+ Desafío: bajar la pobreza y subir la democracia

Hasta ahora, todos los intentos por emprender y consolidar la llamada “Reforma del Estado” en Oaxaca, han sido banales, simulados o infructuosos. Hoy, cuando de nuevo la guerra por el poder está desatada, todos los partidos y aspirantes a la gubernatura hablan nuevamente de la democracia, el combate a la pobreza y la urgencia del desarrollo. Sólo que nadie ha mostrado disposición a explicar cómo, y en qué aspectos sustantivos, estará dispuesto a lograr tales misiones, y particularmente la de la democracia.

El asunto no es menor: hoy, cuando se encuentra prácticamente fraguada la alianza de partidos de oposición, en ella todos sus protagonistas se rasgan las vestiduras asegurando que esa será la pauta para el cambio democrático que necesita la entidad. Habría que comenzar a distinguir, en sus puntos más finos, en qué se diferencian la transición a la democracia, y la alternancia de partidos. Nadie en las fuerzas políticas y entre los aspirantes a la gubernatura, hasta ahora, se ha atrevido a abordar el asunto.

Existen, sin duda, diferencias sustanciales entre esos dos términos, y el caso de la democracia mexicana ofrece diversos ejemplos precisos de uno y otro. Pareciera una paradoja, pero a nivel federal ha ocurrido una transición democrática progresiva —por momentos a un grado de lentitud desesperante— que no necesariamente fue determinada por la alternancia de partidos en el poder presidencial.

¿Por qué? Porque la transición democrática que ocurre en México, no comenzó ni terminó con el arribo de Vicente Fox a la Presidencia y, de hecho, su presencia en el ámbito político fue un obstáculo y un fracaso para la democracia que va más allá de lo electoral. Esa transición democrática, pactada y paulatina, comenzó a ocurrir cuando se dieron hechos trascendentales, como la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, el fortalecimiento a la independencia del Poder Judicial de la Federación, y la diversificación de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.

El problema, en el ámbito federal, es que el inicio de esa lentísima transición democrática, trajo como consecuencia una alternancia de partidos en los poderes federales –Ejecutivo y Legislativo- que no ha sido bien comprendida, y que tampoco ha servido como base para dar los siguientes pasos para la transición democrática.

Baste con ver que ninguna de las reformas trascendentales que se han planteado las fuerzas políticas nacionales —la fiscal, laboral, económica, petrolera y ahora política— ha podido transitar al menos parcialmente para adquirir la calidad de ley y, lo más importante, aplicarse. Todas esas reformas que se encuentran pendientes, tienen como común denominador las largas discusiones legislativas que no llegan a ningún lado, la excesiva mesura de los partidos, y la preponderancia que le dan todos a sus propios cálculos e intereses partidistas.

Así, ninguna reforma transcendental ha podido ocurrir tras nueve años de gobiernos federales panistas. Pero tampoco ha contribuido a eso, que el Congreso tenga mayorías relativas de Acción Nacional, del PRI o composiciones más heterogéneas. Es decir, que de todos modos el proceso de transición democrática se encuentra detenida en el país, y no existen visos de que algo trascendental pueda ocurrir para cambiar el estado de cosas en el mediano plazo.

¿Y OAXACA?

Ese referente federal, es preciso ser comprendido en Oaxaca porque aquí el atraso es todavía mayor. Esto, dicho en otras palabras, podría establecerse del siguiente modo: aquí, los poderes del Gobierno se encuentran supeditados por completo a la figura del Gobernador. El Poder Judicial no tiene independencia alguna respecto al Ejecutivo, y el Legislativo tiene una mayoría abrumadora que lo lleva exactamente al mismo punto de supeditación. Así, explicada la situación política de la entidad muy a grandes rasgos, ¿cómo hablar de democracia?

El problema, en realidad, no radica solamente en que los candidatos a la gubernatura, y sus partidos, aseguren que con la sola alternancia en el poder podrá ocurrir una transición a la democracia en Oaxaca, sino sobre todo en que éstos evaden cualquier planteamiento lógico y coherente sobre el asunto. Tal parece que no saben cómo conducir un proceso de esa naturaleza, o que precisamente se encuentran empecinados en que esa transición sea sólo discursiva, pero no real en el ejercicio del poder.

En un primer momento, quien asegure que la transición a la democracia ocurrirá con la sola alternancia, está totalmente equivocado. Dicho proceso tendría, en primer término, que estar enmarcado en una dominación opositora de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y en la existencia de un planteamiento claro y aceptado desde ahora, de cómo tendría que ocurrir dicho proceso. Nadie sabe si en estas elecciones próximas, que serán las primeras concurrentes, podría ocurrir un triunfo opositor tanto en la gubernatura como en el Congreso del Estado. Y, además, el plan de transición democrática simplemente no existe.

