+ PRI-Gobierno: disputa rebasa a partidismos

Hasta hoy, el debate sobre la permanencia o derogación del impuesto a la tenencia y uso de vehículos en Oaxaca, ocurre en por lo menos tres bandas distintas que, por ser paralelas, no tienen posibilidad de hallar coincidencias. El problema, en todo esto, es que tanto gobernantes como opositores nuevamente dejaron en medio a la ciudadanía oaxaqueña, que es quien finalmente paga el costo económico tanto del impuesto como del bajo nivel del debate.

Esta discusión —si es que puede calificarse así— ocurre en varias bandas, paralelas, por las razones siguientes. A principios de mes, el líder de la CNOP, Jorge Toledo Luis, demandó que el gobierno estatal derogara el referido impuesto vehicular, argumentando que al ser éste un gravamen que no cumplía ya ni con la finalidad para la que fue creado, y tampoco tenía la legitimación federal, además de ser oneroso, debía desaparecer.

Dos días después, el Gobierno del Estado respondió que el impuesto a la tenencia de vehículos era imposible de derogar, debido a que con el producto de su recaudación se cubrían ciertas necesidades presupuestales básicas, pero enfatizando particularmente que ellos mismos (los priistas) “en el pasado aprobaron el impuesto para cubrir la deuda de los complejos administrativos.”

A esta polémica, incluso, hubo una nueva respuesta del Dirigente sectorial del PRI, quien a través de un comunicado estableció tres ejes que, según ellos, son esenciales para apuntalar la exigencia de derogación de la tenencia vehicular. El primero de los ejes establece que con ello se responde al clamor: “¡Basta de impuestos, sin un fin claro y definido!”

El segundo eje establece que si Oaxaca tiene un bajo nivel de recaudación fiscal, es porque éste es un estado pobre, y que por esa razón los contribuyentes dejan de pagar obligados no por la voluntad sino por las circunstancias, y que por esa razón gobiernos de oposición al PRI, como Puebla, decidieron eliminar tal gravamen.

Y el tercero, que pretende ser más preciso, en realidad pone en evidencia que la Secretaría de Finanzas y el Sector Popular del PRI parecen referirse a temas distintos. Aunque el gobierno estatal nunca se refirió a los programas sociales, sino al pago de los complejos administrativos, el Líder Cenopista señala que “es falso que el gobierno del estado requiera de recursos, como el pago de la tenencia vehicular, para impulsar los programas sociales. Los recursos del combate a la pobreza provienen de los fondos federales…”

Y recalca el logro presupuestal de los diputados del tricolor, además de reprochar que ni ellos ni el pueblo de Oaxaca son responsables de que éstos no sepan cómo utilizarlos, o que estén echando mano del cobro de impuestos, o del endeudamiento.

Ante ese panorama somero, queda claro que tanto en la CNOP, como en el gobierno estatal, debían debatir con mayor inteligencia no sólo para hablar con verdades objetivas, sino también para no tratar de timar o de menospreciar al pueblo de Oaxaca.

DEBATE VEDADO

Asegurar, por ejemplo, que un impuesto altamente impopular debe permanecer para costear algo tan fatuo e innecesario para el interés general, como son Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, es tanto como creer que Oaxaca es una isla en la que todos están pensando en las pugnas entre el gobierno y sus opositores; que creen que todo se puede resolver a través de las cargas partidistas; e incluso que la militancia tricolor debe cargar con los latrocinios y deshonestidades de unos cuantos ex funcionarios corruptos. Expliquémonos.

La mayoría de los oaxaqueños estaría dispuesto a pagar ese y otros impuestos, si tuviera certeza de en qué se están utilizando los recursos que se captan por ese concepto. En el Distrito Federal, por ejemplo, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard fue enfático al señalar que con el impuesto a la tenencia vehicular se subsidia el sistema de transporte colectivo, y que por eso era imposible derogarlo. Frente a ese argumento sólido, nadie protestó.

Aquí, sin embargo, a pesar de que todos los servicios públicos relacionados con la vialidad son una auténtica calamidad (baches, agentes de tránsito corruptos, inexistencia de obras viales, nula señalización, etcétera), el gobierno estatal es incapaz tanto de establecer un destino específico para esos recursos, como —sobre todo— de decírselo de manera clara a los ciudadanos. Aquí, el oaxaqueño común siente que paga un impuesto costoso, a cambio de nada. Y ahí se origina mucho del rechazo que tiene ese gravamen.

El otro problema, que es igualmente grave por el mal enfoque que se da, es que el gobierno estatal pretende seguir lavando sus afrentas partidistas particulares a partir de temas que interesan a todos. Es claro que sólo al uno por ciento —si mucho— de los oaxaqueños le interesa saber, o asume con remordimiento, el hecho de que hoy tenga que pagar impuestos por las deudas de un gobernante pasado. En todo caso, el grueso de los oaxaqueños reacciona, ante el señalamiento de que es por culpa de los gobiernos priistas que se debe seguir cobrando la tenencia, con un sonoro y comprensible “¿Y yo por qué?”

Pero, en todo eso, los priistas que dicen defender las causas populares se achican y evaden el señalamiento, innegable, de que fueron militantes de su partido quienes contrataron los créditos para la construcción de los complejos administrativos; que fueron ellos quienes comprometieron la continuidad del cobro de derechos vehiculares; y que de todo eso hicieron millonarios negocios.

