En esta página se pueden constatar, en tiempo real, los porcentajes de votación de los candidatos a gobernador, diputados y presidentes municipales en Oaxaca:
http://www.prepoaxaca.org/index.cfm
Hasta las 3 am del lunes 5 de julio, el triunfo es para el candidato a Gobernador de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso, Gabino Cué Monteagudo.
+ Competitividad: paradójico lastre para nuestra democracia
Más que el resultado de la jornada electoral —del cual, en las primeras horas del lunes ya deben existir referencias claras—, a los oaxaqueños debía causarnos preocupación el nivel tan bajo al que hemos llevado el ejercicio más básico de la democracia, que es el sufragio. Prácticamente todos los elementos que, en otro escenario democrático, harían de una competencia electoral un ejercicio altamente perfeccionado, en nuestro medio resultan ser lastres. En cada jornada electoral, corroboramos los vicios del sistema político, pero no valoramos los avances democráticos que se minimizan, se vulneran y se soslayan.
En general, la jornada electoral de ayer podría ser considerada como un ejercicio de alto perfeccionamiento, si es que se toman en cuenta sólo los elementos objetivos. Es decir, que en esta contienda hubo pluralidad de opciones políticas; que las campañas se realizaron conforme a normas electorales modernas y consensadas; que las instancias encargadas de regular y organizar los comicios pudieron lograrlo sin mayores contratiempos; y que en el desarrollo de la jornada, los ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla y observadores, tuvieron un papel determinante para constatar la limpieza y respeto habido a la decisión ciudadana expresada en votos. Al sólo tomarse en cuenta estos elementos, es que se asegura que la democracia electoral mexicana es de las más avanzadas del mundo.
Sin embargo, es necesario considerar también los elementos subjetivos. Es decir, todas las cuestiones de hecho que menguan la limpieza, independencia y certeza en la realización de la jornada electoral, y que menoscaban el derecho de los ciudadanos a emitir su voto con entera libertad, secrecía y universalidad. Es claro que frente a cada uno de los avances logrados en nuestro sistema electoral, se ha creado una antítesis basada en mañas, prácticas indebidas y transgresiones a la ley, que son las que siguen haciendo cuestionable cualquier resultado electoral, que sea distinto al triunfo aplastante de una fuerza política sobre otra.
En una democracia civilizada y moderna, alejada de los vicios electorales que aquejan a nuestro país, sería un signo claro de “salud política” que frente a la elección de nuevos representantes populares, hubiera un alto nivel de competencia; que entre las fuerzas políticas que luchan por el poder, en el poder o contra el poder, hubiera alianzas sólidas que plantearan esquemas de gobierno unificados, y que como opción de gobierno brindaran desarrollo y gobernabilidad a los electores.
Sería, además, un signo indiscutible de civilidad que, como ocurre en México, la jornada electoral fuera organizada por ciudadanos: es decir, que éstos fueran quienes encabezaran las casillas, recibieran y contaran los votos, y que fueran los encargados de vigilar que éstos se sumaran con claridad al conteo final de sufragios, para garantizar la efectiva participación ciudadana. E incluso, no tendría que ser dañino que la decisión final fuese revisada por tribunales jurisdiccionales especializados en materia electoral, para corroborar no sólo un correcto procesamiento y conteo de los votos, sino que también pudieran verificar el cumplimiento de los principios mínimos de legalidad que se deben cumplir en el proceso electoral.
Toda esta enumeración sería, en otra democracia, una garantía de perfeccionamiento, civilidad y certeza. En la nuestra, más bien parece un lastre del que no hemos encontrado la fórmula para superar.
SIGNOS PREOCUPANTES
Veamos el caso de Oaxaca. Aquí, en la jornada electoral de ayer, se cumplieron prácticamente con todos los requisitos democráticos antes enumerados. Sin embargo, desde las primeras horas de la tarde, diversos grupos políticos —como algunos grupos radicales de la Sección 22— discutían a nivel interno la posibilidad de iniciar protestas por un posible fraude electoral, a pesar de que no se había reportado aún ninguna cifra preliminar confiable sobre las tendencias del voto.
Antes de que eso ocurriera, ya se había puesto en duda la confiabilidad del Instituto Estatal Electoral; se había cuestionado el funcionamiento del Programa de Resultados Preliminares; emergieron acusaciones sobre el uso de recursos públicos para cooptar o condicionar el voto; se denunció la presencia de operadores dispuestos a comprar o coaccionar los sufragios; se descubrió a grupos de personas que, presuntamente, trataban de generar violencia, robar urnas, quemar boletas, o simplemente encender los ánimos de una población que fácilmente se puede tornar enardecida.
Incluso, era previsible que ante cualquier imperfección, se acusara nuevamente el relleno de urnas, el “mapacheo” de casillas, o aquel fatídico lugar común relacionado con el fraude a través de “la caída del sistema”, como solía ocurrir cuando regían reglas electorales anticuadas, que en nada se parecen a las actuales.
Además, para mal de esta maltrecha democracia, todas las tendencias recogidas hasta las primeras horas de la tarde de ayer, apuntaban a que estos comicios estatales que fueron competidos, participativos, ríspidos y trepidantes, posiblemente terminarían en lo que comúnmente se conoce como un “empate técnico”; es decir, en una diferencia de votos tan mínima, que sería necesario contar todos los sufragios antes de saber quién obtuvo el triunfo.
Si este vaticinio se cumple, ¿cuál será el escenario? Seguramente, de inconformidades, protestas, posibles acciones de resistencia civil, e incluso de confrontación violenta. Ninguna de las garantías de certeza en estos comicios cumple con su cometido, porque han sido los propios partidos y sus operadores, quienes han creado un vicio a partir de cada virtud, y porque somos las personas quienes no parecemos estar preparados para afrontar civilizadamente los resultados de una contienda altamente compleja y competitiva.
¿DEMOCRACIA APLASTANTE?
Para tener certeza de los resultados, se supone comúnmente, la votación tendría que ser aplastante a favor de un candidato. Esto no ocurrirá en Oaxaca. Y como no será así, lo tenemos enfrente es un escenario seguro de más convulsión. Será la constatación de que somos las personas, y no el sistema, lo que resulta un lastre para nuestra democracia electoral.
Twitter: @aortizromero
Blog: almargenoaxaca.wordpress.com
El pasado 29 de junio, murió ejecutado el candidato del PRI al Gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. Este hecho, abominable en sí mismo, redimensionó la crisis institucional que se vive en el país por la lucha contra el crimen organizado. El gobierno federal, que ha esgrimido la guerra antidrogas y por la seguridad pública, como su principal bandera de gobierno durante toda la administración, entró en fuertes cuestionamientos y contradicciones.
