Conflictos municipales: ¿Dónde está la Segego?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La inusual alta incidencia de conflictos en ayuntamientos regidos por sistemas normativos indígenas en Oaxaca debería tener prendidas las alertas; no sólo de la Secretaría General de Gobierno sino de toda la administración estatal, para evaluar por qué están ocurriendo tantos conflictos intramunicipales en los que pareciera que todos tienen causas conexas. En la generalidad, existen vasos comunicantes en todos los conflictos, que tienen que ver con la corrupción y el desvío de recursos, pero también con los engaños y la manipulación de los que parecen haber sido objeto autoridades municipales indígenas a manos de funcionarios estatales.

En efecto, existe un leitmotiv en diversos conflictos municipales que se han presentado en los últimos meses en municipios indígenas de Oaxaca: las acusaciones de desvíos de recursos en contra de autoridades municipales en funciones y exconcejales, y la toma de decisiones por parte de las asambleas comunitarias —en la mayoría de los casos, por habitantes de las agencias, y no de las cabeceras municipales—, relativas a la retención de sus propias autoridades, hasta aclarar el destino de los recursos económicos presuntamente desviados. 

En más de un caso, de los varios que han ocurrido en las últimas semanas, han salido a relucir nombres de funcionarios estatales dependientes de la Secretaría de Finanzas, a los que las autoridades indígenas acusan discretamente —por el evidente temor a las represalias— de haber “recomendado” a integrantes de despachos contables que en algún momento les solicitaron “préstamos” provenientes de recursos municipales, a cambio de rendimientos y obras cuya autorización dependía de los mismos funcionarios que generaban el acercamiento con los despachos particulares. El problema, en diversos casos, ha sido que los préstamos nunca fueron reintegrados, y son las autoridades municipales —ediles y tesoreros— quienes cargaron con el costo del desvío.

Los casos abundan. Por ejemplo, en San Juan Teitipac, municipio perteneciente a Valles Centrales, los días 13, 14 y 15 de febrero un grupo de pobladores mantuvo retenido al edil Ezequiel Hernández, a quien acusaron de un presunto desvío de recursos públicos. Después de una asamblea general, habitantes de ese municipio acordaron tal medida por considerar que ese presidente municipal encubrió al tesorero municipal, quien no había entregado cuentas claras sobre los gastos de la administración de San Juan Tepitipac. Los pobladores manifestaron que gestionarían ante el Congreso de Oaxaca la revocación de mandato por la opacidad con la que se ha manejado el edil, quien fue finalmente dejado en libertad pero sin haber librado la acusación que le formuló su propia asamblea comunitaria. 

Ahora bien, en el caso de la comunidad de Santiago Tlazoyaltepec, ubicada en el distrito de Etla, ésta enfrenta una combinación de conflictos. Hace algunas semanas, el expresidente municipal Anastasio Ignacio Pacheco López fue retenido por habitantes de ese lugar a por un presunto desvío de recursos durante su administración. 

Igual que en el caso de Teitipac, en una asamblea comunitaria, decidieron retener también a quienes fungieron como síndico municipal y como regidor de Hacienda, Bernabé Pacheco y Victorino Morales, respectivamente. La retención la acordaron debido que los convocaron a comparecer para que informaran sobre el manejo y destino de los recursos públicos, pero no se presentaron. Asimismo, estas personas fueron removidas del cargo y el pasado 16 de diciembre, ratificaron su renuncia ante la comisión de Gobernación del Congreso del Estado. En su lugar nombraron a Jorge Morales López como edil, así como a Lorenzo Pérez y Anastasio Ramírez como síndico municipal y regidor de Hacienda.

Como si esto no fuera suficiente, apenas el viernes pasado resultaron tres personas muertas por disparos de proyectil de arma de fuego, a causa de un enfrentamiento entre comuneros de las localidades de Santiago Tlazoyaltepec y Santa María Peñoles, quienes mantienen un añejo conflicto por límites de tierra, en la región del Valle de Oaxaca. Igual que en el caso del desvío de recursos, la inacción de las autoridades estatales provocó que el conflicto escalara al punto de las armas, y al lamentable costo de vidas humanas.

