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Transporte público: ¿Quién gana y quién pierde de verdad?

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+ Cotran: ¿Cuándo dejará de ser cómplice de concesionarios?

El pasado fin de semana ocurrió el cuarto incremento a los combustibles, en lo que va del presente año. Ante esta alza, nuevamente los concesionarios del transporte público —autobuses del servicio urbano y taxis— exigieron al Gobierno del Estado un incremento en la tarifa autorizada. Aducen pérdidas por el alto costo de los insumos, e incluso pretenden asustar con el fantasma de la quiebra en el sector. ¿Quiénes son los que verdaderamente está pagando este aparente golpe al transporte público?

El asunto, aunque parece irrelevante, no es menor. Porque por un lado, el transporte público concesionado tiene un margen muy amplio de actuación, que bien puede resumirse en dos palabras: anarquía e impunidad. La primera porque tal parece que no existe autoridad ni ley que sea capaz de meterlos en cintura y verdaderamente regularlos; y la segunda, porque nadie parece tener la fuerza suficiente como para hacerlos pagar por sus excesos, y por los daños irreparables que ocasionan al usuario y al público en general.

En el otro extremo, los dueños del transporte público se han vuelto expertos en la exposición de argumentos martirizantes, y en el uso de un doble discurso que engaña sólo a los ingenuos. En los últimos días, ha sido recurrente escuchar de viva voz de los concesionarios, que les resulta urgente un incremento a la tarifa del transporte ante el alza en el costo del combustible e insumos, pues de lo contrario están condenados al estancamiento, a la posible quiebra, y a la pérdida de fuentes de empleo. Además, aseguran que ellos también contribuyen al desarrollo de Oaxaca. ¿A poco?

Estos argumentos son ridículos. En realidad, no son los dueños del transporte público quienes han asumido los costos de estos incrementos. ¿Entonces? Han sido, indirectamente, los choferes-cobradores de las unidades. Y, en última instancia, los usuarios. La respuesta de todo esto se encuentra en el esquema de trabajo y entrega de cuentas que los concesionarios han impuesto “tradicionalmente” a sus trabajadores. Veamos a qué nos referimos.

En el común de los concesionarios, éstos imponen una cuota diaria a los conductores de las unidades, e independientemente de lo que ocurra, aquellos tienen que entregar el monto de dinero pactado. Es también costumbre, que al finalizar la jornada, sea el operador de la unidad quien, como parte de la cuenta diaria, entregue la unidad con la carga completa de combustible. Y que sea éste quien cubra, en porcentajes variables, los insumos, servicios o reparaciones que requiera el autobús. Todo esto, ocurre bajo la lógica de que tanto se beneficia el conductor como el concesionario.

Si esto es así, ¿entonces quién cubre, por ejemplo, los incrementos al combustible? Los cubre el conductor, que diariamente debe entregar su cuenta y obtener, además de su ganancia, el dinero suficiente para llenar el tanque de la unidad. El concesionario no pierde. Y él tampoco. Pero debe trabajar más, conducir a mayor velocidad y tratar de subir al mayor pasaje posible para cubrir todas sus necesidades.

¿No es, entonces, el usuario el que financia en todo momento el encarecimiento de los insumos relativos al transporte público? ¿Y no es también el usuario quien resiente el incremento de los incidentes de tránsito, atropellamientos y muerte que provocan los conductores de los autobuses urbanos al tratar de incrementar sus ingresos a partir de la velocidad y la imprudencia?

Los concesionarios no pierden. Pero cómo se lamentan y exigen incrementos a la tarifa —como si de sus bolsillos saliera el dinero para costear el encarecimiento del combustible—, cada que el oportunismo les permite presionar al Gobierno del Estado que, además, nada hace para regularlos.

LOS DESENTENDIDOS

Algo similar ocurre con el servicio citadino de taxis, que incrementa sus tarifas ante la displicencia de la Cotran, que ni los regula, ni los sanciona por exceder los cobros establecidos, ni les autoriza un incremento a los mismos. Es decir, que “entiende” a los taxistas por el incremento de los combustibles y les permite cobrar más de lo debido por sus servicios, pero que también tolera que a ellos mismos los hagan quedar como peleles.

Pareciera que no, pero el servicio de taxis de la capital oaxaqueña, es uno de los más caros del país. En muchas ocasiones, los oaxaqueños no consideramos la magnitud de la voracidad de los ruleteros, porque éstos resultan ser habilidosos en el cobro de tarifas diferenciadas a quienes tienen facha de locales, y a quienes ellos observan como posibles turistas.

Un ejemplo perfecto de esos abusos, se puede corroborar cuando se solicita un servicio de taxi desde el aeropuerto y se pide el traslado a cualquier punto de la ciudad. Por el solo hecho de provenir de la terminal aérea, el costo del viaje se incrementa hasta en más de un cien por ciento. Ese sitio se encuentra a no más de diez kilómetros de la capital oaxaqueña, pero resulta ser uno de los puntos en los que el servicio de alquiler para pasajeros tiene un costo desproporcionadamente alto.

En esto, ¿qué hace la Cotran? Del mismo modo, los ruleteros se dicen víctimas de los incrementos en los insumos, de las autoridades viales que los extorsionan, y de la instancia encargada del transporte “que no les cumple”. Nunca aceptan, porque no les conviene, que ellos son parte del problema, y que aún con esos supuestos abusos, es mucho más lo que la autoridad les permite hacer, que lo que los condiciona.

Finalmente, unos y otros, concesionarios del transporte urbano y de taxis, son parte de una larga tradición de impunidad y anarquía, en la que cada que pueden obtienen provechos a través de la lamentación como discurso, la connivencia y complicidades con la autoridad, y los abusos que cometen en contra de la ciudadanía. Pero ahora, y ante cada aumento, no se cansarán de exigir mejoras a sus tarifas. Y la autoridad, tampoco se cansará de hacerse la desentendida.

ENREDADOS

Por momentos parece hasta ociosa la supuesta “rebatinga” por las postulaciones a diputaciones locales y presidencias municipales. Lamentablemente —por la democracia, que aquí no existe— en el PRI todo está repartido y “cantado”. Y lo demás, es faramalla. No necesariamente serán candidatos los mejores cuadros ni los mejor posicionados. El ejemplo implacable, está puesto desde febrero pasado.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Iglesia: del antisemitismo a la molestia, por acusaciones

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+ La pederastia debe castigarse; el encubrimiento, también

El Viernes Santo, en la Catedral de San Pedro, en El Vaticano, El predicador Raniero Cantalamessa comparó los ataques a la Iglesia Católica, y al papa Benedicto XVI, con el antisemitismo que se practicó en la Alemania nazi, previo a la Segunda Guerra Mundial. En la habitual rueda de prensa dominical, el arzobispo José Luis Chávez Botello calificó como una “campaña orquestada en contra de la Iglesia” las acusaciones de pederastia que se han ventilado públicamente en contra de clérigos católicos, y que indirectamente han alcanzado al Sumo Pontífice. Todo esto es consecuencia de una manipulación artera de quienes se dicen víctimas.

En efecto, de entrada el calificativo de “manipulación artera” podría parecer excesivo. Sin embargo, esto es apenas lo que se alcanza a equiparar con los intentos de la cúpula católica, en sus jerarquías altas y bajas, por esconder la realidad y tergiversar hechos, señalamientos y responsabilidades. Nada es más alejado de la realidad, que considerar que los señalamientos por pederastia se asemejan con el antisemitismo; o que todo se debe a una campaña de desprestigio. Es necesario poner cada uno de los conceptos en su dimensión real.

México es uno de los países en los que más se han señalado casos impunes de pederastia. Resulta revelador, y hasta paradigmático, el conjunto de acusaciones en contra del sacerdote Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Desde 1997, algunos medios informativos de la capital del país —la revista Proceso, el periódico La Jornada y la Televisora hoy desaparecida CNI Canal 40— dieron cuenta a la opinión pública, de diversas acusaciones hechas desde Estados Unidos y México en contra del Clérigo.