El hecho reveló, en su brutal magnitud, que el Estado ha sido incapaz de articular una estrategia eficaz contra los criminales, que éstos continúan teniendo una capacidad de fuego y operativa capaz de lograr ejecuciones de alto impacto con toda libertad e impunidad; el crimen organizado no tiene límites y, sobre todo, que la guerra paralela que se ha emprendido desde la Casa Presidencial, contra sus adversarios políticos, hoy tiene al país en un estado de crispación tal, que los llamados presidenciales al más alto nivel para revisar las estrategias contra el crimen organizado y articular estrategias conjuntas, son calificados sin ningún rubor, como electoreros y oportunistas.
Ante ese escenario, cabe preguntarnos: ¿en qué nivel de descomposición están tanto la seguridad pública, como la convivencia política en el país? Es cierto que en una guerra las bajas humanas son uno de los elementos imprescindibles. Sin embargo, en el sentido más estricto, la que hoy se libra no tendría que ser calificada por el mismo Estado como tal: en una conflagración armada, denominada como “guerra” se enfrentan dos Estados soberanos, cada uno por defender una posición que considera legítima, y por la cual vale la pena enfrentarse con las armas.
En el caso mexicano, la guerra no es tal: mientras el Estado se encuentra perfectamente legitimado para hacer uso de la fuerza en contra de quienes transgreden la ley, el crimen organizado (narcotraficantes, secuestradores, falsificadores, contrabandistas, asaltantes y demás) constituyen un frente amorfo que, de sí, carecen de toda legitimación tanto en sus métodos como en sus principios, e incluso en su composición. Desde la sola denominación, el Estado mexicano legitimó la lucha y los postulados de un enemigo que no tiene denominación exacta, ni principios claros, y mucho menos normas o convicciones que los rijan para continuar la lucha.
No obstante, el de la denominación parece ser apenas el primero de los problemas. Acaso, en todo esto, el más grave, es que más allá de los dichos y las acusaciones electoreras o partidistas de oposición, la estrategia anticrimen del gobierno federal ha demostrado una ineficacia profunda. Se pensó inicialmente que con la utilización de las fuerzas armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) las labores de acotamiento y persecución en las zonas de influencia del crimen organizado, se harían con éxito e incluso con mayor contundencia y rapidez que valiéndose de las corporaciones de seguridad pública.
Los hechos demostraron lo contrario. Existen estadísticas serias que demuestran que en cada uno de los estados donde hizo presencia el Ejército para combatir a los criminales, los índices de inseguridad y violencia no sólo no disminuyeron sino que, al contrario, se incrementaron de modo importante. Hoy, territorios que antes tenían niveles “medianos” en cuanto a acciones criminales, hoy están avasallados por la inseguridad. Para el gobierno federal, la guerra anticrimen se ha convertido en un asunto incontrolable que, además, no parece tener solución ni consenso frente a las demás fuerzas políticas con influencia en el país.
El escenario, así, parece ser el peor: no existe salida cercana al problema de la inseguridad; la interlocución política está prácticamente rota debido a este fracaso, y a las afrentas recientes que se abrieron con las fuerzas políticas de oposición a raíz del proceso electoral. Las banderas del gobierno federal agonizan. Y la administración del presidente Felipe Calderón parece estar sepultada en todas sus posibilidades de generar un cambio sustantivo que pueda ser bien recibido por la ciudadanía.
CRIMEN POLÍTICO
No existen elementos para asegurar que el homicidio del candidato Rodolfo Torre Cantú, ocurrido el lunes en Tamaulipas, tenga un móvil o motivación política. Sin embargo, para efectos prácticos, ese hecho sí modificó el escenario político-electoral no sólo de aquella entidad, sino de todo el país. Los efectos trepidantes de esta convulsión abominable, se dejaron sentir a nivel nacional e internacional.
De acuerdo con sobrevivientes al ataque, un grupo de hombres vestidos con uniformes de la Marina Armada de México interceptó los dos vehículos en que viajaban el Abanderado priista y sus más cercanos colaboradores, en la carretera que conduce al aeropuerto de Ciudad Victoria. Teniendo información privilegiada sobre las acciones, agenda y ruta de desplazamiento de su objetivo, los sicarios bloquearon con un vehículo pesado la carretera justo ante el paso del convoy priista. Los ejecutores marcaron el alto a las camionetas, sus ocupantes descendieron ante la posible confianza por los elementos militares, y todos fueron atacados certeramente, siendo el principal objetivo el de ultimar al abanderado.
El hecho desató una ola convulsiva que hacía mucho tiempo no se veía en México. Desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ocurrido en marzo de 1994, no se había vuelto a atentar consumadamente en contra de un aspirante a cargo público. Sea como sea, independientemente del partido o la entidad, el hecho de que se asesine violentamente a un candidato a Gobernador se convierte en un hecho de trascendencia profunda y motivo de cuestionamiento para un Estado que si no tiene la capacidad de prevenir este tipo de crímenes de alto impacto, mucho menos lo tendría de salvaguardar a la población civil que está expuesta a todo tipo de agresiones.
¿Y LA INICIATIVA MÉRIDA?
En enero de 2007, el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, George W. Bush vino a México a proponer a su homólogo que recién había tomado las riendas del país, Felipe Calderón, un pacto para luchar conjuntamente contra el crimen organizado. Se prometió participación conjunta de ambos países no sólo para labores policiacas y de investigación, sino también para cortar todas las arterias que dan vida a las bandas criminales.
Al parecer, más allá de la lucha que se libra en las calles, todo lo demás ha fracasado. El gobierno de México ha sido incapaz de desmantelar las estructuras financieras y de provisiones de las bandas criminales. Es decir, que independientemente de las bajas, ellos tienen toda la capacidad para continuar haciendo frente a las fuerzas federales, que tienen el poder de la impunidad para corromper a funcionarios de todos los niveles, y para sostener sus caudales violentos y sus operaciones. Así, lo que hasta ahora ha hecho el gobierno es una simple “poda” de sus bases operativas. Pero las raíces de ese delincuencial negocio continúan intactas, proveyendo de todo lo necesario a quienes hacen del crimen y la violencia su forma de vida.
El gobierno de Estados Unidos ha sido incapaz de responder con eficacia. Han evadido su responsabilidad por el flujo constante de armas desde la frontera norte. Está documentado que alrededor del 90 por ciento de todas las armas que entran al país desde la Unión Americana, tiene como objetivo cubrir las necesidades de las bandas criminales. Así, con ese abastecimiento constante, no existe modo de que los decomisos de dinero o incautación de armas, así como de la aprehensión de simples lugartenientes pero no cabecillas, infieran daños estructurales a las redes criminales.
