+ GCM, gobernador; alternancia firme ¿cuánto durará?

Finalmente, el Tribunal Estatal Electoral resolvió las impugnaciones habidas en el reciente proceso electoral estatal, y determinó otorgar a Gabino Cué Monteagudo la calidad de gobernador electo del Estado de Oaxaca. A pesar de que ésta era una resolución esperada y previsible, sería bueno que ante la materialización de ese fallo, nos preguntáramos quién pagará las consecuencias de todas las descalificaciones que, a lo largo de los últimos meses, se han vertido en contra no sólo de los contendientes y los partidos y grupos de poder que los apoyan, sino sobre todo en contra de la participación ciudadana, de la fuerza de la mayoría, e incluso del ejercicio democrático de las instituciones y los electores oaxaqueños.

En efecto, en México hoy es moneda corriente hablar del fraude, de los “robos” y las intervenciones de funcionarios, dinero público e infraestructura de gobierno en los procesos electorales, y también de las acciones ilegales por las que, se dice con certeza, se ganan o pierden los comicios. Al menos en Oaxaca, sistemáticamente se denunció tanto la intervención del gobierno estatal, como del federal e incluso de la administración del Distrito Federal, en el reciente proceso de renovación de autoridades en la entidad oaxaqueña.

Este fue, desde el inicio del proceso electoral, uno de los principales ejes discursivos de ambos candidatos a la gubernatura. Desde antes incluso de que arrancara la preparación de los comicios, en los partidos de oposición se denunciaba abiertamente la participación de dinero público y funcionarios del Gobierno del Estado, como operadores del Partido Revolucionario Institucional, que hacían trabajo político de estructuras a favor de quien resultara candidato.

En el lado contrario, es decir, desde el gobierno estatal y el priismo, se denunciaba exactamente lo mismo, pero al revés. Lejos de los señalamientos que los involucraban, ellos sostenían categóricamente que para impulsar al Abanderado de la alianza de partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, existía gestiones e intervención clara por parte del gobierno federal, y de las entidades federativas gobernadas por los institutos políticos que se involucraban en la coalición opositora de nuestra entidad.

Como ese es un discurso altamente rentable, en ambos grupos fue explotado prácticamente en todo el proceso electoral. Unos y otros se desvivían, a través de sus voceros, haciendo denuncias de intromisiones gubernamentales, de acciones ilegales que rompían la civilidad o la equidad interna, e incluso de excesos en la utilización de recursos para hacer proselitismo.

Todo eso lo denunciaban, unos y otros, viendo la paja en el ojo ajeno, cuando en ambos grupos existían visos claros de que se extralimitaban, ignorando la viga en el ojo propio, en los mismos aspectos de los que ellos se dolían respecto a sus contrarios. Por eso, en lo sustancial, unos y otros se negaron a incluir entre sus impugnaciones, toda la cadena de excesos que se cometieron en cuanto al manejo y comprobación de los recursos que utilizaron, las formas en las que unos y otros condujeron sus acciones de proselitismo electoral, ni los señalamientos, insinuaciones y ataques, que vulneraban las reglas más básicas de decoro, civilidad y respeto entre los contendientes.

ILEGALIDAD, CONSOLIDADA

Antes de la jornada electoral, desde las fuerzas de oposición —los grupos de poder, no la dirigencia formal o sus candidatos— llamaban a prepararse para vigilar que la votación se llevara a cabo dentro de los márgenes de la legalidad, y llamaban a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad que vieran en cuanto a la compra de votos, coacción, y demás delitos electorales que pudieran cometerse antes, durante y después del día de los comicios.

El resultado fue sin duda sorprendente. La causa de los partidos de oposición ganó con una holgura de más de cien mil votos sobre el abanderado priista. Y cuando eso ocurrió, fueron los tricolores quienes tomaron la bandera de la denuncia sobre el fraude electoral. Todos los que tenían algo que decir desde la trinchera priista, se deshicieron explicando que “les echaron montón”, que el gobierno federal había operado abierta y groseramente con recursos para comprar votos el día de los comicios, y que por esa razón acudirían a los tribunales para defenderse de las ilegalidades que habían cometido en su contra, y hacer valer la democracia.