El problema, en el otro escenario, es todavía más grave: ¿Qué haría un proyecto opositor que alcanza el poder y comienza a ejercerlo en las concentraciones actuales que existen? Seguramente, estaría decidido a no cambiar nada. El problema es que la ralea de buena parte de quienes hoy pretenden encabezar la alianza opositora, es justamente priista. Es decir, que todos traen, de un modo u otro, al tricolor en la sangre, y que un triunfo opositor en esas circunstancias les daría una doble legitimidad para continuar ejerciendo el poder del modo en como se hace hasta ahora.

TODOS CALLAN

Esta tendría que ser una discusión urgente y fundamental entre todos los que aspiran a alcanzar el poder gubernamental en Oaxaca. Sin embargo, todos prefieren omitir el tema porque saben que lo más cómodo y sencillo es seguir gobernando del mismo modo en como se hace, y únicamente envolverse en una casaca partidista distinta a la actual. Incluso, quienes se sorprenden, desde el oficialismo, por la aparición de alianzas como la que aquí ocurre, deberían voltear a ver en qué condiciones democráticas se ejercer el poder, y cómo ello se presta para que la manipulación haga su trabajo y sus detractores digan que van a propiciar la democracia, pero reservándose el cómo y el para qué. Esta es una feroz guerra por el poder, no por la democracia.

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+ Repercusiones no sólo deportivas: son para todo el país

Alrededor de las 6 de la mañana del lunes, en todos los medios informativos del país comenzó a circular información escalofriante: uno de los jugadores estrella del club América de futbol había sido baleado una hora antes, en un bar de la ciudad de México. De inmediato, se dio un despliegue informativo que lo mismo fue del registro puntual de hechos a la especulación; de la consternación al más crudo de los amarillismos; y del punto central de lo que implicaba el hecho, a la manipulación informativa que, finalmente, ha impactado lo mismo en la develación de más situaciones de corrupción —que no son raras en el país—, que en el golpeteo político de oportunidad que, curiosamente, tampoco es raro en México.

A lo largo de la semana que concluye, el disparo de arma de fuego que recibió el paraguayo Salvador Cabañas ha ido de extremo a extremo. Una de las tantas discusiones, por ejemplo, comenzó en el delicadísimo estado de salud en que se encuentra el jugador como consecuencia del ataque, y terminó en un durísimo cuestionamiento sobre qué hacía dicho personaje, en una madrugada de lunes, en un bar en el que aún a las 5 de la mañana se continuaban ingiriendo bebidas embriagantes.

Esa, entre muchas otras, es una discusión de extremos que finalmente no redunda en nada. En efecto, lo más probable es que, como consecuencia de ese hecho, Cabañas quizá no vuelva a ser el mismo de antes, e incluso nunca vuelva a figurar en el futbol de primera división de México. Es la consecuencia, indeseable pero natural, de un hecho como este.

Sin embargo, el otro extremo de la discusión es el más interesante: ¿qué hacía Cabañas, en la farra, al filo del amanecer? Hacía lo que cualquier otro individuo —sea deportista, empresario, estudiante o desempleado— cuando tiene el tiempo, la oportunidad y el dinero para ir a pagarse una buena juerga en un antro de moda.

Es cierto que siendo un deportista de alto rendimiento, un referente para niños y jóvenes, y una estrella a la que idolatran miles de personas, ese no es el mejor ejemplo que podía dar. Pero antes y después de este hecho, la vida deportiva —como cualquier otra en la que corre el dinero y la fama a raudales— ha sido así, porque finalmente más allá de que uno sea jugador, entrenador o demás, todos son hombres y mujeres con aficiones, defectos y hábitos que no necesariamente son, o deberían ser, un referente sobre la moral o la buena conducta para la sociedad.

No obstante, cuestionamientos como este ocuparon buena parte del espacio que, durante los primeros dos días, se dio al caso Cabañas en no pocos medios informativos, en los comentarios deportivos, y hasta en los “análisis políticos” que se han hecho sobre el asunto. Todo esto se vino a aderezar con la difusión de una imagen tomada al jugador minutos después del ataque, en el que se le ve tirado, con el pecho descubierto y manchado de sangre.

¿Tenía algún valor todo esto? Tal parece que no. Y es así porque si el primer extremo del cuestionamiento reprobaba con dureza que el paraguayo y su esposa estuvieran en la parranda en lugar de en su casa, como dicen que debería ser, en el otro extremo se encontraba una difusión “informativa” de una imagen escalofriante que no tenía más razón para aparecer en la prensa de todo el país, que el alimentar el morbo de la sociedad y darle los elementos para corroborar que, en efecto, Cabañas había sido herido y que estaba grave. Nada sustantivo en un asunto que, por sus propias características, tenía todos los elementos para consternar, como lo fue, a toda la nación mexicana, a la afición al futbol y a los seguidores de Las Águilas.