La respuesta a esos reportajes, fue una brutal represión, y los no menos graves actos tendientes a lograr la censura de esa información. ¿Por parte de quién? De un poderoso grupo de empresarios fuertemente ligados a la organización religiosa que encabezaba el padre Maciel, que emprendieron una campaña de ahorcamiento financiero particularmente en contra de la empresa televisiva entonces propiedad de Javier Moreno Valle.

En diversos momentos, el periodista Ciro Gómez Leyva ha relatado cómo primero recibieron amenazas de boicot financiero si Canal 40 continuaba transmitiendo la información que involucraba al líder de Los Legionarios de Cristo, y luego cómo vieron cancelados sus contratos publicitarios más importantes, como consecuencia de la difusión de las acusaciones de pederastia.

Finalmente, el tiempo dio la razón a quienes desde entonces sostuvieron los señalamientos. En 2006, el jefe de la Iglesia Católica, Joseph Ratzinger, determinó el retiro de la vida pública del padre Maciel. Y aún cuando éste falleció en 2008, hace apenas unas semanas la organización Legionarios de Cristo se vio obligada a reconocer tanto a los hijos procreados por su Fundador y líder espiritual, como los casos de presuntos abusos sexuales en los que se le involucró y responsabilizó.

Sin embargo, aunque este podría ser el caso de mayor trascendencia —por el calado del padre Maciel tanto en el catolicismo, como la innegable influencia social, económica y política de la organización que fundó y encabezó—, hoy la Iglesia Católica se ve copada por las docenas de acusaciones sobre la comisión de delitos sexuales, que han surgido en diversos países de Europa. Sólo en Alemania, los señalamientos hoy rebasan el medio centenar. Y, en todo esto, se acusa también que Ratzinger tuvo conocimiento oportuno de los hechos, pero que se negó a indagar. Por lo que también le acusan corresponsabilidad en la comisión de esos delitos.

¿ANTISEMITISMO?

Sin embargo, esas acusaciones bajo ninguna lógica se pueden considerar como una práctica discriminadora, fomentadora de odio, o incluso como una campaña de desprestigio en contra de institución alguna. Lo que se conoce como antisemitismo, es la inducción al prejuicio y la hostilidad que se fomentó en contra de los judíos. Esos prejuicios no sólo tenían que ver con su procedencia geográfica, sino que más bien era un conjunto de factores que incluía las aversiones por motivos religiosos, políticos, raciales, culturales y étnicos. Esa fue la base de la brutal persecución y aniquilamiento de que fueron objeto previo y durante la Segunda Guerra Mundial.

Evidentemente, en las acusaciones actuales en contra de algunos integrantes de la Iglesia Católica —incluyendo al Papa— no existe rasgo alguno de antisemitismo. De hecho, las acusaciones nada tienen que ver con las características personales, religiosas, morales o políticas de los mismos integrantes. En todo caso, el pederasta pudo haber sido el más modesto de los clérigos católicos, que el jefe de una poderosa organización religiosa —que también involucra intereses económicos o políticos de primer orden—, y la acusación sería exactamente la misma.

El problema, en sí, radica en cómo la Iglesia Católica se ha visto orillada a aceptar los errores y los delitos cometidos por algunos de sus integrantes. Por las reacciones personales e institucionales de los integrantes del apostolado católico, tal pareciera que para ellos el mejor escenario habría sido el del ocultamiento de las acusaciones y la simulación de que nada grave ocurre. Sólo han aceptado las cosas, cuando esto resulta ser algo francamente irremediable. Y esa, sin duda, sí es una actitud reprochable no sólo al catolicismo, sino a cualquier organización que pretende encubrir a sus integrantes en la comisión de ilícitos.

Señalar a las personas, no necesariamente equivale a descalificar a las instituciones. Es imposible descalificar, como organización, a Los Legionarios de Cristo, cuando ellos, en sus formas, han contribuido de modo importante a la transformación social de diversas naciones. Lo mismo ocurre con el catolicismo. Pero es inaceptable tratar de manipular ventajosamente los hechos. La presunta comisión de delitos sexuales, al ventilarse públicamente, nada tiene que ver con una persecución o campaña de odio en contra del catolicismo. Decir eso, es negar las responsabilidades.

MUY SUFRIDOS

Ahora aguanten a los camioneros: ante el incremento de los combustibles, de nuevo se erigen en mártires de la economía, y exigen aumento a la tarifa del pasaje. ¿Por qué no imploran con la misma vehemencia cuando sus unidades provocan daños, heridos y muertos? La desfachatez, en su máxima expresión.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Desarrollo político en entidades federativas: va para atrás

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+ Rezago democrático tiene su origen en composición federal

Antes del año 2000, muchos tenían la percepción de que con el fin de los gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional y la consolidación de la alternancia partidista en el poder federal, ocurriría casi en automático la transición a la democracia y la transformación de las estructuras del Estado. No fue así. Y lo que, más bien, parece haber ocurrido, es una regresión que se puede apreciar en toda su magnitud en la forma en cómo se ejerce el poder en las entidades federativas.

Hoy, no es extraño que a los Gobernadores de los estados se les llame —no se sabe si peyorativamente o en tono de alabanza— “virreyes”, “señores feudales” o “encomenderos”. Estas denominaciones tienen fuertes cargas históricas, pero también amplias explicaciones en el presente. En la última década, el país entero se ha negado a generar los contrapesos necesarios para hacer más equilibrado el poder. Y la figura de los gobernantes estatales, es la mejor prueba de cómo la posibilidad de transición a la democracia se quedó en una ilusión inalcanzable.

¿Por qué? Porque si bien en el ámbito federal el otrora omnímodo poder presidencial se decantó para dar peso a los órganos legislativo y judicial, ahí mismo no ocurrió la transformación democratizadora de las estructuras del Estado; y todos se olvidaron de que ese ejercicio avasallador del poder también se repetía en las entidades federativas. El resultado de todo esto, es que hoy se encuentran pospuestas indefinidamente las grandes reformas que necesita el país, y que los mandatarios estatales ejercen una influencia, poder y control sobre sus territorios, que no corresponde a las características de la democracia plena que aparentamos ser.

Así, esta se aparece como una desgracia doble. En el ámbito federal, la idea de que la alternancia de partidos llevaría a la transición democrática y al ejercicio de un mejor gobierno, simplemente fracasó. Diez años después de haber conseguido esa aparente primer gran victoria democrática, podemos darnos cuenta que de todos modos la sola alternancia no sirvió para mucho.

La prueba de todo eso, se encuentra en el hecho de que los gobiernos del Partido Acción Nacional no han sido mejores que los del PRI; que éste, a su vez, ha fracasado en su misión de ser una oposición firme y responsable, que lleve a los hechos aquel discurso de que lo que verdaderamente importa es el país; que la visión de los partidos de izquierda se encuentra extraviada por completo; y que, en general, la nación no ha encontrado ese estadío de bienestar, concordia y acuerdo, enmarcado por la democracia, que tanto se anhelaba.

El problema no es menor. En el más alto nivel —Presidente de la República, Congreso y Poder Judicial— siguen pendientes los cambios más sustanciales para darles viabilidad hacia el futuro. Así, sin transformaciones democráticas, la única diferencia en el ejercicio del poder antes y después del año 2000, es la del color del partido que lo detenta.

Nadie, ni en el oficialismo ni en la oposición, tuvo la visión de emprender esa misión democratizadora que, luego, tendría que haberse trasladado a las entidades federativas. Nada de eso ocurrió. La transición democrática se quedó en un impasible “para luego”. Y las reproducciones del poder presidencial en las entidades federativas se dejó en completa libertad. Por eso, no deberíamos sorprenderlos que hoy los gobernadores hagan con sus territorios, prácticamente cualquier cosa que se les venga en gana.