MÁS CONFLICTOS

En Mazatlán mixe, familiares de dos hombres retenidos en La Mixtequita, de nombres Rey Martínez Pérez y Tadeo Rivera, suplente del presidente municipal Eleuterio Macario Jiménez, solicitaron a las autoridades estatales en febrero pasado que intervinieran para lograr la liberación de sus familiares, que habían sido retenidos desde los primeros días de febrero por habitantes de dicha comunidad.

Igual que en los casos previos, los familiares de Tadeo y Martínez responsabilizaron a Gregorio Fernando Manuel, agente de policía de El Tortuguero, y a Aristeo Santiago Cruz, agente de La Mixtequita, de lo que les pudiera pasar a los hombres retenidos; por su parte, los señalados exigían, a cambio de liberar a los retenidos, la entrega de los recursos públicos del 2021 que supuestamente no han recibido, y que sigue siendo un misterio dónde o a quién fueron realmente entregados.

Ahora bien, a la par de este hay otro conflicto en San Martín Peras, municipio de la región Mixteca. El edil de esa localidad Román Juárez Cruz, fue retenido por pobladores de la comunidad, quienes no estaban de acuerdo en que éste presentara su renuncia frente a acusaciones similares de desvío de recursos, hasta que no aclarara el destino de los faltantes en las arcas municipales.

Junto a estos, hay otros conflictos intermunicipales, e intramunicipales, que deberían ya tener todas las alertas prendidas de las autoridades estatales, no sólo para tratar de desenmarañar estos conflictos sino también para aclarar si desde las áreas financieras del propio gobierno estatal hay una especie de “fuego amigo”. Es inusual que en tantos casos se hable de funcionarios involucrados, de gestiones ante despachos privados, y de claras tomaduras de pelo contra autoridades indígenas que ahora no están pagando las consecuencias, sino que están poniendo en vilo la gobernabilidad y la aparente situación de control de los conflictos municipales.

EPITAFIO 

El problema es que, por un lado, una cosa es el respeto a la autonomía municipal y otra que las dependencias estatales no asuman su responsabilidad de tomar al toro por los cuernos cuando este tipo de asuntos se desbordan. ¿Qué puede decir la Segego ante las demandas de la gente de las comunidades indígenas —y, en general, de los 570 municipios de la entidad— por asuntos que impactan en su vida cotidiana? El ser, o parecer rebasados, los colocan en la posición —voluntaria o no— de parecer cómplices de quienes desde otras áreas del gobierno están provocando estos conflictos. Cualquiera que sea el caso, por ningún lado se ven las acciones del subsecretario de Fortalecimiento Municipal Martín Vela Gil, para enfrentar estas y otras situaciones que son potencialmente problemáticas; y qué decir del titular de la Secretaría General de Gobierno Francisco García López, que está claramente rebasado frente a las circunstancias.

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¿Habrán escuchado en Segego el compromiso del Gobernador, de rescatar la UABJO?

Durante el evento conmemorativo del 25 aniversario de la Sedesol en Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat se comprometió a hacer lo necesario para concretar la reestructura administrativa de la UABJO, y devolverla a los primeros lugares en el ranking de las universidades públicas en México. Este anuncio deberá hacer eco en varias dependencias, comenzando por la Secretaría General de Gobierno, que insisten en mantener los cacicazgos universitarios que quieren todo, menos que la promesa del Gobernador se cumpla.

En efecto, el gobernador Alejandro Murat anunció que hace unas semanas se reunió con representantes de los seis sindicatos de la UABJO que, encabezados por el rector Eduardo Bautista, le plantearon una reestructura administrativa de la institución. El Gobernador dijo que esta reestructuración fue aceptada por todas las fuerzas sindicales que confluyen en la Máxima Casa de Estudios, y que él como Gobernador del estado se declaró dispuesto a entrarle juntos para resolver los problemas, y a devolver a la UABJO al primer lugar de importancia en el país.

