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IVA: una bandera de altos costos para el priismo

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+ Impuesto se sostiene, con poder de gobernadores

Cuánto ayuda al PRI que el pueblo mexicano tenga tan poca memoria. Por lo menos en los dos últimos años, la del IVA ha sido una de las banderas favoritas de los representantes populares y aspirantes a cargos públicos de ese instituto político. Lo malo es que, en todas las batallas que involucran a dicho gravamen, han incumplido escandalosamente. Sin embargo, en general es tan poco creíble el ejercicio de la política, que nadie parece sorprendido de lo que en otro escenario sería una catástrofe para la fuerza política de promesas fallidas.

Al menos para sostener aquella vieja consigna de no olvidar, de nuevo recordemos esta escandalosa historia del priismo frente al IVA en los últimos dos años. Y por principio de cuentas, debemos tomar como base el contexto. Entre finales de 2008 y prácticamente todo el año 2009, el país fue azotado salvajemente por una de las peores crisis económicas de la historia reciente.

Aunque a un principio el gobierno federal aseguraba que frente a esta contingencia económica, las finanzas nacionales no sufrirían sobresaltos, lo cierto es que únicamente la desaceleración de las finanzas estadounidenses llevó al país a prácticamente detener su industria manufacturera dedicada a las exportaciones. Siendo Estados Unidos nuestro principal socio comercial, y nuestro comprador número uno de productos fabricados en México, nuestra economía resintió turbulencias nunca antes vistas.

Con esta circunstancia, el empleo se desplomó. La falta de flujo de capitales, de inversión directa y las exportaciones provocó fuertes presiones sobre el peso. Y frente a una devaluación disimulada y un aprieto económico importantísimo, el gobierno federal tuvo que prender todas las alertas sobre la estabilidad de las finanzas nacionales. Por si algo faltara, a partir del año pasado la producción petrolera tuvo una baja importante. Y en razón de ello, y varias otras circunstancias, la Federación sugirió que como no había formas suficientes de sostener las finanzas nacionales, era necesario subir los impuestos.

Esa propuesta, sin embargo, no era nueva. Particularmente, desde el inicio del sexenio del presidente Vicente Fox, el gobierno federal ha tratado de gravar a alimentos y medicinas con IVA, así como plantear una política fiscal más homogénea. Desde entonces, y hasta la fecha, los partidos de oposición han encontrado en la defensa de la economía familiar, a través de ese impuesto, una de sus mejores banderas de lucha electoral.

Eso fue, justamente, parte de lo que hicieron los candidatos a diputados federales del PRI en los comicios de 2009. Ante la adversidad económica nacional, y ante los intentos del gobierno federal por subir los impuestos, los abanderados tricolores fueron los que mejor capitalizaron el momento, asegurando en general que ante el panorama nacional, la solución más viable para las familias no estaba en subir, sino en bajar los impuestos. En razón de ello, dijeron que no permitirían incremento alguno, y centraron su idea en oponerse rotundamente a cualquier posibilidad de que el IVA se generalizara, y por tanto se aplicara a alimentos y medicinas.

MALAS CUENTAS

Así llegó, en septiembre del año pasado, la negociación del paquete económico para 2010. El PRI había obtenido una mayoría abrumadora en la Cámara baja, y fue entonces que, ante la propuesta del gobierno federal, hubo un primer intento de cisma dentro del priismo: innumerables diputados, reclamaron a su coordinador de bancada, Francisco Rojas Gutiérrez, el estar negociando un incremento de impuestos, cuando ellos habían prometido lo contrario a sus electores.

Incluso, en las discusiones, le reprochaban el hecho de ser él un diputado de representación proporcional —y que por tanto no tenía débito alguno con los votantes de algún distrito electoral—, tratando de imponer decisiones a quienes sí habían realizado trabajo de campo, a ras de suelo, para tratar de conseguir el voto y la representación mayoritaria del tricolor en la Cámara de Diputados.

Finalmente, fue el propio gobierno federal quien —en palabras llanas— “compró” el voto de los tricolores, a cambio de un incremento de impuestos. Aunque al principio había sugerido la imposición de un gravamen “antipobreza”, del dos por ciento general al consumo, etiquetado exclusivamente para obras y acciones de desarrollo social, luego, ante el rechazo, impulsó la propuesta, a través del PRI, de incrementar un punto porcentual al IVA.

El tricolor apoyó tal propuesta no gratuitamente. La contraprestación a ese respaldo, fue que el punto porcentual extra al IVA, sería distribuible entre las entidades federativas. Y beneficiaría a las que tuvieran mayores representaciones de diputados.

Eso fue lo que hizo la diputación de Oaxaca, impulsada por un acuerdo cupular en el priismo. A pesar de haber prometido, expresamente, no apoyar incrementos al IVA, luego se justificaron diciendo que tal ofrecimiento era solamente para el caso en que dicho gravamen pretendiera ser generalizado a alimentos y medicinas. Es decir, que aplicaron “las letras chiquitas” a una oferta que moralmente decidieron no sostener.

En 2010 ocurrió exactamente lo mismo. Por una cuestión de partidismos e intereses momentáneos aseguraron en Ixtapan de la Sal, que para 2011 irían por la reducción del IVA. “La contingencia económica ya pasó”, dijeron. Y así lo plasmaron en los documentos de su reunión plenaria.

¿Qué pasó entonces? Eso es lo que todos se preguntan. Ayer, el PRI anunció que siempre no va por la reducción del IVA. Y, con sus disimulos de siempre, ahora dijeron que esos recursos se deben concentrar en un fondo de reconstrucción de las entidades azotadas por los huracanes. Todas, justificaciones fatuas. Aunque los incumplimientos reiterados, están a la vista.

El caso es que, el año pasado, los diputados priistas decían que habían aprobado el IVA “porque no les quedaba de otra” para “salvar” al país. ¿Algo así dirá ahora el diputado Héctor Pablo Ramírez, quien prometió renunciar a la bancada si no reducían ese impuesto? Ahora debe hacerlo. Para dignificar la política. Y recobrar la credibilidad que, él sí, tiene muy disminuida.

“PALO” AL TEE

La tarde de ayer, la sala regional del TEPJF revocó, por unanimidad de votos, el fallo del Tribunal Estatal Electoral que daba una diputación plurinominal al PVEM. Ello termina con la única polémica postelectoral que quedaba en Oaxaca. Y revela las parcialidades que trataron de hacerse pasar por verdades legales.

 

Ayuntamiento: antes, falta de oficio; hoy, dolo

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+ Calderón: ni concejales priistas lo respaldan

 

Si lo aprecian, alguien debería regalarle a Pablo Calderón González, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, algún manual, o darle algunos “tips”, de cómo hacer política sin morir en el intento. Aunque lleva menos de un mes en dicho cargo, ese tiempo le ha sido suficiente para unificar a propios y extraños, con voz y voto para tomar decisiones dentro del Ayuntamiento, en su contra.

Ante este panorama, que enturbia las relaciones institucionales en el Gobierno de la capital oaxaqueña, y que revela el mal momento por el que pasan los grupos representativos dentro de la Comuna citadina, debemos preguntarnos qué pasa entre los concejales. La respuesta a este asunto en particular, podemos encontrarla no en la descoordinación ni en las cotidianas controversias habidas entre el oficialismo y la oposición en cualquier órgano de gobierno. No. El problema, en realidad, claramente se manifiesta en la falta de oficio político y de entendimiento del rol que debe ocupar, quien hoy tiene encargada la titularidad del Ayuntamiento citadino.

Hoy, es evidente que nadie está dispuesto a dar la cara por el síndico Calderón González. El pasado miércoles, por ejemplo, en la Sesión de Cabildo, claramente pudo verse el deplorable estado actual de la política que se practica dentro mismo del Palacio Municipal: mientras los regidores Margarita García García y Giovany Vásquez Sagrero hicieron añicos al Encargado de la Presidencia —por asuntos de los que él es indiscutiblemente responsable—, ninguno de los concejales del PRI quiso decir algo en su descargo. Y de hecho, por primera vez en la presente administración, al votarse un acuerdo impulsado por quien ostenta el cargo de Munícipe, hubo abstenciones de parte de dos regidores priistas.

