Aurelio Ramos Méndez

Si el presidente López Obrador aspira a mantener su credibilidad y sostener, sin mentir ni inspirar risa, que en su administración ha habido un cambio real en la manera de gobernar y existe correspondencia entre las palabras y los hechos, debe iniciar, ¡ya!, el proceso para retirarle la concesión de TV Azteca al desfachatado Ricardo Salinas Pliego.

El pasado siete de julio, AMLO aseguró que su gobierno no tocará ni con el pétalo de una rosa a los concesionarios de radio y televisión, “aunque le suban el volumen” a las críticas contra la 4T. “Libertades plenas”, dijo.

Recalcó que las concesiones “están garantizadas” y que si algunas vencen en lo que resta del sexenio “las vamos a renovar”, pues “no vamos nosotros a cometer ningún acto que atente contra la libertad de expresión y manifestación, aunque se exceda”.

Loable, pero insostenible compromiso el del tabasqueño, a la luz de las violaciones legales, sinvergüenzadas, intemperancias y conducta incivil en que ha incurrido el posesionario de la televisora del Ajusco.

Desde la pantalla chica que él usufructúa económica y políticamente, con un pelotón de periodistas de dudosa ética –el estentóreo Javier Alatorre a la cabeza—este empresario comete a diario un cúmulo de ilicitudes:

Sabotea los libros de texto gratuitos; desalienta la solidaridad nacional en casos de desastre como el de Acapulco, boicotea campañas de vacunación y estrategias contra epidemias, propicia irrespetos a las autoridades, agravia a mujeres, políticos, consejeros electorales, legisladores y periodistas; abofetea el idioma… 

Sedicente defensor de la libertad de expresión, confunde este derecho constitucional con una patente de corso para acosar, insultar y amedrentar a quien se le pegue la gana.

Sus periodistas, parapetados igualmente en la libertad de expresión, reproducen los criterios del concesionario a sabiendas de que no ejercen libertad alguna, sino que defienden los intereses del amo. 

De acuerdo con la ley la radio y tv constituyen actividades de interés público, lo que impone al Estado el deber de “protegerlas vigilarlas para el debido cumplimiento de su función social”.

¿Cuál es esa función social? Contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana”, razón por la cual se establece que estos medios procurarán, entre otras muchas cosas, las siguientes:

Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares, evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud, y contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo.

Además, conservar las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y exaltar los valores de la nacionalidad mexicana, así como “fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales”.

De más está decir que desde cuando Carlos Salinas le entregó a precio de regalo un bien que es de todos los mexicanos, hace más de tres décadas, Salinas Pliego se ha dedicado a zapatear sobre la ley, con el vigor de quien baila El Querreque.

Tantas violaciones legales ha cometido este contumaz evasor de impuestos –le adeuda al SAT la friolera de ¡40 mil millones de pesos!–, que el Presidente se halla ante la responsabilidad institucional insoslayable de retractarse.

Debe decir, sin demoras: “Si se rajó San Sebastián, que era de guayacán…”, y proceder a revocar la concesión televisiva.

Y debe, también, echar a empellones a Salinas Pliego del Consejo Asesor Empresarial, porque no se explica cómo Amlo critica acremente a los gobernantes que malbarataron las empresas públicas y desmantelaron el Estado, pero tiene entre sus asesores de cabecera a uno de los principales beneficiarios del despojo.

El primer mandatario está ante una prueba ineludible de honradez intelectual y eficiencia:

Se deshace de este empresario insolente, acostumbrado –gracias a su concesión televisiva– a embolsarse dinero a dos manos, a falta de una tercera, y le hace pagar de algún modo su adeudo fiscal, o en su lucha contra la corrupción semejará un fox terrier ratonero persiguiendo a una sabandija.

Los ciudadanos, en tal caso, tendremos razones para creer que algo le debe el Jefe del Estado al concesionario, al grado de que no puede tirar el pesado lastre que éste representa para el gobierno.

López Obrador se halla también ante el imperativo moral de exigirle a su asesor ofrecerles disculpas públicas a los numerosos personajes que ha ofendido con lenguaje rufianesco.

Tiene que disculparse, en particular, con la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, a quien durante 30 meses ha injuriado sin tregua, debido a su físico.