Este compromiso del Gobernador es importante y, según lo que parece, es resultado de un primer consenso entre todos los grupos universitarios de relevancia, comenzando por el propio rector Eduardo Bautista Martínez. Es evidente que si el Gobernador de verdad quiere entrarle a resolver el largo y complejo conflicto universitario, lo primero que debe hacer es impulsar un pacto social, político y académico de la mayor relevancia, para que todos cedan algo en aras de rescatar la Universidad.

¿En qué temas, todos deberían ceder? Deberían ceder, de entrada, en la derogación del voto universal como mecanismo de elección de su Rector, y de los Directores de las Escuelas y Facultades de la Máxima Casa de Estudios; deberían también ceder, para lograr el establecimiento de una reforma administrativa profunda que termine con el enorme desorden administrativo con el que las escuelas universitarias administran buena parte de los recursos con discrecionalidad y opacidad; tendrían que ir también a una reforma profunda a su sistema de pensiones y a los privilegios que, como trabajadores y académicos de la universidad, han ganado a través de sus sindicatos.

Y también, como remedio contra el porrismo, deberían eliminar la laxitud en los requisitos de ingreso y permanencia de los alumnos, para evitar la muy conocida fosilización de estudiantes y la pervivencia de ‘oyentes’ que tienen años rondando la Universidad pero sin ningún propósito académico, sino más bien para hacer cualquier cantidad de negocios a partir de las necesidades de los universitarios.

Esos son sólo algunos de los temas en los que debería ya existir un consenso mínimo para el rescate de la universidad. Esto pasa, además, por la necesidad de que el actual Rector, y los subsiguientes, no pretendan seguir tomando a la Universidad como un escaparate de ambiciones políticas, ni como plataforma electoral.

Lo hemos dicho en este espacio, y lo reafirmamos: uno de los mayores daños que le han provocado a la política universitaria actual, se lo hizo Francisco Martínez Neri al “demostrar” —es un decir— que después del rectorado hay futuro en la política estatal. Esto porque, además de querer convertirse en dueños de la Universidad, la familia real del también ex rector Eduardo Martínez Helmes ahora quiere incursionar en la política estatal, utilizando a la UABJO —o queriendo utilizarla— como plataforma electoral para convertirse, según sus cálculos, por lo menos en diputado federal por Morena.

¿QUIÉNES NO QUIEREN EL RESCATE UNIVERSITARIO?

Esa pregunta deberían hacérsela a varios funcionarios de la administración estatal, que siguen seducidos con la posibilidad de tener injerencia en la vida universitaria. Uno de ellos es el Secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud que hoy en día hace todo para que ninguno de los factores universitarios opaque el brillo del jefe de la ‘familia real’, Abraham Martínez Alavés, y sus hijos.

¿Qué busca don Abraham? Evidentemente, con su anquilosado discurso sobre la defensa de la vida académica de la Universidad, pero con sus hechos —en los que ha demostrado una enorme proclividad por el porrismo y por los métodos violentos de preservación de sus dominios universitarios—, ha demostrado que en realidad no busca otra cosa sino la conservación de su cacicazgo universitario basado justamente en los privilegios, o en la violencia.

A sus hijos, y a sus protegidos, los ha coronado no sólo con cargos en la administración universitaria, sino también con acciones que dañan mucho más el futuro de la Máxima Casa de Estudios. Pues por años, Abraham Martínez y su grupo han mantenido su poder con base en el otorgamiento discrecional de plazas, horas/clase, tiempos completos, y un sinfín de cargos que han servido para mantener aceitada su influencia. A sus favoritos, y a sus parientes, además, los ha hecho directores, coordinadores y funcionarios universitarios, y todo lo ha hecho al margen de cualquier otra explicación racional, que no sea la de la conservación de sus cotos políticos.