En ese sentido, queda claro que el PRI de Eviel Pérez, de Jorge Toledo, y demás, pretende no abordar el tema porque ello implicaría reconocer los errores, o la voracidad de gente a la que en realidad parecen proteger, o a la que se sienten dispuestos a seguir defendiendo, cuando lo que debían hacer es unirse a la exigencia de justicia.

RUTA SUICIDA

¿Qué este PRI que pretende “recuperar” la confianza ciudadana, seguirá protegiendo a personajes priistas impresentables como Bulmaro Rito, Miguel Ángel Ortega Habib, y todos los que se enriquecieron de forma extraordinaria a costa de asuntos como la contratación de deuda, el manejo presupuestal, o la construcción de obra pública? Si Toledo Luis de veras promueve la defensa del interés ciudadano, debía también deslindarse de esos personajes nocivos para su partido y, junto con los representantes del gobierno estatal, entrar a un debate verdaderamente serio sobre el destino del impuesto a la tenencia vehicular.

+ Golpes mediáticos, en el fondo de esta disputa

Todo aquel que tiene nociones básicas de cómo operan algunos procesos de la administración pública, como lo son los relativos a la auditoría y revisión de la gestión, sabe que las palabras de la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, tienen una alta carga de interés y mensajes políticos, pero muy poco sustento en la realidad. Cuatro meses son insuficientes para realizar una auditoría parcial a toda una administración, y las cifras que componen los supuestos faltantes, finalmente habrán de ser distintas (y menores) de las que ahora se asegura.

Este asunto, de entrada, deja ver el ánimo del actual gobierno tanto respecto a sus antecesores, como en relación al sostenimiento de su propia imagen como régimen de alternancia. Una de las necesidades básicas de todo gobierno —como el actual de Oaxaca—— que arriba al poder venciendo a sus adversarios históricos, es la de ir a revisarlos lo más escrupulosamente posible para tratar de hallar cualquier irregularidad, a través de la cual fundamentar tanto las acusaciones indispensables que ellos utilizaron en campaña, como también para legitimar el “cambio” prometido.

En este sentido, en el terreno político el actual gobierno de Oaxaca no se ha despegado ni un ápice de estas necesidades. Hasta ahora, lo que hemos visto son recurrentes acusaciones, que luego son referidas por medios informativos de la capital del país, a través de las cuales se está señalando a la administración anterior por actos de corrupción.

Es, incluso, hasta cierto punto parte de las necesidades políticas básicas de todo gobierno de alternancia que inicia, acusar de “algo” a sus antecesores ante la mirada de la opinión pública, para así establecer parámetros de “lo malo” que prevalecía antes, y “el cambio” que se está procurando ahora. Oaxaca no es hoy un estado excepcional por esas acusaciones, como lo es tampoco la administración actual por estar revisando a sus antecesores. Más bien, esos señalamientos son los que siempre ocurren. Y nuestra entidad, hoy, no es la excepción.

Incluso, la parte política y de impacto mediático de estos señalamientos, son parte de una estrategia que se delineó desde antes de que el gobernador Gabino Cué Monteagudo tomara posesión de su cargo. Si bien se recuerda, desde noviembre del año pasado, el entonces Gobernador Electo aseguró que indagaría todo lo relativo a la construcción y créditos contratados por el gobierno estatal para edificar Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial.

Después, la contralora Woolrich Fernández dijo algo similar, y anunció que se habían encontrado ya irregularidades en varias dependencias estatales. En esa misma lógica, el secretario de las Infraestructuras, Netzahualcóyotl Salvatierra anunció que también por un asunto de ineficiencia y posible corrupción se había cancelado el contrato existente con la empresa Isolux para la construcción de la velaria del Auditorio Guelaguetza.

Hasta hoy, todo lo dicho son meras declaraciones de prensa. Nadie ha aportado elementos más sostenibles al respecto. Y también se está aprovechando la notoriedad de los presuntos desfalcos, y el desconocimiento que tiene la mayoría de las personas de cómo se lleva a cabo un proceso de auditoría, qué pasos se deben de seguir antes de integrar los procedimientos administrativos y penales, y cuáles son las sanciones reales que puede tener un ex servidor público por haber incurrido en responsabilidad por el manejo de recursos o el no ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley.

VERDAD, NO PERCEPCIONES

Hasta ahora son sólo golpes mediáticos los que busca el gobierno estatal a través de las declaraciones de la Titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, porque de sus mismas declaraciones se desprende que ni las auditorías han concluido, ni se han iniciado los procedimientos administrativos o penales respectivos, ni se ha dado tiempo para que los involucrados se defiendan, solventen lo que puedan, y comparezcan para saber de qué asuntos se les acusa.

El primer paso que debe ocurrir, en este sentido, es la conclusión de las revisiones. El monto de alrededor de mil 700 millones de pesos que hasta ahora se ha manejado en la prensa, puede incluso aumentar. No obstante, las normas relativas a la auditoría y el procedimiento administrativo establecen que esos faltantes iniciales pueden ser solventados a través de la ampliación de documentación que acredite el monto ejercido, la restitución y otras vías.