GUERRA POLÍTICA
La falta de acuerdos políticos y de consenso al más alto nivel, han hecho inviables varios de los puntos de la Iniciativa Mérida. Casi todos, son sustanciales para incrementar el potencial de la lucha anticrimen. Por eso, por esa falta de acuerdos e interlocución para hacer más eficaz la persecución a los cárteles de la droga y la delincuencia organizada, es que hoy el presidente Calderón se encuentra urgido, pero descalificado, para entablar diálogo con las fuerzas partidistas.
A la par de esta guerra contra el crimen, entabló otra contra los partidos. Desgraciadamente, para su causa, ninguna de sus apuestas ha tenido el éxito esperado. El PRI, a quien pretende limitar, es el partido que más ha avanzado en sus objetivos de reposicionamiento. Hoy, para el Presidente es fundamental dialogar con el PRI porque éste representa el equilibrio que su partido no tiene en el Poder Legislativo. Sólo que, por las disputas partidistas, el panismo federal ha descalificado sistemáticamente a un tricolor que ahora se muestra renuente a una forma de entendimiento que no sea bajo la tónica de la autocrítica y la aceptación de responsabilidades por los agravios que se infringieron al calor de la lucha electoral.
PRESIDENTE, SIN SALIDA
La combinación de todos estos hechos y circunstancias políticas, deja en claro que el gobierno de Felipe Calderón ya no tiene un rumbo cierto. El asesinato del candidato Torre Cantú dejó en claro que la lucha, al menos moralmente, ya tiene un fracaso sin regreso. Para efectos políticos, la posibilidad de acuerdos duraderos con las fuerzas opositoras es escasa y tirante. Sus banderas principales están agotadas, y el diálogo prácticamente roto. Así, lo único que parece quedar, es simplemente administrar esta crisis hasta que llegue el 2012. El gobierno federal parece estar en vías de “bajar las cortinas” anticipadamente, respecto a sus principales proyectos de gobierno.
+ FCH terminó con todos los vasos comunicantes de su gestión
La tarde del pasado martes, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes Rangel, lanzó un discurso demoledor. Ante la ejecución del candidato de ese partido al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, la dirigente nacional del tricolor exigió al gobierno federal respeto ante el dolor del priismo, y exigió que se entable diálogo con el gobierno federal, pero frente a los liderazgos auténticos, y más allá del oportunismo. Esta era una respuesta implacable y dolorida, a un gobierno federal que parece estar terminando con todas las posibilidades de reencauzar la principal bandera de su gestión.
¿Qué ocurrió? Que el día previo, el candidato Torre Cantú había sido ejecutado presuntamente por el crimen organizado. En ese marco, el gobierno del presidente Felipe Calderón lanzó un llamado nacional, enésimo, para que las fuerzas políticas hicieran a un lado sus diferencias y asumieran una actitud de Estado para responder al crimen organizado. Los tricolores consideraron que ese llamado, que no es el primero que ocurre frente a la comisión de un delito de alto impacto, tenía como objetivo no el replantear la lucha anticrimen, sino obtener un beneficio político frente al potencial logro de una reconciliación partidista.
La apreciación no parecía del todo equivocada. Apenas unos días antes, agentes del Partido Acción Nacional habían endurecido una campaña de desprestigio en contra de los priistas. Esas acciones incluyeron la difusión de grabaciones telefónicas entre militantes del tricolor, y pretendían poner al descubierto trapacerías y la comisión de delitos electorales. Por si esto fuera poco, en las 12 entidades de la República en las que habrá comicios mañana domingo, los priistas han denunciado la utilización de recursos económicos y humanos del gobierno federal para apuntalar las campañas de los candidatos a cargos de elección popular por los partidos de oposición.
Por eso, quizá, el tricolor asumió como una posición de oportunismo el llamado presidencial ante el crimen del abanderado. En su visión, el hecho requería una respuesta implacable y no un llamado al diálogo. En la denuncia, quedó en evidencia que hasta ahora el gobierno federal ha actuado en base a sus propios criterios, sin dar paso a la autocrítica y sin atender las posiciones discrepantes que se han manifestado desde las dirigencias partidistas, las fracciones parlamentarias o los gobiernos estatales.
Por eso, asumían como una mascarada el hecho de que, ante un crimen abominable, el gobierno federal ahora sí tuviera voluntad política de llamar al diálogo a todos sus adversarios, para que de algún modo éstos legitimaran la lucha y las acciones que ha emprendido fallidamente el gobierno federal en los últimos años.
Al final, los tricolores dijeron que sólo dialogarían después del cuatro de julio, y frente a ciertas condiciones que, extraoficialmente se dicen, tenía que cumplir de inmediato el gobierno federal. Así, lo que la realidad indica es que, de nuevo, todos los problemas fueron aplazados y que sólo serán abordados cuando existan posiciones políticas menos tirantes que las que prevalecen actualmente.
¿CÒMO NOS VEN?
Pareciera que los mexicanos estamos acostumbrados a esta guerra descarnada entre fuerzas políticas y entre facciones partidistas. Pero más allá de nuestras fronteras y nuestra cotidianidad, el crimen del candidato Torre Cantú preocupó y consternó a la comunidad internacional. Llama la atención que, en este sentido, el influyente diario español El País, haya dedicado un editorial en el que emite su posicionamiento y opinión frente a la violencia e ingobernabilidad —por cuestiones de política y de criminalidad— que se vive en nuestro país.
En el texto, se lee lo siguiente: “La guerra del narco en México no solo es tremendamente cruenta -más de 25.000 asesinatos en tres años-, sino que por su misma naturaleza constituye un salvaje espectáculo que lastra dolorosamente la imagen del país. Los últimos episodios: la muerte de un candidato a gobernador de Tamaulipas, una de las 12 gobernaciones que irán a las urnas el domingo, y la de un conocido cantante de narcocorridos ponen de relieve los propósitos de los mafiosos. Pese a que el primero ha sido el peor atentado en casi 20 años, sus objetivos no eran estrictamente políticos, ni a favor ni contra el PRI, al que pertenecía el candidato, como tampoco castigar a un cantante traidor, sino avisar de que nadie está a salvo…”
Y continúa: “¿A qué se debe entonces la imparable carnicería mexicana? Hay dos escuelas de pensamiento. Una crítica a Felipe Calderón por haber desencadenado una ‘guerra innecesaria’, porque quería darle un tono decisivo a su mandato, inaugurado por una ajustada victoria electoral sobre el candidato izquierdista Andrés López Obrador, y para ello había que lanzar una vasta operación contra una red envilecedora, pero que estaba a lo suyo y no quería llamar la atención del poder. Frente a esta teoría, otra argumenta que esa red mafiosa relativamente discreta había ido extendiéndose como una hidra por el cuerpo social, y lenta pero inexorablemente estaba transformando México de conducto entre países productores -como Bolivia, Perú y Colombia- y el gran receptor, Estados Unidos, a una nación de consumidores individuales. Es difícil en este contexto, además de hipócrita, reprochar al presidente mexicano haber tomado la iniciativa de combatir esta lacra hasta sus últimas consecuencias.