¿Qué han hecho en la Segego, tanto en la pasada administración como en la actualidad? Proteger abierta y denodadamente el poder y el cacicazgo ominoso de los Martínez Helmes. Han cerrado los ojos a los conocidos actos de corrupción cometidos durante el rectorado de Eduardo Martínez; intentan, desde el gobierno, apagar las expresiones de inconformidad y disidencia al poder de los Martínez; y no sólo no cuestionan, sino que privilegian, la preservación del poder de Abraham Martínez, como si fuera él, y no el consenso universitario, el único y verdadero factor de gobernabilidad de la Máxima Casa de Estudios.

Al final, por eso algunos funcionarios deberían escuchar y atender con atención lo que dice el Gobernador. Si Alejandro Murat quiere contribuir al rescate de la Universidad, primero debe meter orden en los funcionarios e instituciones estatales que están haciendo todo para remozarle el abollado trono de cacique a Abraham Martínez Alavés.

ROMPIERON LA LEY

Aquí dijimos el viernes 4 de agosto que, en cualquier escenario, para la aprobación del PED los diputados terminarían violando la ley. Hubo quien se escandalizó, pero al final ocurrió tal cual. Ya luego tendrán tiempo para corroborar, en tiempo real, las deficiencias de ese documento. Una verdadera lástima para Oaxaca.

¿Ya entendieron en el gobierno, cómo se compone la gobernabilidad en la UABJO?

STAUO

+ Poder universitario, dividido en un grupo de facciones que debieran ser superadas


 

Pareciera que las instancias encargadas de la gobernabilidad en el Gobierno del Estado, apuestan a esperar a que la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca vuelva a ser motivo de crisis, para recordar que ese es un problema latente que por indolencia o falta de claridad, se han resistido a abordar. La decisión gubernamental de volver a dejar dormir el problema universitario, no es sino la premonición de un problema mayor que sólo es cuestión de tiempo para que se aprecie en su dimensión. Por eso, si hay cierto sentido de responsabilidad, no debiera ser esa la política del Estado frente a los problemas crónicos de la Universidad.

En efecto, a pesar de que en los últimos meses la UABJO ha sido motivo de crisis y polémica por su falta de controles internos, pareciera que en la Secretaría General de Gobierno están determinados a continuar entendiendo el problema universitario, únicamente como una pequeña crisis interna que puede dirimirse en su ámbito doméstico a partir de la autonomía universitaria. No han visto que la Máxima Casa de Estudios enfrenta una crisis sistémica, generada por la atomización de su poder, alimentada por el dominio patrimonialista de algunas familias de falsos notables universitarios, y tolerada por la política gubernamental que simplemente se resume en la minimización del problema hasta que hace crisis.

¿Por qué este panorama no resulta una exageración? Porque en los últimos meses hemos visto cómo la Secretaría General de Gobierno se ha ocupado del problema universitario sólo accidentalmente cuando hay visos de una nueva crisis. Así lo hizo desde el momento en el que la administración del gobernador Gabino Cué le heredó como un polvorín el conflicto de la Facultad de Derecho de la UABJO, y ha sido una política que no ha variado a pesar de las innumerables señales enviadas tanto por el rector Eduardo Bautista Martínez, como por los grupos antagónicos a la llamada ‘familia real’, de que la mejor forma de enfrentar este problema es evitando esconder la cara.

Lamentablemente, eso es lo que ha hecho hasta ahora la administración estatal. En su corto periodo como titular de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Avilés se limitó a generar algunos visos de concertación con los grupos antagónicos a la ‘familia real’, pero evitando en todo momento involucrarse de más en un conflicto en el que el propio secretario Avilés tenía un conflicto de interés: la maestra Leticia Mendoza Toro, eterno pivote de uno de los grupos universitarios aliados a Abraham Martínez Alavés, tenía derecho de picaporte en la Secretaría General a través de su hijo Nahúm Carreño Mendoza, que entonces era el secretario particular de Avilés, y uno de sus eternos aliados en los diversos conflictos que enfrentaron.