En todas las auditorías, que se hacen en todas las dependencias de todos los órdenes de gobierno, siempre se observan (o se señalan) montos que finalmente son ajustados. Y, en este sentido, un desfalco sólo ocurre cuando después de todo ese proceso de solventación se concluye que hubo un ejercicio incorrecto, un robo o desvío de recursos, o una mala aplicación de los mismos, y entonces el funcionario responsable es sometido a procedimientos administrativos (para ser multado o inhabilitado para el servicio público, o incluso la imposición de ambas sanciones), o penales, para pagar con penas privativas de libertad por los actos derivados del ejercicio público que constituyen la comisión de delitos del orden común.

Por todo eso, para hacer un juicio desprovisto de cargas o filias políticas o partidistas, y de ánimos de justificación o revancha, habrá que esperar a que todas las auditorías culminen, a que pase el proceso de solventación, a que se den a conocer los montos que no pudieron ser justificados, para entonces sí poder hablar de que tal o cual funcionario se robó o malversó los recursos del Estado.

Bien dice la sabiduría popular, que “lo que se ve no se juzga”. Sin embargo, la Contralora de lo que habla no son de sospechas ni de percepciones, sino procedimientos jurídicos enmarcados por el derecho. Así, habrá que ser mucho más mesurado y esperar a que concluyan las indagatorias, para saber cuánto se robaron, y quiénes fueron los ladrones de la administración anterior.

¿Y CIUDAD ADMINISTRATIVA?

Asimismo, la Contralora debía también estar indagando todo lo relativo a la construcción de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial. Insistimos en que si algo de bien le quieren hacer a Oaxaca, deben ir al fondo de esos complejos, y evitar que se siga consumando ese robo en despoblado que costará a los oaxaqueños, en 15 años, más de 8 mil millones de pesos.

+ Faltan funciones, y también decisión para el trabajo

Más allá de la polémica por la utilización de las antiguas Delegaciones de Gobierno, ahora denominadas Módulos de Desarrollo Sustentable, como extensiones de trabajo político-electoral de la administración estatal en turno, habría que considerar las razones que en su momento dieron pie a la creación de esos organismos, y la función esencial que tuvieron para que, en base a ello, pudiera comprenderse qué labores se están haciendo correctamente, y qué funciones debían retomarse para en verdad abonar al desarrollo sustentable de nuestra entidad.

En un primer momento, es necesario hacer algo de historia. Como tales, las Delegaciones de Gobierno existen desde poco antes de la administración del gobernador Heladio Ramírez López en Oaxaca. Desde un inicio, fueron concebidas como órganos materiales de control político, aunque después asumieron funciones importantes en cuanto a la planeación del desarrollo tanto de los municipios, como de lo que tenía que ver con las responsabilidades del gobierno estatal.

En la siguiente administración —es decir, la del gobernador Diódoro Carrasco Altamirano—, las Delegaciones de Gobierno asumieron la responsabilidad de apoyar en la administración de los Fondos Municipales del ramo XXVI, y ante la novedad, o la demanda de descentralización de funciones a los municipios, Banco Mundial acicateó dicho proceso, para que fueran directamente los municipios quienes recibieran recursos y ejecutaran acciones que hasta entonces, por su capacidad de operación, capacitación y ejecución, estaban bajo la conducción del Gobierno del Estado.

En ese tiempo, comenzó a haber programas de capacitación a empleados del gobierno estatal en dichas labores, y luego se replicó dicho proceso con las autoridades municipales del más de medio millar de Ayuntamientos que existen en la entidad, para capacitarlos en el manejo de la novedad que eran entonces los Fondos Municipales que se transferían desde las arcas federales.

Bajo ese esquema, el proceso de descentralización de funciones resultó exitoso, y entonces organismos internacionales, y dependencias federales, tales como el Banco Mundial y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dispusieron la creación del ahora tan socorrido Ramo 33, para que los municipios incrementaran sus respectivos márgenes para la ejecución directa de esas acciones que, como ya se dijo antes, hasta ese momento se encontraban en manos del gobierno estatal.

Sin embargo, como se ha comprobado en estos últimos años, no todo en ese proceso de descentralización fue positivo. Independientemente de la posibilidad de ejecución directa que dio el ramo 33, esto también constituyó una transferencia súbita de funciones a los Ayuntamientos. Y éstos no estaban lo suficientemente preparados como para poder desarrollar todo el potencial que implicaban esos recursos.

Otro problema que esto creó, fue que el ramo 33 no representó más recursos, sino que únicamente transfirió su manejo de los gobiernos estatales a los municipales. Esto dejó prácticamente sin margen de maniobra a los gobiernos de los Estados.

El único gobernador que en aquel entonces reviró con fuerza esta decisión federal, fue Manuel Bartlett en Puebla, quien estableció que de todos modos la planeación municipal debía aprobarse por instancias estatales. Y dicho hasta el año pasado, el gobierno estatal del estado vecino, quien se encargaba de orientar y autorizar la inversión de recursos de los municipios.

CLAROSCUROS

Han pasado ya varios años desde que se creó el famoso ramo 33, y lo cierto es que el desarrollo de la mayoría de los municipios no corresponde a los montos millonarios de dinero público que se ha invertido en ellos. No se ve, pues, que en la mayoría haya transformación en sus territorios. Ha habido buenos presidentes que invierten bien el dinero, pero también es cierto que la mayoría no tiene la capacidad, la preparación o la visión suficiente para conducir correctamente estos procesos, o simplemente son corruptos.