Hoy está claro que ese, el del fraude, fue un mero discurso dilatorio. El Tribunal Estatal Electoral —que, políticamente, es “cancha” del gobierno priista de la entidad— decidió no correr más riesgos haciendo la validación de un proceso que podría exhibirlos también a ellos. Sin duda, una presión política pudo haber determinado un fallo favorable al priismo. Pero los órganos federales de la materia habrían echado por tierra una decisión tomada a partir de conveniencias o presiones ejercidas desde el poder político, y no de razonamientos y argumentos jurídicos.

Así, dos cosas quedan en el fondo de esta discusión: la primera, que este fallo da luz sobre la relación “civilizada” que se pretende construir entre el gobierno saliente, y el entrante, para que el proceso de alternancia en el poder sea terso, pero también desprovisto de revanchas, persecuciones o altibajos. Pero también da cuenta que, legalmente, todo lo relativo al fraude y las maquinaciones no fueron sino una mentira. O bien, no ocurrieron las prácticas indebidas, o no pudieron comprobarlas, o no supieron defenderse ante los tribunales.

Así, todo quedó en un mero discurso. Perorata que, según se pretende, pronto quede en el olvido. Nadie repara en que cada descalificación que no se funda en razones, se convierte en una forma sutil y eficaz de descrédito. En este caso, todas las cargas negativas se las lleva la democracia. Porque criticando la forma, despostillaron, irremediablemente, el fondo. Y ese es el problema.

NOVEDAD EDITORIAL

El Senado de la República y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se encargaron de la edición del libro “Oaxaca: Historia de sus instituciones jurídicas”, de la autoría del constitucionalista oaxaqueño, Raúl Ávila Ortiz. Un texto que vale la pena conseguir, estudiar y consultar, para comprender el devenir histórico y el origen de las estructuras políticas que nos rigen. Altamente recomendable. Abundaremos.

+ Ya no será “qué”, sino “para qué” hacer obra

Una de las constantes tradicionales del servicio público en países como México, es la de tener una fijación permanente por la construcción de infraestructura. Hasta el momento, se tiene muy arraigada la idea de que un buen gobierno es aquel que genera mucha obra y, sobre todo, que esas obras sean lo suficientemente visibles y dignas de presunción, para demostrar que el gobernante “está trabajando”.

Esta visión, que legalmente está en vías de cambiar, popularmente sigue muy arraigada. Es común que en todos los informes de gobierno, o en el cierre de las administraciones, los respectivos gobernantes tengan la costumbre de enumerar la cantidad de obras y acciones realizadas. Desean demostrar, con ello, que en la gestión se hizo trabajo a favor de las causas más sentidas de la ciudadanía. Particularmente, en el caso de Oaxaca, será a partir de mediados del mes próximo que comience a darse un bombardeo constante de publicidad relativa a la obra gubernamental realizada en este sexenio que culmina.

En este sentido, pronto veremos que desde el gobierno estatal se publicitará la cantidad de hospitales construidos, infraestructura carretera, caminos, escuelas, obras de agua potable y alcantarillado, además de un largísimo etcétera. Nadie se pregunta, en este o cualquier otro caso, si todas las acciones emprendidas tienen verdaderamente un impacto positivo en las condiciones de vida y desarrollo de la sociedad, o si verdaderamente existía la necesidad de que ese tipo de obras se realizaran.

Existen, en esa lógica, diversos ejemplos sobre lo cuestionable que en veces resulta ser la obra pública. Todas las administraciones gubernamentales, estatales o federales, buscan aquella misma “esquina” desde la cual la construcción de cierto tipo de obras de gran envergadura, son sinónimo de bienestar, progreso y desarrollo.