¿CORRUPCIÓN? POR FAVOR

Sin embargo, junto con la consternación y la tristeza genuina que provocó en muchos el lamentable ataque a Salvador Cabañas, también surgió otra polémica que, aunque es escandalosa, está lejos de ser nueva en el país: la simulación y la falta de respeto hasta a algunas de las normas de convivencia más elementales.

El asunto tiene bastante de fondo: hace menos de un año, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal determinó reducir el horario de apertura y venta de bebidas embriagantes de todos los centros de diversión de la capital del país. Se supone que con las nuevas disposiciones, ningún centro nocturno podía vender bebidas alcohólicas a sus clientes después de las 2.30 de la mañana, y que ninguno podría continuar operando una hora después. El caso Cabañas puso en evidencia que esas reglas de operación de bares y centros de diversión, fue una discusión estéril que se apagó en los amplios mantos de la corrupción.

Si recordamos bien, cuando la ALDF dispuso todo lo anterior para las discotecas, bares y restaurantes, todas las organizaciones del ramo se manifestaron en contra de las nuevas reglas y aseguraron que eso les afectaría gravemente en sus ganancias y operaciones, y que incluso se pondría en riesgo la permanencia de miles de empleos que tienen que ver con esas actividades. El gobierno y la Asamblea del DF aseguraron que era para normar las actividades de esos establecimientos y ceñirlos a un orden más estricto. Pero sus detractores incluso dijeron que era una contradicción profunda el hecho de que el gobierno más progresista del país estuviera tomando ese tipo de medidas que restringían las libertades de las personas y minaban una actividad tan productiva como la del esparcimiento nocturno.

Hoy está claro que todas esas escaramuzas no tuvieron efecto alguno. Unos y otros asumieron sus posiciones y todos se cobijaron en la corrupción. El gobierno, según ellos mismos, habría logrado meter en cintura a quienes siempre se habían escabullido de las reglamentaciones que imponía la autoridad; y los dueños de esos establecimientos prefirieron no volver a referirse al tema, e invertir más en la compra de inspectores y autoridades delegacionales, para poder continuar con sus operaciones habituales pero ahora ya no cobijados en la ley, ni en algo más que la corrupción pura y llana.

EFECTO INTERNACIONAL

Finalmente, ayer se dio a conocer que el presidente Felipe Calderón había prometido a su homólogo paraguayo, Fernando Lugo, esclarecer completamente el ataque al futbolista y seleccionado nacional de ese país. La razón es evidente: aunque le inviertan millones de dólares en promoción turística a nuestro país, un hecho de esa naturaleza destruye lo que tanto ha costado edificar. Ante ello, ¿qué hacer? Darle a todo esto el carácter de pleito de cantina, o aparentar que la ley se cumple y que no hay impunidad. Nada, en realidad, está resuelto de fondo.

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

+ FPAR: ¿por qué es tema de cuidado para PGJE?

Hace cinco días, el Ejército Popular Revolucionario emitió un comunicado a través del cual, se congratula por el reinicio de los trabajos de la Comisión de Mediación con el gobierno federal, para lograr la presentación con vida de sus dos integrantes desaparecidos desde mayo de 2007 en Oaxaca. Sin embargo, en la misiva vierten señalamientos directos en contra del comandante Pedro Hernández Hernández, en los cuales lo acusa ante diversos organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, de comandar un nuevo grupo paramilitar del Gobierno del Estado, con el que ha realizado los más recientes actos de represión policíaca que han ocurrido en la entidad. ¿Qué hay alrededor de todo esto?

Es evidente que la historia y las relaciones entre los cuerpos policiacos de Oaxaca y dicho grupo armado, no son nuevas. De hecho, como bien debe recordarse, luego del conflicto magisterial y popular ocurrido en Oaxaca de mayo a diciembre de 2006, quedaron pendientes abundantes señalamientos hechos por las organizaciones inconformes, sobre transgresión a los derechos humanos. Sin embargo, uno de los puntos más álgidos de esta cuestión, se dio en mayo de 2007, cuando el EPR denunció la desaparición de dos de sus militantes, y acusó que todo eso había ocurrido aquí en la capital oaxaqueña.

