción de quienes los sucedieron, para procurar e impartir la justicia debida respecto a la comisión de los delitos. Y es que, entendámoslo, un hecho como este rebasa la aversión a un gobernante como Ulises Ruiz, o a un discurso “democrático” y “políticamente correcto” como el de los gobiernos de alternancia. Esto podría envolver al Estado en su conjunto. Y México entero estaría en vilo por responsabilidad de funcionarios que no estuvieron dispuestos a cumplir con las responsabilidades y deberes que les correspondían.

SUELDAZOS
No es sólo el tema del escándalo: el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y el Instituto Federal Electoral, están obligados a indagar minuciosamente cómo reparte la dirigencia estatal del PRI las prerrogativas que recibe. Porque no es capaz de proteger y dar lo mínimo a sus trabajadores, pero, según datos del Frente Renovador, su Presidente gana más de 130 mil pesos mensuales. Eso es inadmisible.

+ Ley de Pensiones, un yerro por cómo es planteada

A estas alturas, dos cosas son perfectamente visibles: primera, que el Gobierno del Estado no tiene delineada una agenda específica de temas prioritarios, a través de la cual pudieran trabajar uniformemente para dar cauce y solución a los mismos; y segunda, que todo el ánimo democrático, la determinación y la sensibilidad que prometieron tener para tratar los asuntos complejos, en realidad no ha sido más que un discurso que hasta raya en los demagógico. El problema innecesario provocado por la forma en que fue presentada la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones, da cuenta precisa de ello.

Si algo saben, desde hace años, todos los involucrados en la relación del gobierno estatal y su burocracia, es la urgencia de una reforma profunda a la ley de pensiones, y el establecimiento de nuevos esquemas en la relación del gobierno, en su calidad de patrón, con todos los trabajadores con los que tiene responsabilidad por los servicios y prestaciones sociales que está obligado a proporcionarles. Esto es casi tan claro, justamente como las razones que tuvieron las administraciones anteriores (todas, ampliamente discutibles y hasta condenables) para no entrar cuando menos al intento de llevar a cabo esas reformas. ¿Por qué no lo hicieron?

Primero, porque difícilmente un gobierno está dispuesto a pagar el costo político de decisiones de esa magnitud. Segundo, porque, además de eso, no tenían la disposición para entrar en un proceso fino de consenso, explicación y negociación de una reforma que, aunque con innumerables riesgos, todavía podía ser momentáneamente aplazable. Y tercero, porque al no hacer las reformas, todos apostaban a heredar el problema a sus sucesores, y al mismo tiempo a mantenerse en el cómodo y ventajoso estado de cosas actual.

De hecho, la administración anterior trató en algún momento de llevar a cabo la reforma. Y no lo hizo, aún teniendo una buena relación con la dirigencia del sindicato de burócratas. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ya tenían suficientes problemas políticos, de gobernabilidad, y hasta de grupos que cuestionaban la legitimidad del régimen, como para que ellos voluntariamente decidieran tener más enemigos. Decidieron postergar la solución al tema de las pensiones, pero también la implementación de nuevos esquemas en la relación laboral de los trabajadores frente al gobierno.

Es decir, que además del tema de la forma en cómo el gobierno financiará el derecho a la jubilación de los trabajadores, nadie le quiso entrar a la revisión de la necesidad de implementar un servicio civil de carrera que le diera no sólo cheques en blanco a perpetuidad a los trabajadores sindicalizados, sino también ciertas garantías a los miles de empleados del gobierno estatal que como no tienen esa calidad, tampoco tienen derecho a la estabilidad laboral, a la jubilación, y a las prestaciones sociales mínimas que también merecen por ser empleados al servicio del Estado, independientemente de que sean considerados como trabajadores de confianza.

Nadie lo hizo por comodidad: porque en el esquema actual, los empleados de base son invisibles; porque en esas condiciones, existe un acuerdo tácito entre los mandos superiores y los sindicalizados, de no exigirse nada mutuamente, a cambio de no molestarse; y porque ni a unos ni a otros les interesa la productividad o el servicio a favor no del régimen, del partido o del grupo gobernante, sino de la sociedad oaxaqueña.

