Tal parece que la historia de fraude e impunidad que ha envuelto la operación de las llamadas cajas de ahorro en Oaxaca, comenzó en 2007, cuando Caja Centenario —una organización de ahorro y crédito con asiento en la región mixteca de Oaxaca— sorpresivamente se declaró en quiebra, dejando a varios cientos de ahorradores en la más completa indefensión jurídica e imposibilidad de recuperar sus recursos. De entonces a la fecha, se calcula que los ahorradores defraudados son más de 20 mil, y también se ve lejana la posibilidad tanto de hacer justicia, como de imponer frenos y regulaciones específicas a las cajas populares.
Las cajas de ahorro nacieron como consecuencia de las presiones económicas ocurridas en el país durante la segunda mitad de la década anterior. En aquellos años, particularmente en 1995, las instituciones financieras y la banca comercial tuvieron un fuerte colapso, que llevó a la quiebra a la mayoría, y que motivó un histórico rescate gubernamental que consistió en la recapitalización de los bancos, en la absorción de las pérdidas por parte del gobierno, y el otorgamiento de garantías sobre la existencia del capital, a todos los ahorradores.
Dicho colapso al sistema bancario del país, generó una parálisis en el ahorro y préstamo, que duró más de un lustro. En todo ese tiempo, un número muy limitado de mexicanos tenía la posibilidad de acceder a créditos bancarios, ya porque éstos imponían fuertes requisitos —imposibles de cumplir para la mayoría— para el otorgamiento de una línea de crédito, o ya porque al encontrarse descapitalizadas las mismas instituciones tenían pocas posibilidades de disponer de capital para prestar a los particulares.
Así, la gran mayoría de la población se hallaba en una situación de desventaja: quien tenía capitales económicos, se veía desalentado a invertir en la banca comercial, debido a que ésta otorgaba tasas de interés, en rendimiento del efectivo, muy bajas; en contraparte, quienes solicitaban préstamos también se veían imposibilitados para cumplir todos los requisitos que imponía la banca. Así, una salida natural ocurrió cuando particulares comenzaron a organizar a otros ahorradores para crear instituciones al margen del sistema bancario, que tuvieran mayores posibilidades de otorgar rendimientos atractivos a los ahorradores, y de generar líneas de crédito para los acreedores.
FRAUDES, DE ANTAÑO
En todo el país proliferaron las cajas de ahorro, que ofrecían atractivos rendimientos y préstamos flexibles, pero a cambio de estar al margen de la regulación y las garantías al ahorrador que otorga el sistema bancario. Así, surgieron casos como el de la Caja El Arbolito, que en Mexicali, defraudó en 1996 a más de 42 mil familias, y sus propietarios fueron acusados de un fraude por más de mil 800 millones de pesos; o como el del llamado “Rey de las Cajas de Ahorro” a quien en el año 2000, las autoridades decidieron congelar las cuentas de La Caja Popular Nayarita después de descubrir socios fantasma en su lista de ahorradores y el presunto lavado de dinero del cártel de los hermanos Amezcua.
Esta caja popular operaba desde 1996 y contaba con 8 mil 300 ahorradores que depositaron más de 120 millones de pesos. De acuerdo con información del periódico La Jornada, José Cirilo Ocampo Verdugo fundó un imperio que llegó a abarcar 25 estados de la República. El llamado Rey de las Cajas de Ahorro aguardaba en su expediente cinco autos de formal prisión y 20 órdenes de aprehensión emitidos por jueces de los fueros común y federal en los estados de México, Veracruz, Colima, Durango, Puebla, Jalisco y el Distrito Federal.
Ante la falta de regulación en el sector, la CNBV se dio a la tarea de trabajar en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, aprobada el 4 de julio de 2001 y que entró en vigor a partir de junio de 2005, para garantizar la seguridad de los ahorros de las personas que decidan invertir en este tipo de instituciones financieras.
A partir de 2005 las cajas de ahorro sólo pueden operar bajo la figura de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo o como Sociedades Financieras Populares. Para ello, teóricamente, deben estar afiliadas a federaciones y confederaciones con el fin de integrar un fondo o seguro de protección del ahorro similar al de los bancos. Según cifras de la Confederación de Cooperativas Financieras de la República Mexicana, este tipo de organizaciones capta 22 mil millones de pesos anualmente y cuenta con varios millones de usuarios.