Para entender esa inusitada molestia, debemos acudir y entender el asunto que la detonó. Si bien desde hace tiempo es sabido entre los regidores, que el síndico Calderón nunca se asumió precisamente como un elemento de conciliación y diálogo entre los miembros del Cabildo, hoy a todos incomoda que su falta de entendimiento de que su trabajo no es técnico, sino político, lo lleve a cometer errores que para cualquier persona avezada en las tareas de gobierno, consideraría como básicas.

Así, en la Sesión de Cabildo del pasado miércoles los regidores de oposición se quejaron airadamente porque el síndico Calderón González omitió correrles la invitación para que asistieran a la reunión en donde se acordaría la priorización de obra pública para lo que resta de la administración, lo cual implica la inversión de un monto de recursos públicos por alrededor de 11 millones de pesos.

Teniendo los argumentos acusatorios a su favor, la regidora Margarita García dijo, por ejemplo, que con esas actitudes, iban “de Guatemala a ‘Guatepeor’” en la conducción del gobierno de la capital oaxaqueña; y el regidor Giovany Vásquez Sagrero señaló que si antes errores u “omisiones” que se cometían desde la Presidencia Municipal eran por estrategia o por falta de experiencia (en clara referencia, en el primer caso, al edil José Antonio Hernández Fraguas; y en el segundo, a Miguel Ángel Bustamante Underwood), hoy parecían cometerse voluntariamente. Es decir, con dolo.

UNIDAD FICTICIA

La molestia, en ese sentido, no era para menos: aunque a los regidores se les ha asegurado hasta el cansancio, que los recursos del Ayuntamiento están ejercidos por completo, y que por tanto no existía más dinero pendiente de ejercer, de buenas a primeras se decidió una priorización de obras por un monto importante. Al no haber sido invitado ningún concejal de oposición, nadie de ellos tuvo conocimiento oficialmente, ni pudo manifestar cualquier posición respecto a qué obras fueron las priorizadas, a quién se le asignaron, y los montos respectivos.

Ese tipo de señalamientos, de haberse vertido en otros momentos, habría generado una defensa en bloque de los concejales priistas. Pero en este caso, nadie quiso hacer nada para enmendar las cosas. La razón era simple: los regidores priistas, tampoco fueron invitados a esa reunión de priorización de obras. Y todo eso, en realidad, se unió a otras molestias que desde siempre fueron sabidas por quienes tuvieron en sus manos la responsabilidad de conducir el Ayuntamiento.

En varios momentos, y en diversos medios, se ha apuntado que, por ejemplo, el síndico Calderón González trataba de regañar a los regidores priistas en las reuniones privadas que ocurrían para discutir, previo a las sesiones públicas, algún tema que fuera de particular interés para el Presidente Municipal en turno.

Ahora mismo, cuando él es el responsable, en más de una ocasión ha tratado de repetir sus actitudes. Sólo que si antes era detenido por el Edil —que sí sabía hacer y entender las reglas básicas de la política—, ahora ha sido encarado por sus mismos compañeros regidores, quienes airadamente le han reclamado sus imprudencias, su falta de tacto, y su ánimo por asumirlos como subordinados o incondicionales cuando, en realidad, todos ostentan la misma jerarquía política, y la unidad del grupo priista fue construida en base al entendimiento, y no a los menosprecios o los desplantes.

Por todo eso, Calderón González tiene hoy muchos más problemas de los que debería. Porque además de los problemas propios de la administración citadina, de la inconformidad de la mayoría de las Agencias Municipales por la falta de respuesta a sus necesidades, y de la corrupción que no deja de estar presente en el otorgamiento de licencias para bares y centros nocturnos de diversión —que formalmente son imposibles de extender en estos momentos, pero que sin embargo se emiten—, entre muchos otros, hoy tiene en contra hasta a los concejales de su partido.

Mucho de esto tiene su origen en el no saber hacer política, y en nunca haberse asumido como parte de ese grupo. Aunque no le guste, las relaciones e intereses que comparte con Sergio Castro, no son suficientes para que sus pares hagan algo por él. Le urgen el manual o los tips, antes de que acabe con lo poco que dejaron sus dos antecesores.

ES PREGUNTA

¿Será cierto que Patricia Villanueva Abrajám dejará en breve la dirigencia de la CNOP, a cambio del Fiat notarial que ya le habría sido entregado? Un buen trueque: el sector priista seguirá siendo una ficción cada día más decadente, mientras que la fe notarial es un excelente, y perpetuo, seguro de desempleo.

 

PRI: las disputas son alentadas por la dirigencia estatal

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+ Grupos antagónicos se disputarán el esqueleto

Por lo menos desde hace un par de meses, ronda por los círculos políticos la amenaza abierta de que tan pronto el Partido Revolucionario Institucional abandone el poder estatal en Oaxaca, comenzará una revuelta que tendrá como objetivo derrocar al actual dirigente Eviel Pérez Magaña, para luego tratar de reinstaurar a otros personajes que en el pasado ya fueron preponderantes para ese partido, pero que ahora se encuentran en una posición de franca rebeldía. Si bien este es el resultado de todo un largo proceso de descomposición y confrontaciones que se combinan con la derrota, también lo es que esta revuelta interna ha sido alimentada por la parsimonia, el inmovilismo y el silencio del grupo que aún encabeza el Comité Estatal de ese Instituto Político.

Habría que comenzar a explicarse racionalmente la debilidad que ha afectado no sólo a la actual, sino a las últimas cinco o siete dirigencias del tricolor en los años recientes. Proviniendo de uno de los regímenes de gobierno más verticales y “tradicionalistas” del priismo, en el último lustro predominó por completo la figura del Gobernador del Estado como Jefe Político, total, del tricolor. Era lo menos que podía esperarse, de un grupo de personajes que estaban acostumbrados a detentar el poder a plenitud, y a hacerlo valer independientemente de la opinión o la democracia que no cupiera en sus intereses o pretensiones.

Así, el resultado de ese proceso fue el de una serie de nombramientos sucesivos (desde Héctor Mafud, desde antes del inicio del actual sexenio, hasta el diputado con licencia Pérez al finalizarlo) en los que hubo una mayor preocupación por la colocación de figuras en perfiles estratégicos, que la de generar dirigencias con un sustento legal y político sólido, basado también en el cuidado de las formas y los formalismos políticos y estatutarios.

De este modo, todos los dirigentes del tricolor habidos en dicho periodo, fueron fuertes en la medida que el Jefe Político los legitimó y les permitió utilizar el poder, pero no porque alguno de ellos hubiera emanado de un proceso más o menos democrático en el que verdaderamente la militancia se pronunciara a favor suyo.

Aunque parezca extraño, o ilógico, esto último tampoco podría ocurrir, porque más que nunca se desalentó la simpatía ciudadana por el tricolor, y paralelamente se construyó una estructura partidista que, cumpliendo con ciertos requisitos que tenían que ver con dinero y prebendas, podía funcionar a la perfección, y hacer ganar elecciones, independientemente de quién fuera el candidato, cuál fuera el interés, o cómo estuviera conformada la coalición a la que se les enviaba a apoyar.

Así, lo que hubo fueron meras dirigencias políticas, pero —en prácticamente todos los casos— desprovistas de todos los demás elementos de verdadera legitimación, que deberían dar verdadero sustento a algo que se jactara de ser una auténtica dirigencia partidista.

El poder y el peso específico que detentó cada uno de los dirigentes —razón por las cuales nunca fueron cuestionadas sus respectivas dirigencias, que ni cumplían con los estatutos ni tenían el respaldo absoluto de la ley por haber emanado de procesos regulares y verdaderamente comprobables—, tuvo siempre que ver con la conminación política (desde el priismo y desde el gobierno) de ser objeto de espacios y beneficios si se asumía una actitud de disciplina, o el total relegamiento y castigo si se tenía la osadía de cuestionar ya no la legitimidad de un dirigente político, sino una decisión u opinión que emanara desde los altos círculos del poder.