A partir de ello puede comprenderse por qué Avilés decidió nunca intervenir en serio en el conflicto universitario. Administró el conflicto a través de la política de la demagogia con los disidentes para mantenerlos tranquilos, en la misma forma en la que todos los días ocupan esa misma política del “atole con el dedo” a todos los conflictos que llegan ahí a punto de la crisis y sólo son administrados hasta que tengan nuevos bríos para volver a movilizarse.

LOS GRUPOS QUE GOBIERNAN

El problema en la Universidad es que el poder no es vertical ni unipersonal. No tiene el poder el Rector, que no es sino una pieza de un entramado todavía más complejo. Tampoco tiene todo el poder, el ex rector y líder moral del grupo gobernante en los últimos tres cuatrienios universitarios, Abraham Martínez Alavés.

Mucho menos tiene todo el poder el ex rector inmediato anterior, Eduardo Martínez Helmes, que hoy busca incidir en nuevas formas de control político, alternativas a las que tiene perfectamente su padre. Al final, aunque tampoco tiene todo el poder, y de hecho es quien tiene la menor porción de la influencia universitaria —aunque eso sí le alcanza para ser la “bisagra” entre los grupos— es la también ex rectora, y actual secretaria General de la Universidad, Leticia Mendoza Toro.

Esa es una primer lectura, enunciativa. Históricamente, el poder universitario se ha intentado entender a partir del control de las escuelas y facultades, y de las respectivas clientelas electorales que cada una de ellas representa. Por ejemplo, esa ha sido la forma en la que el ex rector Martínez Alavés ha controlado la Universidad, a partir de controlar ciertas escuelas y facultades, y de conseguir los pactos necesarios para sumar a su causa a los espacios universitarios que le garanticen el control en cada sucesión de Rector.

Otra forma que ahora ha sido explorada entre los poderes universitarios es el control por sindicatos. Eso es lo que ha intentado hacer el ex rector Eduardo Martínez Helmes, que desde el año pasado que dejó la Rectoría, ha intentado colonizar los sindicatos universitarios para tratar de contrarrestar a las demás facciones universitarias, y particularmente para controlar al rector Eduardo Bautista Martínez. Todo eso se ha visto a lo largo del presente año en el que el propio Martínez Helmes no ha dejado de asolar a la administración universitaria con amagos de paros y manifestaciones por parte de los sindicatos.

Al final, queda claro que como lo apuntamos en otro momento, es bien sabido en la Universidad que sus propios trabajadores culpan a todo y a todos por no tener más, pero sin voltearse nunca a ver ellos mismos, que trabajan menos horas de las estipuladas; con dos o tres horas para desayunar todos los días; con premios económicos por no hacer huelga, con días de descanso por engañar que asisten a las marchas de protesta, que heredan sus plazas a sus familiares, que en suma son las y los que menos hacen por la UABJO. Son peores que los mentores de la Sección 22 del SNTE o que las y los burócratas de los gobiernos estatal y federal.

En medio de esta destrucción paulatina, ha trascendido por fuentes de la propia Universidad, que la UABJO se queda sin dinero para pagar la nómina de más de cuatro mil trabajadores de sus seis sindicatos, y que el tren de vida de las y los trabajadores puede tener un atorón de vida o muerte entre agosto y septiembre de este mismo año. Los “focos rojos” están prendidos en la Universidad pública más grande e importante del Estado de Oaxaca. Quién sabe si sus trabajadores y sus sindicatos tengan algún tipo de conciencia de ello. Y quién sabe si el gobierno estatal —y el federal, que tampoco es ajeno a este problema— registren en su radar el riesgo de fondo que implica una situación tan inminente como ésta.