Pero también, porque en esas condiciones, los empleados de confianza son fácilmente explotables; porque éstos no tienen ninguna garantía sobre su empleo; porque el empleador tiene un absoluto control discrecional sobre su permanencia (porque no debe dar cuentas a nadie sobre las buenas o malas razones del despido, contratación o permanencia de su personal de confianza); y porque esos empleados sin garantías, con salarios bajos, con responsabilidades mayores, y prestaciones económicas de vergüenza, son los que (medio) sostienen el funcionamiento del gobierno estatal.

PÉSIMA ESTRATEGIA

Sería ridículo e irresponsable decir que es erróneo que el gobierno estatal se preocupe por replantear el esquema de pensiones de los trabajadores sindicalizados, y que tome medidas al respecto. Sin embargo, si algo más ha quedado también demostrado, es que el gobierno no ha entendido ni los valores democráticos que dice tener, ni tampoco ha entendido lo que implica una verdadera operación política que permita conseguir las metas propuestas, sin provocar más conflictos de los ya existentes.

¿Por qué es evidente lo anterior? Porque, al menos, el manejo político indispensable frente a la posibilidad de presentar una ley como esta, ha sido desastroso. Ni en el mismo gobierno han comprendido que acciones como éstas deben ser homogéneas, informadas al interior, y llevadas a cabo con el conocimiento, el acuerdo y la concordancia de todos los involucrados, para que las reacciones puedan ser afrontadas con uniformidad y eficacia.

Sin embargo, no hubo nada de eso. Esta iniciativa fue presentada por el sector económico y administrativo del gobierno estatal, sin siquiera informar o acordar acciones conjuntas con las demás instancias públicas. Lo hizo sin hacer previamente del conocimiento de todos los involucrados los beneficios de la ley. Y todo se intentó controlar a través de un simple comunicado de prensa que, en los hechos, no resuelve ninguno de los problemas que generó este asunto.

Y es que a la par de su presentación, debían haberse tomado una serie de medidas de sensibilidad política para evitar reacciones de la burocracia estatal motivadas por la desinformación y la manipulación de que pudieran ser objeto. Debió haberse hecho, por ende, un trabajo de información y sensibilización a los trabajadores. Pero también, ante todo esto, se debió haber establecido una estrategia específica para poder afrontar en conjunto un asunto de importancia mayor no sólo para este gobierno, sino para las administraciones de las próximas décadas.

COSTO INNECESARIO

Las protestas iniciadas ayer, dan cuenta precisa de la falta de previsión de un gobierno, en el que no se toman medidas uniformes y con sentido de la previsión. Lo dicho por el subsecretario de Administración, Hugo Félix, es insuficiente ante la falta de preparación de acciones reales para evitar las protestas. El intento es positivo. Pero la forma en cómo fue ejecutado es, por decir lo menos, penosa.

+ ¿Habrá representación real y trabajo por República?

Más allá de grillas y conveniencias, lo cierto es que la carrera por el Senado de la República en Oaxaca parece una carrera particularmente intensa, aunque hasta ahora los aspirantes de todos los partidos han lanzado sólo propuestas tan laxas y tan abstractas, que hasta pareciera que no saben qué se hace en la Cámara alta, o que no tienen ganas de verdaderamente conquistar al electorado inteligente que razona —y no vende— el sentido de su voto. Los hechos hablan por sí solos.

¿Qué se puede abstraer de frases como “contigo y por Oaxaca”, “Oaxaca, corazón de México”, “Para que el cambio continúe” o “La fuerza que nos une”? Porque independientemente de que tales frases generen algo de “identidad” en relación a un personaje o causa partidista, lo cierto es que esas no son frases que ni denotan algo específico, ni llevan a nadie a pensar en que lo que se pretende es un proyecto político y de Estado serio, que además viene acompañado de compromisos específicos. Nada de eso está presente en las actuales campañas.

Eso debería preocuparnos. Porque independientemente de los temas candentes de la política local, lo cierto es que las posiciones legislativas tienen una importancia específica independiente, y paralela, a los ánimos sucesorios y de consolidación de los grupos políticos.

¿De qué hablamos? De que independientemente de que gane un partido y un candidato, y de que con ello se definan los rumbos y los equilibrios entre grupos políticos, lo cierto es que los ciudadanos también debiéramos pensar en las razones en específico por las que queremos a tales o cuales candidatos como nuestros representantes en el Senado de la República.

Y es que la Cámara alta tiene una importancia excepcional para el funcionamiento de nuestro sistema democrático. Por eso es preocupante que el grueso de los ciudadanos no sepamos para qué sirve el Senado de la República (y que por ende no sepamos qué exigir a las personas por las que, directa o indirectamente, votamos para ocupar esos escaños que representan a Oaxaca).