CONSECUENCIAS FUNESTAS

¿Cuál es el resultado de todo esto? Que hoy los gobiernos de las entidades federativas sean los “virreinatos” que tanto se señalan. Y este es un rasgo sintomático que se revela en toda su magnitud ante las definiciones políticas que ocurren en cada una de ellas. ¿No ha sido una práctica recurrente en los últimos años la de los gobernadores por imponer, a costa de todo, a la persona que lo sucederá en el cargo?

El problema no es sólo del ejercicio del poder o de la ética o la moral democrática. En realidad, eso parece ser lo de menos. La cuestión real se encuentra en la ausencia total de mecanismos de control —formales y fácticos— que equilibren el poder de los gobernadores, dentro y fuera de sus partidos y los grupos de poder sobre los que tienen influencia.

Por lo menos en el presente año, en todas las entidades federativas donde se renovarán sus respectivos gobiernos estatales, han existido fuertes señalamientos por la intervención directa y avasalladora del gobernante por imponer a su sucesor. En los años previos fue exactamente lo mismo. Pero esto resulta ser algo natural: cualquier político medianamente inteligente y entendedor del ejercicio del poder, sabe que si nadie tiene la posibilidad de presentarle una oposición real a sus pretensiones, él puede hacer lo que más le convenga.

Eso es lo que ocurre en las entidades federativas. Es una reproducción fiel y exacta de lo que ocurría hace tiempo en el poder presidencial. Y lejos de que, en los estados, esta práctica se eliminara con la alternancia de partidos en el poder federal, sus efectos se acentuaron. Esto, debido a que antes el Presidente de la República —jefe de Estado, jefe del Gobierno y jefe del Partido predominante— era el dique y el “filtro” de los gobernadores. Esa muralla del ejercicio del poder desapareció. Y como no hubo sustitución, los mandatarios estatales —que antes estaban subordinados al Presidente—, ahora sí pudieron ejercer su poder a plenitud, aunque después con desproporciones.

DOBLEMENTE MAL

Uno de los problemas, en todo esto, es la calidad de gobernantes que esos Mandatarios omnipotentes, están heredando a los territorios que gobiernan, y que a partir de terceros pretenden seguir controlando. Hoy, los “figurines” de poca capacidad de gobierno, se reproducen aceleradamente. Y la otra cuestión no menos grave, es que quienes hoy prometen “cambio” y un mejor gobierno, llegarán a sentarse exactamente a la misma silla que hoy ocupan quienes ellos descalifican. Y una vez sentados, ejercerán el poder como sus adversarios. Para que haya democracia, deben primero ocurrir cambios de fondo. Nada se resuelve con esperanza e, incluso, con la sola alternancia.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Oaxaca: turismo noble; ciudad, de cabeza

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

Las evocaciones al 2006 hoy no parecen más que una pesadilla que nadie desea que se repita. En aquel año, un conflicto social y político empañó por completo la tranquilidad y la vida cotidiana en la entidad. Uno de los sectores más golpeados por aquella crisis, fue el que da sustento económico y estabilidad a miles de familias: el turismo.

Sin embargo, eso es pasado. A diferencia de entonces, hoy el turismo desmemoriado parece no tomar en cuenta los antecedentes. Aunque hace apenas cuatro años la industria se encontraba en pleno estado de devastación, hoy nuevamente ocurre un periodo de florecimiento en el que lo mismo se puede apreciar una alta afluencia turística, que hoteles al límite de su capacidad, restaurantes atestados y miles de personas provenientes de otros sitios, que caminan y disfrutan una ciudad que, a cada momento, se impone a cualquier problema o inestabilidad social, por su belleza, colorido y la capacidad de sorpresa que genera recurrentemente a propios y extraños.

Esta era la postal que se podía apreciar el Jueves Santo —anteayer— por la tarde, en el Centro Histórico de la capital: una Plaza de la Constitución atestada de turistas y paseantes, bares y restaurantes casi al límite de su capacidad, vendedores ambulantes por doquier, y diversas arterias viales del primer cuadro de la ciudad prácticamente obstruidas por completo, por peatones que se dirigían a visitar los templos de la zona, los parques o los comercios circunvecinos.

Todo esto ocurre a pesar de que las obras viales, que se realizan desde hace más de un año en el primer cuadro de la capital oaxaqueña, se continúan ejecutando con aparente normalidad; ocurre también, a pesar de que por momentos, la ciudad parece un embudo interminable, en el que el caos vial es una constante que cada vez el desorden se reproduce con mayor intensidad y frecuencia.

Así, Oaxaca era, como en los últimos meses, un territorio plagado de bellezas, dudas y contradicciones, en el que la interrogante común es si la autoridad puede, tal como no parece, hacer frente a los problemas cada vez mayores que enfrenta nuestra capital.

Esto parece ya haberse convertido en la suma de varios males. Hasta hace unos días, la capital oaxaqueña parecía estar invadida por un torbellino de basura, contaminación vial, visual y auditiva, y por un caos recurrente de congestionamientos vehiculares, protestas, y propaganda que había sido colocada sin contar con los permisos correspondientes de la autoridad municipal. Si antes el lío común de los oaxaqueños era porque nuestras calles del primer cuadro de la ciudad eran demasiado angostas —lo cual parece imposible de remediar—, ahora el problema es que varias de esas calles están cerradas. Y esos cortes a la circulación provocan un problema que ya ha resultado harto difícil resolver.

CRECIMIENTO,

A PESAR DE TODO

El encargado del despacho de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, Oscar López Palacios informó a diversos medios locales sobre los resultados obtenidos en beneficio de la industria turística de Oaxaca y de la población en general. Dijo, de acuerdo con lo publicado por la prensa oaxaqueña, que a pesar de que algunos años fueron difíciles para la entidad y para la actividad turística nacional, por cuestiones como las crisis financiera y sanitaria, el aumento en afluencia de visitantes fue constante y significativo, pasando de  dos millones 892 mil 991 de visitantes en 2004 a 4 millones 494 mil 271 visitantes en el 2009, lo que representa un 55 por ciento de aumento, superando así cualquier pronóstico.  Asimismo la derrama económica creció  de 5 mil  451 millones 696 mil 013 pesos en 2004 a 7 mil 432 millones  622 mil 647 pesos  en el 2009, lo que representa un 36 por ciento de incremento.

Estas cifras revelan no sólo la importancia del turismo para la economía de Oaxaca, sino el hecho mismo de que nuestro Estado tiene una fortaleza turística incomparable, incluso a pesar de él mismo. ¿Por qué decir eso? Porque Oaxaca está lejos de ser una ciudad tranquila y apacible para los que aquí vivimos. Independientemente de los problemas recurrentes que se dan respecto al ambulantaje, al caos vial, a las interminables obras de remodelación y acondicionamiento de calles, a las inconformidades sociales que se manifiestan recurrentemente, y a los niveles de inseguridad que se niegan a ceder, nuestro estado continúa siendo un imán imparable para el turismo nacional e internacional.

¿CIUDAD APACIBLE?

Pongamos un ejemplo de por qué Oaxaca es todo menos una ciudad tranquila: Hasta hace unos años, la decisión de cualquier grupo social o político de bloquear un crucero o glorieta importante de la capital oaxaqueña, constituía toda una osadía y desafío a la autoridad, y al mismo tiempo parecía ser sinónimo de que la demanda tenía importancia trascendental para el futuro de la entidad.

Hoy, a diferencia del pasado, prácticamente todos los días existe un corte a la circulación a alguna vialidad importante. El famoso y codiciado “Crucero de la VolksWagen” hoy es un escenario recurrente de protestas y cortes a la circulación. Los oaxaqueños hemos comenzado a asimilar la cotidianeidad de los bloqueos, y hemos también aprendido a encontrar las vías alternas sin perder la calma. La nuestra, bien podría denominarse “Ciudad Bloqueo”.