Todos los dirigentes, hasta ahora, gozaron a plenitud del poder que se les permitió ejercer. Aunque la verdadera dirigencia, la fáctica pero efectiva, siempre estuvo en poder del Jefe Político, que nunca dejó de ver por los intereses de su partido, aún cuando sus tareas formales fueran otras. Así fue como, en una sucesión imparable de líderes, llegaron a los comicios cruciales de 2010.

PASIVIDAD Y PUGNAS

Era obvio que la detentación de un poder así, resulta avasallante mientras se tiene el respaldo suficiente como para no ser cuestionado; pero una vez que el poder comienza a agotarse, la debilidad de esas estructuras sale a la luz e, independientemente de la calidad moral o política de quién los cuestione, las fisuras comienzan a convertirse en auténticos factores de crisis.

Hasta hoy, un reducido grupo de personajes han cuestionado públicamente en al menos un par de ocasiones la dirigencia del diputado federal con licencia, Pérez Magaña. La intención de éstos inconformes es clara: están comenzando a calentar el terreno, para que una vez que el priismo abandone el poder gubernamental estatal, sean otros personajes, más poderosos y con mayor conocimiento del medio al que pretenden acceder, quienes terminen de ejecutar la labor que ellos ya iniciaron. Para nutrir las descalificaciones, acusan a la dirigencia estatal de todo tipo de cuestiones, que van desde la ilegalidad de su nombramiento, hasta su ilegitimidad como dirigencia partidista.

Algo es cierto en todo esto: ninguno de los últimos seis dirigentes tricolores anteriores (Mafud, Jorge González, Héctor Pablo Ramírez, Heliodoro Díaz, Jorge Franco, y Adolfo Toledo) tuvo ni un tercio de la legitimidad que tiene el diputado Pérez frente a los militantes, simpatizantes y estructura priista. Ninguno de ellos pudo, ni podrá jamás, obtener 600 mil votos en unos comicios tan competidos como los de julio pasado.

RIESGO REAL

Si esa legitimidad es real y comprobable, ¿entonces por qué la validez del cuestionamiento y, sobre todo, por qué el riesgo real de que, en efecto, pueda ser tambaleado y eventualmente derrocado? La debilidad del diputado Pérez Magaña, radica justamente en su ánimo por no moverse, ni hacer algo por desmarcarse de quienes lo tienen copado, y le han dado una imagen repugnante a su partido y al gobierno del que emanaron. Esa es la misma razón por la que perdió los comicios. Al no moverse, ni dar golpes de timón, ni demostrar que él no es parte —porque quizá sí lo sea— de las prácticas inconfesables y antidemocráticas que los detractores de su liderazgo le achacan a sus hombres cercanos, es el propio ex Candidato a Gobernador quien da las pautas para ser golpeado, cuestionado y señalado políticamente. Por si algo faltara, quienes tratan de defenestrarlo, no entienden que, derrocándolo, remediarían nada menos que una “ilegalidad”… con otra.

 

Tener visión de Estado, reto de grupo de alternancia

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Si tanto los diputados electos, como quienes integrarán la próxima administración del Gobierno del Estado, continúan generando expectativas ilusas de que Oaxaca será “un estado nuevo” a partir del 1 de diciembre próximo, pronto pagarán las consecuencias. Más allá de la demagogia y el populismo que conlleva la retórica posterior a la victoria electoral, es evidente que todos los involucrados deben asumir una postura más seria para evitar ser presa, dentro de poco tiempo, de sus propias palabras.

Este defecto de la palabrería —al que también podríamos calificar como fanfarronería— ha sido característica de muchos de los integrantes del nuevo régimen. Según sus propias palabras, a partir del inicio de la nueva gestión, la gran mayoría de los problemas democráticos, y del ejercicio del poder, serán resueltos como por arte de magia. Se engañan solos, o no entienden, que el detentar poder implica una lógica distinta a la de pertenecer a las fuerzas de oposición. Y que, quien tiene el poder en sus manos, en su sano juicio difícilmente estará dispuesto a cederlo para que otros se sirvan de él.

¿Por qué decir lo anterior? Porque hasta ahora, legisladores electos, líderes y militantes de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y de otras fuerzas y grupos fácticos de poder, asumen como una verdad a pie juntillas que el próximo será “su” gobierno, que el ahora Gobernador Electo les reconocerá todo el tiempo las cuotas de poder que ellos suponen haber ganado; y que por tanto podrán materializar todos sus ideales para generar un Oaxaca distinto al que ahora vemos y padecemos. Al asumir eso como una verdad inmutable, también incurren en el pecado de hablar de más, y de prometer lo que no podrán cumplir. ¿De qué hablamos?

Los diputados electos, por ejemplo, aseguran que llevarán al Congreso diversas propuestas para reorganizar el poder público, y acotar la influencia que tiene el Gobernador del Estado, sobre los demás poderes gubernamentales. Del mismo modo, aseguran que acuñarán nuevas instituciones, y que reorganizarán las ya existentes, para lograr que los postulados de la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto a las garantías de las personas sean un hecho imbatible. No se dan cuenta que en contadísimas ocasiones —si no es que nunca— han triunfado las transformaciones intempestivas y violentas; e incluso que, en la gran mayoría de los casos, éstas se tienen que lograr a través de las relaciones entre los poderes públicos.

Y para muestra un botón gigantesco: luego del triunfo electoral en la elección presidencial, por parte del Partido Acción Nacional en el año 2000, México cambió en poco. A pesar de haber tenido manifestaciones claras de voluntad de cambio y progreso para el país —que luego también resultó ser fanfarronería—, el presidente Vicente Fox durante su gestión se dedicó a administrar su figura de triunfo electoral, y a tratar de sostener el romance con los medios de información que había tenido los dos primeros años de su gobierno. A pesar de las expectativas, los cambios logrados fueron mínimos, y el desencanto ciudadano creció a tal punto que en 2006 estuvo a punto de ocurrir una revuelta derivada del conflicto postelectoral.

En aquel régimen, fue poco lo que se cambió, precisamente porque fue muy poco perceptible la disposición real del Poder Ejecutivo para ceder funciones o preponderancia política a los otros dos poderes; pero también porque los partidos políticos que lo llevaron al poder resultaron tener agendas de trabajo muy poco efectivas o comunes, y sobre todo demostraron no tener ninguna capacidad o posibilidad para ponerse verdaderamente de acuerdo.

 

RIESGO INMINENTE

Algo es claro: aunque los diputados logren materializar, en una sola operación, o en un periodo muy corto de tiempo, todas sus pretensiones legislativas, puede ser que lo logren hacer bien en el papel. Pero nada les garantiza que eso mejorará las relaciones de poder entre los partidos políticos, y mucho menos que eso dotará de credibilidad política a los funcionarios o instancias que han demostrado que no la tienen.

Además, parece imposible que en todo eso, el próximo Gobernador les permita hacer todo, y asumir todas las decisiones que tome el Poder Legislativo, sin antes protestar o presentar algún tipo de oposición. En todo caso, primero tendrá que ocurrir un consenso político, en el que cada uno fije los límites que pueden ser alcanzados y las necesidades que tiene para el desempeño de sus funciones. Si esto no ocurre, entonces comenzarán a darse las rupturas, las confrontaciones e, irremediablemente, la parálisis que nadie desea para una entidad con tantos atrasos como la nuestra.

Por eso, los señores diputados electos, y todos aquellos que hacen creer a la ciudadanía que a partir del 1 de diciembre Oaxaca será otro, mejor, están equivocados. Antes de lograr ese objetivo simplista, oscuro y poco explicable, tienen el reto de emprender la titánica tarea de conseguir acuerdos efectivos que les permita ir cumpliendo paulatinamente las metas que se han propuesto.

Nadie duda que el poder debe ser reformado. Pero para lograrlo, tiene que haber más de una manifestación expresa de voluntad, y sobre todo una idea clara de que debe prevalecer la prudencia y el buen ánimo, por encima de los triunfalismos y las fanfarronerías que no tienen sustento, y que tampoco tienen posibilidad de cumplirse, y qué decir de poder ser exitosas.