Con seguridad, el caso más reincidente, es el de la construcción de hospitales en sitios donde no existen todas las condiciones para que éste funcione, o donde no tienen un impacto significativo para la salud de la población. Aunque una obra de ese tipo tiene un altísimo grado de aceptación social (porque la salud es el bien más preciado de cualquier persona) al final, no siempre es posible evaluar positivamente ese tipo de acciones, sobre todo si ese hecho se hace pasar por el tamiz del impacto social —en el caso de un hospital, en el abatimiento o disminución de ciertos tipos de afecciones— y éste arroja que no hubo mejoría sustancial en cuanto a los objetivos que, según, se habían planteado quienes decidieron la construcción del mismo.

El caso contrario, por ejemplo, puede ser una obra de alcantarillado, o una de lo que comúnmente se denomina de “drenaje profundo”. Constantemente, somos testigos de cómo las más importantes ciudades de la República mexicana son reiteradamente víctimas de las inundaciones y el estancamiento de agua de lluvia. Siempre se dice que son necesarias obras de mejoramiento del drenaje, para que éste sea capaz de conducir el agua a los afluentes correctos, y no provoque daños e inundaciones a miles de personas que pierden el patrimonio de su vida en las épocas fluviales.

¿Por qué es el ejemplo contrario? Porque una obra de ese tipo, evidentemente, es incosteable e improductiva para efectos políticos, ya que en su construcción provoca innumerables afectaciones y molestias a la ciudadanía (cierre de calles, remoción del revestimiento asfáltico, hoyos, zanjas, etcétera), y sobre todo porque son obras que, para la mayoría, simplemente son invisibles políticamente hablando —aún siendo mucho más que prioritarias, e incluso vitales—, porque se encuentran en el subsuelo.

CAMBIAR ESQUEMAS

Las tendencias apuntan a erradicar esta visión de la obra y el gasto público. Según la marcha de los procesos administrativos en los tres órdenes de gobierno, ahora los procesos de otorgamiento de recursos y utilización de los mismos, estarán apegadas a otro tipo de criterios que nada tienen que ver con los tradicionales, pero que buscan impactar de mejor modo en la sociedad.

Regresemos al caso del hospital y el del drenaje profundo. En el caso del nosocomio, una buena evaluación según sus resultados, y no según la magnífica obra que puede ser, es cuando se ponen a contraluz los principales índices de incidencia sanitaria que existen en la región. Es decir, que según la especialidad, a partir de su construcción y puesta en funcionamiento, además del tipo de atención y especialización que atienda, debe ser manifiesta la reducción de ciertos indicadores de enfermedades, dolencias o males que sufre la población. Evidentemente, siguiendo esa lógica, no habrá éxito si se construye un hospital donde no se necesita, si se construye y pone en marcha en ciertas especialidades que no son las de mayor incidencia en la región, o si aún emprendiendo los trabajos ninguno de los indicadores cede.

El caso contrario seguiría como tal. Una obra de ese tipo siempre será necesaria y previsora de desastres provocados por los fenómenos de la naturaleza. Como el fin que atiende es aleatorio, no se puede medir de primer momento el impacto positivo habido en la población, pero sí ante una contingencia de la naturaleza. En la ciudad de México, por ejemplo, se construyen obras monumentales de este tipo, para evitar más desgracias como las inundaciones habidas en años pasados en demarcaciones como Chalco, Iztapalapa y algunas otras de la capital del país.

Aunque parece complejo, este tipo de procesos de evaluación muy pronto serán obligatorios. De todo esto, se sabe que existen ya avances importantes, que han sido reconocidos a nivel nacional como de vanguardia en cuanto a la evaluación del desempeño, en la Auditoría Superior del Estado. Habrá que ver si en el futuro cercano, las administraciones municipales, y estatal, que están en vías de tomar posesión, tienen ideas y perspectivas claras de estos imperativos que marcan, y que harán obligatorios, las leyes vigentes.

¿GRANDES OBRAS?

Si se atiende esto, habrá entonces muchos cuestionamientos a lo ya realizado. ¿Cuántos hospitales habrá que fueron construidos gastando docenas de millones de pesos, y que, por diversas razones, no tienen la posibilidad de cumplir con su cometido? ¿En cuántos caminos que no tienen utilidad práctica, se han invertido millones de pesos? Ejemplos, en todos lados, hay en abundancia. Y no de ahora. Eso es lo que tiene que cambiar.