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“Bono democrático” de Gabino Cué: ¿Riesgo calculado?

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+ Unir a todas las fuerzas puede ser efecto búmeran

El gobernador electo de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, está utilizando a sus anchas el bono democrático que los electores le dieron el pasado 4 de julio. En las semanas previas a su toma de posesión como Gobernador Constitucional del Estado, se ha dado el lujo de firmar un convenio de colaboración con el Gobierno del Distrito Federal, de acudir a la Cámara de Diputados arropado por los diputados federales priistas a exigir más presupuesto, e incluso a reiterar su cercanía y aprecio por el ex candidato presidencial del PRD, PT y PC, Andrés Manuel López Obrador. Aunque hoy tiene todas las posibilidades de su lado, el nuevo Gobernante pronto deberá comenzar a considerar hasta qué punto es prudente y necesario, el tratar de hacer confluir a las más importantes fuerzas políticas del país a su alrededor.

Independientemente de que haya quien esté de acuerdo o no con esta afirmación, es evidente que hoy Gabino Cué Monteagudo resulta ser un modelo político para diversas entidades de la República, y para no pocos partidos de oposición que buscan fórmulas relativamente novedosas para acceder al poder. Oaxaca era una de las entidades federativas que aparentaban tener un mayor arraigo priista, y que en el ámbito de lo electoral, sus estructuras parecían ser las más funcionales y, por tanto, las más complicadas de vencer.

El hoy gobernador electo Cué pudo hacerlo, pero sólo en base a una amalgama de factores que le permitieron derrotar a una maquinaria priista que, en efecto, había demostrado su poder y la capacidad de hacer triunfar al partido, independientemente de quién fuera el candidato.

En el aspecto positivo, hoy el Gobernador Electo de Oaxaca, para muchos se aparece como un modelo democrático que tiene la capacidad de remontar sus derrotas y vencer a quienes inicialmente lo doblegaron. En la contraparte, es decir, en el aspecto negativo, hay muchos otros que aseguran que no fue una firme vocación y voluntad democrática lo que lo llevó al poder, sino una suma de operaciones, recursos y artificios electorales similares a la ingeniería electoral del priismo, pero puestos en marcha con mayor eficacia.

En ese sentido, la realidad indica que independientemente de cómo haya sido su arribo al poder, nada de esto podría haber ocurrido si no sólo a través de la conjunción de las voluntades de la derecha —a través del panismo—, y de la izquierda —a través del PRD, PT, PC y la anuencia lopezobradorista—, y que por esa razón, hoy el gobernador Cué tiene la posibilidad de moverse a sus anchas, contando incluso con el apoyo condicionado de los tricolores.

¿Cómo poder hacer eso? Evidentemente, todo encuentra su explicación en el llamado “bono democrático” con el que hoy cuenta el gobernador Cué. Es decir, que el gobernante oaxaqueño hoy tiene por completo a su favor esa calidad hasta hoy inmaculada, rentable y políticamente correcta, que indica que ningún opositor al PRI que se diga demócrata, puede darle la espalda o negarle el apoyo a quien fue capaz de derrotar a una maquinaria que se había mantenido firme por casi ochenta años. De ahí que hoy Cué sea algo así como una “figura de moda” entre los políticos, gobernantes, legisladores y aspirantes a cargos de elección popular de los partidos que lo llevaron al poder, al que todos desean capitalizar, y al que nadie puede dejar de prestarle respaldo o apoyo político directo.

Incluso, aunque en el pasado casi siempre los diputados de oposición le dan la espalda a los del PRI cuando se trata de gestionar recursos, ahora pareciera que los mismos legisladores priistas de Oaxaca se vieron en la necesidad de respaldar a Cué en la búsqueda de más presupuesto, porque para ellos mismos sería de un altísimo costo político, hoy, abrir un frente de batalla en el que quedaran como los traidores a la causa de Oaxaca, y no el gobernante, que fácilmente podría acusarlos de no hacer lo suficiente en la gestión de recursos para el combate a la pobreza y el desarrollo de la entidad.

EFECTO BÚMERAN

Hoy, y durante un tiempo más, ese aparente gran poder de convocatoria será utilizado plenamente por el gobernador Cué. Y si eso sirve para convocar a diálogo y acuerdos que permitan la gobernabilidad y la solución de conflictos, evidentemente, todos los avances serán bienvenidos. Pero necesariamente tendrá que haber un límite en las relaciones, porque por la propia naturaleza de los actores y grupos que hoy apoyan al inminente Gobernante oaxaqueño, éstos, todos, son adversarios y llegado el momento, tendrán que dejar atrás las alianzas y los romanticismos sobre la democracia, para volver al ejercicio implacable de la política partidista, electoral y de grupo.

Ese será el momento en el que el gobierno oaxaqueño de Cué comenzará a moverse en una auténtica cuerda floja. Por ejemplo, pasó absolutamente nada en relación al PAN y el gobierno federal, la semana pasada que el Gobierno Electo de Oaxaca anunció la firma de un acuerdo para la creación de una comisión mixta que ponga aquí en marcha, algunos programas sociales y de desarrollo que han probado su eficacia en la capital de la República, que es gobernada por el perredista Marcelo Ebrard Casaubón.

Habría que preguntarse cómo será tomado ese acuerdo por parte del tradicionalmente revanchista panismo del presidente Felipe Calderón, una vez que el perredista Ebrard termine de develarse como un potencial y respaldado candidato presidencial, y busque enfrentar a quien resulte el candidato de las fuerzas de la derecha.

Aunque ahora no hubo protesta alguna, llegará el momento en que esa relación incomode a varios de los que ahora son aliados de Cué. Y el anterior es sólo un ejemplo. ¿O qué dirá el priismo, en su momento, cuando un gobernante les pida respaldo político, pero manifieste apoyo franco a candidatos o partidos que son sus adversarios? ¿Y qué pasará cuando el Gobierno del DF le exija a Cué su definición sobre el apoyo a manifestar para el abanderado de la izquierda en los comicios presidenciales?

¿NO ES FERIA?

Por razones como las anteriores, el gobierno de Gabino Cué debe fundamentar y cimentar muy bien los apoyos que busque, y las afinidades que manifieste. Su bono democrático hoy parece un cheque en blanco. Pero ni la ciudadanía, ni mucho menos las fuerzas políticas, tendrán la misma disposición y tolerancia, una vez que se desaten de nuevo los tiempos electorales. El tiempo dirá qué tan conveniente fue poner “todos los huevos en la misma canasta”.

¿Dónde quedaron las responsabilidades por el 2006?

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+ Herencia de impunidad: saldo de revuelta magisterial

Días después del 26 de noviembre de 2006, cuando ocurrió el choque más violento entre elementos de la entonces Policía Federal Preventiva e integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), se creó un Comité de Liberación, auspiciado por el pintor Francisco Toledo, que se encargaría de brindar apoyo económico y asesoría jurídica, para que los detenidos en aquel episodio recobraran su libertad. Hoy, cuando ese organismo civil anunció su disolución, y cuando los episodios de 2006 parecen más lejanos que nunca, habría que preguntarnos qué pasó con los delitos y quebrantos ocasionados durante aquel periodo aciago de la historia reciente de nuestro estado.

La pregunta no es ociosa. Porque si bien es cierto que un organismo civil como el Comité de Liberación “25 de noviembre”, creado específicamente para salvaguardar los derechos humanos y la integridad de quienes fueron aprehendidos, encuentra su finalidad en conseguir la libertad absoluta de esas personas, también lo es que tras de ello lo que queda es una estela de impunidad que no necesariamente debe abarcar a quienes ya fueron absueltos en los procesos judiciales que se les seguían, sino a todos los que, por acción u omisión, estimularon que la impunidad ganara en todo lo concerniente al conflicto magisterial. Expliquémonos.

En un primer momento, es necesario entender la causa del Comité de Liberación “25 de noviembre”. Éste, como bien se sabe, se creó para brindar ayuda, obtener recursos para el pago de fianzas, y proporcionar asesoría legal, a los familiares de las 149 personas que fueron aprehendidas durante los disturbios ocurridos en la misma fecha del nombre del Comité.

Gracias a ese organismo, la mayoría de las personas obtuvo el dinero necesario para garantizar el pago de la reparación de los daños, y gastos procesales, por los actos que se les imputaban. El Comité de Liberación, además, fue quien coordinó el trabajo de un grupo de abogados que condujeron los procesos judiciales, que lograron la excarcelación de los detenidos, y que lograron probar la no participación de cada una de esas personas durante los disturbios de aquella fecha.