En contraparte —y eso no lo hacen, por miedo a quién sabe qué—, aún siendo parte de la misma causa política, ellos deberían estar llamando enérgicamente al nuevo gobierno a que cumpla sus cometidos, y que respete el marco democrático que prometió al ganar las elecciones. En la medida que existan acuerdos, y que éstos sean respetados por todos los involucrados, es que se lograrán cambios. La palabrería no los llevará a nada positivo para Oaxaca.

 

AYUDA

El doctor César Mayoral ha emprendido una tarea importante, que debe ser secundada y apoyada por la ciudadanía: en sus oficinas de la calle de Álamos número 228, esquina con Emilio Carranza, en la colonia Reforma, está recibiendo ayuda para los damnificados por las lluvias en la sierra mixe, particularmente de Santa María Tlahuitoltepec. Además, mañana 15 de octubre, asimismo organiza un concierto a beneficio de esas comunidades en el Centro Cultural Universitario de la UABJO. Ayudemos para esas causas. Son nuestros hermanos.

 

Oposición al poder: no deben construir destruyendo

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+ Órganos autónomos; “quítate tú para ponerme yo”

Dos de las cuestiones en las que han sido más reiterativos los diputados locales electos de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, son las de, primero, someter a revisión los esquemas de integración y funcionamiento democrático de los poderes del Estado; y, segunda, revisar la composición actual de los órganos autónomos para, según ellos, hacerlos menos dependientes del poder público. En ambos casos, debe haber una visión de Estado clara, y no un mero ánimo de revanchismos que sólo llevarán a la descalificación no de esas figuras democráticas.

Sin duda, en lo relativo a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, urgen reformas que vayan más allá del mero maquillaje político. En el caso de nuestra entidad, tanto la Constitución Política local, como la praxis política, aún continúan generando esa idea de que el Gobernador del Estado no es el Titular del Poder Ejecutivo, sino auténticamente un Jefe Político de la entidad. Esto es, que sus potestades constitucionales, y metaconstitucionales, van más allá de cualquier dictado legal, y le permiten imponerse sobre las decisiones, la soberanía o la autonomía de cualquier ente o persona que tenga que ver con el poder público.

¿Cómo lograr reformas en ese sentido? El primer paso, sin duda, tiene que ver con la manifestación expresa, y dinámica, de voluntad por parte del gobernante. En Oaxaca, sería una verdadera innovación que, al menos periódicamente, el Congreso del Estado fuera algo más que el apéndice legitimador de las decisiones omnipontentes que se toman desde la oficina del Gobernador.

Parece guasa, o una broma de mal gusto. Pero independientemente de que se acepte o no por parte de los involucrados, es evidente que las potestades del Mandatario en turno van mucho más allá de lo que le permite la Ley, pero también es alimentada por quienes tienen aún la idea en la conciencia de que el Gobernador es el Jefe lo mismo de los funcionarios administrativos, que de los legisladores, y también de quienes integran los órganos jurisdiccionales.

En ese sentido, además del cambio de formas en cuanto al ejercicio práctico del poder, son también necesarias algunas otras reformas que impidan la injerencia avasallante del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes. El ejemplo más claro, que está a la vista de todos, tiene que ver con la integración del Poder Judicial del Estado. Porque a diferencia de otras entidades, en donde existen Consejos de la Judicatura —u otro tipo de figuras, diferentes o más avanzadas que esos órganos— que determinan el nombramiento, los ascensos y la permanencia o remoción de los funcionarios judiciales, en el caso de Oaxaca todo se reduce a un mero asunto de discrecionalidad.

Lo mismo ocurre con el nombramiento de los Magistrados. A nivel federal, y de innumerables constituciones estatales, en la local de Oaxaca prevalece casi por completo la predominancia del Gobernador en la designación de los más altos funcionarios judiciales estatales. En ese sentido, la participación del Congreso del Estado es prácticamente testimonial, y las posibilidades de que existan equilibrios para frenar un posible exceso del titular del Poder Ejecutivo, o una decisión con la que la mayoría de los diputados no estén de acuerdo, llanamente es nula.

En el fondo, y si es que verdaderamente existe voluntad política y capacidad de análisis tanto en los diputados de los partidos coaligados, como del gobernador Gabino Cué cuando entre en funciones, también deberían revisarse, y reordenarse, algunas de las facultades que la Constitución del Estado otorga a cada uno de los poderes.

Con sólo dedicarse a dilucidar y comprender ese punto, cualquiera podría darse cuenta que en las condiciones actuales, son más los desequilibrios y los resabios de la predominancia del Gobernador que ya debe quedar en el pasado, que las posibilidades de que, gobernando apegados a esas normas, podrán hacer el gobierno distinto que tanto han prometido. A ver si existe la voluntad y la capacidad para emprender esa labor.

DESCALIFICACIÓN RIESGOSA

En el otro aspecto, los diputados dicen estar dispuestos a emprender, como una de sus primeras tareas, la revisión de los órganos autónomos, y de otros con vital importancia en la fiscalización de los recursos. Se han referido, específicamente, al Instituto Estatal de Acceso a la Información, y a la Auditoría Superior del Estado. Los señores legisladores, deberían ser un poco más cuidadosos en sus aseveraciones. ¿Por qué?

La respuesta está también a la vista. Para ellos, los actuales integrantes de esos dos órganos no son confiables. A priori, aseguran que éstos no tendrán el suficiente grado de independencia y apego a los principios que los rigen, para desempeñar las tareas que les fueron encomendadas. En pocas palabras, opinan que unos y otros son meros agentes del PRI. Y por eso están decididos a removerlos de sus cargos en la primera posibilidad que exista.

Habría que tomar con reservas esa altivez. Porque si bien es cierto que tanto la auditora Lizbeth Caña Cadeza, como los comisionados del IEAIP, Genaro Vásquez Colmenares, Raúl Ávila y Alicia Aguilar, fueron nombrados, y emanaron del actual régimen, también lo es que éstos tienen mandatos constitucionales que cumplir, y que lo primero que debe hacer un régimen de gobierno, es precisamente ponerlos a prueba.

En ese sentido, son abominables aquellas declaraciones relativas a desaparecer esos órganos e integrar otros con mayores potestades. Si bien los entes autónomos actuales no son los mejores, también es cierto que éstos son un signo parcial —no acabado, ni suficiente— del avance democrático que ha tenido nuestro Estado.

¿ÓRGANOS “DEMOCRÁTICOS”?

Y lo más importante de todo: cambiar a los actuales de esas entidades sin antes pasarlos por el tamiz de la demostración de eficiencia y compromiso con sus funciones, para integrar esos órganos con personas afines a ellos, será tanto como emprender la misión de “quítate tú para que me ponga yo”. Y entonces, “sus” integrantes de la ASE y del Instituto de Acceso a la Información estarán tanto o más deslegitimados de lo que ellos acusan a los actuales, porque aún habiendo emanado de un “régimen democrático” estarán haciendo las mismas funciones de solapamiento y encubrimiento, de las que tanto acusan a sus predecesores.

 

Pataleta por el IVA: medición de fuerza priista

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+ Más que el impuesto, aquí intentan medir alcances

Hace más o menos un año, cuando recién habían asumido sus curules los nuevos diputados federales, en la bancada del Partido Revolucionario Institucional hubo un primer intento de rebelión: los legisladores de varias entidades federativas no sólo no terminaban de digerir la designación de Francisco Rojas como su coordinador de fracción parlamentaria, sino que, además, estaban decididos a no dejar pasar el acuerdo cupular que entonces ya se había tomado, con el gobierno federal, de que el tricolor impulsaría un incremento del uno por ciento al Impuesto al Valor Agregado. ¿Qué pasó entonces? Y, sobre todo, ¿qué ha pasado desde entonces?