OAXACA: FRAUDE E IMPUNIDAD
Todo lo que antes ya había ocurrido en otras entidades federativas, luego ocurrió, y con mayor intensidad, en Oaxaca. en 2007 se dio el primer caso en el que una organización de ese tipo, creada bajo el amparo de autoridades municipales y con la supuesta ignorancia de las estatales, se declaró en quiebra dejando a varios cientos de familias sin ahorros. La incidencia en el fracaso de estas operadoras, se incrementó cuando el problema comenzó a ser politizado. Y hoy, tanto los particulares como el mismo sector público se enfrentan a un gravísimo problema que tiene en la inconformidad directa a unos 25 mil ahorradores, pero sobre el que nadie parece tener el remedio efectivo, ni un cálculo exacto de su magnitud real.
De acuerdo con cifras proporcionadas por fuentes del Congreso del Estado, en Oaxaca existen más de un millón de ahorradores en cajas populares. Éstas tienen una captación de dinero imposible de determinar, sobre la cual generan préstamos y rendimientos para sus socios. En el último año, ha ocurrido un crecimiento exponencial en el número de cajas de ahorro que se declararon en quiebra, y que dejaron a sus socios en el completo desamparo. ¿Cuál es el problema?
El problema inicial, radica en la falta de una regulación específica que otorgue seguridad y garantías en las operaciones de esas cajas. Un segundo cuestionamiento, tiene que ver con la inestabilidad y la incertidumbre para el ahorrador, en que operan esas instituciones que no se someten a ningún tipo de regulación por parte de las autoridades bancarias federales; un tercero, radica en la voracidad y el dolo habido en más de uno de los propietarios de las cajas; y el último, aunque no por ello menos importante, es que, ante los fraudes y el cierre de esas organizaciones, lo único que la autoridad ha propiciado es la impunidad.
JUSTICIA, AUSENTE
Hoy, lamentablemente, el quiebre de cajas de ahorro puede contabilizarse por docenas. Muchos de los ahorradores que perdieron su capital, hoy son carne fresca para las jaurías de manipuladores que pretenden hacer de este problema, un movimiento de tinte social, político y electoral, ajeno a cualquier posibilidad de arreglo.
El Gobierno del Estado, por su parte, parece no haber calculado el problema a tiempo, y algunos de sus funcionarios incluso parecen tener vínculos de protección y complicidad con defraudadores de este tipo. Y el Congreso del Estado, con las medidas que ha tomado hasta el momento, no sólo no ha podido frenar la incertidumbre que reina alrededor de las cajas de ahorro y, al contrario, con sus llamados a la precaución a todos los ahorradores del Estado, parece haber llamado a la paranoia y la incertidumbre a los involucrados. Ante la duda, miles de personas han retirado sus ahorros de cajas hasta entonces sanas financieramente, creando con la salida intempestiva de capitales, faltantes que luego llevaron al colapso a esas instituciones.
En todo esto, se prevé la aprobación próxima de una legislación estatal de la materia que, de antemano lo dicen, no podrá regular todas las operaciones, ni tampoco podrá cancelar todas las posibilidades que existen hoy de generar un fraude alrededor de las cajas populares. Comentan que ni siquiera la ley federal antes comentada, tiene todos los cabos atados, y que una norma local tendría que seguir los lineamientos insuficientes de la legislación federal.
Lo más grave de todo, es que frente a los hechos consumados, la Procuraduría del Estado ha actuado con total ineficiencia y parcialidad. Existen órdenes de aprehensión por delitos relacionados con esas sociedades, que están pendientes de cumplimentar, y que no se sabe ni cómo ni cuándo lograrán ejecutarse. Muchos de los implicados en los fraudes, si no es que todos, huyeron a otras entidades o a otros países, cargando con el dinero que pudieron recuperar de las instituciones quebradas. Casi la totalidad de ellos, antes tuvieron vínculos con el sector oficial, y derrocharon grandes sumas de dinero ajeno en la compra de bienes inmuebles, vehículos terrestres y aéreos, y lujos indebidos.
Para sorpresa de todos, el número de detenidos y presentados ante la justicia, es diametralmente opuesto al de los defraudados. Los primeros son poquísimos, mientras que los segundos se cuentan por miles. La autoridad ha fallado —quizá voluntariamente— en actuar con la eficacia requerida como para integrar expedientes penales que lleven ante la justicia a los defraudadores, y con la eficiencia requerida como para lograr los mandamientos judiciales y lograr las aprehensiones, antes de que estos huyeran.
Así, aquí el asunto no sólo implica el fraude masivo, sino también la grosera impunidad que hoy parece ser el común denominador en las cajas de ahorro de Oaxaca.