Por esa razón, según un comunicado difundido el fin de semana, el Comité decidió disolverse “al tener resuelta la liberación de las y los presos” de la APPO, a causa del conflicto político social iniciado en el 2006, y cuya finalidad, desde entonces, fue la de enforcar “sus esfuerzos prioritariamente a la defensa y acompañamiento de los procesos legales de los presos políticos, la atención a sus familiares y la denuncia estatal, nacional e internacional de las múltiples violaciones a los derechos humanos”,

¿Qué significa esto, en términos sencillos? Que los 149 detenidos en aquella ocasión, alcanzaron ya un fallo judicial que los exime de toda responsabilidad. Por eso el Comité de Liberación cumplió su objetivo, y por eso declaró su disolución. En ese mismo sentido, y más allá de lo que específicamente ocurrió el 25 de noviembre, es claro que en relación a todos los demás hechos relacionados con el conflicto magisterial, nadie enfrenta hoy a la justicia, ni de lado de quienes encabezaron las acciones de resistencia, ni tampoco de quienes, desde el sector oficial, emprendieron tareas para combatir a quienes calificaban de insurrectos.

IMPUNIDAD CAMPANTE

No se trata de que esto fuera una cacería de brujas, ni mucho menos. Pero en el otro extremo, resulta altamente preocupante que luego de toda una larguísima estela de quebrantos, derechos menoscabados, excesos, represión, comisión de delitos comunes, y demás, nadie sea responsable, de nada, en relación a lo ocurrido en 2006. Tanto un extremo, como el otro, lo que dejan ver es a un gobierno incapaz, carente de voluntad para hacer justicia, y volcado por completo a dejar en el pasado una serie de acontecimientos en los que también tiene un altísimo grado de responsabilidad.

La disolución del Comité de Liberación es un botón claro de muestra sobre lo que aquí se dice. Si cada uno de los 149 detenidos fue declarado inocente de las acusaciones que se le imputaban, es porque tuvo la capacidad de demostrar ante la ley que, en efecto, no había participado de los disturbios o que, en su caso, no había tenido responsabilidad alguna en los quebrantos que se le imputaban. Si la ley y la justicia los declararon inocentes, nadie es quién para calificarlos como lo contrario.

Pero también dejemos las cosas en claro: el conflicto magisterial no duró un día, sino casi siete meses. En todo ese tiempo se cometieron una serie interminable de delitos, que lo mismo agraviaron a quienes encabezaban o eran parte de la resistencia popular, como también lesionaron gravemente los derechos de la ciudadanía. Ya fuera por acciones emprendidas por agentes del gobierno, o por quienes en la defensa de sus postulados de lucha popular, lo cierto es que la ciudadanía fue gravemente lesionada en sus intereses, derechos y pertenencias. Y a ésta, a la sociedad, nadie nunca le respondió por nada.

Por eso, el legado que se deja es simplemente de impunidad. Hoy parece más claro que nunca, que el Gobierno del Estado lo único que trató de hacer con los expedientes judiciales, fue ajustar cuentas con quien consideró que tenía pendientes, pero no para verdaderamente hacer justicia. De ahí que algunos líderes sociales fueran aprehendidos y encarcelados hasta los límites legalmente posibles, y que en episodios como el del 25 de noviembre se iniciaran averiguaciones cargadas de delitos, para generar la apariencia de que se les estaba juzgando con firmeza a quienes habían incendiado y agraviado a la capital oaxaqueña.

ADIÓS PASADO

Hoy es evidente todo lo contrario. La voluntad real por la justicia nunca existió. Por eso se están cerrando todos los expedientes relativos al 2006. Cualquiera que, desde el lado oficial o desde la resistencia popular, en ese tiempo haya cometido un delito quedará impune. Pero también quedará en la más completa de las impunidades, todo aquel que resintió la comisión de un delito —desde el robo más simple, hasta el homicidio de una persona cercana—, y que pacientemente sigue esperando la acción de la justicia. Ésta no existió, ni existirá, porque lo que interesa no es privilegiar la justicia y el Estado de Derecho, sino simplemente dejar el pasado atrás.

 

Gabino Cué: ¿Cómo blindarse contra el desencanto?

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+ Alianzas: que no predominen las mezquindades

No es raro que las administraciones que inician con fuertes expectativas, pasado un tiempo sufran baches de intenso desencanto. La experiencia no sólo mexicana, sino internacional de los procesos de alternancia política, y de arribo al poder de gobernantes con fuertes dosis de popularidad, enseñan que éstos o demuestran un alto grado de eficacia, o son castigados fuertemente por el electorado que los empoderó. Esto debe tenerlo bien presente el gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Pues eso será lo que, en buena medida, determine su futuro político, así como la relación que pueda emprender con los gobiernos más fuertes de los partidos que contribuyeron a llevarlo al poder.

Como bien debe recordarse, el primer gobernador electo que, días después de los comicios, se reunió con el presidente Felipe Calderón Hinojosa fue, precisamente, el de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo. En aquellos momentos, ambos mandatarios aseguraron iniciar una relación de respeto y colaboración, que luego continuó con las reuniones subsecuentes que comenzaron a ocurrir entre el equipo de transición del próximo gobierno oaxaqueño con Secretarios de Estado y delegaciones federales para tratar de puntualizar temas en específico que son del interés y parte de la agenda de la administración entrante.

Esto, en un primer momento, dio la idea de que el gobierno de Cué Monteagudo tendría importante cercanía con la administración federal del presidente Calderón. No obstante, ayer el Mandatario Electo firmó un amplio acuerdo de colaboración con el gobierno perredista del Distrito Federal, que encabeza Marcelo Ebrard Casaubón.

En dicho convenio, ambos gobernantes “decidieron estrechar lazos de colaboración para compartir programas exitosos además de mecanismos de evaluación en temas como la salud, educación, seguridad pública, administración de justicia, protección social, vivienda, medio ambiente, transporte, protección civil, finanzas, economía y turismo.” Es decir, que pareciera que buena parte de la agenda de asistencia social, desarrollo económico y administrativo de la capital del país, podría ser traslada a nuestra entidad a través del gobierno de Cué.

Esto bien puede llevarnos a una idea inicial: que el gobierno electo está estrechando lazos con gobiernos que son adversarios en común, y próximos rivales en el proceso electoral que se avecina, y que por esa razón el próximo gobierno de Oaxaca se estaría metiendo en un brete del cual podría no salir bien librado. En esa lógica, podría suponerse que las mezquindades de unos y otros, por motivos electorales, podrían ocasionar ciertas obstrucciones o boicots, que impactaran negativamente en programas favorables a nuestro estado.

¿Podría ocurrir algo así? Seguramente, si el ánimo electoral continúa igual de crispado que como hasta ahora, podría decirse que sí. Que ante un posible enfrentamiento electoral entre el candidato del presidente Felipe Calderón, con un potencial Marcelo Ebrard investido de la postulación presidencial por el PRD, un gobierno aliado de ambos, como el de Oaxaca, podría quedar muy mal parado. El punto clave hoy, para todos, es que para poder dar viabilidad a cualquiera de esas candidaturas, primero deben demostrar que Oaxaca —su mejor hechura, o su engendro, según sea el caso— tiene un gobierno verdaderamente de transición, eficaz y viable.

 

ATAJAR EL DESENCANTO

Parece hasta extraño tanto colaboracionismo de dos gobiernos adversarios, con un tercero como el de Oaxaca. La misma prensa de la capital del país, ha sido insistente con el gobernador electo Cué, respecto a quién será su candidato presidencial en 2012. Éste, por su parte, ha manifestado que apoyará la candidatura que considere más viable, sin negar que tiene cercanía con el ex abanderado presidencial, Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué ante esas insistencias, ni el gobierno del presidente Calderón, ni el de Marcelo Ebrard “respingan”?

La respuesta se encuentra en la necesidad ineludible que tienen tanto el Partido Acción Nacional, como el de la Revolución Democrática, por demostrar que cualquiera de ellos sí puede gobernar no mejor que el otro entre sí, sino que uno u otro puede hacer mejor gobierno que el Revolucionario Institucional. En esa lógica, es que uno y otro gobierno parecen estar haciendo a un lado sus mezquindades características, para dedicarse a apuntalar a un gobierno que será base y modelo primero de la lucha electoral en el Estado de México el próximo año, y potencialmente de un candidato en común en 2012.

Parece claro, en ese sentido, que ambos partidos y gobiernos, tienen la obligación de no darle pautas al desencanto que, en términos sencillos, es lo que habrá de derrotarlos juntos en los próximos comicios, para darle más triunfos al priismo. Si este gobierno icónico de coalición fracasa, o da más tumbos que resultados concretos, entonces no sólo se esperarán derrotas en nuestra entidad, sino también demostraciones implacables de que sus más “profundos” sentimientos democráticos son una farsa.

En esa lógica, si el gobierno de Oaxaca que encabezará Gabino Cué se dedicará a “oaxaqueñizar” ciertas políticas públicas que se aplican en otras entidades de la República, es necesario que lo haga con toda la eficacia y pulcritud que las necesidades democráticas y de legitimación de su gobierno ameritan. Es deseable, por Oaxaca, que tenga la claridad para copiar lo útil y no los fracasos de las administraciones que habrá de tomar como modelo. En ello estará determinado el éxito de su primer tramo de gobierno, y es lo que en un momento dado le permitiría convalidar su administración a través de un triunfo en los comicios intermedios.

