Hace exactamente una semana que se venció el plazo establecido por el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, para que los tenedores de líneas de telefonía celular en nuestro país completaran el registro de sus datos de identificación ante dicha instancia. Datos preliminares difundidos el mismo 10 de abril, señalaban que más de 25 millones de líneas de telefonía móvil no habían realizado el trámite; luego se dijo que por la saturación del sistema, la cifra final era de 8 millones de faltantes. Y junto a ello, se dejó ver por qué el Renaut está predestinado al fracaso.

Antes, durante y después del vencimiento de dicho plazo, habían quedado claras las flaquezas de dicho registro. La primera de ellas, tenía que ver con el relativamente corto tiempo dado a los usuarios para hacer ese trámite; el segundo, la misma desidia que caracteriza a millones de personas por cumplir con las disposiciones que les marca la ley; y una tercera era la fundada desconfianza por la potencial mal utilización de esos datos personales. Pocos, o casi nadie, se detuvieron a considerar que la responsabilidad no es sólo de quien utiliza la línea, sino también de quien presta el servicio.

Así, dos días antes de que venciera dicho plazo, la compañía española Telefónica, operadora de Movistar en México, hizo un anuncio importante. Dijo que el servicio de la telefonía móvil era parte de las telecomunicaciones que la Constitución federal mexicana garantizaba y protegía a todos los mexicanos, y que por esa razón el incumplimiento a las obligaciones del Renaut no era considerado como suficiente para que ellos se vieran en la obligación de cancelar el servicio a sus usuarios que no completaran su registro.

Aún cuando Telcel no dijo algo previamente al respecto, menos de tres días después del vencimiento de dicho plazo, obtuvo de un juez federal, una suspensión provisional del acto reclamado (que era la suspensión del servicio de telefonía a quienes no hubieran cumplido con su registro), a través de un juicio de amparo. La disposición judicial les concedió, al menos momentáneamente, la no cancelación del servicio a quienes no inscribieron sus datos en el Renaut. Es decir, que anunciado o no, ambas operadoras cumplieron su amague de no suspender el servicio a los usuarios incumplidos.

Había, y aún prevalece, un problema aún mayor: unos doce millones de usuarios de telefonía registraron sus líneas a nombre de personajes como el presidente Felipe Calderón Hinojosa, el magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim Helú; y otros individuos de alta relevancia social, económica y política de nuestro país. Es decir, que la presunción de que la buena fe hace cumplir a las personas cabalmente con lo que dice la ley, no operó en este caso entre los mexicanos.

¿Qué hacer ante este total fracaso de la disposición? La respuesta debe ser analizada en todos los ámbitos y no en la sola vía que se pretende. Veamos.

MERCANTILISMO

DE LAS TELEFÓNICAS

Por lo menos Telcel, que es la compañía predominante en el servicio de telefonía móvil en nuestro país, sí cuenta con un registro propio de todos, o la gran mayoría de sus usuarios. Todo aquel que ha tenido una línea telefónica nueva, sabe que ante cualquier utilización aparece previamente al enlace de llamada, una grabación que pide el registro de datos, y que sólo desaparece cuando el usuario llama a un número telefónico proporcionado por la misma compañía, e inscribe todos sus datos generales. Lo mismo, en términos más o menos parecido, hacen las demás compañías de telefonía móvil con sus usuarios.

Esta es, en apariencia, una medida de control que podría ser mucho más fuerte. Los estándares de control en Estados Unidos y la mayoría de los países desarrollados, se fundan en que todo aquel que tiene una línea de telefonía móvil debe proporcionar al operador del servicio no sólo sus datos en calidad de buena fe, sino soportados en su veracidad, con algún documento que corrobore su identidad. Esto no ocurre en México.

¿Por qué? Porque es más fácil atender al mercantilismo que a la responsabilidad, y privilegiar la venta de tiempo aire, líneas y servicios de voz y datos, que exigir que todo aquel usuario que tenga una línea, sea plenamente identificable ante la posible comisión de un delito. Esto no ocurre en nuestro país, debido a que aquí existe lo mismo un registro poco confiable de usuarios, una base de datos permanentemente hostigada y puesta en riesgo por quienes lucran con ella, la venden o la roban; por la piratería de líneas que permite a grupos delincuenciales contar con aparatos de telecomunicación sin ningún registro y forma de rastreo. Y, sobre todo, porque los prestadores del servicio no han querido asumir la parte de responsabilidad que les corresponde.