“Lo gravísimo, sin embargo, es que esa guerra en la que el Estado se ha implicado a fondo no se está ganando. La intervención del Ejército para sustituir a una policía corrompida no ha hecho sino agudizar la violencia sin resultados apreciables. Y si no hay corrección de rumbo, nos hallaremos ante una tragedia no solo mexicana, sino por extensión latinoamericana. El acechante espectro de un Estado fallido es algo que hoy no se puede permitir el mundo de habla española.”
¿MALA PERCEPCIÓN?
Así nos ven desde España: igual que como nos sentimos nosotros. Es decir, que más allá de los motivos o la utilidad, lo que tenemos enfrente es una batalla de resultados desesperanzadores. Dependerá no sólo de la fuerza, sino del consenso y la sensibilidad que el rumbo cambie. No hay certidumbre frente a la posición tirante, aparente y determinante de las fuerzas políticas.
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+ Fox y Calderón, incapaces de comprender el reto democrático
Hace exactamente diez años, el 2 de julio del año 2000, el candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Vicente Fox Quesada, ganó aventajadamente los comicios federales, para convertirse en el primer Presidente de la República emanado de un partido distinto al Revolucionario Institucional, desde 1929. Su victoria fue asumida como un sinónimo de cambio en el ejercicio del poder público, pero también como un parte aguas para una posible transición a la democracia.
A pesar de que la mayoría de las condiciones políticas en aquel momento estaban dadas, una serie de traspiés, que se replicaron en el siguiente sexenio, tienen hoy al país sumido en una importante crisis política en la que la discusión de fondo, y pendiente, sigue siendo precisamente la de los cambios democráticos que faltan.
Vicente Fox llegó a la Presidencia en un contexto inmejorable. Contrario a todos los cambios sustanciales de régimen habidos en México a lo largo de su historia, éste fue uno de esos casos no comunes en la que la transmisión del poder entre bloques se dio en un contexto de paz, de legalidad y de institucionalidad. Ni siquiera los sectores más recalcitrantes del Revolucionario Institucional, fueron capaces de esgrimir razones para pensar que los comicios habían sido fraudulentos, o que no se había respetado la voluntad popular. Si no abrumadoramente, Fox sí ganó los comicios del año 2000 en un marco de holgura, que hizo constatar su legitimidad incluso frente a los adversarios.
Por si fuera poco, en la Cámara de Diputados el Partido Acción Nacional también tuvo una bancada importante que, sin embargo, no alcanzó la mayoría absoluta. El Senado de la República fue la única de las cámaras federales en las que el priismo mantuvo su hegemonía. Y el otrora poder presidencial —en el que no se distinguían diferencias entre las facultades constitucionales del Titular del Ejecutivo y las del Jefe Político del PRI— se decantó respecto a los gobernadores de las entidades federativas, en las que el tricolor seguía teniendo mayoría.
Aún frente a esa composición de las fuerzas políticas en los principales núcleos del poder público, parecía que a partir del año 2000 estarían puestas todas las condiciones para comenzar un proceso de transición a la democracia. Si el primer paso era el de la alternancia de partidos en el poder federal, el segundo tendría que ser el de la desincorporación del mando y la decisión avasalladora que tenía el Presidente sobre todos los demás actores y grupos políticos del país, para dar paso a formas más democráticas, equilibradas y transparentes en el ejercicio del poder. Eso era lo que se esperaba de Vicente Fox como Primer Mandatario.
Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que la alternancia se quedó en eso. Fox como Presidente, fue incapaz de ver y asumir que el poder tenía que cambiar. Actuó como un gobernante más, pero no como un estadista. A pesar de no tener la mayoría legislativa, pudo haber encauzado reformas importantes —en lo político, económico, y demás— si en lugar de valerse de las posiciones políticamente correctas, hubiera emprendido verdaderas acciones de consenso con las demás fuerzas políticas. Lejos de hacer eso, emprendió una persecución a ciertos actores priistas que terminó en nada, entabló un diálogo lejano, provocador y estridente con el Congreso, y desaprovechó gravemente el bono de legitimidad y credibilidad que, por lo menos en los dos primeros años de su gobierno, le entregó casi incondicionalmente el pueblo mexicano.
El final de ese gobierno lo sabemos todos: la pluralidad política se convirtió en un sinónimo de falta de entendimiento y confrontación no sólo entre el PRI y el PAN, sino entre todas las fuerzas políticas del país. El primer gobierno federal emanado del PAN se negó a reformar el poder para democratizarlo y, lejos de eso, se convirtió en una mala copia del priismo, al disponerse a gobernar con la misma estructura, con los mismos poderes avasalladores y las mismas prácticas antidemocráticas que sus antecesores, para finalmente entregarlo a otro integrante de su partido que tampoco ha podido lograr prácticamente nada de la tan anhelada transición democrática.
PLURALIDAD, ¿DAÑINA?
Hay quienes aseguran que buena parte de la inmovilidad institucional que existe desde hace una década en el país, tiene que ver con el planteamiento constitucional actual de la pluralidad política. En 1997 el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, y lo más cerca que ha estado de recuperarla, es en la actual Legislatura federal, en la que tiene 237 diputados. El problema es que en todo ese periodo, ninguna fuerza política ha conseguido esa ansiada mayoría absoluta en las cámaras federales.
¿Por qué es un problema? Porque en 1997 el gobierno federal era priista, y las fuerzas de oposición tomaron el control de la Cámara de Diputados, oponiéndose por primera vez a algunas decisiones trascendentales del Presidente de la República, que en otro momento se habrían convertido en ley gracias a su mayoría de legisladores. En 2000, el gobierno federal pasó a manos del PAN, pero éste no tuvo la posibilidad ni de interactuar estratégicamente con el Congreso, y tampoco de conseguir la mayoría de diputados y senadores, como para poder consolidar más rápidamente el proyecto democrático —si es que existía— del foxismo.