Pero es mucho más preocupante, lamentable, y hasta condenable, que aún así quienes hoy aspiran al Senado, se la pasen engañando al electorado con frases pegajosas, con slogans sin contenido, y hasta con promesas demagógicas, pero no con las razones específicas de por qué pretenden llegar a esa posición, y qué pretenden hacer desde ahí a favor de la representación de nuestro Estado ante la Federación.

Por eso se supone que este debiera ser un momento de propuesta e interacción, y no de engaños y desánimo, como lo es. Propuesta, porque el Senado de la República agrupa las funciones más importantes de representación de las entidades federativas frente al pacto federal, y por ende es a quien le corresponden algunas de las funciones más importantes. ¿Cuáles?

Pues bien, en resumen son todas aquellas facultades que importan la integridad o la salvaguarda de la nación en su conjunto. Es decir, todas aquellas funciones relacionadas con los tiempos de paz y guerra, con la revisión de la política exterior del país; con la situación de las fuerzas armadas; con la preservación del plano de igualdad de las entidades federativas respecto a la federación y el concierto internacional; intervenir y facilitar el arreglo en los conflictos limítrofes entre entidades federativas, entre otras.

A partir de eso, debiéramos comenzar a comprender la importancia de los integrantes de la Cámara alta, aunque más allá de los planteamientos vacuos que hacen para tratar de llamar nuestra atención y, sobre todo, para tratar de ganar nuestro voto.

OFERTA POSIBLE

Debemos comenzar a entenderlo a cabalidad: nuestros diputados y senadores son mucho más que políticos, líderes o caciques de la región que representan. Son, o debieran ser, también mucho más que los representantes de los proyectos políticos de consolidación o de sucesión entre gobernantes y opositores; debieran ser más que grillos que luchan por un escaño para perfilarse a la gubernatura del Estado o alguna otra posición de mayor importancia. Son, incluso, mucho más que simples gestores de recursos o beneficios para las comunidades. Y, sobre todo, son representantes populares y no apéndices de gobiernos disfuncionales o contrapesos de políticos o administradores ineficientes.

Eso debiera quedarnos claro para no exigirles lo que no pueden cumplir, pero también para impedir que nos prometan lo que no deben o lo que no pueden conseguir. De hecho, de la sola lectura de las atribuciones del Senado de la República (las cuales se encuentran en el artículo 76 de la Constitución General de la República), los aspirantes a los escaños por nuestra entidad debieran elaborar una agenda específica de temas en los que no sólo debieran incidir, sino en los que es urgente que intervengan.

Por ejemplo, ¿qué han dicho nuestros senadores actuales (Adolfo Toledo Infanzón, Ericel Gómez Nucamendi, Armando Contreras Castillo, además del de representación proporcional que, para no hacer larga la historia, debiera representarnos pero no lo hace ni formal ni materialmente) sobre la facultad que tiene el Senado de la República de conocer los conflictos limítrofes que enfrenta nuestra entidad, y contribuir a su resolución amistosa?

¿Qué pretenden hacer, en ese mismo sentido, todos aquellos que hoy se apuntan para conseguir un escaño en la Cámara alta? ¿Pretenden conseguirlo para llegar a seguir calentando el asiento, o para verdaderamente hacer algo por la entidad? ¿Cómo, o a través de qué, pretenden abonar a las mejores causas de nuestro país, esos hombres y mujeres que hoy dicen ser “la mejor opción” para nosotros como votantes? No se trata de que cambien al mundo. Pero tampoco de que busquen el Senado por la sola posición, por la ascendencia y por los privilegios, pero no por el trabajo que sí debieran desarrollar a favor de los temas más importantes de México.

SENADORES PERDIDOS

Seguramente veremos pasar la campaña con pocos, o casi ningún planteamiento serio relacionado con lo que aquí se señala. Los candidatos a esos cargos no hablan del tema porque no quieren comprometerse, y porque seguramente tampoco tienen una razón en específico, además de sus ambiciones políticas personales o los intereses de sus respectivos grupos, para llegar al Senado. Así no podemos esperar mucho. Así, en ese mutismo, ellos llegarán a seguir teniendo, y dilapidando, ese cheque en blanco que les damos con nuestro voto a cambio de nada. Una lástima para la democracia.