DELIMITAR EXPECTATIVAS

Si hace una administración inteligente, Cué deberá asumir la necesidad de acotar y delimitar las expectativas que él mismo, y sus colaboradores, están generando del próximo gobierno. Es imposible vivir de esperanzas, como querer hacerlo de fantasías irrealizables. En ese sentido, es ilógico, y peligroso, suponer que a partir del 1 de diciembre todos los problemas de Oaxaca serán resueltos, como también lo es el suponer que de todos modos el cambio sólo fue de facciones, pero que continuarán presentes los excesos en la administración pública, que tanto han molestado en los últimos años.

 

+ Alianzas: que no predominen las mezquindades

No es raro que las administraciones que inician con fuertes expectativas, pasado un tiempo sufran baches de intenso desencanto. La experiencia no sólo mexicana, sino internacional de los procesos de alternancia política, y de arribo al poder de gobernantes con fuertes dosis de popularidad, enseñan que éstos o demuestran un alto grado de eficacia, o son castigados fuertemente por el electorado que los empoderó. Esto debe tenerlo bien presente el gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Pues eso será lo que, en buena medida, determine su futuro político, así como la relación que pueda emprender con los gobiernos más fuertes de los partidos que contribuyeron a llevarlo al poder.

Como bien debe recordarse, el primer gobernador electo que, días después de los comicios, se reunió con el presidente Felipe Calderón Hinojosa fue, precisamente, el de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo. En aquellos momentos, ambos mandatarios aseguraron iniciar una relación de respeto y colaboración, que luego continuó con las reuniones subsecuentes que comenzaron a ocurrir entre el equipo de transición del próximo gobierno oaxaqueño con Secretarios de Estado y delegaciones federales para tratar de puntualizar temas en específico que son del interés y parte de la agenda de la administración entrante.

Esto, en un primer momento, dio la idea de que el gobierno de Cué Monteagudo tendría importante cercanía con la administración federal del presidente Calderón. No obstante, ayer el Mandatario Electo firmó un amplio acuerdo de colaboración con el gobierno perredista del Distrito Federal, que encabeza Marcelo Ebrard Casaubón.

En dicho convenio, ambos gobernantes “decidieron estrechar lazos de colaboración para compartir programas exitosos además de mecanismos de evaluación en temas como la salud, educación, seguridad pública, administración de justicia, protección social, vivienda, medio ambiente, transporte, protección civil, finanzas, economía y turismo.” Es decir, que pareciera que buena parte de la agenda de asistencia social, desarrollo económico y administrativo de la capital del país, podría ser traslada a nuestra entidad a través del gobierno de Cué.

Esto bien puede llevarnos a una idea inicial: que el gobierno electo está estrechando lazos con gobiernos que son adversarios en común, y próximos rivales en el proceso electoral que se avecina, y que por esa razón el próximo gobierno de Oaxaca se estaría metiendo en un brete del cual podría no salir bien librado. En esa lógica, podría suponerse que las mezquindades de unos y otros, por motivos electorales, podrían ocasionar ciertas obstrucciones o boicots, que impactaran negativamente en programas favorables a nuestro estado.

¿Podría ocurrir algo así? Seguramente, si el ánimo electoral continúa igual de crispado que como hasta ahora, podría decirse que sí. Que ante un posible enfrentamiento electoral entre el candidato del presidente Felipe Calderón, con un potencial Marcelo Ebrard investido de la postulación presidencial por el PRD, un gobierno aliado de ambos, como el de Oaxaca, podría quedar muy mal parado. El punto clave hoy, para todos, es que para poder dar viabilidad a cualquiera de esas candidaturas, primero deben demostrar que Oaxaca —su mejor hechura, o su engendro, según sea el caso— tiene un gobierno verdaderamente de transición, eficaz y viable.

 

ATAJAR EL DESENCANTO

Parece hasta extraño tanto colaboracionismo de dos gobiernos adversarios, con un tercero como el de Oaxaca. La misma prensa de la capital del país, ha sido insistente con el gobernador electo Cué, respecto a quién será su candidato presidencial en 2012. Éste, por su parte, ha manifestado que apoyará la candidatura que considere más viable, sin negar que tiene cercanía con el ex abanderado presidencial, Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué ante esas insistencias, ni el gobierno del presidente Calderón, ni el de Marcelo Ebrard “respingan”?

La respuesta se encuentra en la necesidad ineludible que tienen tanto el Partido Acción Nacional, como el de la Revolución Democrática, por demostrar que cualquiera de ellos sí puede gobernar no mejor que el otro entre sí, sino que uno u otro puede hacer mejor gobierno que el Revolucionario Institucional. En esa lógica, es que uno y otro gobierno parecen estar haciendo a un lado sus mezquindades características, para dedicarse a apuntalar a un gobierno que será base y modelo primero de la lucha electoral en el Estado de México el próximo año, y potencialmente de un candidato en común en 2012.

Parece claro, en ese sentido, que ambos partidos y gobiernos, tienen la obligación de no darle pautas al desencanto que, en términos sencillos, es lo que habrá de derrotarlos juntos en los próximos comicios, para darle más triunfos al priismo. Si este gobierno icónico de coalición fracasa, o da más tumbos que resultados concretos, entonces no sólo se esperarán derrotas en nuestra entidad, sino también demostraciones implacables de que sus más “profundos” sentimientos democráticos son una farsa.

En esa lógica, si el gobierno de Oaxaca que encabezará Gabino Cué se dedicará a “oaxaqueñizar” ciertas políticas públicas que se aplican en otras entidades de la República, es necesario que lo haga con toda la eficacia y pulcritud que las necesidades democráticas y de legitimación de su gobierno ameritan. Es deseable, por Oaxaca, que tenga la claridad para copiar lo útil y no los fracasos de las administraciones que habrá de tomar como modelo. En ello estará determinado el éxito de su primer tramo de gobierno, y es lo que en un momento dado le permitiría convalidar su administración a través de un triunfo en los comicios intermedios.

DELIMITAR EXPECTATIVAS

Si hace una administración inteligente, Cué deberá asumir la necesidad de acotar y delimitar las expectativas que él mismo, y sus colaboradores, están generando del próximo gobierno. Es imposible vivir de esperanzas, como querer hacerlo de fantasías irrealizables. En ese sentido, es ilógico, y peligroso, suponer que a partir del 1 de diciembre todos los problemas de Oaxaca serán resueltos, como también lo es el suponer que de todos modos el cambio sólo fue de facciones, pero que continuarán presentes los excesos en la administración pública, que tanto han molestado en los últimos años.

 

Región triqui: un riesgo real de violencia

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Homicidio de Pazos sí debe ser aclarado

+ Riesgo a seguridad, sostener impunidad

La región triqui ha sido sometida a altísimos niveles de violencia y presión, que llegaron a su punto más álgido con la ejecución del dirigente del MULT, Heriberto Pazos Ortiz. Deliberadamente, el Gobierno del Estado se ha mostrado poco o nada interesado en solucionar tanto las disputas políticas que han azotado a la zona, como en esclarecer la ejecución del líder indígena. El riesgo que entraña todo esto no sólo tiene que ver con la injusticia y la vocación por la impunidad, sino también, y sobre todo, con el hecho de que esa inacción pudiera hacer germinar un estallido violento de subversión en aquella zona.

La violencia entre comunidades, y entre grupos de lucha social en la zona triqui no es nueva. De hecho, hay quien asegura que las disputas violentas entre pueblos, tiene una raíz ancestral que, sin embargo, ahora se ha profundizado ante la presencia de los grupos de lucha social, y el ingrediente político que cada uno de ellos entraña. No obstante, si acaso el argumento anterior debe sólo servir como una forma de explicación de lo que hasta ahora ha pasado, mas no como un camino para justificar que las determinaciones sociales, étnicas o políticas deban hoy seguir teniendo como ingrediente infaltable el de la violencia.

Por varias razones es inadmisible, en esa lógica, justificar la violencia en la zona triqui. Además de entender que los tiempos actuales no necesariamente deben ser similares a lo ocurrido décadas o siglos atrás (como para decir o “entender” que si los triquis siempre fueron violentos, ahora no tendrían por qué dejar de serlo), hoy debería de tener mucho más peso el hecho de que el Estado ha sido incapaz de neutralizar o aminorar los rasgos de violencia entre los habitantes de esas comunidades, en aras de dos imperativos públicos —que poco conocen, o que si conocen no practican— como lo son la gobernabilidad y el Estado de Derecho.

En un primer momento, es harto cuestionable esa incapacidad, o esa indolencia, por parte del Gobierno del Estado para brindar certidumbre, política y legal, de que la violencia no debe seguir siendo el camino para que las comunidades u organizaciones sociales consigan, preserven o arrebaten lo que les hace falta.