Retrocedamos un año en el tiempo. Al instalarse la LXI Legislatura federal, el grupo parlamentario del tricolor reconquistó una holgada mayoría que, por su alianza con el Partido Verde, prácticamente lo llevó a tener la mayoría simple de legisladores. Ello, sin embargo, no hacía homogénea la composición priista: cada gobernador ostentaba la hegemonía de los diputados de su estado; y desde algunos gobiernos priistas, como el de Oaxaca, se impulsó a candidatos tricolores de entidades federativas gobernadas por otras fuerzas políticas. En esas condiciones, era lógico que aún siendo del mismo partido, no todos los legisladores del PRI tuvieran los mismos intereses y prioridades qué defender.

El primer gran choque fue por la designación de Francisco Rojas como coordinador parlamentario. Independientemente del grupo político que lo impulsó, a varios grupos de diputados priistas —que habían accedido al Congreso a través de triunfos conseguidos en las urnas y no por la vía de la representación proporcional—, no les parecía que fuera gracias a un acuerdo meramente cupular, que un diputado plurinominal encabezara la coordinación legislativa del PRI.

¿Por qué no les parecía? Primero porque, decían, Rojas Gutiérrez carecía de la legitimidad que debería tener un coordinador legislativo que sí se hubiera esforzado por ser postulado y por ganar, en las urnas, la curul que ocupaba; pero además, se sentían inconformes porque, decían, el diputado Rojas carecía de arraigo como para tener a alguien a quien responder por sus actos. Al ser plurinominal, pensaban, no tendrá que entregar cuentas, ni será recriminado por los electores, por las buenas o malas decisiones que hubiere tomado en el desempeño de sus funciones, ni mucho menos por sus promesas incumplidas. En esa lógica, lo que más los agraviaba, es que nadie les hubiera preguntado su opinión sobre los nuevos impuestos, y simplemente les había impuesto la decisión de impulsar un incremento al IVA.

Algo, particularmente, les preocupaba: durante sus campañas, muchos candidatos a diputados del PRI habían prometido a sus electores rechazar cualquier incremento de impuestos, y menos en los tiempos de crisis. Ciertamente, hubo algunas expresiones de rechazo. Pero pronto todos se olvidaron de sus pretensiones originales, cuando les platicaron con más detalles sobre los beneficios que recibirían las entidades federativas —arcas locales en manos directamente de los gobernadores, para fines explicables e inconfesables— al aprobar un incremento de impuestos del tipo del Impuesto al Valor Agregado.

CONTRADICTORIOS

Cuando la mayoría de los diputados vio que los beneficios eran superiores al costo político por pagar, impulsaron la propuesta de subir el IVA del 15 al 16 por ciento. Sólo los diputados de Coahuila se resistieron a aprobar dicho incremento. Por ejemplo los de Oaxaca, bajo el pretexto de “no tener más remedio” que tomar medidas dolorosas para el país, alzaron la mano en señal de aprobación del incremento a un gravamen que, a diferencia del llamado “impuesto antipobreza” del 2 por ciento general al consumo que proponía el gobierno federal, éste sí era directamente distribuible en las entidades federativas.

Así, tanto el arreglo político con el gobierno federal —porque la propuesta del incremento al IVA que presentó el PRI fue elaborada en la Secretaría de Hacienda— como la posibilidad de disponer de más recursos, fue lo que benefició a entidades federativas como la nuestra. A pesar de materializar aquella idea de tener un gobierno rico en medio de un pueblo pobre, lograron presupuestos sin precedentes para varias entidades federativas. Terminaron justificándose en los beneficios y las inversiones que se harían a favor de los ciudadanos. Pero, en realidad, habían violado sus propias promesas de campaña y sus posturas de rechazo iniciales, en aras de conseguir más dinero para el gasto público de sus entidades, y márgenes de maniobra para sus respectivos Jefes Políticos.

A pesar de que algunas contingencias —como la crisis financiera mundial y la emergencia sanitaria por la influenza— se quedaron atrás, hoy es imposible asegurar que el país está mejor que antes, y que por eso es posible deshacerse de los impuestos excedentes. Sin embargo, por una nueva revancha electoral, hace dos meses anunciaron que, como medida de presión al gobierno federal, bajarían el IVA. Los grupos más importantes, sin embargo, ya recularon. Y hoy, aunque ya existen algunos amagues —como el del diputado oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez— sobre posibles separaciones de la fracción parlamentaria, lo más seguro es que el impuesto se quede como está. Es decir, en 16 por ciento.

Si esto es así, ¿entonces de dónde podría surgir este amague? La respuesta, seguramente, podremos encontrarla no en las condiciones de pluralidad o autonomía de los factores de poder al interior del priismo, sino de una medición interna de fuerza por parte de un grupo que acumula una cantidad nada despreciable de poder y ascendencia política dentro del tricolor.

PREOCUPADOS, ¿POR QUÉ?

El PRI de Oaxaca —es decir, su Jefe Político— impulsó no sólo a los legisladores priistas de la entidad, sino a alrededor de una veintena más de varios estados no gobernados por el PRI. Ahora, a través de ello podrían estar buscando encarecer sus márgenes de negociación, por varios asuntos delicados que podrían en puerta y que, para enfrentarlos, necesitarán el respaldo de todo el priismo. Habrá que ver si de verdad logran hacer presión con sus amagues. No parece que lo que los esté motivando, sea el interés por atender a la confianza y el mandato que les confirió la ciudadanía, o por honrar las promesas sobre no más impuestos, que el año pasado ya violaron flagrantemente. El tiempo dará la pauta.

Reforma del Estado: ¿ahora sí por consenso?

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+ Presupuesto 2011 será un factor determinante

A Mónica Cervantes, con

todo mi amor. ¡Bienvenida!

Nos encontramos a, escasamente, un mes de que tome posesión la LXI Legislatura del Congreso del Estado, y a escasos 45 días de que ocurra la transmisión de poderes respecto al Ejecutivo del Estado. Ante la inminencia de los tiempos, el gobernador electo Gabino Cué Monteagudo, ha comenzado a impulsar la discusión sobre las reformas políticas, democratizadoras y de la administración de los poderes del Estado que son más apremiantes. Debe establecerse una agenda, real y posible, de las necesidades del nuevo gobierno, y de las exigencias de la sociedad. Llevar a cabo la llamada “Reforma del Estado” será un elemento altamente legitimador para el nuevo régimen. Pero, en esta tarea, no se deben generar expectativas que son, política, social o presupuestalmente, imposibles de cumplir en el corto plazo.

Oaxaca ha pagado un costo muy alto a cambio de reformas que no han logrado, o que el mismo poder público no ha permitido que se materialicen. Si nos remontamos al pasado reciente, podremos encontrar que esa fue una de las principales exigencias que derivaron del conflicto magisterial y popular de 2006, y que ese fue uno de los puntos clave que permitió y legitimó la permanencia de la administración que el próximo 30 de noviembre concluirá su gestión. ¿Por qué?

Porque si algo logró el conflicto magisterial de 2006, fue “subir” a la discusión nacional, la necesidad de reformas profundas al andamiaje jurídico y de organización política en nuestro estado. En ese sentido, la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, y la Sección 22 del SNTE, demostraron sobrada eficacia para demostrar que aquí la forma en que se ejercía el poder, desde los Poderes del Estado, era desproporcionada, abusiva, excesiva y antidemocrática.

El problema fue una vez que habían sensibilizado al país sobre la apremiante necesidad de impulsar una reforma integral que estableciera nuevos equilibrios y formas democráticas de ejercer el poder, ni la APPO ni la Sección 22 tuvieron el sustento y la visión suficiente como para plantear, específicamente, qué reformas eran las que ellos, como representantes de los grupos y ciudadanos inconformes, habrían de querer ver materializadas tanto para la administración como para los poderes Legislativo y Judicial del Estado. En pocas palabras, los grupos que encabezaron el conflicto de 2006 nunca pudieron plantear, del modo que fuera, su proyecto de Reforma del Estado.

Así, ante el vacío y la necesidad de legitimación frente al descrédito que le provocó el conflicto magisterial, fue el Gobierno del Estado quien tomó esa bandera, y formó una Comisión para la Reforma del Estado que, a la postre, cumplió una función más testimonial que verdaderamente impulsora de cambios democráticos.