Prueba de esto último, es que hoy son más disputadas las candidaturas a Presidente Municipal, que a diputado federal o local. La clave de todo esto es el famoso ramo 33, que siempre tiene muchos millones de pesos que, cuando hay corrupción o torceduras en el ejercicio público, son susceptibles de ser utilizados discrecional e incorrectamente.

Incluso, cuando sí hay pulcritud presupuestal en los Ayuntamientos, éstos se enfrentan tanto a la poca duración de las administraciones municipales (con lo que no puede haber procesos de planeación a largo plazo), y sobre todo se topan con la escasa capacidad municipal, las extorsiones y las “raterías” que han abundado tanto en ellos como en las autoridades estatales.

Por todo ello, en la administración del gobernador Carrasco Altamirano se incorporaron las Subdelegaciones de Planeación a las Delegaciones de Gobierno, y los Munícipes recibieron apoyo y dirección. Para tal efecto, las delegaciones fueron útiles. Y para esa administración de los fondos municipales, las delegaciones de gobierno se encargaron de dar seguimiento, y de brindar asesoría y orientación a las prioridades de los gobiernos municipales.

Esas Subdelegaciones de Planeación se conocieron como los Módulos de Atención Social. Fue incluso un proceso de desconcentración. Es decir, las Subdelegaciones o Módulos estaban integrados por gente que se integró al trabajo de campo. Con ello, técnicos y mandos medios de instancias como el IVO, CAO, Obras Públicas y Desarrollo Rural fueron enviados a las zonas directas de atención, y además hubo coordinación con las instancias federales encargadas del desarrollo social.

LOS MÓDULOS,

NINGUNA NOVEDAD

En resumen, los actuales Módulos de Desarrollo Sustentable vienen de mucho tiempo atrás. La distorsión de sus funciones ocurrió a partir de la perversión de quienes las manejaron, pero este problema no parte ni de su creación ni de sus funciones anteriores o actuales. Los Módulos eran el área fuerte de las Delegaciones, pero no manipulaban lo político. Servían, porque sabían qué hacer y lo hacían. Por todo eso, habría que retomar la verdadera importancia y función social de esos organismos. Y por eso mismo, si Gerardo Albino no sabe ahora qué hacer en lo verdaderamente importante para la función de planeación y desarrollo municipal y estatal, terminará siendo uno más de los cuestionados y señalados Coordinadores de Delegaciones, que hicieron de todo… menos las funciones esenciales que exige el cargo.

+ Además de corrupción, incurren en ilegalidades

Nadie con verdadero sentido político desearía parecerse, o ser equiparado con el tristemente célebre personaje priista que responde al nombre de Alejandro Avilés Álvarez. Éste, en su paso por la administración pública el sexenio pasado, se hizo malamente conocido por las historias de corrupción, extorsión y malversación de recursos que se contaban de la dependencia que encabezó.

En efecto, Alejandro Avilés fue coordinador general de Delegaciones de Gobierno, a lo largo de casi toda la administración del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Aunque era una dependencia que ya traía ciertos vicios, y ya había extraviado la mayoría las funciones para las que fue creada, en ese periodo se convirtió en una auténtica especie de “Caja de Pandora”, en la que se entretejían los más oscuros acuerdos tanto para obtener beneficios económicos indebidos, como también para encabezar la operación electoral que debía ser una tarea financiada por el Partido Revolucionario Institucional.

En ese sentido, dos fueron las funciones más conocidas de las Delegaciones de Gobierno en ese periodo: la primera, era la relativa a que lejos de ser facilitadores y conductores de la gestión y atención entre el Gobierno del Estado y los Municipales, los delegados se convirtieron en auténticos extorsionadores, quienes por lo menos la mitad de su tiempo la dedicaban a ver cómo obtenían beneficios económicos a través de la “recomendación” de proveedores, constructoras y consultorías, para que fueran contratadas por los Ayuntamientos que se encontraban dentro de su radio de acción.

La otra mitad del tiempo, la ocupaban para su otra actividad conocida: la operación partidista. Para nadie era un secreto, que la Coordinación de Delegaciones de Gobierno tenía una estrechísima vinculación con la Secretaría de Elecciones del Comité Directivo Estatal del PRI. Por eso, personajes como Marcelo Díaz de León Muriedas y Alejandro Avilés tenían no sólo una sólida relación, sino también intereses comunes que tenían que ver con “el trabajo de partido”.

Y es que, en efecto, tampoco era un secreto el hecho de que la totalidad de los delegados, subdelegados, y directores de área en las 60 delegaciones de gobierno, eran propuestos por la Secretaría de Elecciones del PRI; o éstos, al ser contratados por la dependencia que encabezaba Avilés, se les ordenaba que estuvieran al servicio del área electoral del PRI estatal.

En el interior del Estado, todo aquel que fungió como autoridad municipal en su demarcación, puede dar cuenta de cómo el Delegado de Gobierno hacía lo mismo labor institucional, que trabajo sucio en cuanto a las recomendaciones, extorsiones y chantajes. E, incluso, eran ellos —en conjunto con los también oscuros Delegados del PRI, a los que se les pagaba con recursos oficiales—, quienes estaban dedicados, aún en días y horas de trabajo, a organizar las estructuras y operación electoral, las “giras de trabajo” del líder priista en turno, y la operación estrictamente electoral en los tiempos de campaña, y los días de jornada electoral.