Desde que ocurrieron los hechos, el EPR sostuvo que había sido un grupo paramilitar del gobierno de Oaxaca, el que había ubicado y aprehendido ilegalmente a sus compañeros. Ante las denuncias, el grupo armado no reparó en aceptar no sólo en revelar públicamente la identidad de los dos desaparecidos —Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya—, sino también en aceptar que ellos, como muchos otros de sus integrantes, tomaron parte del movimiento magisterial del año previo, en su calidad no de guerrilleros sino de luchadores sociales.

En un primer momento, tanto el gobierno federal como el de Oaxaca se negaron a realizar una investigación verdaderamente sustantiva sobre los hechos, y no fue sino hasta cuando el EPR inició acciones de sabotaje a instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos, que el gobierno del presidente Felipe Calderón accedió a iniciar una indagatoria real sobre las desapariciones.

Mientras ello ocurría, también se daban una serie de desencuentros de orden político entre los gobiernos de Oaxaca y federal, y particularmente entre algunos funcionarios estatales y representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Estado, que comenzaron una guerra mediática de filtraciones, acusaciones y descalificaciones, que tenían como leit motiv la desaparición de los dos eperristas.

¿Qué ocurrió entonces? Que el 25 de abril de 2008, una cuadrilla del Ejército Mexicano, acompañada por elementos de la Policía Federal y de la entonces Agencia Federal de Investigación, se apersonó en las instalaciones de lo que era la Policía Ministerial del Estado, para aprehender al comandante Pedro Hernández Hernández y al elemento Ángel Reyes Cruz, bajo acusaciones de ser los presuntos responsables materiales de la detención y desaparición de los dos eperristas.

¿Qué ocurrió entonces? Que ese intento de venganza orquestado por tres instancias federales —la Secretaría de Seguridad Pública, la de Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República— en contra de funcionarios estatales por algunos de los agravios derivados de la crisis popular y magisterial, simplemente falló.

Esto porque, vencido el término constitucional del arraigo que se le impuso a los dos detenidos, éstos fueron liberados por no habérseles acreditado las acusaciones que se les habían formulado. Ambos regresaron a sus funciones. La investigación sobre los eperristas volvió prácticamente a su punto de inicio. Y hasta ahora es mínimo lo que públicamente se sabe sobre posibles avances en la investigación sobre su paradero.

ATENCIÓN, EN

OTRO ASPECTO

Hoy, Pedro Hernández Hernández funge como comandante de la Fuerza Policial de Alto Rendimiento (FPAR). Particularmente, esa corporación llama la atención porque fue la única que no le fue retirada de la potestad directa del procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, para ser transferida a la cadena de mando de la Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué tiene eso de raro?

En apariencia, nada. Incluso, podría considerarse que una instancia como la de procuración de justicia, necesariamente debe de contar con ciertos elementos policiacos bajo la orden directa del Ministerio Público del Estado, para que realice funciones que especialmente le encomiende la instancia ministerial. Todo esto puede entenderse, debido a que la antigua Policía Ministerial —que era un órgano de la Procuraduría estatal— pasó a ser Agencia Estatal de Investigaciones y se adscribió a la SSPE.

El problema para la FPAR, en realidad, tiene poco o nada que ver con la represión policiaca hacia grupos o manifestaciones sociales, y más bien se inscribe en otros ámbitos. Esto porque, de un tiempo a la fecha, en todas las actuaciones policiacas que ha habido para hacer frente a disturbios o inconformidades sociales, no ha quedado duda de quiénes son los que actúan, cuál es el resultado de esas intervenciones de fuerza, y a qué mando e instancia pertenecen. Hoy, a diferencia del pasado, sobre el sector público de Oaxaca no pesan las acusaciones por violaciones a los derechos humanos que antes abundaban.

Más bien, sobre la FPAR pesan hoy una fama pública que, si bien no tiene que ver con la represión, tampoco es digna de presumirse. Quienes conocen la cotidianeidad de la Procuraduría, saben que el mejor camino para ejecutar una orden de aprehensión en términos específicos, se encuentra en ese grupo.

No es raro, por ejemplo, que dicho grupo sí utilice violencia innecesaria en el momento de las detenciones, o que éste actúe en asuntos sobre los que tienen particular interés algunos funcionarios de la PGJE. Vamos, hoy es casi indisoluble la asociación de FPAR con términos inadmisibles como “sabadazo” o “brutalidad policiaca”, cuando de ejecutar órdenes de aprehensión o atender asuntos de particular relevancia.

ASUNTO IGNORADO

Lo peor del asunto, es que a temas como este en la Procuraduría parecen no tener importancia. Los señalamientos que realizan la sociedad o los medios de información, son tomados como asuntos de saña e inquina, y no como reflejo de lo que en realidad sucede, y que debería ser considerado por el procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez. No le convendría estar rodeado de represores, pero tampoco de transgresores a la legalidad.

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