En ese sentido, es tanto o más inaceptable el hecho de que la connivencia entre las organizaciones sociales que existen en la zona —MULT, Ubisort, MULTI, etcétera—, con las sucesivas administraciones estatales, hayan derramado cantidades millonarias de recursos económicos que supuestamente tenían como destino la realización de obras y acciones de beneficio social y comunitario, que disminuyeran los índices de pobreza y marginación de los habitantes de esa región, pero que sirvieron para enriquecer a unos cuántos líderes, para fortalecer la presencia política —pero no el provecho social— de las organizaciones, y para dotarlas de armas y mecanismos de fuerza que sólo les han servido para enfrentarse, exterminarse y llenarse de terror.

Los triquis, queda claro, siguen viviendo en las mismas condiciones de pobreza, marginación, atraso y segregación de siempre. Su calidad de vida ha mejorado de forma mínima, frente al abominable lucro y manipulación de que han sido objeto. Tanto las organizaciones sociales como el sector oficial, ni siquiera se han encargado de exterminar la violencia y las desigualdades, a través de acciones que contribuyan a que los indígenas tengan una mejor forma de vida.

Han desdeñado todo lo relativo a la contención de la seguridad a través de presencia policiaca, y una acción eficaz de la justicia, porque no les interesa pagar los costos políticos de esa decisión. Pero tampoco se han preocupado por el verdadero rescate, con medidas de tipo social, de todas esas comunidades que, ante tantas afrentas —entre las que cuentan lo mismo a la violencia que al olvido y sobre todo a sus muertos—, todos los días siguen acumulando rencor y vocación por la consecución violenta de sus necesidades. De ahí que el riesgo de un estallido social, o de una acción con tintes de subversión, no sea una posibilidad descartada.

PAZ, EN RIESGO

La experiencia de gobierno, confirma que una comunidad que se levanta en armas lo hace por una causa determinada, que viene acompañada de factores de atraso social y de violencia, generados a lo largo de periodos prolongados de tiempo. Cuando ocurre ese hecho que determina el estallido, se conjuntan todos los demás elementos y sirven como detonadores de algo que, en otras circunstancias, podría ser causa de una inconformidad menor. Es evidente que sólo en el Oaxaca reciente, tenemos ejemplos abundantes de ese tipo de cuestiones.

Un levantamiento de ese tipo ocurre, luego de que la comunidad o grupo fue sometida a niveles importantes de presión, ya sea por acción u omisión. Acción cuando, por ejemplo, existe una acción represiva, o cuando expresamente el sector oficial hace algo que detona la discordancia. Cuando es por omisión, esto más bien tiene que ver con la manifestación expresa del atraso, la indolencia o la desatención total a demandas que tienen como objetivo cuestiones sociales urgentes.

En este sentido, a alguien que no tiene para comer, que carece de posesiones y de una actividad a través de la cual sobrevivir, y que además es objeto de olvido, injusticias y agravios, le da lo mismo ir a buscar lo que necesita a través de la violencia —la subversión o la delincuencia— e incluso perder la vida en el intento porque, puede entenderse, da lo mismo cuando no se tiene una forma digna de continuar viviendo.

Si todo esto se combina con una causa política en particular, el resultado puede ser abrumador. Porque el gobierno no sólo no se ha preocupado por llevar escuelas, caminos, desarrollo social y algo de bienestar a las comunidades, sino que con su desdén ha alimentado las disputas y la violencia entre esos grupos y comunidades que, en última instancia, lo que buscan es mejorar su forma de vida.

RIESGO REAL

Oaxaca tiene una presencia efectiva y constante de grupos y acciones de subversión. Quien crea que en un momento dado la región triqui no puede ser un factor de inestabilidad, está equivocado. Por eso, a la par de emprender un verdadero proceso de rescate social de la región, el Gobierno del Estado está obligado a comenzar a dar la idea de que hará justicia. El inicio de esa desactivación violenta, necesariamente tendrá que pasar por el esclarecimiento de la ejecución de Beto Pazos.

 

Reformas institucionales: cambio, no utopías

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+ Pasar de alternancia a transición, ¿un ideal?

Finalmente, el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, comenzó a dar pautas concretas sobre cuál será su proyecto democratizador y de modernización de la administración pública. Recientemente, dijo que su agenda se centrará en cinco ejes temáticos. A saber: Gestión Pública, Relación Ejecutivo-Legislativo, Fortalecimiento del Poder Judicial, Organismos Autónomos e Instrumentos de Democracia Directa. Es necesario que a esa agenda, el equipo de transición agregue un elemento subjetivo determinante: la voluntad política para hacer realidad esos anhelos.

A través de un comunicado, el Gobernador Electo asegura que “estos cambios pretenden hacer cumplir  lo que ofrecimos en campaña (sic) que es transitar de un régimen autoritario a uno democrático que contemple un verdadero equilibrio entre los tres poderes del estado…”. Es evidente que, atendiendo a la expectativa sobre el cambio de régimen y la alternancia de partidos, en un primer momento el gobierno de Cué Monteagudo está haciendo eco de un sentir ciudadano, que sin embargo pronto se convertirá en exigencia.

¿Qué contempla esa agenda de cinco ejes? En el relativo a gestión pública, de acuerdo al comunicado, propondrán la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente. Entre otros temas,  “la reducción salarial y tope a remuneraciones; la eliminación de gastos de representación y vehículos oficiales de servidores públicos; reducción de secretarios particulares, auxiliares y asesores; escolta sólo para  gobernador y servidores públicos de procuración de justicia y seguridad pública; y homologación y compactación de horarios.” Es decir, cambios que, teóricamente, además de generar ahorros, también modifiquen la percepción de lejanía, excesos y prepotencia, que la ciudadanía tiene hoy respecto a los servidores públicos.

En cuanto a los mecanismos de democracia directa, el gobierno de Gabino Cué asegura que propondrá la creación de figuras como la del referéndum, plebiscito, revocación de mandato,  audiencia pública y cabildo abierto. Esto, sin entrar en grandes detalles, lo que pretende es acercar de nuevo el gobierno a la ciudadanía, y también poner a disposición de ésta diversos instrumentos para exigir mejores resultados a los gobernantes, así como reprimendas —como la de la separación del cargo, en las formas que se establezcan—, cuando no se cumplan las expectativas.

En la relación Ejecutivo-Legislativo, se propone la ratificación del gabinete, control y fiscalización del Congreso, reconducción presupuestal, entre otros temas. En Fortalecimiento al Poder Judicial se plantea la autonomía presupuestal y designación de magistrados, así como nuevos órganos: Consejo de la Judicatura, Salas Especializadas y Tribunales Autónomos.

En ese sentido, habrá que poner particular atención a los puntos que tocan a la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como lo tocante al Poder Judicial y los órganos autónomos.

En el primero de los puntos, es claro que temas como el de la ratificación del gabinete, deben ser analizados a la luz no sólo del momento político, sino también de la viabilidad estructural y organizativa, que pueda tener el hecho de que se decida transitar de un modelo en el que existe un Poder Ejecutivo con ciertas fortalezas, a otro en el que gran parte de las decisiones administrativas —como lo es el la ratificación de los servidores públicos de primer nivel que encabezarán la gestión gubernamental— quede en manos del Poder Legislativo.

Habrá que analizar con detalle el contenido y la viabilidad a mediano y largo plazo de cada una de las propuestas. Pero es evidente que más allá de los cambios de forma —como varios de los que se pretenden hacer en el rubro de gestión pública—, lo que debe tener el nuevo gobierno, y que habrá de manifestar a partir del 1 de diciembre próximo, es una enorme disposición a lograr que, en la práctica, cambien las cosas.

 

CAMBIO DE ACTITUD

Hoy, es común que los diputados de oposición —que pasarán a ser de algún modo “oficialistas”, a partir del 1 de diciembre— se quejen de que sus compañeros del Partido Revolucionario Institucional, actúen a la sombra y bajo el mandato supremo del Gobernador del Estado. Y es cierto, los legisladores priistas actúan no como representantes populares dotados de un mandato ciudadano, sino como meros empleados subordinados por completo a la figura de su Jefe Político, que es quien manda y decide, desde fuera, todo lo que pasa y se decide en la Cámara de Diputados.

Pues bien, si nos atenemos a ese ejemplo, será un asunto de voluntad del gobernador Cué ya en funciones, que eso cambie. Si la necesidad de ejercer el poder y tener el control de lo que ocurre en el Legislativo, lo lleva a asumir a los diputados no como parte de un ente soberano, sino como sus agentes (y éstos permiten y alientan que se les trate así), entonces a nivel legal o constitucional se podrán hacer las reformas que deseen, pero en realidad todo continuará siendo igual que como hasta ahora.