Frente a toda esa historia de turbiedades, que siempre fue pasada por alto por el gobierno estatal, pero que asimismo siempre fue bien conocida por la ciudadanía —a la que no se le puede engañar—, el titular de los actuales Módulos de Desarrollo Sustentable debería comenzar a preguntarse, con seriedad, si está dispuesto a pasar a la historia local con la misma reputación que su antecesor.

Y es que si bien dicen que en los comienzos están los finales, los funcionarios actuales deberían hacer más por lograr cambios que fueran más allá del nombre de esa dependencia.

VIOLACIONES LEGALES

Empero, más allá de los asuntos de corrupción, los módulos de Desarrollo Sustentable deberían también se revisados en cuanto a su trabajo, integración y enfoque, para verdaderamente ser coadyuvantes al desarrollo de los municipios, y no un estorbo o traba como parecen serlo ahora. Aunque es un aspecto fundamentalmente técnico el que a continuación se detalla, no está de más que Gerardo Albino González considerara este señalamiento.

Como bien se sabe, al arrancar la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo se crearon los Módulos de Desarrollo Sustentable, los cuales fueron instituidos para suplir a las antiguas Delegaciones de Gobierno. Una de las funciones establecidas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, señala que los módulos deberían ser instancias de plantación del territorio, tomando en cuenta que dejaría de funcionar todos los aspectos políticos que hasta entonces tenían las delegaciones de gobierno.

Para todo esto, en cada uno de los Municipios del Estado existen los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), creados en la administración anterior, y que tenían como objetivo principal ser la instancia de planeación del territorio dentro de los municipios. Esto significa que con la formación de un solo CMDRS se planeaba el desarrollo total del municipio en todos sus aspectos (económico, ambiental, social, humano e institucional, etcétera.)

Es por eso que se formó un solo Consejo que es el CMDRS. Todo esto, como lo dijimos al principio, encuentra sustento en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobada en el año 2001 por el Congreso del Estado.

En este sexenio, con la creación de los Módulos de Desarrollo Sustentable, la cual está integrando los Consejos en cada uno de los municipios de las diferentes regiones, cadauna de las antiguas Delegaciones de Gobierno, está integrando una instancia a la que denomina Consejo Municipal de Desarrollo Social, generando con ello una confusión en los mismos municipios, y sobre todo, echando por la borda todo el trabajo de planeación realizado anteriormente con los municipios por medio de los CMDRS.

Esto, debido a que instancias federales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ya no participan como las encargadas de los diferentes sectores.

DESARROLLO REAL

Se supone que ya ajenos a los afanes políticos del pasado, Gobierno del Estado debería retomar este proceso de planeación a través de los CMDRS, y pueda continuar el trabajo que se venía llevando a cabo, el cual sí había dado resultados a los municipios, y así tener el desarrollo desde lo local, como se menciona en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

+ Conflictos internos en priismo, ¿origen de todo?

Los diputados locales de las fracciones parlamentarias que integran la coalición legislativa afín al gobernador Gabino Cué, esgrimen dos argumentos para sostener la constitucionalidad de la designación de los integrantes, y el titular, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) en las condiciones que lo hicieron, y para  asegurar que no fue un albazo, sino un asunto ajeno a ellos, lo que provocó la marginación de las propuestas y el voto del PRI en la integración del Órgano Electoral.

Es claro que en la política, como en el mundo, los hechos no son monocromáticos. Por ello, independientemente de la posibilidad de concordar o no con los argumentos de los coalicionistas, es necesario conocer su propia visión tanto de la constitucionalidad y legalidad de la determinación que ellos tomaron respecto al IEEPC, como de los acuerdos previos, y los conflictos internos que generaron las reacciones y la automarginación de la fracción priista. Como para forjar un criterio claro es necesario conocer todas las versiones, vayamos punto por punto a los argumentos que esgrimen los diputados aliancistas.

Veamos primero los argumentos esgrimidos por las fracciones legislativas coaligadas, respecto a la constitucionalidad de la decisión que tomaron, independientemente de que el lector pueda o no concordar con los mismos.

En ese sentido, aseguran que, de acuerdo con una reforma realizada al CIPPEO apenas la semana pasada, se aprobó una modificación al artículo 84, apartado A, para establecer que el Consejero Presidente del IEEPC debería ser electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión, mas no de la totalidad de los integrantes del Congreso local, como se estableció hasta entonces el dicho ordenamiento electoral, para dar la máxima intensidad y legitimidad constitucional y legal, al Titular del Órgano que funge como árbitro en los procesos electorales.

En un primer momento, fue en base a tal criterio que fundamentaron la decisión de nombrar como Presidente del Órgano Electoral a Alberto Alonso Criollo, y a los integrantes de las propuestas aliancistas como Consejeros Electorales.

¿Cómo pudieron hacerlo? La explicación para eso, jurídicamente hablando, no parece complicada. Esto porque en dicha sesión, los 25 diputados presentes (24 coalicionistas y 1 del PRI), reunían el requisito del quórum que exige la Constitución (la mitad más uno) para el inicio de la sesión, y la legalidad de los acuerdos que se tomen en general.

En su lógica, habiendo quórum legal había también la posibilidad de tomar decisiones aplicando no sólo una mayoría calificada, sino unanimidad. Fue así como no sólo dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, sino la totalidad de los mismos, eligieron a Alonso Criollo como titular del IEEPC. Y por eso mismo, dicen que la decisión que tomaron tiene apego a la constitucionalidad.