Esa pluralidad ha sido constante desde entonces, como también lo ha sido la falta de acuerdos. Esto ha sido, en buena medida, gracias no sólo a las torpezas del Presidente en turno, sino también a la visión que tanto critica ahora el PRI al gobierno federal, pero de la que también se ha valido. Los tricolores, como en otro momento los perredistas, han antepuesto el interés de sus grupos al nacional. Por eso, más allá de las discusiones de corto plazo, hoy podemos ver que México no ha resuelto (del modo que sea) la gran mayoría de sus reformas estructurales, y mucho menos lo relativo a la transición democrática.
CASO OAXACA
Hoy que los oaxaqueños estamos en el umbral del proceso electoral para renovar la gubernatura, el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, debemos reflexionar sobre las promesas de cambio y las posibilidades reales de que esto ocurra. Gane quien gane, si no existe voluntad para transformar y democratizar el poder, esto no ocurrirá. Es lamentable lo que ocurre con el país; lo sería más que se replicara, de nuevo, en Oaxaca.
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+ Con “alertas”, coalición opositora sería su propia víctima
Faltando apenas unos diez días para la celebración de los comicios en Oaxaca, la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso cambió radicalmente su discurso y lo hizo virar a la denuncia del potencial fraude electoral. Apuntalaron sus aseveraciones, con la acusación sobre el uso de recursos públicos para la campaña priista, con señalamientos sobre la ilegitimidad del órgano electoral, e incluso respecto a las fallas que ha presentado el programa de resultados electorales preliminares. Al final, esta generación de desconfianza habrá de afectar globalmente al proceso comicial, incluyéndolos a ellos.
Es evidente el lugar común que —tratando de hacerse pasar por válido desde el oficialismo—, apunta a que el discurso sobre el potencial fraude electoral, y la necesaria defensa que hagan las fuerzas opositoras de un triunfo robado, son parte de un sentimiento derrotista que ya existe en el equipo del candidato Gabino Cué Monteagudo.
En realidad, más que anticipar una derrota, lo que parece claro es que los opositores están jugando con fuego. Porque más que declarar lo que sólo las urnas demostrarán (un triunfo o una derrota), lo que están haciendo es desgastar el andamiaje electoral que dará certeza sobre el resultado de los comicios. Veamos por qué.
Las fuerzas de oposición en Oaxaca han denunciado sistemáticamente el uso de recursos públicos a favor de la campaña priista, que habrían sido desviados. El problema es que si ellos han acumulado pruebas físicas, y no sólo sospechas, para apuntalar sus dichos, en la casa de enfrente han hecho exactamente lo mismo. Esta, a pesar de las reiteraciones sobre el “blindaje” en el uso de los recursos del Estado, en general ha sido una de las campañas más suntuosas y costosas de que se tenga memoria. En ambos bandos han echado mano de dineros indebidos, y en ambos se tienen documentadas esas acciones ilegales.
¿Cuál es el problema? Que, finalmente, una cosa será lo que se litigue ante los tribunales competentes, y otra lo que se demuestre ante los ojos del público. Al desacreditar sistemáticamente la legalidad del proceso, los aliancistas opositores se están desacreditando ellos mismos. Si, como dicen, triunfan en las urnas pero les roban la victoria, ellos serán incapaces de demostrar que no incurrieron en las prácticas ilegales que denunciarían.
No obstante, se aparece como más grave lo relativo al órgano electoral, a la desacreditación al programa de resultados preliminares y, sobre todo, a la utilización de lo que ellos denominan como “un programa alterno” de conteo de votos. Hasta el momento, los representantes de los partidos opositores ante el IEE, se han valido de otro lugar común (el de “la caída del sistema”) para generar percepciones distintas a las reales. Pues existe una línea delgada entre la preocupación genuina por las fallas que ha mostrado dicho programa, y la oportunidad que están encontrando en ello para tratar de alimentar la desconfianza sobre los resultados.
RESULTADOS CUESTIONADOS
Es cierto que el PREP resulta ser una herramienta importante para generar certidumbre en los resultados parciales de una jornada electoral. Pero lo que la Coalición opositora pretende revelar, es que nuestro sistema electoral es tan primario y poco confiable como lo era en 1988, cuando ocurrió la primer “caída del sistema” en México, que reacomodó las cifras, a favor del priismo, de aquella elección presidencial.
Hoy el PREP es un indicador que, sin embargo, está lejos de ser determinante. Las normas electorales, y las propias estructuras internas de las fuerzas políticas, poseen diversas herramientas que, independientemente del programa de resultados preliminares, generan indicadores mucho más precisos de la evolución en el conteo de votos.
Si el PREP hiciera la diferencia entre ganar y perder una elección, entonces estarían de más los observadores, los funcionarios ciudadanos de casilla, los representantes acreditados de los partidos políticos, los llamados conteos rápidos o “exit pool”, la concentración interna de actas que se hace desde el momento mismo del cierre de las casillas y, en general, todo el sistema electoral que ha evolucionado en las últimas dos décadas.
Finalmente, ante la derrota, es previsible que cualquiera de las fuerzas políticas (la coalición PRI-PVEM, o la Alianza Opositora) impugne los resultados ante los tribunales electorales locales o federales. Al llegar ahí el resultado de los comicios, éste se validará o echará por tierra en base a todos los elementos objetivos que se aporten; en esa controversia jurisdiccional, lo que menos contarán son elementos como el del PREP, que tanto se impugna en este momento.
¿Cuál es el riesgo de todo esto? Que si la desconfianza asciende y se incrusta en el ánimo de la población, cualquier resultado que dé ventajas mínimas a alguno de los participantes en este proceso, podrá ser impugnado lo mismo ante los tribunales, que ante la opinión de los ciudadanos.
Así, esta posibilidad sólo dejaría de ser riesgosa, si desde este momento la Coalición opositora tiene la certeza de que va a ganar, o que va a perder, por un margen importante de votos. Si no tiene dicha certidumbre, y continúa alimentando el clima de desconfianza, incluso ante un triunfo de la causa opositora, ellos mismos serían cuestionados con facilidad por sus oponentes, utilizando exactamente los mismos argumentos de los que ahora ellos se valen para desacreditar al órgano y a buena parte de los elementos que integran este proceso electoral.
Si se alimenta la incertidumbre, sólo se genera desconfianza. Y ésta arrasa con todo sin tener consideraciones. Si ante el final de las campañas electorales llegó el momento de ver las cosas en su justa dimensión, entonces tendrán que concluirse las andanadas de descalificación. Más que afectar a sus oponentes, podrían estarse preparando, involuntariamente, para el suicidio.