Por esa razón, si desean que los cambios sean de fondo, deben comenzar por modificar las formas de hacer política y, sobre todo, de hacer el gobierno. Independientemente del análisis detallado de cada una de las propuestas, que iremos haciendo paulatinamente por razones de tiempo y espacio, es claramente visible que no sirve de nada que se legisle una reforma que limite y reduzca el salario de los funcionarios de mando medio y superior, cuando en los altos niveles se sostengan los privilegios que hasta ahora existen.

El gobierno de Cué debe comprender que los cambios necesitan ir más allá de las apariencias. Siguiendo el ejemplo, es claro que al continuar con la idea de tener una burocracia desigual y mal pagada —desde el personal de base, hasta los mandos medios tienen salarios muy por debajo de la media nacional, mientras que los funcionarios de alto nivel tienen prerrogativas envidiables para cualquiera de otra entidad federativa— lo llevará a tener resultados de simple apariencia, pero no de cambios sustanciales.

¿FANTASÍA O REALIDAD?

Pasar de la alternancia a la transición, es una tarea titánica. Y lo primero que el gobernador Cué tendrá que demostrar, es que tiene voluntad y una actitud distinta a la que ha predominado hasta ahora por quienes han tenido en sus manos el gobierno. Hacer los cambios a la ley, y respetarlos, llevará a un auténtico proceso de democratización. De lo contrario, todo será simple demagogia.

El Congreso del Estado debe asumirse como un Poder, no como un botín

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+ JCP: la pluralidad sobrepasará a la gobernabilidad

Finalmente, el pasado viernes los diputados de la LX Legislatura del Congreso del Estado, decidieron reiterar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que días antes le había invalidado la Corte por contener vicios de forma. Con esa modificación legal, se sustituyó la figura de la Gran Comisión por la de la Junta de Coordinación Política (JCP), como órgano de gobierno. Quien crea que con esa reforma el PRI tendrá el control absoluto de la Cámara, que podrá determinar el rumbo del trabajo legislativo, y que podrá utilizar discrecionalmente los recursos económicos, simplemente se equivoca.

Más allá de las componendas políticas particulares (es decir, de las negociaciones y acuerdos a que se llegue entre los diputados de la próxima Legislatura), es evidente que el Congreso del Estado difícilmente podrá seguir siendo como lo es ahora. ¿Por qué? Porque además de la extinción de las mayorías parlamentarias absolutas, con la creación de la JCP también se eliminaron los verticalismos en el órgano de gobierno, y se garantizó la convivencia de la pluralidad.

Esto es trascendental, y debemos entender por qué. Con la creación de la JCP, lo que se hizo fue dar certidumbre a la ausencia de una mayoría legislativa, que pudiera fungir como la conductora y rectora del trabajo legislativo. Esa figura, tal y como se legisló, permitirá que la fracción parlamentaria que cuente con el mayor número de diputados, sea quien tenga la posibilidad de asumir con preferencia la titularidad rotativa del Órgano Legislativo, y de designar a los funcionarios que deban conducir las funciones administrativas de la Cámara de Diputados.

Este beneficio, en primera instancia, habrá de ser para el PRI. Las fracciones del PAN, PRD, PT y Convergencia, juntas, apenas si logran rebasar por un número mínimo a la cantidad de legisladores del tricolor. Pero por separado, ninguno tiene un porcentaje de representación apenas cercano al del priismo. Y por eso se cree, erróneamente, que los tricolores se hicieron un traje a la medida para seguir controlando el Congreso. Se equivocan ellos mismos, y los opositores que consideran que al ser una minoría separada, serán avasallados.

¿En qué radica esa equivocación común? El error se encuentra, en un primer momento, en que el Congreso no volverá a ser igual. A partir de ahora, aunque el PRI tenga el control formal de la JCP, de las funciones administrativas, e incluso de la Mesa Directiva, ello no tiene por qué significar que será quien defina el rumbo del trabajo legislativo. Aunque ostente la titularidad política y administrativa de la Cámara, tendrá que consensar todas las decisiones importantes con las demás fracciones, porque su mayoría no le alcanzará para imponerles o aplastarlas. Eso es algo que hoy, por ejemplo, no ocurre en la Cámara de Diputados federal, aún cuando el PRI tiene una amplia mayoría.

Ahora bien, si los priistas creen que al hacerse de la JCP, y de la administración de los recursos del Congreso, seguirán teniendo discrecionalidad y libertad total de hacer lo que le venga en gana, también se equivocan. Esa posibilidad, en gran medida, será convalidada o atajada por las fracciones de oposición, en cuanto éstas establezcan candados estrictos y medidas claras y visibles de fiscalización, a través de las cuales ellos mismos corroboren que no se está haciendo un uso excesivo o incorrecto del dinero, el personal y las atribuciones del Congreso del Estado.

En todo esto, lo más importante radicará en la posibilidad de hacer política. Y mucho de eso se encontrará en manos de las fuerzas que ahora son de oposición, y sobre todo en las habilidades del hoy gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo. Será un reto común, para todos ellos, el poder mantener la coalición legislativa que, al menos en los documentos y las aspiraciones, ya se firmó entre los partidos aliancistas. Si el PAN, PRD, PT y demás se confrontan y se disgregan, entonces sí le estarán dando todas las posibilidades a los tricolores para que retomen por completo el control del Poder Legislativo, como ahora mismo ya se está acusando.

 

¿PLURALIDAD Y

GOBERNABILIDAD?

Todos los diputados deberán cuidar que el Congreso del Estado no se convierta en una gran Babel, en la que todos hablan y todos discuten, pero nadie se entiende. Quien cree que la JCP es una forma acabada de organización, o que es el remedio a todos los males, se equivoca. Ahora mismo, en el Congreso de la Unión —que es el parámetro que se ha tomado para legislar esa figura en las entidades federativas—, existe una discusión interna sobre la viabilidad de la permanencia de las formas de organización que privilegian la pluralidad, debido a que ello ha provocado un grave estado de parálisis e “ingobernabilidad” legislativa.

Actualmente, tanto en el Congreso federal, como en los locales, la llamada “sobrerrepresentación” de las fracciones parlamentarias no rebasa, en la generalidad, el 15 por ciento de los escaños obtenidos en las urnas. Ante la ausencia de mayorías absolutas (es decir, de partidos que tengan por votación más del 50 por ciento del total de legisladores), esos márgenes de sobrerrepresentación han hecho imposible que un partido que no obtuvo la mayoría a través de la votación, la consiga por medio de la asignación de escaños de representación proporcional. Y cuando eso ocurre —como ha sido común—, no existen mayorías que respalden al Presidente, o a la oposición, y entonces la posibilidad de llegar a acuerdos que beneficien al país, disminuye drásticamente.

¿Qué se busca ahora mismo? Que haya no sólo pluralidad, sino también gobernabilidad. Y ésta última, dicen, sólo se logrará reglamentando que la sobrerrepresentación de un partido que obtiene más del 35% de los escaños por votación, la ley le permita tener la mitad más uno de los legisladores. Esto, para tener el control de la Cámara, y garantizar la toma de decisiones.

 

¿REFORMA O REGRESIÓN?

Esta propuesta, dicen, daría certidumbre a un Congreso al que hoy, en base a su pluralidad, le cuesta mucho ponerse de acuerdo. Sin embargo, hay quien afirma que es tanto como volver al presidencialismo que se ha ido menguando. Curiosamente, es el PRI del gobernador Enrique Peña Nieto quien encabeza esa propuesta. Han visto que la JCP, en el ámbito federal, no le permitiría gobernar el país con márgenes amplios de decisión. Esa propuesta es un arma de doble filo: o agiliza al país, o convierte de nuevo al Presidente en Rey. Aguas.

Ley “Simi”: Beneficio social… y lucro disfrazado

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El pasado martes, la mayoría legislativa conformada por diputados del Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, y un sector del Partido Acción Nacional, dieron luz verde a los vales de medicina canjeables en farmacias privadas en caso de que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tenga el medicamento que ha recetado.

Después de dos sesiones en el Palacio Legislativo de San Lázaro, protestas y reclamos, el dictamen —que no pasó por comisiones legislativas— logró 302 votos a favor, 95 en contra y 23 abstenciones. Con esto, se dijo, se cumple con una de las principales y reiteradas propuestas de campaña, que tantos beneficios electorales le ha redituado al instituto político que defiende las causas ecológicas y ambientales en los últimos procesos comiciales.

Aunque el gobierno federal, a través tanto del Seguro Social como de la Secretaría de Hacienda, han asegurado que la aprobación de esta medida no rompe con los esquemas económicos, ni representa una sangría para la nación, y mucho menos una aceptación de la falta de capacidad de los servicios de seguridad social que presta el Estado, diversas voces se han alzado en inconformidad por tal situación.

A favor de la propuesta, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, adelantó su apoyo a la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, para otorgar vales cuando no haya medicamentos en IMSS, con el fin de surtir a los derechohabientes del país.