Pero hoy no sólo es eso. Las interminables obras viales que se ejecutan en diversos puntos del Centro Histórico, desde hace varios meses vinieron a llenar de caos al primer cuadro de la capital. Bien pareciera que no. Pero la anarquía que se vive en el Centro Histórico desalienta a la población a acudir a ese sitio a hacer compras, arreglar asuntos o simplemente a buscar un momento de esparcimiento. Así, esta situación no parece ser agradable al turismo; aunque, según los resultados, tampoco ha resultado ser un obstáculo importante. Si bien la nuestra no es una ciudad complicada para quien no la conoce, hoy la situación en la que se encuentra la hace compleja hasta para los que vivimos aquí. Es cuestión sólo de hacer la prueba: llegar a un sitio, encontrar un cajón de estacionamiento o poder caminar con tranquilidad, son misiones cada vez más complejas para propios y extraños.

OAXACA: EL

TURISMO ES NOBLE

Seguramente, el gobierno de Oaxaca, y el federal, tratarán de adjudicarse este incremento al turismo. Es cierto que una parte tiene que ver con la promoción que ellos realizan de los destinos nacionales en México y el extranjero. Sin embargo, en el caso de Oaxaca —sus playas, ecoturismo, el llamado turismo cultural y hasta el denominado “de mochila”— todo tiene un origen en la singularidad de nuestro propio entorno.

Si un episodio como el del conflicto magisterial de 2006 hubiese ocurrido en cualquier otra entidad, el estado de devastación económica habría prolongado sus efectos por varios años. En Oaxaca no fue así, debido a que la propia entidad tiene una amplísima variedad de oferta turística que lo mismo atrae a los más jóvenes que a los de mayores recursos económicos. En este aspecto, nuestro estado parece tener un valor agregado fundamental que radica en sí mismo, y que se encuentra más allá de momentos, de conflictos, de obras urbanas y de administraciones gubernamentales.

En Oaxaca, más del setenta por ciento de la economía gira alrededor del turismo. Esta actividad, por tanto, ha sido para los habitantes del Estado una auténtica gallina de los huevos de oro que, a pesar de todo, continúa produciendo y entregando resultados nobles a todos los que, de uno u otro modo, dependemos directa o indirectamente de la captación de divisas por concepto de actividades de recreación.

Sin embargo, todos los que vivimos en Oaxaca deberíamos considerar que no porque esta es una actividad lucrativa que se sustenta en sí misma, debemos dejar de lado los deberes propios de todo buen anfitrión. Otra sería la cara de la ciudad, si no existiera tanta inestabilidad y tanta propensión a cuestiones como la contaminación, el desorden o el ambulantaje. Del mismo modo, otro sería el resultado —es decir, mucho mayor— si hubiera mayores avances en temas como el de las obras viales y el control de la seguridad que, nos guste o no, no ha dejado de ser un tema recurrentemente pendiente para las autoridades que prometen resultados, pero que no pueden lograr que las cifras frías revelen mejorías.

Es cierto que todo esto da para mucho. Pero es también irrefutable que no se ha hecho lo suficiente, que puede hacerse más; y que todo parte de un asunto de voluntad, en el que tiene que participar conjuntamente el gobierno y la sociedad. Para no matar, en el mediano plazo, a esa gallina de los huevos de oro, que es la actividad turística.

Censor, sin duda es el peor, peor, peor trabajo del mundo

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+ Censura: antes y ahora la prensa se atiene a serios límites

No debería sorprendernos que hoy los medios de información, en cualquier rincón de nuestro país, sigan sometidos a diversos tipos de censura. Aunque en teoría parecerían haber quedado atrás aquellos tiempos en los que desde el sector oficial se imponían severos cánones sobre lo que se podía, y lo que no, publicar, hoy nos encontramos con nuevas formas de presión hacia los medios de información, respecto a su labor. Nadie que conoce bien las entrañas de la prensa, podría dar como válida que hoy, a diferencia del pasado, este oficio se ejerce con plena libertad.

No es difícil suponer que la censura como la conocemos actualmente, se generó desde el momento mismo en que se inventó la imprenta, e incluso que ésta existe desde antes. Históricamente, la censura se estableció como un medio de control a la actividad periodística y a la creación artística.

Incluso en México, existen numerosas historias de cómo, en el siglo XIX, existían representantes del gobierno en los talleres en los que se elaboraban e imprimían los periódicos, para revisar, previo a su publicación, cuál era el contenido del mismo y vetar lo que resultara inconveniente a los intereses del gobernante en turno. También existen historias, no menos numerosas, de cómo ante cualquier sublevación o intento de motín en contra del gobierno, o cuando se quería dar un golpe de timón, una de las primeras acciones que se tomaba era la de ir a clausurar los diarios y confiscar las máquinas con las que se imprimían los diarios.

A raíz de esa práctica, fundada esencialmente en la censura, fue que el Constituyente de 1917 estableció las bases sobre la libre expresión y publicación de ideas. En estas garantías fundamentales se establece la libertad de todas las personas a pensar y expresar sus opiniones sin más cortapisas que el orden y la paz pública, y la salvaguarda de los derechos de terceros.

Asimismo, impuso la prohibición al Estado del ejercicio de la censura previa, el secuestro de cualquier maquinaria relacionada con la prensa por considerarla como el objeto de la comisión de algún delito, así como el encarcelamiento de los operarios, papeleros y los empleados de dichos establecimientos. Es decir, que fueron candados a las viejas prácticas de censura institucionalizada, que ocurrían hasta entonces.

Sin embargo, esto no terminó, ni mucho menos, con la censura. Aunque la libertad de pensar y escribir opiniones libremente, fue entonces coartada fundamentalmente por dos vías: la cooptación o la violencia. Oficialmente la censura estaba desterrada. Sin embargo, en la historia contemporánea del país existen incuantificables casos de agresiones contra periodistas como consecuencia de su trabajo e investigaciones. Y son mucho mayores, las de aquellos que ante las ofertas tentadoras del Estado asumieron una posición orgánica y de dependencia, a cambio de dinero, prebendas y favores conducidos desde el poder.

Por lo menos en el último siglo, contando entre ese tiempo el presente, la censura se ejerce a través del “no te pago para que pegues”, que hizo célebre el presidente José López Portillo. ¿Qué significa? Que los gobiernos controlan a la prensa a través de la compra de publicidad. Si la crítica es desfavorable al poder, entonces dejan de comprar. Y como, en su mayoría, los medios tienen una capacidad económica limitada, la falta de ingresos por concepto de la publicidad oficial se convierte en una merma insalvable.

El problema, en todo esto, es que no es el gobierno o el gobernante quien “paga”, porque éstos cubren las pautas publicitarias a los medios nada menos que con dinero público. Es decir, con recursos económicos del pueblo. Por lo que son ellos los que administran, pero no los que pagan.

Sin embargo, esta es una práctica aceptada por todos los involucrados. Pocos parecen haber reparado en que el presupuesto público destinado a la compra de espacios publicitarios debería tener una regulación estricta, y no seguir siendo todo lo censora y discrecional que es ahora. Nadie toca el tema, porque parece que a nadie le conviene cambiar el estado de cosas.

EL PEOR OFICIO

En su libro “Contra la censura”, John Maxwell Coetzee (Premio Nobel de Literatura 2003), hace una relatoría puntual en la que establece que el oficio de censor, bien puede ser el más indeseable del mundo. Señala que desde siempre existieron censores que revisaban el arte, la literatura, y después el periodismo. Pero que, en realidad, siempre existió una disyuntiva enorme entre quienes realizaban el trabajo de la censura, pues el censor resultaba ser alguien que contribuía en nada a la sociedad.

Tendríamos que preguntarnos cuál es la base de dicho razonamiento. Y parece ser la siguiente: la censura podría ejercerse inteligentemente por los hombres más cultos y entendedores de la actividad que buscarían controlar. Sin embargo, es parte de la naturaleza de todo hombre inteligente negarse a cualquier forma de censura, y menos cuando ésta tuviera que ser ejercida y aplicada por ellos mismos. Es decir, que un hombre inteligente jamás sería un censor de la actividad que él mismo realiza, por la sencilla razón de que ese tipo de personas eligen qué leer y qué discernir, sin permitir que algo o alguien les imponga prácticas, ideas o convicciones.