ALARMA SÍSMICA
Ante el movimiento sísmico registrado la madrugada de ayer en tierras oaxaqueñas, ¡lo verdaderamente sorprendente habría sido que sí funcionaran las alarmas sísmicas! Ante cada episodio como éste, los funcionarios encargados del Instituto Estatal de Protección Civil se dicen “extrañados” y “enojados” por la importante inversión hecha para un sistema que nunca ha funcionado cuando y como debería. Eso ha pasado siempre. Y aún con el coraje, nadie ha hecho algo para remediarlo.
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+ Ante triunfo opositor, habrá Congreso adverso ¿y conflicto?
En la construcción de escenarios posibles sobre el resultado de los comicios del próximo 4 de julio en Oaxaca, existe uno que hasta ahora ha sido poco explorado: el de un posible triunfo del candidato a Gobernador de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso, Gabino Cué Monteagudo, pero combinado con una composición del Congreso del Estado, de mayoría priista. De materializarse esa posibilidad, la entidad podría estar lo mismo en el umbral de un conflicto político grave entre partidos y poderes, pero también ante el escenario quizá más potencial de una verdadera transición democrática, plasmada no sólo en dichos o en actitudes, sino en reformas y nuevas leyes.
Oaxaca es una de las entidades en donde mayor competencia electoral existe. Prácticamente desde el inicio de las campañas proselitistas, los equipos de trabajo de los dos principales aspirantes a la gubernatura (Eviel Pérez, y Gabino Cué) se valieron de la difusión de encuestas, como una más de sus herramientas para generar percepciones sobre sus respectivos grados de aceptación popular, y posibilidades de triunfo.
Pronto salieron a relucir sendas inconsistencias sobre la publicación manipulada de esos ejercicios, y por esa razón, para las previsiones serias y desapasionadas, las encuestas difundidas dejaron de ser herramienta confiable para el ciudadano. Todo lo que se puede ver, es que en realidad existe una competencia intensa y cerrada entre ambos abanderados, y que por ello hoy cualquiera de los dos tenga la posibilidad de ganar.
Pongamos, así, en perspectiva la posibilidad de un triunfo opositor en la competencia por la Gubernatura —que sin duda, es la más cerrada de las que ahora se desarrollan. En la lucha por las diputaciones y alcaldías, existe la previsión de que el PRI se alce con más victorias que sus oponentes. Tomemos el caso: Cué se convierte en Gobernador, pero teniendo enfrente un Congreso dividido, aunque de mayoría tricolor.
Esto, si consideramos cómo han actuado los tricolores en escenarios similares que han ocurrido, incluso, en el ámbito federal, sería la puerta de entrada para el choque entre poderes, el hostigamiento mutuo, la confrontación y, en resumen, el inmovilismo político que ahí ocurriría. Con una oposición sistemáticamente negativa y hostigadora —como la que en muchos momentos ha tenido el PRI, aunque también el PRD—, y con un gobierno poco abierto al diálogo y la concertación seria —como ha sido el PAN en el gobierno federal a lo largo de la última década—, lo que Oaxaca tendría sería un auténtico escenario de caos.
Pero —aunque esto se lea como el más ingenuo de los idealismos— si, por el contrario, luego de las efervescencias electorales, ambos bloques llegaran a plantear una agenda más o menos común de trabajo no por sus partidos o sus intereses, sino por Oaxaca, entonces seguramente la transición a la democracia tendría muchas más posibilidades de consolidarse en un marco de legitimidad y consenso político entre fuerzas. ¿Cómo podría ocurrir todo esto?
LIMITAR EL PODER
Una oposición testaruda, independientemente del partido que la ejerza, siempre provoca confrontación e inmovilismo. Del mismo modo, un gobierno que desdeña toda posibilidad de acuerdos previos, y pretende imponer sus determinaciones como mandatos constitucionales, es también un factor de polarización e incertidumbre, que no lleva a un buen puerto.
El mejor ejemplo de ello lo encontramos, dolorosamente, en nuestro país: diez años de una poco inteligente y tolerante alternancia política, y de Congresos opositores, han llevado al país a un grado alarmante de polarización, choque entre fuerzas políticas, e inmovilidad, que no sólo se traduce en la ausencia del acuerdo político coyuntural, sino en el hecho de que en México no ha podido consensarse ninguna de las reformas legales (fiscal, petrolera, social, laboral, de seguridad, etcétera) que son urgentes para el país, pero al no lograrse le hacen perder viabilidad y competitividad en el concierto internacional.
Ese podría ser el escenario en Oaxaca, si todos asumen posiciones radicalmente opuestas. Lo más lógico de suponer, es que un Congreso opositor al Titular del Ejecutivo, sólo provocaría problemas. Empero, si el Gobernador fuera capaz de generar un proceso de interlocución, que llevara a sus opositores a no poder seguirse negando a generar cambios trascendentales en la forma de gobierno —so pretexto de ser tachados de antidemocráticos—, entonces lo que tendríamos en puerta es la posibilidad de una transición democrática.
¿Por qué? Porque entonces sí, sería viable la posibilidad de someter a toda la estructura de gobierno y de reparto del poder —que ahora tiene graves desbalances que, todos, favorecen al Ejecutivo— a una revisión integral, y a un reordenamiento que hiciera más equilibrada la forma de gobernar, y eliminara todas las posibilidades actuales de que un Poder se inmiscuya y avasalle a los otros, manteniendo sus altos grados de discrecionalidad y opacidad en el ejercicio de las funciones públicas.
Quizá una cesión mutua de poder, de esta naturaleza, sería la moneda de cambio entre un Gobernador y un Congreso de extracciones políticas distintas, para ejercer sus respectivas funciones independientemente de sus diferencias. Aunque esta se aparece como una posibilidad inviable (por excesivamente idealista) para la entidad, lo cierto es que temas como este deben debatirse por la sola razón de que hoy la transición democrática es un tema del que toda la oposición habla, pero sin decir cuál será el camino para hacerla realidad.
¿TRANSICIÓN?
Hasta ahora, lo único que se tiene para lograr de verdad esa transición, es la voluntad de quien triunfe en los comicios. Sea el PRI o la oposición el ganador, si se decide a gobernar valiéndose de la estructura institucional actual, lo único que conseguirá es repetir la misma forma de gobierno que tanto se critica. Eso pasó en el ámbito federal hace 10 años, cuando Vicente Fox ganó la Presidencia y consiguió la alternancia, pero se dispuso a gobernar bajo las mismas formas y esquemas del régimen priista. En el caso federal, quedó demostrado que alternancia no es sinónimo ni condición indispensable para la transición. En uno de los escenarios, Oaxaca podría ser otro más de esos referentes negativos para la democracia.