Cordero Arroyo rechazó que se trate del inicio de la privatización del IMSS, e incluso dijo que están convencidos de que todas las instituciones en México están sujetas a revisión continua, “y, por supuesto, todo lo que sea en beneficio de nuestro país estamos dispuestos”.

A pregunta expresa, Ernesto Cordero recordó que el Seguro Social abastece 96% de los medicamentos que se recetan, y si hay un porcentaje, por muy pequeño que sea, que no pueda distribuir, “está muy bien que busquemos las medidas de abastecimiento para que todos tengan sus medicamentos”.

A pesar de que tales argumentos parecen irrebatibles, lo que provoca incomodidad no es el qué, sino el cómo de esa medida. Es decir, que no parece negativo, ni para el IMSS ni para las finanzas públicas, y mucho menos para los derechohabientes al Seguro Social, que se legisle un esquema de subrogación de medicamentos para que los particulares puedan tener acceso a ellos en farmacias particulares, aún cuando las clínicas u hospitales no los puedan entregar directamente.

Lo que no es correcto, es que bajo este esquema social, se pueda estar impulsando la compra a negocios particulares, afines a quienes son los dueños del Partido Verde, que se dedican precisamente a la compra-venta de medicamentos genéricos, similares a los que otorgan los servicios de salud pública a sus derechohabientes.

Parece casualidad. Pero el Partido Verde, que es dirigido por Jorge Emilio González Martínez, ha encabezado esta bandera en los procesos electorales recientes. Resulta que el actual Presidente del PVEM, es hijo de Jorge González Torres, quien a su vez es hermano de Víctor González Torres, presidente de la cadena de farmacias más grande del país, que comercializa medicamentos genéricos intercambiables. Éste último, incluso, pretendió ser candidato presidencial valiéndose de la popularidad que tiene la marca de sus productos. Era identificado como “El doctor Simi”. Y es ahora éste quien podría resultar ser el mayor beneficiado de esta disposición.

DESATENCIÓN SOCIAL

Es importante contextualizar el asunto. Por lo menos en los últimos tres lustros, una de las instituciones más grandes e importantes de nuestro país, como lo es el IMSS, ha sufrido un proceso acelerado de desatención por parte del Estado. Aunque presta servicio a más de 15 millones de trabajadores mexicanos y sus familias, y tiene una inversión millonaria derivada de las cuotas obrero patronales, y de las aportaciones que anualmente recibe del Presupuesto de Egresos de la Federación, éste no ha podido superar su condición de rezago, que en algunos momentos lo ha llevado al riesgo de la quiebra.

Aunque por momentos se diga lo contrario, es cierto que ni los hospitales privados más importantes del país, pueden tener el nivel de atención médica, equipamiento e infraestructura, que los hospitales de la Secretaría de Salud, y los del Seguro Social.

Sólo que a diferencia de los primeros, en los que se han realizado grandísimas inversiones para equiparlos y modernizarlos tanto en su planta de trabajadores como en el equipo, tecnología e investigación que ofrecen, el IMSS ha ido perdiendo importancia. Más bien, el mismo gobierno federal se la ha ido quitando, para trasladarla a esquemas que, si bien son mucho más básicos y menos especializados que el IMSS, sí tienen posibilidad de brindar cobertura a más personas.

Este es un problema importante. Aunque en ciertos momentos muchos renegamos de los servicios prestados en el IMSS (por su alto grado de masificación, por la falta de atención adecuada, por los prolongados tiempos de espera, por algunas incomodidades, etcétera) nadie en su sano juicio querría no tener derecho a la seguridad social. Saben que en momentos de verdadera crisis, es decir, más allá de una gripa o un raspón en la rodilla, nadie respaldará de mejor modo que el IMSS.

No obstante, para poder llegar a ese nivel de atención plena, una institución del tamaño e importancia del Seguro Social, debería tener todas las posibilidades en sus manos. Es decir, debería de tener todas las posibilidades de proveer de todos los medicamentos a todos sus derechohabientes que lo necesitaran, así como de atención médica y los demás servicios que presta, sin necesidad de apoyarse de terceros, a quienes además del servicio les tiene que pagar ganancias. Eso es, justamente, lo que ocurre con los llamados “vales de medicina” que recientemente le acaba de imponer la Cámara de Diputados.

NEGOCIACIÓN POLÍTICA

Por si esto fuera poco, le afecta sobremanera al país que el gobierno federal tenga una afinidad imparable a emprender negociaciones de corto plazo, que hipotecan el gasto de la Nación. En otros años, ha cedido la entrega de recursos millonarios a entidades federativas, grupos políticos o partidos, a cambio de apoyos en la Cámara de Diputados; e incluso, en 2009, llegó a hacer tratos de tipo partidista a cambio de votos aprobatorios de fuerzas de oposición en la Cámara baja. Hoy, siguiendo esa lógica, no habría de extrañar que el gobierno federal haya negociado la aprobación de esa medida, a cambio de que el Verde apoye cierta propuesta presidencial que resulte polémica.

¿Por qué suponer eso? Porque recientemente, el gobierno federal logró convencer al PRI, no sabemos aún bien a bien a cambio de qué, de no impulsar la reforma que pretendía reducir en un punto porcentual el cobro del Impuesto al Valor Agregado. Y como el Verde es un apéndice del tricolor que se cuenta en votos, seguramente el gobierno federal ya habrá realizado algún tipo de intercambio, en el que se incluyó la aprobación de los vales de medicina en el IMSS, a cambio de apoyo en otras propuestas. Es lo que parece, de acuerdo con los antecedentes más recientes de esas negociaciones políticas.

REFORMA CUESTIONADA

En un artículo aparecido en el periódico El Universal, también el pasado martes, el diputado federal del PRD Alejandro Encinas Rodríguez, considera como una “falsa solución” la que se está dando a los problemas de desabasto de medicamentos dentro del IMSS, y además de enlistar los errores que tuvo el dictamen referido en cuanto al proceso legislativo seguido, también revela el posible negocio que se encubre con esta medida.

Textualmente, apunta que “la iniciativa, conocida ya como la ‘Ley Simi’, presenta dos problemas: uno, derivado del desaseo en el proceso de presentación del dictamen, el 28 de abril del 2010, ante el pleno de la Cámara de los Diputados, ya que no se cumplió con el procedimiento legislativo regular. Pues el ‘dictamen’ no se discutió y aprobó en el seno de la Comisión de Seguridad Social, sino que el diputado promovente recogió firmas de los integrantes de la Comisión sin que mediara la instalación y acuerdo formal de la misma, por lo que de origen carece de validez jurídica. A lo que se suma el hecho de que el ‘dictamen’ omitió la opinión de la Comisión de Salud y el análisis de su soporte presupuestal, pues como lo disponen las normas del Congreso, toda reforma legal que implique modificaciones en el ejercicio del gasto, debe contar con la valoración de la Comisión de Presupuesto.

“Y el segundo, el asunto de fondo que encubre esta iniciativa, es el gran negocio que se pretende desplegar a partir de la virtual renuncia del Estado mexicano a su obligación de garantizar la seguridad social; alentando la privatización de una institución precursora del Estado de bienestar y de los derechos sociales de los trabajadores, pues de aprobarse esta medida se creará un quebranto a las finanzas del IMSS, ya que si actualmente no hay recursos para garantizar en su totalidad el abasto de los medicamentos, al momento que se establezcan vales con un precio diferencial más alto, las finanzas del Instituto se verán comprometidas.”

 

¿AYUDA O PRIVATIZACIÓN?

Como lo apunta el diputado Encinas Rodríguez, hoy son las medicinas. ¿Luego vendrán los vales para la consulta médica, y mas adelante serán para la hospitalización externa, hasta dispensar los recursos a particulares y desmantelar al IMSS? Sin duda, siguiendo sus palabras, lejos de continuar por la senda privatizadora que ha mostrado su inviabilidad a lo largo de tres décadas, el Estado debería asumir su responsabilidad para garantizar la seguridad social de los mexicanos, en lugar de continuar debilitando y desmantelando las instituciones públicas, únicas capaces de atemperar la profunda desigualdad que prevalece en el país. Esta medida, pues, implica tantos riesgos como los beneficios aparentes.

Marmolejo, ejecutado; violencia no justifica violencia

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+ Una historia de turbiedades, hasta el final

¿Qué se podía pensar de un individuo que, en sus mejores tiempos, solía pasearse por los pasillos de diversas escuelas y facultades del campus central de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, con una metralleta colgando del hombro”? ¿Cómo podía considerarse, un individuo que durante años sembró el terror en la Máxima Casa de Estudios y que, además, cobraba en la nómina oficial? ¿Cómo entender la impunidad de un personaje al que, además, siempre se le acusó de ser quien comandaba las llamadas “caravanas de la muerte” durante el conflicto magisterial y popular de 2006, la cual se dedicó a atemorizar, levantar, lastimar y hacer escarmentar a quienes tenían alguna participación significativa en la resistencia popular?