EMPRESAS,

DESENTENDIDAS

ANTE LA AUTORIDAD

Esto parecería parte de un argumento de película estadounidense de bajo presupuesto. Pero aunque suene a irreal, cada teléfono celular es un localizador. Es decir, que usando la tecnología adecuada, se puede conseguir la ubicación de cualquier persona a partir de las señales que emite su teléfono celular. Cada aparato, independientemente de su costo y características, cuenta con un sistema de posicionamiento global (o GPS, por sus siglas en inglés) que es, en gran medida, lo que le permite ubicar señales, facilitar el roaming y establecer comunicación entrante o saliente en cualquier sitio que cuente con cobertura del servicio.

La autoridad nunca ha podido contar ni con este ni con ningún otro dato, que podría ser proporcionado por las telefónicas, para el combate al crimen organizado. Todos, sin excepción, aceptan que la falta de control en la tenencia de líneas de telefonía móvil, es lo que permite que éstas sean herramientas esenciales y libres para la comisión de delitos. Pero deberían también aceptar que ni las compañías telefónicas han querido colaborar más estrechamente no con el gobierno o sus usuarios, sino con el país; y que medidas como el Renaut son viables sólo si ven como una forma de control que deberá reforzarse en el mediano plazo, y si las instancias competentes garantizan la confiabilidad y la certeza de dicho registro, y lo refuerzan con otros mecanismos que corroboren que los datos ahí contenidos son ciertos.

Como esto no es muy posible que ocurra, y nadie ha ubicado en su magnitud de responsabilidad a las empresas que se niegan a colaborar, desde sus posibilidades con la seguridad, con el Estado y con el combate al crimen organizado, entonces es muy probable que más temprano que tarde se tenga que reconocer que tales medidas fallaron y que es momento de buscar nuevos mecanismos para combatir al crimen, y para tener un control más exacto de la telefonía móvil. Esto, claro, en el entendido de que las telefónicas seguirán no colaborando, sino más bien cuestionando, las disposiciones —buenas o malas— que determine la autoridad para tener más control sobre las telecomunicaciones en el país.

TODOS, ENREDADOS

Sin agregar más palabras, terminemos reproduciendo lo apuntado el pasado 10 de abril por el periodista René Delgado, en su columna “Sobreaviso” publicada en Reforma. Su reflexión no tiene desperdicio. Apunta que “las extorsiones vía telefonía celular que sufre la ciudadanía aumentan y, con ellas, el clamor por acabarlas. La autoridad tiene un dato firme sobre el asunto: muchas de las extorsiones se realizan desde los penales, donde además de ese delito se practican muchísimos otros y se trafica con todo.

“A pesar de la obvia necesidad de replantear a fondo el sistema penitenciario, los políticos rehúyen la solución y optan por aplicar medidas que, sin duda, significan un gasto que sólo agrandará el problema.

“La primera acción que emprende la autoridad consiste en instalar un sistema de bloqueo de llamadas en los reclusorios pero como esa medida afecta no sólo al penal sino al barrio donde éstos se encuentran, mejor lo desconectan. Por lo demás, ya instalado el equipo, se advierte que se ha generado otra fuente de corrupción: encender y apagar por módica suma el sistema.

“Como esa primera medida no crece suficientemente el problema se piensa en grande: castigar a todo aquel que tenga un celular en la mano y no sólo a quienes extorsionan con ellos.

“El agrandamiento del problema es fantástico y, además, le permite a la autoridad hacer demagogia legislativa. A petición de un grupo ciudadano que exige registrar todos los números de telefonía celular, la autoridad lanza una iniciativa de ley inútil. Una ley que no resuelve el problema, pero sí suma trámites, obstaculiza la conectividad y expone los datos personales de los usuarios. Qué importa si las extorsiones telefónicas decrecen o no, el objetivo era agrandar el problema y se ha logrado.

“La pregunta de cómo es que entran teléfonos celulares y chips a los reclusorios queda sin respuesta.”

¿Cómo agrandar el problema, y cómo hacer inviable su solución? En el Renaut, y todo este lío, está la respuesta.