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+ Sociedad y gobierno desunidos, vs criminalidad organizada
La mañana de ayer, murió ejecutado el candidato a Gobernador de Tamaulipas por la alianza del Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista, y Nueva Alianza, Rodolfo Torre Cantú, y cinco de sus colaboradores. Este hecho, además de convulsionar gravemente el proceso electoral en aquella entidad, deja ver el tamaño del problema nacional en que se ha convertido la falta de respuestas de Estado, ante la violencia y las acciones del crimen organizado.
A pesar de que Tamaulipas es una de las entidades federativas en las que ha habido una importante presencia del crimen organizado, el proceso actual por el que ahora mismo atraviesa no se aparecía como uno de los más convulsionados para las fuerzas políticas. De hecho, el candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal, Rodolfo Torre Cantú, reportaba una amplísima ventaja —en algunos momentos por más de 30 puntos porcentuales—, que aún mantenía sobre su principal oponente del PAN, José Julián Sacramento Garza. Esto último, de acuerdo con la encuesta publicada el 21 de junio pasado por Consulta Mitofsky, en la que el tricolor tenía una intención de voto del 61 por ciento, sobre un 30 por ciento del blanquiazul. Es decir, que para efectos electorales, la elección estaría prácticamente resuelta a favor del malogrado abanderado del tricolor.
Por esa razón, este asunto debe verse y entenderse a partir de otro contexto distinto al de un posible choque entre integrantes de partidos políticos. De hecho, en mayo pasado fue ejecutado otro abanderado en Tamaulipas, aunque aquella ocasión fue un candidato panista a presidente Municipal, de nombre José Mario Guajardo, quien fue ultimado junto con su hijo. En aquella ocasión, algunos dirigentes partidistas y aspirantes a cargos de elección popular, reportaron haber sido objeto de intimidación y amenazas por parte de grupos criminales, e incluso algunos de ellos optaron por retirarse de la contienda electoral.
Así, habría que considerar primeramente el contexto social y de violencia no sólo de Tamaulipas, sino de todo el norte de la República. Grandes extensiones del territorio colindante con la frontera con Estados Unidos de Norteamérica hoy vive problemas aparentemente incontrolables de criminalidad, violencia y enfrentamientos entre grupos ligados al crimen organizado.
Mientras esto ocurre, y avanza día con día, el gobierno federal ha aplicado algunas “recetas” tales como la presencia del Ejército, la Marina Armada de México y las fuerzas federales de seguridad pública, como un intento de frenar la presencia criminal y brindar paz a las zonas afectadas; los gobiernos estatales también han tratado de hacer lo propio, al igual que los gobiernos municipales a través de sus respectivas corporaciones policiacas. Lo cierto es que nada parece haber sido suficiente para detener las ofensivas criminales, que lejos de disminuir se han intensificado en diversos estados del norte del país.
No obstante lo anterior, todo parecería indicar que nada de esto tendría que afectar al proceso electoral. En el escenario nacional, no se tenían reportes de amenazas en contra del abanderado priista; de hecho, la entidad es gobernada por el tricolor, a través de Eugenio Hernández Flores.
Por eso, en general, más allá de las insinuaciones sobre posibles nexos con la delincuencia organizada —que tendrían que haber aflorado ya ante la campaña electoral, por el “blindaje” antinarco del IFE, o las investigaciones de la PGR, y los órganos de inteligencia civil y militar del país—, lo que debe preocupar al país entero, y no sólo a los tamaulipecos, es la respuesta implacable que da el crimen organizado ante la desunión y la mezquindad que ha mostrado, en común, tanto la clase gobernante como la oposición, en los tres órdenes de gobierno alrededor de la República mexicana.
CRISIS INSTITUCIONAL
Llevamos, nos guste o no, casi cuatro años de una cruzada interminable contra el crimen organizado. Esta lucha la emprendió el gobierno federal a nombre del Estado mexicano. Por eso, somos todos, y no sólo el gobierno, quien paga las consecuencias. El problema de todo esto, en realidad, es que esa noción de que la guerra anticrimen la libra el Estado en contra de un ente amorfo y poderoso como el crimen organizado, parece estar ausentes entre quienes componen el entramado institucional del país. Es decir, entre los grupos de poder, los partidos políticos, el gobierno federal, las representaciones legislativas; los gobiernos de las entidades federativas, y demás. Todos se asumen como parte de una casta política, pero no de un Estado cohesionado.
Todos los partidos de oposición, han planteado sus respectivas agendas políticas en función de sus intereses y no del país. El PRI, desde el 2006, ha sido un engañoso detractor del gobierno federal que, sin embargo, se alía con él cuando juntos reparten el presupuesto público o cuando tienen intereses del común. Las fuerzas de izquierda —PRD, PT, Convergencia, etcétera— fueron no sólo censuradores del gobierno federal, sino que durante tres años alegaron una carencia de legitimidad y denunciaron la usurpación en la Presidencia de México, hasta que, también, los intereses electorales los alcanzaron y unieron.
Lo cierto, en todo esto, es que nadie ha querido hacer algo por el país, para no dar beneficios a sus adversarios. El país está más desunido y enfrentado que nunca. El gobierno federal ha utilizado la procuración de justicia y la seguridad pública, como armas electorales y de persecución hacia sus adversarios. El PRI ha asumido la postura cómoda de ejercer la denuncia sistemática de los males nacionales, como haciendo ver que con eso —y no con la generación de respuestas eficaces— cumple con su papel histórico ante la nación.
CRIMEN OR-GA-NI-ZA-DO.
Y ante toda esta desunión, confrontaciones, mezquindad y falta de sentido de las necesidades no del gobierno, sino del Estado, que se abreva entre los grupos de poder, está el crimen organizado, que sí parece entender que si su enemigo es justamente el Estado, también lo son todos los gobiernos, todos los partidos, todas las facciones, y todos los grupos parlamentarios; y que, por tanto, todo aquel que le provoque un perjuicio a sus intereses, debe ser eliminado. El homicidio del candidato Torre Cantú, es una muestra implacable de todo lo que no hemos sido, todos juntos, capaces de resolver.
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Esta mañana asesinaron al candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. El crimen organizado ya atacó frontalmente al PRI; hace unas semanas lo hizo con el PAN, asesinando e intimidando a otros candidatos a cargos de menor jerarquía. ¿Cómo entender esos ataques?
En mi visión, esta es una consecuencia de la división profunda que existe entre nosotros mismos, y en lo egoísta que es nuestra clase política -gobernante y de oposición. Casi cuatro años después de que se desató la violencia criminal, todos creen cumplir su papel histórico con la nación, únicamente a través del alegato, la arenga o la denuncia. El PAN se deshace en justificaciones, y toda la oposición toma la misma postura a través de los señalamientos. Pero nadie pone soluciones de fondo, porque nadie quiere dar beneficios a sus contrarios, ni cargar con los costos políticos de decisiones que podrían ir más allá de lo políticamente correcto.