Independientemente de que se consideraran algunas propuestas de esa Comisión, para convertirlas en ley, es evidente que el régimen gobernante (que abarca a los tres poderes, y del que depende la Comisión de la Reforma del Estado) sólo sentó algunas bases para consolidar una verdadera reforma política, y se resistió a discutir algunas otras modificaciones constitucionales para democratizar el ejercicio del poder y las funciones públicas.

Nunca hubo voluntad política para verdaderamente lograr una reconfiguración de las funciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que al menos diera certidumbre de un ejercicio menos avasallante del poder. No se eliminaron las atribuciones excesivas que aún hoy continúan marcando una preponderancia indiscutible del Gobernador del Estado sobre los titulares, la organización y el funcionamiento, de los Poderes Legislativo y Judicial.

Las reformas relativas a la participación ciudadana no pasaron del establecimiento de bases que nunca se reglamentaron. Y quizá el avance más importante fue en la creación de algunos órganos autónomos o fiscalizadores, tales como el Instituto de Acceso a la Información o la ASE. Pero aún así, esas reformas parciales sirvieron más para legitimar al régimen gobernante, que para verdaderamente generar nuevos equilibrios democráticos en el poder público.

¿QUÉ SIGUE?

Una verdadera convicción por la democratización del poder, debía llevar al gobierno de Gabino Cué a plantear, desde el inicio, no sólo las reformas que ellos desean o necesitan para legitimarse, sino también algunas otras que la sociedad demanda con insistencia, y que necesitan ser adecuadas y acotadas para darles viabilidad democrática. Con ello, habría demostraciones tangibles de un cambio real de visión, y del establecimiento de bases más firmes y perfeccionadas del ejercicio democrático de avanzada, que lograra ver más allá del mero aspecto electoral.

El gobierno de Cué, junto con las bancadas que lo respalden al instalarse la nueva Legislatura del Congreso local, e incluso a quienes él considere para encabezar el Poder Judicial del Estado, deben hacer cuanto antes planteamientos serios al respecto. Dedicarse a maquillar el ejercicio público con reformas parciales o decorativas, sólo los llevará a una situación de descrédito que será proporcional a la expectativa que generaron entre los ciudadanos.

Pero también, en contraparte, deben tener los pies en la tierra. La posibilidad de plantear cambios a las estructuras del gobierno y la administración, debe estar sustentada por las posibilidades de acuerdo político, de aceptación social y, sobre todo, de financiamiento presupuestal. De nada servirán reformas monumentales —en cualquier rubro—, que luego no se puedan llevar a cabo por falta de dinero para materializarlas.

Por eso, la preservación de los equilibrios debe ser cuidada con detalle. Deben establecerse, para la discusión sobre la Reforma del Estado, parámetros reales y posibles. Ir a los extremos, entre pretender hacer sólo lo indispensable para cubrir las apariencias, o querer cambiar todo en un solo movimiento, será tanto como encaminar su trabajo, y la expectativa ciudadana, al fracaso.

JUVENTUD PRIISTA

Maritza Escarlett Vásquez Guerra es nueva líder del Organismo de Mujeres del PRI. Aún siendo joven, ha acumulado importante experiencia tanto en el ámbito profesional, como en la administración pública, y el trabajo partidista. El relevo no es sólo político: también es generacional, y de visión del tipo partido que los priistas jóvenes desean. Si logra convertir la adversidad en oportunidad, estará enfilada al éxito. Enhorabuena.

 

 

Plagios e impunidad: Combinación letal para la sociedad

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La noche del pasado 14 de mayo, un grupo de sujetos secuestró al ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos, en dentro de su domicilio, en el estado de Querétaro. A pesar de ser uno de los hombres más importantes, conocidos y de mayor influencia política en nuestro país, luego de más de 130 días de cautiverio, las autoridades federales siguen sin tener pistas claras sobre su paradero, y el proceso de negociación entre los familiares de la víctima y los plagiarios no ha rendido fruto, aunque se sabe que el monto que se exige por su rescate, es de unos 50 millones de dólares. Este es un ejemplo paradigmático de cómo la industria del secuestro es una de las más boyantes,  impunes, y redituables, que existen en el país.

Hoy, México es un paraíso para el crimen organizado. Si bien es cierto que en tal denominación se identifica de modo característico a todos aquellos individuos que sistemáticamente se dedican a actividades relacionadas con el narcotráfico, es también claro que la ley federal que tipifica ese tipo de delitos, también incluye a quienes se ponen de acuerdo para privar de la libertad a personas, a cambio de un rescate económico.

En la misma medida que ha crecido la actividad criminal relacionada con el tráfico, venta, recepción y envío de sustancias prohibidas, han también proliferado otras actividades periféricas que han aprovechado el nivel de organización de los grupos criminales, y la imposibilidad del Estado para hacerles frente, y frenarlos enérgicamente, como se debería. Una de esas industrias periféricas del crimen organizado, radica en el secuestro.

Hace más de una década, algunas entidades federativas eran características por la existencia de ese tipo de delitos. En 1998, las autoridades federales detuvieron a Daniel Arizmendi López, alias “El Mochaorejas”; un sanguinario secuestrador, que había cometido varios cientos de plagios, y había matado a varias decenas de sus víctimas, cuando la familia se veía imposibilitada a pagar el rescate exigido. Dos años después, en febrero del año 2000, fue aprehendido Nicolás Andrés Caletri, otro temido personaje del mundo del secuestro, que se había “destacado” por la forma implacable en que cometía esos delitos, torturaba y cercenaba a sus víctimas, y las privaba de la vida cuando las negociaciones del rescate fracasaban.

Ambos cabecillas, cuando fueron aprehendidos, dejaron ver que tras ellos había, respectivamente, una red de complicidades gubernamentales, políticas y policiacas, que los protegían, colaboraban con ellos para la comisión de delitos, e incluso compartían las ganancias económicas que se obtenía de los plagios. Cuando esas dos bandas criminales fueron desarticuladas, y sus integrantes procesados judicialmente, se pensó que México se había librado de los dos personajes más temibles e indeseables que habían existido en los últimos tiempos, y que los secuestros nunca más volverían a ser temor para la sociedad mexicana.

VACÍO DE PODER

Y CIFRAS NEGRAS

Si todo parecía erradicado, ¿qué pasó entonces? La respuesta está en el vacío de poder. Más de la mitad de la presente década, el gobierno federal, y de las entidades federativas, decidieron abandonar sus responsabilidades relacionadas con el combate al crimen en todas sus vertientes, y prefirieron mostrar las debilidades que, evidentemente, fueron aprovechadas por los criminales.

Por eso, la industria del secuestro fue una de las que más floreció. Al comparar las cifras, podemos darnos cuenta, de manera escalofriante, cómo ha escalado la incidencia delictiva en este rubro. En 2001, un estudio sobre esta actividad ilícita, aseguraba que en 1997 habían sido denunciados mil 47 secuestros; en 1998, 754; en 1999, 590; y que en el año 2000, se tenía noticia oficial de que habían ocurrido 548 plagios en todo el país. En ese mismo año, por un lado, la organización México Unido contra la Delincuencia, aseguraba que la llamada “cifra negra” de la incidencia en el secuestro, era que por cada secuestro denunciado, hay dos más que no se notifican a las autoridades; en el otro extremo, en aquellos años el periódico estadounidense The New York Times aseguraba que en materia de secuestros, México ocupaba el tercer lugar, después de Colombia y Brasil.

Hagamos un contraste con la actualidad. Estudios realizados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, basados en cifras oficiales tanto de las 32 procuradurías estatales como de la General de la República, revelaron en septiembre pasado que los secuestros en el país aumentaron  un 317 por ciento desde el año 2005 hasta la actualidad, sin contar que un 75 por ciento de los casos no son denunciados por los ciudadanos.