En medio de esto, siguen latentes los conflictos en las facultades de Derecho y Contaduría, que reflejan la agonía del grupo político del sempiterno cacique Abraham Martínez Alavés. El hilo, finalmente, se terminará rompiendo por lo más delgado: pronto, el rector Eduardo Bautista Martínez no tendrá más camino que ceder en la reintegración política de esas dos facultades para buscar el equilibrio que cada vez se ve más lejano. Sólo es, dicen, cuestión de tiempo. Aunque ello significará una nueva crisis con quienes irremediablemente se resistirán a ver perdido su poder.

¿Y EL CAMBIO?

En el fondo, para que la Universidad pueda ver una nueva luz sería necesario combatir a esos poderes fácticos universitarios. Pero aún más: si el Estado quiere cambiar, la ruta de la política estatal respecto a la UABJO tendría que ir encaminada a exterminar los cacicazgos actuales.

Puede Mafud, y hasta podría ser Osorio Chong, pero Segego seguirá inoperante

 

Cricarde

+ Secretaría General, con escollos estructurales y políticos que la inhiben de fondo


Debiera ser visto como un caso de estudio, el hecho de que María del Carmen Ricárdez Vela fue encargada de la Secretaría General de Gobierno (Segego) por alrededor de una semana, y los temas y a las comunidades que atendió rápidamente se dijeron inconformes y hasta timadas. Debiera ser, insistimos, un caso de estudio si es que los nuevos funcionarios de la dependencia, con Héctor Anuar Mafud Mafud a la cabeza, tuvieran ganas de entender la crisis institucional de la Secretaría General de Gobierno, para hacer algo por mejorarla. Pues en sus condiciones actuales, la Segego podría estar encabezada hasta por Miguel Ángel Osorio Chong, y de todos modos ser el mismo ente abúlico, predecible e inoperante que ha sido en los últimos años.

En efecto, una interrogante que debería tener el nuevo Titular de la Segego es qué estructura administrativa necesitaría para poder tener un destino distinto, y mejor, al de los titulares de esa dependencia en las últimas tres administraciones, que al margen de sus nombres y trayectorias políticas —en algunos casos muy notables, como la de Jesús Martínez Álvarez o Alfonso Gómez Sandoval Hernández—, se han enfrentado a los problemas estructurales que han impedido un trabajo más eficaz en las tareas de concertación, gobernabilidad y control en los conflictos políticos de la entidad.

A estas alturas, y luego de la amarga experiencia —para Oaxaca— del paso de Alejandro Avilés Álvarez por la General de Gobierno, esta debería ser una interrogante indispensable. Mafud tendría que estar evaluando, desde el primer día de su segunda gestión como titular de la Segego, qué se perdió, qué necesita componerse y, sobre todo, qué Secretaría General de Gobierno necesita Oaxaca, por encima de la estructura administrativa para incluir en la nómina oficial a sus allegados, o las ambiciones políticas que él pudiera abrevar en lo particular.

En el caso de Avilés, siempre quedó claro que él sí se dedicó a pensar en la Secretaría que él quería, sin considerar si eso mismo era lo que Oaxaca necesitaba. Por eso, en nuestra entrega del 18 de abril, en el marco de la ‘renuncia’ de Avilés a la Secretaría General, apuntamos algo que ahora Mafud tendría que reconsiderar con seriedad, ahora que en él recayó la responsabilidad de encabezar los trabajos de la gobernabilidad y que está obligado a tener una gestión eficaz no para su camarilla ni para sus intereses, sino para Oaxaca.

Avilés —apuntamos en aquella ocasión— nunca se preguntó qué necesitaba modelo actual de la Segego para operar correctamente. Más bien, lo que intentó en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ocurrida en septiembre del año pasado, fue tomar la mayor cantidad de espacios posibles para tener, en su lógica, la mayor cantidad de poder respecto a la integración del gabinete. Por eso la Segego nuevamente asumió las delegaciones de gobierno —que no fue sino el cambio de nombre de las coordinaciones regionales que ya existían, y que entonces como ahora eran inoperantes— e intentó ganar espacios al interior del gabinete.