Por eso, la tarea del censor siempre se encuentra en hombres desprovistos de un criterio sólido, de convicciones y de una cultura importante. Es decir, que el que es censor se dedica a eso porque no le queda de otra, porque lee y piensa en la medida y características que otros —personas e intereses— le imponen; y porque éste mismo no tendría la posibilidad de ejercer otro oficio que fuera la contraparte de la censura. Y por esa razón, cargada de mediocridad, alguien que ejerce el oficio de censor es un ser que la sociedad no necesita, y al que tampoco extrañaría si en algún momento dejara de existir.

NUEVA CENSURA

Hoy, la censura se sigue dando desde el poder, desde los intolerantes que no comprenden que la crítica fortalece cuando lo que se critica está fundado en la razón. Pero también se sigue dando desde la violencia, y desde los efectos de las ondas criminales que azotan al país. Hay, como lo dice Ciro Gómez Leyva, un pedazo de la historia del país que hoy mismo está dejando de contarse, por las presiones de censura que resiente la prensa.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Violencia en Oaxaca: no confundir al narco con la guerrilla

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+ Disputa criminal: no hay razón para hablar de narcoguerrilla

Aunque parecen perfectamente distinguibles los términos “narcotráfico” y “guerrilla”, en un ambiente como el oaxaqueño hay muchos que confunden los términos, las implicaciones y hasta la historia que envuelve a esos dos términos. En efecto, en estos tiempos de importantes acontecimientos políticos y electorales en la entidad, existe siempre la posibilidad de desbordamientos violentos. Por el momento particular que vive el país, tenemos que ser cuidadosos y claros, para no confundir —como en el refranero— “la gimnasia con la magnesia”.

En primer término, parece necesario delimitar los alcances de esos dos términos. El narcotráfico ha sido una de las actividades ilícitas más lucrativas e intensas en nuestro país, por lo menos en las últimas cuatro décadas. La violencia que trae aparejada esta actividad tiene que ver directamente con el control territorial de zonas estratégicas, con la lucha entre organizaciones criminales por las rutas de distribución y espacios de control, y, sobre todo, con la preservación y ensanchamiento de un negocio que, en global, cada año deja una derrama de más de diez mil millones de pesos.

La guerrilla, por su parte, tiene motivaciones totalmente distintas a las del narcotráfico. Si en la siembra, trasiego y comercialización de sustancias prohibidas, el interés de fondo es el de sostener un lucrativo negocio, en los grupos armados el interés final se encuentra en lograr cambios políticos, constitucionales y de gobierno, a través de la vía violenta, pues consideran que las vías políticas y democráticas se encuentran agotadas. Teóricamente, y como se puede ver, respecto a sus motivaciones no existen puntos de coincidencia entre una actividad y la otra.

En el terreno de lo práctico, y lo histórico, sólo existen dos aspectos que los relacionan. El primero de ellos, tiene que ver con la utilización de la violencia; y el segundo, con las referencias históricas de otros países en los que sí han existido relaciones intensas entre organizaciones de narcotraficantes y grupos armados. Sin embargo, en México las referencias actuales a la “narcoguerrilla” más bien parecen ser consecuencia de una inducción oficialista para descalificar a los grupos armados en la dinámica de la guerra contra el crimen organizado; y del desconocimiento de muchos de los que dan por válido ese engañoso término.

En efecto, en los últimos años, y particularmente en Oaxaca, se ha querido inducir a que el ciudadano común tenga la certeza de que el narcotráfico y la guerrilla son un solo ente. Para ello, han utilizado argumentos como que los grupos sociales que encabezaron el conflicto magisterial de 2006 fueron infiltrados por la guerrilla, y que ésta a su vez permitió la entrada de grupos criminales que tomaron el control de la entidad.

Estas percepciones se han tratado de reforzar haciendo referencia a Colombia. Establecen como una verdad irrefutable que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son un grupo criminal que tiene puesta una careta de guerrilla, para tener justificaciones sociales de la violencia. No se puede dar por válida o por errónea, totalmente, esta afirmación. Sin embargo, el posible resultado actual de “narcoguerrilla” colombiana no fue parte de su origen, sino un posible vicio arraigado en el devenir de las respectivas luchas del narco y de la guerrilla en contra del Estado colombiano.

¿Por qué es errónea esa referencia en el caso mexicano? Por razones tan simples como que, hasta hoy, los cárteles de la droga demuestran un poder de fuego y una capacidad numérica impresionante, y los grupos guerrilleros no. Que los primeros libran palmo a palmo una guerra contra el Estado, y los segundos se mantienen en sus pacientes tácticas de la Guerra Popular Prolongada. Y que, hasta hoy, las fuerzas del Estado no han aprehendido a un solo integrante de grupos criminales que tenga relaciones o sea parte de un grupo relacionado con la guerrilla.

DISPUTA CRIMINAL

Así, lo que ocurre en México es una feroz guerra entre el crimen organizado y el Estado; no entre cualquiera de esos entes y la guerrilla, o en la que los grupos beligerantes actúen como parte. Toda la violencia que día a día se contabiliza en las calles, es consecuencia de acciones que trastocan la seguridad pública, y los intereses del Estado y de los criminales. Por esa razón, los hechos que pudieran ocurrir en el marco del proceso electoral y los tiempos políticos que ocurren en Oaxaca deben interpretarse a través de lecturas correctas y mesuradas, y no por medio de frases o ideas malintencionadas que confunden sin reflexionar e informar.

En los tres meses del presente año, en Oaxaca han ocurrido algunos hechos violentos e intimidatorios que, algunos, han tratado de achacar a la guerrilla. Nada más equivocado que eso. Por citar dos ejemplos, los dos hechos violentos ocurridos en Tuxtepec recientemente, tienen un sello visible que, bajo ninguna circunstancia, debía ser confundido con acciones de “narcoguerrilla”. Sí pueden ser de los primeros (es decir, del crimen organizado), pero por su contexto y sus implicaciones, no de los segundos. ¿Qué buscaría la guerrilla con ese tipo de enfrentamientos estériles?

En el segundo de los casos, se trató de achacar a la guerrilla la colocación de un artefacto explosivo, que fue hecho estallar por expertos del Ejército. Ese propagandismo no corresponde ni a la más inexperta de las organizaciones armadas. Más bien, fue un mal intento por enrarecer el ambiente, y para tratar de involucrar a grupos que podrían ser vistos como un peligro para la sociedad.

¿Y LA TREGUA?

Debemos recordar que grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario, y un cúmulo de organizaciones beligerantes en México, se encuentran en una etapa de tregua unilateral en cualquier acción de hostigamiento. Están actuando, más bien, en el contexto de una lucha estrictamente política. El EPR porque de ese modo busca dar muestras de buena voluntad en el marco de las gestiones que realiza la Comisión de Mediación ante el gobierno federal. Y las demás organizaciones que también se adhirieron a la tregua, lo hicieron por solidaridad con los eperristas, y para lograr la localización de los desaparecidos. Sólo los que desconocen todo esto, sostienen dichos como el de la “narcoguerrilla”.

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Sección 22 del SNTE: públicamente no participará en comicios

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+ AMLO hará lo mismo… Aunque los dos sí serán determinantes

Entre los resolutivos de su más reciente Congreso Político, la Asamblea General de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, resolvió apegarse a sus principios rectores y no participar en el proceso electoral apoyando a partido político o candidato alguno. Ésta es una determinación particularmente similar a la asumida por el ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Ambas ocurren no en función del PRI, sino de la alianza de partidos de oposición, que encabeza Gabino Cué Monteagudo. ¿De verdad no participarán estos dos grupos en las definiciones políticas de Oaxaca?