“En 2005 —dice el estudio— se denunciaron menos de un secuestro por día (0,89); durante los primeros seis meses de 2010 se han denunciado, diariamente, 3,72 delitos de este tipo (unos 1350 al año, aproximadamente). Esto significa un crecimiento de 317 por ciento”. La alarmante cifra es aún mayor, pues según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el secuestro tiene una tasa de no denuncia, o “cifra negra” de 75 por ciento, lo que se traduce en que por cada secuestro denunciado existen otros tres. Es decir, que la incidencia real de secuestro en el país, actualmente, podría ser de unos cinco mil 500 por año. Algo que, como es evidente, no podría ocurrir en una nación que se jacta de brindar seguridad y certeza a sus ciudadanos sobre la seguridad pública que se les ofrece.

LUCHA CIUDADANA

El 11 de julio de 2005 fue secuestrado el empresario Hugo Alberto Wallace Miranda. A partir de entonces, su madre, doña Isabel Miranda de Wallace, se convirtió en una de las figuras con mayor influencia y peso político en nuestro país, en su lucha no sólo por exigir a la autoridad mayores resultados en las investigaciones para aprehender a las bandas de secuestradores; acaso, uno de sus méritos mayores, es haber sido ella quien entregó a las autoridades federales a quienes plagiaron, asesinaron a golpes y luego destazaron a su hijo, demostrando con ello que desde las trincheras ciudadanas se puede superar y corregir, en aras de la justicia, a la desidia, las complicidades y la ineptitud de las autoridades que dicen combatir a la delincuencia y no lo hacen.

El relato sobre el secuestro de Hugo Wallace —que está disponible en el sitio web altoalsecuestro.com.mx— es escalofriante. En él se relata cómo desapareció, cómo fue privado de la libertad con engaños, y la forma en que fue asesinado a golpes para luego ser desmembrado con una sierra eléctrica, mientras los mismos secuestradores exigían a la familia el rescate por esa víctima que ya había sido ultimada.

Desde entonces, Miranda de Wallace se convirtió en un icono del dolor que sufren las familias de una víctima del secuestro; de la tragedia que significa, en cualquier circunstancia, el que los plagiarios ultimen a su víctima; y la impunidad que profesa la autoridad cuando, por incapacidad, por complicidad o por desidia, tiene la posibilidad de aprehender a sus víctimas y no lo hace.

AUTORIDAD REBASADA

Personajes como Alejandro Martí y Nelson Vargas, son otros que han vivido en carne propia esa desgracia, y ahora luchan para exigir al Estado que cumpla con el deber de brindar seguridad, y detener a quienes se dedican a esta próspera industria ilícita.

A través de organizaciones como México SOS, han logrado poner en la mesa de discusión nacional, temas como el de la necesidad de impulsar reformas que endurecieran las penas a los secuestradores; la corrupción y complicidad que existe, alrededor del país, entre las bandas criminales y las autoridades políticas que los protegen; y la urgencia de tomar medidas drásticas para frenar esta ola imparable de delitos que lastiman en lo más profundo a quienes son víctimas directas y a sus familias.

Esto, lamentablemente, no es lo peor. Pues en México, de acuerdo con Luis de la Barreda Solórzano, presidente del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad (ICESI), “no existen cifras oficiales confiables sobre la incidencia del secuestro” e incluso las 32 procuradurías del país, ofrecen “datos diferentes” al Sistema Nacional de Seguridad Pública; eso es inconcebible, dice, porque ese ilícito es el más grave y ha detonado las crisis de inseguridad.

En Oaxaca, por ejemplo, no existen cifras actualizadas sobre el número de secuestros que han ocurrido en el año; e, incluso, de ser públicas, de todos modos no serían del todo aceptables porque, como ocurre en todo el país, la “cifra negra” de secuestros no denunciados continúa siendo creciente, y en una proporción de tres a uno respecto a los ilícitos sí denunciados.

Hace apenas unos días, la Cámara de Diputados aprobó un incremento de penas en la tipificación del delito de secuestro. Éste pasó a tener una pena privativa de libertad de más de setenta años, con lo que, materialmente, se convierte en cadena perpetua.

Sin embargo, es evidente que eso no es suficiente: falta que la autoridad de las entidades federativas, y la federal, decidan hacer frente a la incidencia de ese delito, y demuestren que el Estado tiene mayor capacidad que las bandas criminales, y que por eso tuvieran que existir más riesgos que impunidad, en cuanto a la posibilidad de ser aprehendido ante la ejecución de un secuestro.

Esa es la labor que falta; la autoridad está tratando de articular una defensa sólida a los criminales, a través de una estrategia policiaca y de seguridad que se articula pacientemente. Lo que queda claro, es que esa respuesta del Estado está tardando demasiado en hacerse real.

Constitucionalismo local: vuelta a los orígenes

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+ ¿Por qué es importante conocer leyes estatales?

 

El pasado lunes, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Regional del Sureste, se presentó el libro “Oaxaca: historia de las instituciones jurídicas”, escrito por el constitucionalista Raúl Ávila Ortiz. Dicho texto (editado por la UNAM y el Senado de la República, en el contexto de los festejos por el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución), es un buen recordatorio de por qué hoy, cuando México se enfrenta a diversas interrogantes que serán trascendentales para su futuro como nación, es importante recobrar el sentido federalista y la preponderancia que tienen las entidades federativas en el contexto nacional.

Como bien lo sabemos, México ha vivido un centralismo disfrazado de federalismo que, sin embargo, poco a poco va transitando hacia un sentido más equilibrado de importancia entre la Federación y las entidades federativas. Esa circunstancia nos ha llevado a centrarnos siempre en el estudio de la legislación federal, pero dejando de lado cualquier posibilidad de acercarse al constitucionalismo local, que necesita recobrar la importancia que nunca debió perder.

Es evidente que, por la propia forma en que se ha ejercido el poder en México, nuestro Federalismo ha ido de las meras apariencias, a un creciente ejercicio material de sus funciones. A lo largo de buena parte del siglo XX, las entidades federativas tuvieron tal denominación únicamente por una cuestión de decoro y preservación del modelo de Estado, pero sin tener una verdadera capacidad de articular una forma de organización independiente del poder central, y basada en una dinámica propia tanto en lo electoral, como en lo administrativo, e incluso en el campo de la preservación de las libertades individuales y colectivas que pudieran contenerse en las Constituciones locales.

No siempre fue así. De hecho, cuando la nación mexicana era aún incipiente y discutía su forma de Estado y de gobierno, las provincias fueron las pioneras de la discusión, y la disputa, entre el establecimiento de una República o Monarquía, y de una forma de gobierno de tipo centralista o federal. Aunque el lugar común indica que nuestra organización política fue una simple copia del modelo estadounidense, lo cierto es que la formación de nuestro modelo federal fue mucho más compleja de lo que parece.

De no haber sido por personajes tan importantes como Miguel Ramos Arizpe, y de algunos hechos previos a la independencia nacional, como la invasión francesa a España a principios del siglo XIX, con la posterior reinstauración de la monarquía española en la persona del rey Fernando VII, pero ahora basada en los principios establecidos en la Constitución de Cádiz, la discusión de nuestro modelo federal habría sido menos trascendente, y de peso específico, de lo que fue.

Gracias a entidades como Oaxaca, que se opusieron tanto a la instauración del Primer Imperio Mexicano, con Agustín de Iturbide coronado como emperador, como a la posibilidad de instaurar un modelo centralista, que también fue discutido dentro de los debates para establecer una Constitución para la naciente nación mexicana, y que exigieron que se les reconociera su importancia y los derechos correspondientes para poder organizarse y regirse, es que prevaleció el modelo que, no sin innumerables errores que se han ido ajustando con el paso del tiempo, y otros que aún prevalecen, continua siendo la base de nuestra organización política nacional.

REGRESAR A LO LOCAL

Ahora bien, tendríamos que preguntarnos ¿por qué resulta hoy importante regresar a nuestras constituciones locales? Lo aparente y lógico, podría llevarnos a suponer que si la constitución federal es la norma a la que deben ajustarse todas las leyes y decisiones de las entidades federativas, y que si ésta contempla una serie de derechos y garantías que pueden ser oponibles al Estado a través de mecanismos de control constitucional, entonces sería intrascendente volver a textos político-jurídicos que han sido más bien ornamentales, y fácilmente manipulables, en las entidades federativas.