Tan dado a la sobrevaloración de la apariencia de las personas, ¿se habrá percatado del peso y las tallas de las mujeres de su entorno más íntimo? Enigma.

Por ignorancia algunos tienen a Salinas Pliego por dueño de TV Azteca. No es así. Se trata de un concesionario de un bien público.

Es muy su decisión del presidente si consiente que Salinas Pliego utilice la televisora concesionada para recordarle a diario a toda su genealogía. No puede, sin embargo, seguir haciendo la vista gorda respecto a los graves delitos de su consejero de bolsillo.

Ya va siendo hora de alzarle la canasta a este caradura.

RESCOLDOS

Es para doblarse de la risa. Durante meses los dirigentes del Frente Amplio, en especial del PAN, soportaron humillaciones de líderes del Movimiento Ciudadano. Tapándose las narices, estos decían que “con el PRIAN, ni a la esquina”. Ayer, sin embargo, Marko Cortés salió con el chorro de babas de que MC “no es bienvenido” en el Frente. ¡Quiere verles cara de estúpidos a los frentistas de base! Sólo le faltó decir, como la zorra de la fábula que no alcanzó las uvas: “¡Al cabo que ni quería!”

Lanzar una bomba nuclear a Palestina “es una posibilidad”. Esto dijo el desquiciado ministro israelí Amichai Eliyahu. Su jefe, Benjamín Netanyahu, lo desautorizó, pero no por genocida sino porque su dicho confirmó que Israel posee la bomba atómica, algo que los sionistas han negado con obstinación. Entretanto, en Cisjordania y Gaza no está quedando piedra sobre piedra, mientras los líderes mundiales ni se inmutan. ¿Hará algo más que lamentar la situación la cancillería mexicana?

aurelio.contrafuego@gmail.com

Aurelio Ramos Méndez

Podrá el Poder Judicial resolver a su favor y de modo inapelable la artificial controversia sobre la desaparición de 13 de 14 fideicomisos que administraba, pero su derrota moral y política ya es ineludible.

El fracaso de este poder del Estado en su confrontación con el Ejecutivo y el Legislativo se debe a un aserto axiomático: Los ciudadanos tienen la certeza de que la justicia en México se vende al mejor postor.

Afianza tal convicción un rosario de pendientes con los ciudadanos. Toda una historia ilegalidades, corrupción, arbitrariedades, abusos, agravios y atropellos por jueces, magistrados y ministros, en perjuicio de individuos, la sociedad y la nación misma.

Las dos ramas del gobierno que buscan moralizar, disciplinar y morigerar los desafueros financieros del Judicial ya ganaron la batalla institucional y constitucional. 

La desaparición de los 13 contratos propuesta por el Ejecutivo fue aprobada, con todas las de la ley, por la representación popular bicameral.

Los once ministros de la SCJN, sin embargo, llevan ganada la batalla mediática y se aprestan a revertir mediante leguleyadas la decisión del Congreso, pilar de la democracia representativa.

Para constatar la victoria mediática del Judicial y la oposición en general basta echarle un vistazo a la prensa y parar oreja en la radio y la televisión. 

No hay medio en que no se repitan hasta la náusea las frases huecas con que la élite judicial defiende los 15 mil millones de pesos atesorados en los fideicomisos.

El grueso de los periodistas y medios se desgañitan propalando no los argumentos –inexistentes—, sino los embustes relativos a que estamos ante un despojo, un robo en despoblado a los trabajadores judiciales para usar el dinero en francachelas.

El asunto –gajes de la democracia—llegará, en cosa de días, ¡a manos de los ministros!

Ni en sueños o dopado alguien puede imaginar que, convertido en juez y parte el máximo tribunal honrará la Constitución y el derecho, la democracia y la división de poderes, dándole definitividad a los dictámenes del Congreso. 

Dese por seguro más bien que, de modo absurdo y sin pudor, le torcerán el pescuezo a la Carta Fundamental y declararán fuera de la misma el trámite legislativo de la eliminación de los 13 fideicomisos, ya promulgada en el Diario Oficial.

Con lo cual los togados conseguirán reencauzar hacia sus pagos el caudaloso río de oro en que viven zambullidos.