Incluso, en su favor dicen que tampoco hubo inconstitucionalidad en el desechamiento de las propuestas priistas a Consejeros Electorales, porque éstos sí fueron votados en el pleno del Congreso, pero fueron rechazados por los diputados coalicionistas, que más bien prefirieron integrar el IEEPC con sus propias propuestas.

Por todo eso, los legisladores que sí conocen de los recovecos legales, dicen que la garantía de audiencia de los ciudadanos propuestos por el PRI como Consejeros Electorales, no fue vulnerada. Y por eso dicen que sí es legal su actuación.

RESPONSABILIDAD PRIISTA

Ahora bien, habría que preguntarse cuál fue la razón que llevó a los diputados coalicionistas a marginar a la fracción parlamentaria del PRI de las decisiones que tomaron sin su consenso. Contrario al albazo que ha sido constantemente denunciado, ellos dicen que la ausencia de la bancada tricolor, y su inmovilidad posterior, se debió no a una actitud ventajosa por parte de los aliancistas, sino a las feroces discordancias internas que privan en ese partido.

En ese sentido, aseguran que la tarde-noche del viernes, ya existía un acuerdo entre el coordinador de la bancada priista, diputado Martín Vásquez Villanueva, y los negociadores de la coalición legislativa. Aseguran que éste, a nombre de su bancada, ya había aceptado que fuera Alonso el titular del Órgano Electoral, pero exigió que fueran respetados ciertos acuerdos de forma para la votación, así como la inclusión de las propuestas priistas a Consejeros Electorales.

Aseguran que ya existía ese acuerdo, además, porque ocho de los diputados priistas —entre ellos Carlos Martínez, Carolina Aparicio y Germán Rojas Walls— ya habían aceptado votar —sin especificar si a cambio de algo— a favor de Alonso. Vásquez exigió, sin embargo, que por un asunto de apariencias, primero fuera sometida a votación su propuesta para Consejero Presidente (Othoniel Peña), y que una vez rechazado entonces se permitiera que los ocho legisladores priistas, completaran la mayoría calificada para elegir a Alonso como presidente del IEEPC.

Aseguran que dicho acuerdo se entrampó por los intereses a los que sirve la fracción priista, que es todo menos un grupo homogéneo. Cuando se concretó tal acuerdo, los diputados afines al ex gobernador Ulises Ruiz le comunicaron la decisión; por su parte, los comprometidos con el diputado Jorge Franco, hicieron lo mismo. Hubo resistencia por parte del grupo ulisista para respaldar la decisión. Y esas diferencias fueron las que, aseguran, impidieron que la madrugada del sábado los diputados tricolores dieran si quiera la cara para concluir el proceso de elección.

Esos desacuerdos, dicen los aliancistas, no pudieron resolverse durante todo el día del sábado y la madrugada del domingo. Y fue hasta ese momento que, según su versión, ellos esperaron el cumplimiento de sus acuerdos iniciales o, al menos, su presencia de los priistas en el Recinto Legislativo para concluir la sesión. Esto nunca ocurrió. Y por eso, dicen, tuvieron que hacer solos la votación, y elegir ellos a sus consejeros.

DOS VERSIONES

Esta es, por decirlo así, “la otra versión” de lo que ocurrió el fin de semana. Lo cierto, en todo esto, es que este proceso tan atropellado lo único que hizo fue minar severamente la credibilidad y legitimidad tanto del IEE, como de la coalición legislativa, y qué decir del PRI. Y por eso, aún con todo, sigue siendo sostenible el señalamiento de que la gran perdedora, en todo esto, fue la democracia en Oaxaca.

Frente a embates, esconden la cabeza

¿Qué imagen da un partido político en el que, tres días después de haber sido avasallado, ninguneado, y traicionado en todos los acuerdos con sus contrapartes, ninguno de sus dirigentes sale a defender sus posiciones?

Eso es justamente lo que ocurre con el Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca. Tres días después de haber sido arrasado por las fracciones parlamentarias de los institutos políticos que respaldan al gobernador Gabino Cué Monteagudo, en cuanto a la integración del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ningún líder priista había hecho al menos un posicionamiento para establecer sus líneas de acción o defensa.  Y eso, para ellos y para la democracia en general, es un asunto altamente preocupante.

Por ­su propia actuación, hoy todos los que ostentan cargos de responsabilidad dentro de la estructura partidista del priismo, están demostrando cuando menos una actitud de debilidad, falta de oficio y desinterés, que bien puede ser también una disimulada actitud de entreguismo hacia el gobierno estatal. Las señales enviadas hasta este momento no pueden sino apuntar hacia esa dirección. Veámoslos, uno por uno.

En primer término, es necesario revisar la actuación del coordinador de la fracción priista, y presidente de la Junta de Coordinación Política, Martín Vásquez Villanueva. Desde febrero pasado (Ver Al Margen de los días 4 y 9 de febrero de 2011), apuntamos en este espacio los riesgos de confundir una oposición responsable, con una oposición aparente.

Incluso, por la actuación hasta entonces de la fracción priista, apuntamos que “la bancada tricolor en el Congreso local no ha demostrado algo más que tibieza, carencia de argumentos sólidos, e incluso de una idea precisa del papel que le toca jugar, no como comparsa, sino como cuña, resistencia y dique al gobierno estatal.”