Ese individuo era Rubén Marmolejo Maldonado. Un sujeto que siempre gozó de la impunidad y la protección que otorga, cuando menos, la no actuación del gobierno en turno. En los últimos años, con toda visibilidad y publicidad, fue El Dragón y su grupo de porros y extorsionadores, quienes impusieron las normas dentro de la Universidad. Y no sólo ahí. También en todos los ámbitos en los que podía tener intervención. Era, incluso, una figura icónica para todos aquellos que, despistados, creían que el poder, el dinero —que obtenía por la extorsión, la desestabilización y la venta de protección—, y la capacidad de acción impune, le pertenecían independientemente de los tiempos, y le podían durar para siempre.

El Dragón siempre fue un protegido, y un comodín para el gobierno en turno. Para muestra, un botón. En enero de 2008, justo el día que había ocurrió la elección de director en la Facultad de Derecho, un grupo de fuerzas especiales de la entonces Policía Preventiva del Estado detuvo a Marmolejo, cuando rondaba el Edificio Central de la Universidad presuntamente para tratar de generar disturbios que devinieran en la cancelación de la jornada electoral.

Fue el día en el que, vistiendo un uniforme deportivo color verde claro, fue sometido por elementos policiacos para luego ser revisado y subido a una patrulla. A pesar de que fue pública su detención —porque varios reporteros gráficos captaron el momento—, y de que en ese mismo momento se le encontró entre sus ropas, una pistola calibre 9 milímetros, unas cuantas horas después fue dejado en libertad.

El entonces secretario de Seguridad Pública, Sergio Segreste Ríos, demostrando una ineptitud burlona, se dijo “sorprendido” por su liberación, y responsabilizó a quien en ese momento fungía como director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Alejandro Barrita Ortiz —quien fue ejecutado días después en la entrada del parque deportivo El Tequio—; por si fuera poco, sobre la misma detención y liberación sospechosa de Marmolejo, el entonces procurador General de Justicia dijo, cínicamente, que se le había dejado en libertad “porque no había delito que perseguir”.

Habría que revisar las notas periodísticas del momento para corroborar a qué grado llegaba la protección institucional a un individuo que, además, con ese mismo grado de impunidad, pudo hacer lo que quiso, cuantas veces quiso, en relación a cualquier asunto que le encomendaran de la Universidad. La mayoría de las ocasiones no eran asuntos suyos, y nunca fueron “en defensa de la educación” —como en algún momento lo quiso hacer creer con su mal concebido, entendido y hasta redactado “Bloque de Lucha Universitaria”—. Marmolejo era un verdadero mercenario del porrismo, que sirvió siempre al mejor postor y ondeó todas las banderas posibles, sin ningún pudor, siempre que ello le reportara cierta ganancia económica.

TURBIEDAD EN AUMENTO

Como quiera que sea, Marmolejo era un factor real de poder en la Universidad, que creció y llegó a su apogeo en el ejercicio de su poder, en la misma proporción que lo hizo y decayó el régimen actual de gobierno. En los últimos meses, incluso, sus allegados aseguraban que éste tenía ya deseos de desprenderse de la actividad “de lucha social” (es decir, el porrismo) para dedicarse a otras actividades. Recientemente, comenzó a vérsele cerca de otro tipo de personas, que ya nada tenían que ver con asuntos universitarios.

Por eso mismo, habría que ver qué ocurre a partir de ahora, primero, en la Universidad. Y después ver quién y de qué modo se llena el espacio que irremediablemente está dejando vacío. Es posible que la UABJO próximamente sea escenario de las disputas entre los grupos porriles, para ver quién asume el “liderazgo” y el control de ciertas actividades de corrupción, violencia e inestabilidad que, independientemente de las personas, siempre están puestas en marcha.

Y al final, para tratar de entender algunos de los motivos que derivaron en su sangrienta ejecución, habrá solamente que voltear al pasado y ver la larga lista de enemigos que acumuló en su actividad. Pero no sólo eso. También considerar a todas esas personas o grupos para los que trabajó, y que podrían estar en serio peligro ante su posible conversión en un delator, o en lo que pudiera decir a la autoridad cuando el manto de impunidad fuera ya incapaz de protegerlo.

Lo único que, en todo esto, no debemos dejar de tomar en cuenta es que, aún cuando a un individuo con los antecedentes de Marmolejo, se le podría aplicar aquella máxima de la sabiduría popular de que “quien a hierro mata, a hierro muere”, lo cierto es que nadie debe quedar satisfecho o presuponer las causas o el móvil de su muerte. Por todos sus actos de violencia, él debió haber pagado ante la justicia y no con la vida. Hacer apología de su muerte, o justificarla, es tanto como darle la razón a todos aquellos que por cualquier causa desearon verlo como terminó.

No es un asunto que merezca desvíos de atención. Su muerte es una señal sintomática de descomposición de las redes en las que se desenvolvió. Y esto no debe ser asumido como un simple proceso de ajustes de cuentas, o de limpieza social. Oaxaca no es el norte. Pero tampoco debe ser vista como el Viejo Oeste.

REVELACIÓN

“El porro Rubén Marmolejo, reveló que ha estado al servicio del secretario General de Gobierno de Oaxaca, Manuel García Corpus y del rector de la UABJO, Rafael Torres Valdez, incluso para desestabilizar la Universidad. En conferencia de prensa “El Dragón se quitó la capucha y el bozal y acusó que el Rector ‘no cumplió’.” Esto se publicó el 5 de septiembre de 2008 en todos los medios locales. ¿Nos sorprendemos o no?

APPO y S-22: se perdieron en sus protestas

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+ “Vía popular” es tanto como apostar a nada

Han pasado exactamente cuatro años desde que elementos de la entonces Policía Federal Preventiva, ingresaron a la capital oaxaqueña para disolver las acciones de protesta y disturbios que encabezaban los profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, e integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca. En aquel momento, un mes y medio de presencia policiaca terminó con las afectaciones a terceros, y desactivó las acciones de los inconformes. Pero, sobre todo, a la distancia tendríamos que preguntarnos en dónde quedaron los postulados y aspiraciones que dieron vida a este movimiento social.

La pregunta no es ociosa. Porque si alguien pagó los costos y las consecuencias de ese movimiento, fueron no sólo el gobierno estatal (que habiendo o no razón, fue vilipendiado y linchado de todas las formas posibles ante la opinión nacional e internacional), la administración federal (que fue la encargada de aplicar la presencia policiaca, y quien cargó con el costo político de diversos actos calificados como “represión”), la Sección 22 (que puso las bases de organización, y que sostuvo su presencia aún en los momentos de mayor incertidumbre), o la Asamblea Popular, que fue el órgano que abanderó protestas, que generó el emblema del movimiento, y que aportó a los reprimidos de ese conflicto. En realidad, quien pagó los mayores costos por ese turbulento episodio, fue la ciudadanía. Y, en todo caso, es a ésta a quien se le tendría que ofrecer por lo menos una explicación de dónde quedó la secuela de aquellos aciagos momentos.

Contrario a lo que muchos consideran hoy, el conflicto magisterial de 2006 no se generó a partir de demandas de democratización. En realidad, la pugna entre el magisterio de la Sección 22 del SNTE y el Gobierno del Estado, comenzó cuando hubo un desacuerdo en los arreglos económicos a los que anualmente llegaban. Una vez agotadas las posibilidades de negociación, cada uno comenzó a mover sus propias piezas políticas para obligar al adversario a cumplir con sus pretensiones.

Visto a la distancia, es claramente perceptible que cuando se agotaron los canales de diálogo entre el magisterio democrático y el gobierno estatal, comenzó a rondar el fantasma de la acción policiaca. Y paradójicamente, la represión fue buscada por ambos grupos: el Gobierno del Estado consideró la intervención de las fuerzas del orden, para dar una imagen pública de autoridad y determinación; y la Sección 22, para tener motivos con los cuales hacer escalar sus protestas, hasta lograr los objetivos inicialmente trazados.

Esa represión ocurrió el 14 de junio de 2006. Un desastroso operativo policiaco enfrentó a los profesores que se mantenían en plantón en el primer cuadro del Centro Histórico en la capital oaxaqueña. Los mentores terminaron replegando a los elementos de la entonces Policía Preventiva del Estado. Y al ser derrotadas las fuerzas del Estado, los profesores tuvieron la posibilidad de comenzar a ondear banderas de tipo político, que hasta entonces se encontraban ausentes de cualquier protesta o inconformidad magisterial o de los grupos que luego se unieron para encabezar las exigencias del conflicto social.

 

¿LUCHA POR

EL BIEN COMÚN?

Teóricamente, un hecho que implica la necesidad de buscar y obtener el bien común, adquiere la calidad de “político” y, por lo tanto, es de la incumbencia de toda la comunidad en la que ocurre. Si esa concepción la llevamos a los ejemplos tangibles, basados en la realidad, y los sometemos a cuestionamiento, entonces podremos concluir si éstos tienen una connotación de búsqueda del bien común en sus aspiraciones y poseen la capacidad de llevarlos a los hechos, o si todo se queda en simples ideales o cuestiones sin sustento.