El asunto no es intrascendente. Porque si bien es cierto que gran parte del proceso electoral se determina a través de las estructuras partidistas y los sistemas de captación de votos, nadie puede desdeñar que los dos bloques más sólidos de la oposición en la entidad se encuentran en manos tanto de López Obrador, como del magisterio aglutinado en la Sección 22. Invariablemente, era determinante conocer qué postura asumiría cada uno de éstos, respecto a lo decidido por las fuerzas políticas con las que simpatizan.

Desde el primer momento, el ex Candidato presidencial se asumió en una postura de rechazo a las alianzas partidistas. Inicialmente, se consideró que la resistencia propia de AMLO impediría la conformación de alianzas electorales. Había razones de sobra para suponerlo: Por lo menos la mitad de la estructura formal del PRD —si no es que más— tiene simpatías directas con el tabasqueño y le profesa obediencia incondicional a su llamado. Además, AMLO tiene el control casi total del PT y Convergencia e, independientemente de los errores que ha cometido, actualmente él es el líder indiscutible de la izquierda mexicana.

Sin embargo, contra todos los pronósticos, lo único que ocurrió fue su resistencia personal. Quienes consideran que la política es una práctica bipolar desprovista de matices y puntos intermedios, consideraron que la negativa de López Obrador a sumarse personalmente a la alianza opositora de Oaxaca, equivaldría al descobijo total de la misma.

Tampoco ocurrió así. AMLO no ha venido, y quizá no venga a Oaxaca a hacer campaña en apoyo a Gabino Cué, por una supuesta convicción personal que en realidad está cargada de conveniencias. Pero paulatinamente se hará evidente que una parte fundamental de las estructuras electorales que trabajaron a su favor en el proceso electoral federal, sí se encuentran en la entidad haciendo campaña a favor del senador con licencia Cué Monteagudo.

Además, hasta en lo formal él sí participa aunque a través de terceros. ¿No fue una definición a nivel nacional, exigida por López, que al menos el PT se abstuviera de participar en los procesos electorales estatales del presente año, en alianza con las fuerzas de derecha? Inicialmente, el PT asumió la determinación. Pero particularmente en Oaxaca, sus instancias políticas decidieron que era prioritaria la “democratización” y la “transición a la democracia” sobre las exigencias del tabasqueño, y decidieron continuar con las alianzas. Finalmente, y como se esperaba, frente a esas decisiones, AMLO no rompió ni con el PRD, ni con el PT ni mucho menos con Convergencia.

S-22, EN ESPEJO DE AMLO

Recientemente, la Sección 22 decidió algo similar a López Obrador. En su II Congreso Político establecieron su rechazo “a todo tipo de control político del estado, partidos políticos o corrientes ideológicas”, y por esa razón decidieron “no sumarse a ningún candidato, Partido o Alianza Partidista”. ¿Esto equivale a que se desentenderán por completo del proceso electoral?

Evidentemente, la respuesta es “no”. La decisión del Sindicato magisterial tiene su origen en la misma razón que López Obrador. Frente a las fuerzas de izquierda, el tabasqueño es el líder icónico que sostiene —no sin desgaste— los principios ideológicos y de congruencia política que no es posible poner en riesgo. En el caso de AMLO, si éste flaquea y externa públicamente su simpatía a posibles alianzas con la derecha, el pragmatismo y el descrédito se desbordaría contaminando todo lo preservado que hasta hoy tienen los partidos de izquierda.

Eso, en su caso, es lo mismo que ocurre con la Sección 22. Éste sindicato ha sido siempre un factor definitorio entre las fuerzas de oposición en Oaxaca, y han participado de un modo esencial en la ideologización y movilización política de amplios sectores de la población, no tanto en apoyo de un candidato como en la defenestración y desgaste de las fuerzas, grupos y partidos políticos que les son adversos.

Si esto es así, entonces ¿por qué no participar del proceso electoral? Porque la acción política de la Sección 22 tiene límites. Pongamos el asunto en perspectiva. El llamado “magisterio democrático” decidió no participar activa y abiertamente del proceso electoral porque su accionar sindical y político es distinto al de las fuerzas partidistas.

Es decir, que independientemente de que apoyen o no con disimulo a tal o cual partido, alianza o candidato, ellos no generarán compromisos incondicionales o de largo plazo. Gane los comicios Gabino Cué o Eviel Pérez Magaña, la Sección 22 continuará siendo una fuerza opositora pujante, que estará dispuesta a todo —y cuando decimos que a todo, es a todo— para ver satisfechos sus objetivos de lucha.

Sin embargo, ¿no es participación activa en política la que han hecho permanentemente? Con el solo paso del tiempo, veremos cómo el magisterio delineará una agenda paralela a la del proceso electoral, y cada que puedan harán sentir su presencia con singular fortaleza. Mayo, que siempre es el mes de algidez por las exigencias de la Sección 22, este año se encontrará particularmente enmarcada por el proceso electoral. Y, lo digan o no, con su trabajo previo de “concientización” y la ejecución de su agenda propia, ellos sí estarán participando del proceso electoral.

DISCURSO ¿CONCILIADOR?

Eviel Pérez Magaña, hoy candidato priista a la gubernatura, ha reiterado su voluntad por la conciliación y el respeto a sus adversarios. ¿Por qué? Porque desde ahora mismo debe comenzar a distender. Y si gana, más. Sabe, con razón, que allende su partido las cosas no se arreglan con disciplina o manotazos, sino con sensibilidad real. ¿Su nueva “burbuja” lo entenderá?

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Oaxaca: los problemas no se arreglan con tener esperanzas

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+ Candidatos: insistir en cuándo escucharemos sus propuestas

Terminaron las precampañas, y los oaxaqueños fuimos nuevamente testigos de cómo un candidato puede hablar mucho sin decir nada. Los discursos dirigidos a las respectivas militancias partidistas se centraron en las necesidades más apremiantes que enfrenta Oaxaca, sus rezagos históricos y los anhelos para el futuro. Pero hasta ahora, sigue siendo prácticamente nada lo que se ha dicho y comprendido sobre el proyecto de gobierno que debía ser la base de la decisión que tome cada ciudadano en relación a su voto.

¿Cómo hablar de una democracia sustentable y de avanzada, cuando todo se sigue definiendo en base a las reglas del pasado? No es responsabilidad de un partido, ni de un grupo de poder, que hoy las campañas proselitistas continúen rigiéndose por el blof, los eslóganes y la demagogia. Es, en realidad, consecuencia de que el entramado político en el que se desarrolla el proselitismo y los intentos de propuesta política, sigue siendo exactamente el mismo del pasado.

Tendríamos que preguntarnos, con más conciencia, por qué —como lo aseguran las mismas fuerzas políticas que hoy se disputan el poder— Oaxaca es el punto emblemático de todos los comicios locales que se avecinan para este año 2010 y los próximos dos años. Sin lugar a dudas, la particular cuestión “emblemática” que atrae a las fuerzas políticas a librar aquí la más enconada de sus batallas, no tiene que ver con la democracia. Sino exactamente con lo contrario.

¿De qué hablamos? De que Oaxaca es un desafío para cualquier fuerza política, no por la limpieza, competitividad, equidad o democracia de sus procesos electorales, sino porque éste continúa siendo uno de los escenarios políticos que presenta mayores atrasos, que tienen mayores posibilidades de ser manipulado con dinero o estrategias de “ingeniería electoral”, y que menos exigencias serias presenta por parte de los ciudadanos a los partidos y sus respectivos candidatos.

Por eso, y no por democrático, es que aquí vienen, por un lado, el Partido Revolucionario Institucional, y por el otro Acción Nacional en alianza con el PRD, PT y Convergencia, a jugarse su futuro. Cada uno viene a demostrar a éstos comicios, que continúa teniendo la posibilidad de ganar todo a pesar de no competir, democráticamente, en nada. Vienen a reiterar a Oaxaca todas las estrategias a través de las cuales se puede intervenir en un proceso electoral, a través del dinero público, las estructuras electorales o la manipulación, sin siquiera preocuparse por hablar de los cambios democráticos que en realidad nadie de ellos parece desear, ni el elector pretende exigir.