REPETIR EL PASADO

Lo que seguramente Avilés nunca consideró —seguimos apuntando en nuestra entrega del 18 de abril— es que la influencia de la Secretaría General no se traduce en qué tanto margen de operación tiene hacia dentro, sino en qué tanta influencia tiene con relación a las demás secretarías del gobierno. Por eso, en una integración ‘plural’ del gabinete —o de reparto entre grupos, como también se podría leer— su influencia resultó relativa, y sus excesos y errores iniciales significaron una señal en sentido contrario de lo que quizá habría querido para mostrarse como un secretario fuerte.

“Avilés, de hecho, nunca demostró ascendencia con el Gobernador —es decir, que éste lo escuchara y respetara su opinión—; nunca demostró asertividad en el manejo de los conflictos políticos; tampoco demostró control ni influencia con cualquier otro ente que no fueran los partidos políticos; fue rápidamente desacreditado por las principales organizaciones sociales, encabezadas por la Sección 22 que, por su misma falta de ascendencia respecto al gabinete, no lo reconoció como un interlocutor válido, y luego abiertamente pidió su renuncia; y todo lo coronó con sus rápidas muestras de corrupción, de manejo patrimonialista del presupuesto y recursos de la dependencia, y de avidez en asuntos como su insistencia machacona en temas en los que contradecía al Gobernador, como la permanencia de los administradores municipales.

“Por eso hoy quien vaya a resultar como nuevo titular de la General de Gobierno debe preguntarse con seriedad si esa estructura actual —que es un Frankenstein entre el pasado, y las ambiciones de Avilés— le sirve a quien resulte como Titular de la Segego para desarrollar una gestión a favor Oaxaca, o si es necesaria una reingeniería de la dependencia para que en verdad pueda ser operativa, independientemente de qué tantos empleos tiene el Secretario para repartir entre sus allegados.

“En el fondo, hay un elemento subjetivo que se debe considerar, y es que quien sea designado como titular de la dependencia sea en verdad alguien que entrevere el entendimiento real de los procesos políticos y de gobernabilidad de la entidad —y que no sea una repetición de la soberbia e insensibilidad que se aprecia claramente en muchos funcionarios de la administración estatal, que siguen pensando que el gobierno de Oaxaca es una dependencia federal—, con el respeto y el respaldo político del Gobernador para ser, de jure o de facto, un jefe de gabinete que se pueda allegar de la ayuda todo el gobierno para resolver los problemas de la entidad.

“Si no se cumplen esos parámetros mínimos, y no existe ese ejercicio de autocrítica sobre la administración pública, entonces no podremos esperar sino una repetición de los excesos, errores y debilidades que llevaron a Avilés al fracaso.”

Frente a las circunstancias, vale remarcar lo dicho, ahora particularizándolo en la figura de Mafud Mafud: si el Gobernador no le da el respaldo político que necesita, si no lo instituye de jure o de facto como un Jefe de Gabinete, y si no gana el respeto y el respaldo de todas las dependencias que deben coadyuvar para encauzar los conflictos y los problemas políticos de la entidad, entonces dentro de una o dos semanas comenzaremos a escuchar —como fue el caso inercial de Carmelita Ricárdez— que Mafud tima a la gente, que no tiene capacidad operativa, y que es —como se ha señalado de sus antecesores inmediatos— sólo un costoso ornamento para la administración pública.

En el fondo, debían entenderlo con sencillez: con una estructura contradictoria e inoperante, y sin el respaldo político del Gobernador, cualquiera podría ser el Secretario General de Gobierno con los mismos malos resultados. Podría ser Mafud, cualquier otro del gabinete, o hasta Miguel Ángel Osorio Chong y los resultados serían más o menos los mismos, o hasta peores si a ello se le combinara inexperiencia, soberbia, prepotencia y algunos otros males que son casi inherentes a esas responsabilidades, y que abundan en un escenario como el actual de Oaxaca.