Ese retorno necesario se inscribe en el contexto del proceso de democratización que, aún con sus innumerables cuestionamientos, ocurre lentamente en nuestro país. Es cierto, durante casi todo el siglo XX las entidades federativas fueron meros territorios, gobernados y determinados desde la capital del país. Es cierto que durante casi toda esa centuria, era el Presidente quien decidía lo mismo el gasto, que la organización y los funcionarios que convenían al régimen central, para administrar las entidades federativas.

Pero hoy podemos ver que esa forma material de gobernar, en buena medida se encuentra agotada. Los nuevos tiempos marcan el retorno a la preponderancia de las entidades federativas como núcleos esenciales de la formación política; asimismo, como bases del poder político que se detenta en el país. Y como auténticos factores de poder que tienen la capacidad política, jurídica, e incluso material en la praxis, de oponerse a las más importantes decisiones o influencias que se pretenden desde el exterior.

Todo eso hace importante, y necesario, no sólo voltear a nuestros textos constitucionales estatales, sino también a conocer cuáles son los antecedentes más importantes de esas cartas de derechos y organización política y administrativas locales que hoy rigen a cada una de las entidades federativas.

En este contexto, resulta de gran valía el trabajo del doctor Raúl Ávila Ortiz. Al menos por dos razones, que son enunciativas mas no limitativas: primera, porque existe un enorme vacío en cuanto al conocimiento sistemático tanto de nuestros textos históricos, como de los actuales; y, sobre todo, porque ese libro, logra con gran pulcritud establecer las líneas generales del conocimiento jurídico, que todo abogado, o estudioso del fenómeno político, debe tener si verdaderamente desea conocer el contexto actual, y el histórico, de nuestro constitucionalismo local, y de las instituciones que nos han regido.

RESPUESTAS

Este libro, esencialmente, nos proporciona algunas respuestas a los por qués que, sin duda, en algún momento, todos los interesados en el estudio del derecho, nos hemos planteado sobre nuestra realidad, sobre nuestro pasado, y sobre los problemas y las soluciones jurídicas y políticas que a esos asuntos se han planteado.

 

¿Cómo aplicarán el “Mando único” en Oaxaca?

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+ La nuestra, entidad con mayores complejidades

Anteayer, el presidente Felipe Calderón anunció el envío al Congreso, de un paquete de  iniciativas de reforma constitucional para establecer el llamado “mando único” que unificaría a las policías municipales y estatales en una sola corporación por cada entidad federativa y que, lógicamente, llevaría a la desaparición de la mayoría de las corporaciones de seguridad pública que existen en los 2 mil 445 municipios del país. Ante ese panorama, es menester preguntarnos tal medida será viable para Oaxaca. Y, sobre todo, cómo será llevada a los hechos.

Este no es un asunto menor. Desde que se inició la lucha contra el crimen organizado, el gobierno federal realizó un diagnóstico en el que encontró fallas estructurales en la conformación de las corporaciones encargadas de velar por la seguridad pública. Se encontró, por ejemplo, que al haber concentrado la mayor inversión de recursos económicos del Estado en la creación, manutención y perfeccionamiento de las corporaciones policiacas federales, pero que, en cambio, tanto las Policías Estatales, como las Municipales, tenían un alto grado de vulnerabilidad y atraso, que las hacían poco confiables, y nada eficaces en el cumplimiento de sus labores.

Mientras realizaba tales labores de diagnóstico respecto a las entidades federativas, el gobierno federal incrementó el monto de inversión a sus corporaciones policiacas. Consecuencia de ello, nunca antes en la historia del país, un gobierno había destinado más de 35 mil millones de pesos anuales para sostener la operación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que, relativamente, es de reciente creación. No obstante, la inversión extraordinaria a la seguridad pública en estados y municipios continuó siendo menor a los 10 mil millones de pesos, en términos globales.

Esa disparidad —que puede incluso considerarse como uno más de los innumerables atentados que el propio gobierno federal comete en contra del espíritu mismo del federalismo que, según, nos rige— dio pauta para que luego el gobierno federal recriminara duramente a las entidades federativas por su falta de inversión en este rubro, y los acusara de ser los responsables de que, por su falta de confiabilidad, por sus posibles complicidades o corrupción, y por su bajo nivel de preparación, instrucción, salarios y capacidad de fuego, el crimen organizado crecía indiscriminadamente y tomaba libremente el control de plazas que luego disputaba a sangre y fuego al Estado o a las bandas delincuenciales con las que rivalizaba.

Tales acusaciones, sin embargo, están llenas de claroscuros. A pesar de que el presidente Calderón señala, por ejemplo, que los gobiernos estatales no invierten lo suficiente en seguridad pública, o que los Gobernadores “se desentienden” de los problemas relacionados con la seguridad pública y el combate al crimen organizado, los números hablan por sí mismos: mientras una entidad como Oaxaca, invierte alrededor del tres por ciento neto de su presupuesto para todas las labores de la Secretaría de Seguridad Pública local (algo así como tres pesos de cada cien que tiene de presupuesto), el gobierno federal gasta únicamente seis pesos por cada mil que tiene de presupuesto.

Guardando las proporciones, es evidente que aún teniendo un presupuesto mayor, es la Federación quien hace sacrificios menores en la inversión en seguridad pública, y es quien más recrimina a los demás ámbitos de gobierno por las supuestas desatenciones en la materia.

En ese contexto emergió la propuesta de la Policía Única para cada entidad federativa. Aunque hubo resistencias iniciales, y se dijo que tal medida violaría las atribuciones y funciones del municipio y las entidades federativas, hoy es una iniciativa que cuenta con mayor aprobación para llevarse a cabo. El problema, en realidad, radica en cuánto costará esa unificación, y cómo harán para consensar su aprobación en entidades federativas que guardan entre sí tantas diferencias culturales, sociales, políticas e incluso de arraigo comunitario.

 

CASO OAXACA

El caso de nuestra entidad, en ese sentido, es harto representativo. En Oaxaca, a diferencia de la mayoría de las entidades federativas del norte de la República Mexicana, en las que el conjunto de Policías Municipales es por mucho mayor al de su Policía Estatal, aquí la corporación más fuerte es la que depende directamente del Gobierno del Estado.

Esto se explica en la compleja circunstancia de que nuestro Estado concentra nada menos que el 23 por ciento de todos los municipios del país, y en que la gran mayoría de éstos son tan marginados y pobres que son incapaces de sostener una corporación de seguridad pública al menos testimonialmente. Por si fuera poco, 412 de los 570 municipios que tiene la entidad, son gobernados bajo el régimen de usos y costumbres, en los que la comunidad y la asamblea de ciudadanos tienen más peso que una norma escrita y publicada en la normatividad  federal o del Estado.

¿Cómo establecer un mando único, y concentrar a las más de 400 corporaciones policiacas municipales —con todo lo avanzadas o paupérrimas, y poco confiables que cada una de ellas pueda ser— en una entidad en la que una gran cantidad de ayuntamientos no tienen recursos ni para lo más básicos, y en la que el gobierno estatal hace enormes esfuerzos para gastar los recursos que ejerce?

La respuesta, finalmente, habrá de estar en los recursos económicos que el gobierno federal decida invertir en seguridad, tanto para la Federación, Estados y municipios. La ambiciosa reforma que envió el presidente Calderón al Congreso, planea modificar los artículos 21, 73, 115 y el 116 de la Constitución, para adecuar el nuevo modelo policial tanto a las entidades federativas y los municipios, como también para dotar de garantías y facultades de legislación de esa materia que ahora sólo quedaría en las Federación y las entidades federativas. Pero que necesita de grandes cantidades de dinero para llevarse a cabo.

 

¿MISIÓN IMPOSIBLE?

Habría que revisar, en el caso de Oaxaca, si funciona la coordinación entre las corporaciones estatales y municipales, que se ha ensayado desde hace un par de años para vigilar la capital oaxaqueña y sus zonas conurbadas. El problema es que el gobierno federal considera que Oaxaca, por ejemplo, es igual a Nuevo León. Y cada estado, además de lo económico, enfrenta panoramas totalmente distintos para organizarse y entenderse política y socialmente.