Y es que, aún con el poder de su bancada, con los argumentos sobrados que tienen para encabezar a todos los sectores de oposición en la entidad, e incluso con los medios que tienen al alcance para oponerse civilizada y responsablemente a los partidos oficialistas, lo que hasta ahora se ha visto es más bien inconsistencia y ataques constantes a las debilidades particulares de quienes encabezan a la fracción parlamentaria.

En este sentido, el tratar de hacer una verdadera oposición se ha visto empañado por un escollo particular que tiene tanto Martín Vásquez Villanueva, como el dirigente estatal, Eviel Pérez Magaña. Los dos, —como lo apuntamos en esta columna el pasado 9 de febrero— fueron altos funcionarios de la administración pasada, a quienes el gobierno de Gabino Cué señala indirectamente como presuntos responsables de diversos actos de corrupción.

Y por esa razón, pareciera que ambos personajes son recurrentemente susceptibles de ser presionados, para desistir de cualquier intento de generar una oposición menos “responsable” o “civilizada” (o aparente) de la que han hecho hasta estos momentos. Y todo quedó en evidencia ante este primer momento de crisis general para ese partido, en el que todos los sectores del tricolor debieron haberse cohesionado para hacer un solo señalamiento, importante y de altura, para combatir inteligentemente a quienes los avasallaron.

SILENCIOSO SOSPECHOSO

Hasta la tarde de ayer, los únicos dos priistas que habían hecho posicionamientos serios al respecto, eran los diputados Elías Cortés López y Carlos Martínez Villavicencio. ¿Qué dijeron? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿dónde estaban todas las voces autorizadas y legitimadas —se supone— para hablar, desde la dirección priista, de este asunto?

Los diputados Cortés López y Martínez Villavicencio únicamente se refirieron a lo más bajo de todo lo ocurrido en relación a los consejeros del nuevo IEE. Cortés, indebidamente adelantó —por no ser el legitimado para hacerlo, al no ser dirigente partidista ni representante formal de su fracción— que el PRI impugnaría dicho proceso ante los órganos jurisdiccionales federales.

A esa misma postura, se adhirió el también diputado local tricolor Daniel Cuevas Chávez, quien no obstante su calidad de legislador, tampoco tiene representación y calidad partidista alguna para hablar a nombre del priismo en medio de un asunto tan delicado como este.

Carlos Martínez, por su parte, alzó la voz pero únicamente para defenderse de las acusaciones de traición, hechas por sus mismos compañeros priistas, quienes lo acusaron de haberse “vendido” al oficialismo por haber sido el único diputado del tricolor que asistió a la sesión, y votó favorablemente la eliminación de las propuestas priistas para consejeros electorales, y fue electo Alberto Alonso Criollo como Consejero Presidente del órgano electoral. Sus argumentos, como era de esperarse, fueron tan poco serios, que ni lejanamente podrían apuntalar una defensa consistente a tales acusaciones.

No obstante, más allá de eso lo que queda es el vacío total. Esto porque el presidente del Comité Directivo Estatal, Eviel Pérez Magaña ha estado callado por completo ante estos hechos. De nuevo, el Presidente del PRI ha mostrado una total apatía, desinterés, o incluso resistencia a los posicionamientos, frente a asuntos que no sólo incumben a su partido, sino que lo rebasan y trastocan el interés público que, desde su trinchera partidista y legislativa, él también dice defender.

¿Y qué decir del diputado Vásquez Villanueva? Es inaudito —por no decir que sospechoso—, que éste hubiera optado por el exceso de confianza, por un pésima asesoría jurídica, e incluso por explotar la proclividad etílica de algunos legisladores, para preferir una borrachera a la defensa total de las posiciones que aún tenían seguras en la elección de Consejeros del IEE.

Según diversas fuentes, eso fue lo que ocurrió la noche del sábado, mientras los diputados aliancistas elegían, solos, a un Presidente del órgano electoral propuesto de manera inamovible, no por las fracciones parlamentarias, sino por el Gobernador del Estado. Y todo esto se agudiza, por el prolongado silencio que ha guardado desde entonces.

AUSENCIA TOTAL

A los priistas “institucionales” que respaldan a Eviel Pérez Magaña, les molesta sobremanera señalamientos como los del indeseable diputado Jorge Franco, que siempre acusa la falta de liderazgo de la dirigencia actual. Sin embargo, con esas fallas y actitudes no hacen sino darle la razón. Y lo peor es que dejan a la sociedad en estado de indefensión, frente a las actitudes autoritarias de quienes detentan el poder.

+ Granados Chapa, las negaciones y la realidad

El pasado 23 de enero, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa anunció, en su columna Plaza Pública del periódico Reforma, que Televisa compraría la compañía de telefonía celular Iusacell, propiedad de Grupo Salinas, quien a su vez es dueño de su principal competidor en el ramo de la comunicación, Televisión Azteca. La noticia causó revuelo, por la importancia que revestía el hecho de que los dos gigantes de la televisión mexicana se unieran para hacer frente al poder de las empresas de telefonía fija y móvil de Carlos Slim. Era, por así decirlo, el principio de una guerra en la que se enfrentarían dos de los principales —y más representativos— monopolios de nuestra nación mexicana.