El problema de todo esto, es que el narco sí es un enemigo en bloque. Ellos van contra el Estado y las instituciones, independientemente de que quienes lo integran sean del PRI, PAN o del partido que sea. Mientras la sociedad y la clase política marca recurrentemente las distinciones, el crimen organizado deja ver que independientemente de los colores partidistas, TODOS son sus enemigos cuando representan un problema para sus intereses.
Los hechos abominables de este día, son un ejemplo claro de cuán grandes son las afrentas de la criminalidad en contra no de un partido o de un gobernante, sino del Estado y la sociedad mexicana.
Adrián Ortiz Romero C.
Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de junio de 2010.
+ Factor determinante, a través de acción electoral paralela
Los profesores de la Sección 22 del SNTE han cumplido con su calendario político y su plan de acción electoral, al pie de la letra. Todos aquellos que creyeron que los profesores democráticos no participarían en el actual proceso electoral estatal, como los que se casaron con la idea de que no se llegaría al estallamiento del paro indefinido de labores, se equivocaron. El fondo de esas decisiones, sin embargo, nada tiene que ver con un asunto estrictamente laboral, o relativo a las demandas propias del magisterio. Es parte de su plan de acción electoral, con el que buscarán ser un factor determinante para el resultado de los comicios que se celebrarán el próximo 4 de julio.
La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es el grupo sindical que aglutina a más agremiados en todo el Estado. En los treinta años de lucha gremial bajo las banderas de la democratización, han demostrado no sólo a sus detractores internos, sino al gobierno estatal y federal y a los grupos de poder y partidos políticos, que ellos tienen la posibilidad de ser un factor importante no sólo en el aspecto educativo, sino también para la gobernabilidad y la toma de decisiones trascendentales en la entidad.
Esto se deriva del control que tienen de la participación y movilización de sus agremiados, y de los claros objetivos políticos que, independientemente de las coyunturas, persiguen. Por esas solas razones, parece imposible no considerarlos como un influyente elemento de determinación política en Oaxaca que, sin embargo, ha mantenido una postura formal de descalificación sistemática al sistema de partidos y a los resultados de los procesos electorales.
Sin embargo, ello no significa que no tengan intereses políticos y partidistas perfectamente determinados. De hecho, en los últimos años la Sección 22 del SNTE ha dejado ver con mayor amplitud cuál es el rumbo de sus aspiraciones políticas. Ya en los comicios federales de 2006, ellos jugaron un papel determinante en el llamado, y la respuesta del electorado, al voto de castigo en contra de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.
Nunca antes como en ese año, la coalición de los partidos de izquierda —que entonces postulaba a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial— ganó en Oaxaca 9 de las 11 diputaciones federales, las dos senadurías de mayoría relativa, y una amplísima mayoría de votos para su Abanderado a la Presidencia que, sin embargo, no pudo alzarse con la victoria electoral global.
Esa es la tendencia que ha seguido el magisterio oaxaqueño. En reiteradas ocasiones, los partidos políticos han llamado a los órganos de dirección de la Sección 22 a pronunciarse, y a trabajar activamente a favor de algún abanderado. Éstos se han negado bajo el argumento de que el sistema de partidos no resuelve los problemas del magisterio y del país. Pero sí han trabajado para revertir las tendencias favorables de quienes son sus adversarios no coyunturales. Es decir, que el magisterio oaxaqueño participa de los procesos electorales pero no a través de los métodos tradicionales, sino de sus propias formas de lucha.
¿Cuál es la razón de esta posible incongruencia? Que la Sección 22 comprende perfectamente que emprender una alianza formal con partidos políticos o candidatos, los llevaría a manifestar incondicionalidades, y a ceder ciertas posiciones que en realidad no están dispuestos a entregar; pero también comprenden que ellos sí son un factor político determinante, y que por eso sería hasta un desperdicio no tener participación en los procesos electorales.
ACCIONES PARALELAS
Extrañamente, la Sección 22 del SNTE decidió que en este 2010, iniciaría sus actividades de lucha sindical hasta el mes de junio, y no un mes antes, como normalmente ocurre. Si nos atenemos a las jornadas de lucha “tradicionales” de la Sección 22, éstas inician con las movilizaciones del Día del Trabajo, que se celebra el 1 de mayo, y se inician las acciones de presión a partir de los días siguientes al Día del Maestro, que se conmemora el día 15 de ese mismo mes. Ahora, las primeras acciones importantes ocurrieron hasta los primeros días de junio, y apenas a cuatro días de que termine el mes de junio, se declaró el paro indefinido de labores.
Esto es por la participación que ya se preveía del magisterio en el proceso electoral. Cumplir con su calendario “tradicional” de acciones, implicaría llegar desgastado, e incluso con todas sus banderas de lucha agotadas, al umbral del día de los comicios. Si le dieron tantas largas a sus decisiones más trascendentales, fue para que ellos mismos pudiesen ganar tiempo y encontrar el momento para insertarse de lleno en el proceso electoral.
Hasta ahora, todas sus acciones han sido paralelas, pero aparentemente apartadas de las campañas, el proselitismo y los candidatos. Pero teniendo ya cerca el día de los comicios, en ellos ha comenzado a aflorar su verdadero fin. El fin de semana ya aceptaron —en similitud extraña con Acción Nacional, que los invitó a “vigilar” las casillas— que participarán como “garantes” del proceso electoral, que los trabajadores de la educación “cuidarán” que no ocurra ningún tipo de fraude o coacción a los votantes, e incluso también ya establecieron la disposición del voto de castigo a los candidatos del Revolucionario Institucional.
Al menos en las próximas dos semanas, es difícil que pueda variar el rumbo que ya estableció la dirigencia del magisterio. Argumentando la falta de cumplimiento a sus demandas, pero cumpliendo con su calendario político y participación en el proceso electoral, dejarán que ocurra la jornada electoral, y verán los primeros visos del resultado de la votación. En función de ello, tomarán sus siguientes decisiones. Y ante la posibilidad de una victoria apretada o cuestionada de cualquiera de los candidatos, ellos se convertirán en un factor decisivo para las posibles inconformidades postelectorales. Todo, desde ahora, está muy claro.
OTRO BOTÓN
Si se supone que el magisterio continúa con sus movilizaciones por la falta de respuestas satisfactorias por parte del gobierno estatal y de la federación, ¿por qué llamar al voto de castigo sólo en contra del PRI? Todas son acciones paralelas que buscan el mismo fin político. Qué ingenuo quien crea lo contrario.
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