Se habrán frustrado así las intenciones moralizadoras de un Ejecutivo que llegó al poder apuntalado por 53 por ciento del electorado, 30 millones de votos.

Y de la mayoría de diputados y senadores que, bien o mal, guste o no, representan a mayoría de los mexicanos.

Todo esto los ministros podrán lograrlo atrincherados en su búnker y ultrajando la Carta Magna. 

Nada podrán hacer, sin embargo, para disipar la extendida convicción ciudadana de que conformar un cuerpo putrefacto. Un organismo virtualmente inmutable desde los tiempos en que los oaxaqueños hermanos Flores Magón intentaron en vano sanearlo y moralizarlo.

Que la ley en nuestro país sirve al mejor postor de seguro ha podido comprobarlo cualquiera que haya tenido el infortunio de cursar algún asunto en juzgados y tribunales, donde las resoluciones, invariablemente, se decantan a favor de los más poderosos.

Es extenso el catálogo de trampas, cochupos, engaños, chicanadas y toda suerte de ardides en los distintos ámbitos jurisdiccionales.

Tortuguismo y demora de años, lustros, en la resolución de juicios; tácticas dilatorias en pos del vencimiento de términos, mafiosa manipulación de pruebas; filtraciones de expedientes, inopinadas postergaciones de audiencias, jueces conchabados con rábulas y adinerados. 

Y en las instancias más altas, un largo prontuario de escandalosas transas hace imposible que este poder pueda granjearse el respeto y menos aún la simpatía y el respaldo de la sociedad.

¡Cómo borrar de la memoria colectiva de los mexicanos que el Poder Judicial protege a Genaro García Luna y su fabuloso patrimonio no el interés de la sociedad agraviada por este delincuente!

¿Se ha olvidado ya que le devolvió su fortuna malhabida a Raúl Salinas de Gortari?

¿Qué intenta convalidar la evasión de unos ¡40 mil millones de pesos! de impuestos por el inefable Ricardo Salinas Pliego?

¿Y, que cubrió con un manto de impunidad a la parentela de Felipe Calderón, propietaria de la Guardería ABC de Sonora, responsable de la muerte ahí de 49 niños en un incendio?

Este es el momento en que los ministros de la Corte no han podido dar una justificación razonable, convincente, acerca de sus descomunales, ofensivas percepciones de ¡700 mil pesos mensuales!

Y está documentada la dilapidación que hacen del presupuesto público y la manera cómo zambucan los excedentes financieros.

Ni con la mejor voluntad es posible evitar que la gente vea en los ministros a unos pachorrudos que se dan vida de jeques a costillas de los contribuyentes.

Unos señores que trabajan poco, chapalean en oro y venden protección e impunidad mientras, con grandilocuencia, dicen servirles por igual –¡pamplinas!– a todos los mexicanos.

RESCOLDOS

Cuando en una situación de desastre Carlos Salinas veía a un gobernador –Heladio Ramírez, por ejemplo– entre el fango o con el agua a las rodillas, soltaba entre populista y tiránico: “¡Así los quiero ver!”. Los intelectuales orgánicos y la prensa zalamera propalaban diligentes el dictatorial deseo presidencial, violatorio de la soberanía de estados y municipios. Hoy les parece ridículo ver a un Presidente trasladándose por carretera hacia una zona de desastre o a bordo de un jeep militar atascado entre el lodo. Curiosa noción del ejercicio de gobierno y el servicio a la comunidad.  ¡Ah, que Aguilar Camín tan cómico y amnésico! 

La miseria de la oposición no tiene límites. Cuando en Acapulco todavía no dejaban de soplar los vientos de la muerte y frescos aún los cuerpos de las víctimas fatales, los titiriteros del Frente Amplio ya tenían culpables de la tragedia. Como bandada de buitres se afanaban en obstruir el flujo de ayuda pública y privada, con la mentira criminal de que el gobierno se la roba. El más rapaz, Felipe Calderón, hasta hizo de meteorólogo pasado el huracán y echó de menos su caja chica, el Fonden. Para no hablar del anencefálico Fox y su lenguaje carcelario. ¡Quién dijo que no se debe lucrar con la desgracia!

aurelio.contrafuego@gmail.com