¿No es exactamente eso lo que vienen aquí a disputar? Sin lugar a dudas, quien gane los comicios de Oaxaca se sentirá formalmente preparado para las batallas electorales previas a la de 2012, y tendrá la confianza para asistir al proceso electoral federal con estrategias afinadas, que permiten ganar comicios sin hacer propuestas verdaderas, sin establecer al ciudadano común un esquema claro y exigible de cómo será el gobierno, y sin comprometer nada más que no sean los simples capitales electorales. ¿A poco no es eso lo que en realidad se viene a afinar a Oaxaca?

PROPUESTAS NULAS

Unos y otros, los precandidatos a la gubernatura del Estado han enumerado los rezagos históricos de nuestro estado. ¿De qué sirve, por ejemplo, denunciar la pobreza, cuando se pretende hacer creer que ésta se soluciona a través de voluntades, de fórmulas mágicas o en un solo sexenio? ¿Cómo hablar de las grandes transformaciones, cuando lo primero que se ha mantenido en el pasmo es la evolución democrática y de las instituciones, que aquí debió ocurrir desde hace décadas pero se mantiene prácticamente intacta desde no menos de medio siglo? ¿No es todo eso un mero discurso de demagogia?

Más bien, lo que el oaxaqueño serio y comprometido tendría que estar esperando, junto con la estrategia electoral, es esa propuesta y esa honradez —por lo menos discursiva— que nunca llega. Es cierto que todo esto parece ser parte de un idealismo, que se deshace ante la risa burlona de todo aquel que cree entender que el poder es mero pragmatismo. Sin embargo, por considerar que la política es la sola disputa por los cargos, por los privilegios y por el manejo de un presupuesto público, es que nuestro país —y qué decir de Oaxaca— se ha estancado por completo y no encuentra el camino para dinamizar a un Estado que hoy enfrenta una morbidez galopante.

Oaxaca hoy, tendría que estar viviendo una disputa electoral que estuviera fundamentada en mucho más que propuestas fatuas y meros discursos de esperanza. No está mal que un candidato sostenga que con carreteras se soluciona todo, y que su contraparte se jacte de decir que mientras haya una esperanza se va a poder lograr la transformación. Pero, en la realidad de la gran mayoría de los oaxaqueños, hace falta mucho más que eso para transformar las condiciones de vida y la realidad social.

Causa al menos alarma que todo se le fíe a las despensas y a la operación electoral, y que nadie se ocupe de lo verdaderamente sustancial de los procesos políticos. Aquí el poder se sigue disputando como si fuera un mero asunto de simpatías electorales o de compra de votos, para que quien lo gane en las urnas vea después qué hace con él, y si procura —por mera buena voluntad, e incluso para que se le celebre y se le recuerde como un “gran reformador”— alguna mejora al sistema político, a la democracia o a las instituciones.

Lo que parece claro es que nadie desea, ni comprende a cabalidad, cómo enfrentar el enorme reto que representa Oaxaca. Si el cúmulo de rezagos, desatenciones y cambios postergados se mira en perspectiva, podría verse que resolver lo electoral es lo menos complicado. Sin embargo, nadie desea entrar de verdad en esa discusión. Todos prefieren quedarse en el discurso falsamente reformista o esperanzador, que finalmente termina sirviendo para nada.

PRECAMPAÑAS

Las precampañas, que formalmente concluyeron, fueron escenario de todo tipo de excesos, dispendios y transgresiones a las normas electorales. Pero como todos los partidos fueron parte de lo mismo, nadie impugnará nada. Qué democracia la nuestra.

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Reforma a la Ley del Notariado, beneficiará discrecionalidad

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­­+ Modificación urgente, la que clarifique entrega de patentes

A través de un comunicado, el Congreso del Estado dio a conocer la admisión y remisión a análisis, de una propuesta de reforma a la Ley del Notariado, que pretende disminuir la edad mínima para que los profesionales del derecho puedan participar por el otorgamiento de una patente notarial. Esta reforma, de la que no se pone en duda su practicidad y benevolencia, en realidad relega otras modificaciones más urgentes que deberían hacerse a la norma respectiva, para terminar con la corrupción y las manipulaciones —tan conocidas actualmente— que hoy existe alrededor de la actividad notarial en Oaxaca.

¿Qué es un notario? De acuerdo con el artículo 2 de la ley comentada, éste es “es el profesional del derecho investido de fe pública, facultado para hacer constar la autenticidad de los actos y hechos a los que por disposición de la Ley o por voluntad de los interesados, se les deba dar formalidad de carácter público”. En el artículo 12 se establece, entre los requisitos para obtener la patente notarial, que el aspirante debe tener la edad de 35 años cumplidos; y en los artículos subsecuentes se establece el mecanismo a través del cual se otorga, mediante concurso, el fíat correspondiente.

¿Cómo se realiza, en teoría, ese concurso? A través de dos exámenes —uno teórico y el otro práctico— realizados ante un jurado compuesto por cinco integrantes. Uno de los cinco evaluadores, de acuerdo con el artículo 17 de la ley vigente, es un representante del Ejecutivo del Estado; el segundo es el Director General de Notarías. El tercero, el Director Jurídico de la Secretaría General de Gobierno; el cuarto, el Presidente del Colegio de Notarios, y el quinto, un Notario propuesto por el Colegio.

Pongamos el asunto en una perspectiva mucho más amplia, que la del solo rubro de la edad mínima para poder ingresar a dicho concurso. Es loable, y quizá hasta benéfico, que ciertas normas estatales atraviesen por procesos evolutivos para hacerlas más dinámicas y acordes con la realidad social. Sin embargo, es evidente que ante la sola enunciación del proceso para el otorgamiento de patentes notariales, el asunto de la edad se vuelve lo menos relevante de todo.

¿Por qué? Porque según lo que dice la propia norma, todo se ­queda entre ellos. Es decir, que aún cuando la misma Ley del Notariado exige más de una docena de requisitos no dispensables para poder ingresar a un concurso para el otorgamiento de patentes de fe pública, no existe garantía alguna de que el proceso mismo de admisión y competencia son los correctos, o que todo se lleva a cabo como debería.

La sola concurrencia del Poder Ejecutivo y el Colegio de Notarios en este asunto, y según lo visto, no es garantía de que todo ocurra con limpieza e incluso apegado a los principios mínimos que establece la norma. Porque en las condiciones actuales —y más allá de los eufemismos o las presunciones fantasiosas de buena fe—, en realidad todo queda en un alto grado de opacidad y discrecionalidad que no es saludable para nadie.

PROBLEMAS REALES

En diciembre del año pasado, y antes que nadie, en este espacio se establecieron algunos detalles importantes sobre la galopante corrupción que presuntamente existió en el otorgamiento de algunas decenas de patentes notariales, durante la presente administración. Frente a ello, los involucrados en la propuesta de disminución de la edad requerida para aspirar a convertirse en fedatario, tendrían que preguntarse con mayor congruencia cuál de esos dos problemas es más urgente de abordar y resolver.

Teóricamente, no existe más fundamento que el pragmatismo, para tratar de emprender un intento de disminución en la edad mínima para acceder al notariado. Se supone que, al igual que otras figuras como la de la función y experiencia política de los senadores, la del Notario es una función jurídica que corresponde no sólo al profesional del derecho, sino a aquel que cubriendo ese requisito revise ciertas capacidades, experiencia y preparación profesional específica para ser investido nada menos que con la fe pública.

Por eso, anteriormente, la edad mínima exigida tanto para unos como para otros, era no menor a los 35 años. Esto, para presuponer que las capacidades y conocimientos adquiridos se encontraran ya consolidados por la madurez que otorga el paso del tiempo.