Hace dos meses, cuando Granados Chapa dio la primicia de esa operación entre Televisa y Grupo Salinas decía que: “Si no puedes vencer a tu enemigo, recomienda un refrán, únetele. Y si puedes, mejor cómpralo. Esa fórmula se aplicó esta semana, cuando Televisa adquirió la totalidad de acciones de Iusacell, la empresa que en busca de su propio provecho presentó más de 40 recursos legales contra la licitación 21, confeccionada a favor del consorcio Azcárraga. Esa operación jurídica, y política, de la que se da cuenta en esta columna antes que en ninguno otro lugar, permitirá a Televisa además de desembarazarse de su principal adversario en tribunales, contar de golpe y porrazo con 53 megahercios del espectro radioeléctrico, los que posee Iusacell.”

En aquella columna, Granados Chapa daba cuenta de una serie de acuerdos no sólo comerciales entre ambas empresas, sino también de la construcción de los consensos políticos necesarios para hacer transitar una operación debe pasar por el aval del gobierno federal. En ese sentido, el Periodista daba cuenta de dos potenciales signos claros de la construcción de ese acuerdo, tanto interno como externo entre Televisa, Grupo Salinas y el gobierno federal.

Hacía referencia, en ese sentido, a un encuentro habido entre el presidente Felipe Calderón y los principales ejecutivos de Televisa, encabezados por Emilio Azcárraga, en Punta Mita, un elegante balneario de Nayarit, en el que habrían acordado esta “monumental operación”, como también la denominó Granados Chapa.

El otro punto al que hacía referencia, fue que por esas mismas fechas ocurrió la salida de las filas de Televisión Azteca de la conductora peruana Laura Bozzo, quien debutaría justo al día siguiente de la aparición de aquella entrega de Plaza Pública (24 de enero) como la conductora principal de Televisa.

“En otros momentos, sonsacar a una estrella de la televisión era tenido por la competidora como una declaración de guerra. Hoy, al contrario, la transferencia de la locutora peruana (que tuvo dificultades con la justicia de su país a causa de su relación con Vladimiro Montesinos, la eminencia negra del dictador Alberto Fujimori) ha ocurrido con tersura, como ocurren las mudanzas de las estrellas del futbol, ámbito de negocios en que los integrantes del nuevo acuerdo también tienen intereses complementarios.”

Sin embargo, las ventajas reales de aquel negocio iban mucho más allá de las posibles presentadoras de programas tipo talk show.

GRAN NEGOCIO

La potencial operación de Televisa y Grupo Salinas se inscribía no sólo en la guerra que habían librado en los últimos años esos dos grupos por el control de las nuevas frecuencias del espectro radioeléctrico que habría de concesionar el gobierno federal, sino también en la nueva batalla que libran esos dos consorcios —y que hoy está del todo abierta— en contra del Grupo Carso.

La cuestión es simple: Las televisoras desean entrar con fuerza al negocio de la telefonía, y las empresas de Carlos Slim desean incursionar en el ámbito de la televisión. El problema es que ambas son actividades monopólicas en México. Y es que si existe alguna razón poderosa para que no existan ni más compañías telefónicas ni más empresas televisivas en México, es justamente la negativa de Televisa y Azteca, por un lado, y de Telmex y Telcel, por el otro, a permitir que existan más competidores.

Por todo eso, Granados Chapa establecía lo siguiente: “La nueva situación le permitiría asociarse (a Televisa) de nuevo a Nextel, con lo que eliminaría otro riesgo, el que se deriva de que pudiera cancelarse la concesión que estaba en juego en la licitación 21. Ésta se resolvió a favor de una persona jurídica compuesta por esas dos empresas, por lo que al retirarse Televisa desapareció la solicitante (luego titular) de la concesión, fragilidad que podría conducir a la obligación de reponer la licitación, riesgo que se suprimiría con el retorno de Azcárraga a la sociedad con Nextel.

“Iusacell pasó en dos décadas de ser la pionera y la más importante empresa de telefonía celular a ser superada por Telcel y Telefónica. Creada por el dinámico Alejo Peralta como parte de su imperio relacionado con instalaciones eléctricas (Iusa), Iusacell fue adquirida en junio de 2003 por el Grupo Salinas en sólo 10 millones de dólares, cifra irrisoria que se explica porque en la misma operación ese grupo se hizo cargo de su deuda de 800 millones de dólares. Una deficiente gestión previa, y posterior a esa compra, condujo a Iusacell a la paradoja de que su principal producto en el mercado fuera la porción de espectro radioeléctrico que poseía y deseaba vender, dado que el número de sus usuarios quedaba servido por sólo una fracción del bien que tenía concesionado.

“La licitación 21 fue diseñada para contener a Iusacell y ensanchar los horizontes de Televisa. ¡Cuán dilatado es ahora su ámbito cuando en una sola operación compró el silencio de su adversario y al adversario mismo, con su patrimonio a cuestas!”

¿NO QUE NO?

Cuando Granados Chapa dijo todo eso en enero, de inmediato Televisa y Grupo Salinas desmintieron la versión. El periodista se disculpó, sin retractarse, por haber incurrido en la omisión de no consultar a las fuentes aludidas “omisión motivada por la firme confianza que me merece la fuente de que abrevé esa información”, explicó. Sólo que pasados apenas dos meses, el tiempo le dio la razón. El pasado miércoles, ambos grupos anunciaron la sociedad que involucra directamente a Iusacell. Tal parece que se siguen armando para luchar contra Telmex. El problema es que, globalmente, no parecen ser muchos los beneficios que esto pueda traer al usuario final. Ojalá que esta guerra de titanes no termine haciendo sino acentuar los monopolios que tanto daño le han hecho a México.