Habría que pasar por ese tamiz lo ocurrido en 2006. Cuatro años después, puede verse que lo que fue un movimiento que verdaderamente tuvo respaldo social, y que gracias a ello abanderó causas de democratización y replanteamiento de los límites y las prácticas abusivas del gobierno, hoy no parece ser sino un mero organismo testimonial de lo que, en otros tiempos, fue un auténtico dique de resistencia que, además, prometía plantear los cambios políticos, legales y democráticos que eran urgentes para nuestra entidad.

No está de más seguirlo preguntando. Lo real, más allá de los idealismos, radica en que ni los profesores de la Sección 22, ni quienes integraron —o siguen integrando— la APPO, tuvieron los elementos y la lucidez suficiente para entender que los cambios de fondo para beneficio de la sociedad, no ocurren cerrando calles o encabezando protestas o acciones de lucha, que luego son reproducidas por la prensa nacional e internacional y merecen la solidaridad de grupos disidentes de otros países. Esos cambios ocurren, fríamente, cuando se puede comprender de modo eficaz la lógica del poder, y se decide actuar en ella.

Uno y otro grupo, en estos últimos años, han sido incapaces de comprender que los cambios reales, para bien o para mal, ocurren únicamente por la vía institucional, o por los caminos de la verdadera violencia insurreccional. Todos sus postulados y aspiraciones se quedaron simplemente en eso, porque fueron incapaces de sumarse a las fuerzas que representan el acceso al poder.

En efecto, tal parece que su desconfianza y lejanía hacia los partidos políticos, su ánimo poco racional por criticar sin construir, y sus anhelos infundados de conseguir todo lo que se proponían, o simular que lo buscaban, a través de marchas, plantones y pancartas, los llevaron únicamente a dejar constancia de cómo se puede llegar a nada cuando una parte importante de una comunidad le apuesta a un todo.

Es imposible decir que las cosas no han cambiado de 2006 a la fecha en la vida institucional y política de Oaxaca. Pero, en primer término, pudo haber evolucionado más. Y esos cambios pudieron haber sido impulsados y concretados por quienes encabezaron una lucha que para muchos era genuina, y no otorgados como una concesión graciosa del régimen de gobierno en turno.

SOLIDARIDAD

Desde este espacio, manifestamos nuestra solidaridad con el jefe de Información de ORO Noticias, Félix García, y de nuevo hacemos pública nuestra indignación por las agresiones que constantemente se cometen, desde el poder, contra los trabajadores de la información en Oaxaca, y la impunidad que prevalece y que se fomenta desde el mismo gobierno.

Congreso: ¿PRI pierde su último reducto?

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+ Gabino: con todas las armas para gobernar

Más allá de las razones legales, es claro que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que echó por tierra la reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, en la que se legisló la creación de Junta de Coordinación Política (JCP), tuvo dos efectos políticos de corto plazo: el primero de ellos, es el de la eliminación momentánea del último reducto de poder que el priismo tendría en sus manos; y el segundo, que si es lo suficientemente hábil, el gobernador Gabino Cué ahora sí tendrá posibilidades para intervenir en esa discusión. ¿De qué hablamos?

Aunque digan lo contrario, el fallo de la Corte constituye un duro revés al priismo, no sólo porque la resolución exhibió a la actual Legislatura en el intento de avasallamiento que realizaron sobre las demás bancadas, y por no apegarse a los requisitos mínimos del proceso legislativo en la aprobación de dicha reforma.

Pero sobre todo, el golpe lo recibieron viendo hacia el futuro, porque la creación de la JCP, en los términos que se habían establecido, contenía ciertos aspectos que le darían ventaja a los tricolores en cuanto a la administración de los recursos económicos del Poder Legislativo, y las tareas de fiscalización que les confiere la ley.

Es decir, que si la Ley Orgánica hubiera quedado de acuerdo a la reforma realizada en julio pasado, el grupo parlamentario del PRI tendría la posibilidad no sólo de encabezar la Mesa Directiva de la Cámara durante el primer año, sino también de nombrar a los principales funcionarios administrativos de dicho poder, y por lo tanto acumular mayor incidencia sobre el presupuesto de la Cámara de Diputados.

Todo esto, por el momento, quedó eliminado. Y aseguramos que esta derrota es sólo momentánea porque, en términos estrictos, el Tribunal Constitucional echó por tierra la reforma debido a que sólo determinó la existencia de vicios y errores en el procedimiento. Esto significa que respecto al fondo de la reforma —es decir, su contenido—, ésta pudiera haber pasado sin ningún por el tamiz del órgano jurisdiccional de control constitucional. La Corte no se refirió a los aspectos sustantivos de la reforma, precisamente porque en las cuestiones adjetivas (es decir, de procedimiento) encontró los elementos suficientes para invalidarla.

¿Qué significa esto? Que, evidentemente, el Congreso del Estado puede reiterar, sin ningún problema, la reforma que ya le fue invalidada. Es decir, que antes de que culmine la LX Legislatura, la fracción parlamentaria del PRI puede presentar de nuevo el mismo proyecto de modificación a la Ley Orgánica, y de nuevo puede ser votado y aprobado por la “aplanadora priista”.

Técnica y legalmente no existe impedimento alguno para llevar a cabo esa acción, siempre que de nuevo no se vulneren los requisitos de forma. Sin embargo, políticamente eso equivaldría a reiterar una reforma en la que no fueron incluidos, ni llamados a participar por lo menos testimonialmente, los diputados de las fracciones de oposición.

Y por tanto, sería el punto de partida para el reinicio de las hostilidades no sólo entre quienes se dicen marginados y acusan un posible “agandalle” de la bancada tricolor, contra los que defienden la reforma por considerar que, supuestamente, es lo más benéfico para la estabilidad del Congreso, y para la gobernabilidad del Estado. En ese frente de batalla, irremediablemente, también estarían incluidos los próximos diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, así como, políticamente, el gobernador Cué Monteagudo, por ser los directamente afectados o beneficiados con la reforma.

MENOS OBSTÁCULOS

Como en política las casualidades no existen, esta decisión de la Suprema Corte bien parecería estar encaminada a someter nuevamente a escrutinio, una decisión en la que, por las debilidades propias del momento, el gobernador electo Cué fue rebasado y avasallado.

En efecto, si bien se recuerda, la reforma a la Ley Orgánica del Congreso, ocurrió a finales de julio en medio de una agria discusión habida entre los gobiernos saliente y entrante, primero por la entrega recepción, luego por el reconocimiento del resultado electoral (el Gobernador del Estado se negaba a reconocer la calidad de Gobernador Electo de su contraparte), y finalmente por la forma en cómo el resultado de la votación había repartido los espacios de poder.

Hoy, aquella situación de confrontación ya no parece ser tan intensa. Después de más de un mes de dimes y diretes luego de los comicios, se supo de la primera de varias reuniones sostenidas entre los gobernantes, y aparecieron los primeros visos de entendimiento. Poco a poco, el gobierno de Cué se ha ido quitando algunos de los obstáculos que sus adversarios políticos le fueron poniendo. Y éste de la JCP, en el que no permitieron la participación de nadie más que del PRI, parece ser otro de ellos.

De este modo, lo menos que debe lograr políticamente el gobierno y los diputados afines al gobernador Cué, es que los tomen en cuenta para la discusión y consenso de la nueva legislación sobre la JCP. Este ya no será, pues, un asunto de legalismos, sino un trabajo de comunicación, fuerza y habilidades políticas. Si de algún modo la Corte dio la pauta para enmendarles la plana, y les ayudó echando por tierra una reforma que les era perjudicial, es ahora momento de que ellos hagan la otra mitad de la tarea, logrando intervenir en el análisis y acuerdo sobre la reforma que irremediablemente ocurrirá.

A partir de ello, puede afirmarse que al gobierno de Cué se le están terminando, antes incluso de comenzar su gobierno, las justificaciones para un posible fracaso. Parecía un dique difícil de sobrellevar, el que el PRI tuviera cierto control del Poder Legislativo. Hoy tiene la perspectiva de aminorar tal situación, contribuyendo en el replanteamiento de los equilibrios legislativos. Si lo logra, su margen de acción y decisión se verá ensanchado. Y entonces, tendrá menos pretextos para decir que, por intransigencia o falta de acuerdos de sus adversarios políticos, no puede llegar a las metas que se propuso.

ANGUSTIADOS

Los empleados de confianza de diversas dependencias del gobierno estatal, ven con preocupación la posibilidad de que, por motivo del fin de la administración, se les cancele su bono anual. Dicen, con razón, que por pura justicia laboral, los titulares de las dependencias deberían ser más sensibles y autorizarles esa ayuda final que, como parece, de todos modos alguien se va a embolsar.