Sin embargo, ante la realidad, estos no son más que idealismos. En el caso de los senadores, los requerimientos de la práctica del poder, y los acuerdos políticos entre fuerzas partidistas, llevaron a modificar, hace no más de una década, la edad mínima para acceder a la Cámara alta. Hoy, algo más o menos similar —es decir, fundado en intereses y no en preocupaciones reales por el ejercicio notarial— es lo que pretende positivizar una exigencia que nadie sabe si acarreará los beneficios reales que tanto se pregonan.

Así, parece evidente que lo de menos es que “profesionales jóvenes” puedan acceder a los concursos para el otorgamiento de las patentes notariales. Jóvenes o longevos, lo verdaderamente importante, prioritario y trascendental tendría que ser que sólo les fuera extendido el fíat notarial a quienes cumplieran cabalmente con todos los requerimientos, que fueran los profesionales del derecho mejor preparados, y que de cara a la sociedad —y no sólo ante representantes gubernamentales, y de los colegios notariales, que son una auténtica mafia— demostraran sus conocimientos, a través de exámenes confiables y con posibilidad de ser revisados y corroborados no sólo por los involucrados, sino por cualquier persona.

Un fíat notarial no es una concesión del transporte público. La fe pública reviste importancia trascendental para toda la sociedad. Por eso, si los diputados que integran el Congreso del Estado ya admitieron la propuesta de reforma que aquí se menciona, ahora también deberían preocuparse por las modificaciones que verdaderamente otorgarían certeza jurídica y legitimidad a la actividad notarial.

GRAN NEGOCIO

Modificar la edad mínima para ser Notario, sólo ensanchará las vías para la realización de un amplio negocio de corrupción, discrecionalidad y tráfico de influencias, que es escandaloso y que, por sus propias responsabilidades, la autoridad se niega a indagar.

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Procuración de Justicia: uno de los más grandes pendientes

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+ Cambios en subprocuradurías: nada bueno puede esperarse

 

Uno de los más grandes fracasos de la presente administración estatal, es el de la procuración de justicia. A pesar de que en los últimos años la institución ministerial ha sido objeto de modificaciones legales para tratar de fortalecer sus tareas y alcances, la incapacidad y la falta de compromiso de quienes la han tenido a su cargo, ha ocasionado que el ciudadano común la perciba más como un ente inoperante, que como órgano garante de la persecución de los delitos, que debería ser y no es.

¿De qué hablamos? De que, por lo menos en los últimos tres años, la Procuraduría General de Justicia del Estado, ha sido una de las dependencias estatales más cuestionadas por su falta de resultados. El problema, sin embargo, no sólo radica en todo lo deficiente y simuladora que fue la actuación de Evencio Nicolás Martínez Ramírez como Procurador, sino que más allá de él, existen hoy poquísimas posibilidades de que, en esa institución, la situación mejore.

¿Por qué? Porque tal parece que Evencio Martínez se fue, pero no se fue de la Procuraduría. Esto porque fue su influencia directa la que determinó su relevo en el órgano de procuración de justicia. El ahora ex Procurador, nunca ocultó la estrecha relación fraternal hacia la entonces subprocuradora de Justicia para Adolescentes, María de la Luz Candelaria Chiñas, a quien trata con la calidad de “comadre” en actividades privadas y públicas. Y desde hace 20 días, ésta despacha como Procuradora, gracias a la intercesión y los buenos oficios de su compadre Martínez Ramírez.

Esto significa, en términos sencillos, que ahí todo parece haberse movido para quedar igual. Más allá de la rotación formal de nombres y cargos, el problema de fondo es que ninguno de estos relevos es garantía de que la actuación de la Procuraduría tendrá cambios positivos, y que ahora sí la ciudadanía podrá sentirse protegida y tutelada por el Ministerio Público del Estado.

María de la Luz Candelaria Chiñas, por la evidente maniobra de influyentismo y compadrazgo por la que accedió a su actual cargo, tiene ya sobre sí fuertes cuestionamientos. Lo previsible —ojalá estemos equivocados—, es que actúe bajo la misma dinámica de desgano, autoengaño y simulación en la que se ha mantenido esa institución, que ha sido manejada con más mortificaciones que determinación por hacer la labor que le corresponde.

¿Cómo pensar en cambios positivos? Podría suponerse, en un primer momento, que el arribo de una nueva titular podría generar actitudes más determinadas. Poco es, sin embargo, lo que en realidad se ha visto al respecto. Del mismo modo, podría suponerse que la Procuradora se habría de rodear de mejores elementos que los que secundaron en sus funciones a Martínez Ramírez. Para no variar, es prácticamente nada lo que se puede decir al respecto.

 

DE MAL EN PEOR

Apenas unos días después de la emigración de Evencio Martínez de la Procuraduría de Justicia a la Secretaría de Gobierno, el subprocurador de Justicia Restaurativa, Pedro Celestino Guzmán Rodríguez, presentó la renuncia a su cargo. Habría de ser nombrado, días después, y en el total sigilo, como coordinador de asesores de la General de Gobierno. Este fue un movimiento que provocó perjuicios en varios frentes.

Primero, porque el nombramiento de Martínez Ramírez, y el posterior de Guzmán Rodríguez, vinieron a romper equilibrios ciertamente delicados que ya se habían logrado en la Secretaría de Gobierno para el desempeño de sus funciones. El arribo de ambos funcionarios generó una tensión particular entre los servidores públicos de la dependencia, que de inmediato provocó efectos negativos en la atención a conflictos que, hasta entonces, no habían dado mayores problemas.

Ambos, Martínez y Rodríguez, llegaron tratando de imponer un nuevo orden, a una dependencia que ni conocían ni mucho menos entendían. El primero, por creer que en la Secretaría de Gobierno las cosas podían resolverse —o sobrellevarse— a través de la simulación. Y el segundo, por considerar que la dependencia encargada de la gobernabilidad estatal, es un despacho jurídico, una mera oficina burocrática, o parte de sus posesiones particulares.

Algunos detalles, que sin ningún problema se pueden corroborar, pintan de cuerpo entero a quienes tienen en sus manos el manejo oficial de la gobernabilidad del Estado. Guzmán Rodríguez abandonó su cargo en la Procuraduría de Justicia dejando, literalmente, nada a su relevo. Fuentes de la dependencia, aseguran que éste continúa ocupando los enseres, vehículos, teléfonos celulares y hasta artículos de oficina que se ha resistido a devolver a la institución a la que desde hace semanas dejó de pertenecer.

¿Y quién ocupa hoy el cargo ministerial al que renunció Guzmán Rodríguez? Una funcionaria de nombre Edna Liliana Sánchez Cortés. De acuerdo al comunicado oficial emitido por dependencia al anunciar su designación, ésta tiene como únicas referencias el haberse desempeñado como abogada postulante y ex diputada local, “entre otros cargos” que no se detallan.

Existen, por lo menos, tres cuestionamientos importantes sobre esta funcionaria. El primero de ellos, es su total inexperiencia en la nada sencilla labor de la justicia restaurativa. Lo que hasta hoy ha dicho a la prensa sobre su nueva encomienda, lejos de beneficiarla deja ver su amplio desconocimiento del tema. El segundo, es que en el Juzgado Segundo Penal se le sigue un proceso judicial, por haber atacado a golpes y lesionado, en julio de 2009, a una mujer en un cine de la capital oaxaqueña.

Un tercer cuestionamiento, no menos grave, es el marcado activismo electoral que trata de hacer a través de su cargo. Hace no más de diez días que arribó a la PGJE, y Sánchez Cortés ha pretendido que los servidores públicos a su cargo asistan, en horas de trabajo, a actos proselitistas del Partido Revolucionario Institucional. 

¿CUÁL CAMBIO?

Con esos funcionarios, ¿qué eficiencia podemos esperar de la Procuraduría? Es alarmante que en esa institución siga reinando la improvisación, la prepotencia y la simulación. Así, ¿cómo quieren “no fallarle” a los ciudadanos? Qué desgracia.

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