¿Estará claro Mafud de eso? Pronto lo sabremos.

¿ENCUBRIMIENTO?

Ayer la delegación en Oaxaca de Coparmex emitió un duro comunicado particularmente contra los encargados del área financiera del gobierno estatal, porque les exigen que contra un pago parcial de sus adeudos, firmen desistimientos anticipados de cualquier acción judicial. Coparmex dice: no queremos ir contra el gobierno actual, sino contra los responsables de la administración de Gabino Cué, por este quebranto financiero. El problema es que al obligarlos a firmar esos documentos, los funcionarios actuales deslindan y protegen a los anteriores, e inopinadamente se vuelven sus cómplices. Algo contradictorio, artero e inadmisible, desde el ángulo que se le vea.

Administradores: debe haber prácticas más transparentes para esa figura

aviles

+ Problema vigente, por la discrecionalidad de su nombramiento y funciones


De acuerdo con la Secretaría General de Gobierno, al menos en 19 municipios de la entidad se deberá nombrar un administrador municipal ante los problemas políticos y post electorales, o porque en algunas demarcaciones no se pudo realizar la elección constitucional o comunitaria correspondiente. En ese marco, no es alivio ni el número de los ayuntamientos en conflicto, ni tampoco que ahora la facultad de nombramiento de los administradores esté en el ámbito del Poder Ejecutivo. Esto sigue siendo un problema porque se sigue procurando y sosteniendo la discrecionalidad en el nombramiento, y la indeterminación en las funciones y límites de esa figura legaloide de la estructura jurídica oaxaqueña.

En efecto, con el inicio del año ocurrió también el inicio de las funciones de las nuevas autoridades municipales en la entidad. En ese marco, la Secretaría General de Gobierno dijo que en 19 municipios de la entidad se nombrará administradores municipales. Alejandro Avilés, titular de la Segego, señaló que quienes funjan como administradores tendrán la encomienda de resolver la problemática en cada uno de esos municipios lo más pronto posible para que se puedan realizar las asambleas que mandatará el IEEPO y puedan elegir a sus autoridades; y dijo, según un comunicado emitido por la dependencia, que “próximamente se darán a conocer los nombres de las personas que ostentarán este cargo”.

En este marco, es necesario de entrada evitar la consideración de que el problema de los administradores está resuelto, porque ahora la facultad constitucional de designación se encuentra en manos del Poder Ejecutivo, y no del Congreso del Estado como en los años anteriores.

En realidad, el problema y la inquietud de esas 19 comunidades —así como de otras que eventualmente podrían sumarse a esa lista inicial de municipios en conflicto, y en la indefinición de sus autoridades constitucionales— radica no específicamente en el hecho del nombramiento de los administradores sino, por un lado, en la pésima fama de esa figura política; y, por el otro, porque al modificar las facultades relacionadas con la designación de los mismos, no se avanzó nada en la estabilización de la figura a través de reglas claras y equilibradas para su nombramiento y funciones ahora por parte del Ejecutivo.

Pues resulta que cuando esta facultad estuvo en el ámbito del Congreso local, hubo dos cuestionamientos de base que nunca fueron abordados por los legisladores: el primero, tenía que ver con el hecho de que el Congreso del Estado nunca estableció parámetros claros sobre qué requisitos debía cubrir aquel que quisiera ser nombrado como administrador municipal. En ese sentido, todo quedaba sujeto a los acuerdos e intereses de la Junta de Coordinación Política, que era quien discrecionalmente establecía la lista de los posibles administradores de los ayuntamientos en conflicto sin aclararle a las comunidades involucradas, ni a los diputados, y mucho menos a la ciudadanía, cuáles eran las consideraciones para esos nombramientos.

El segundo problema era todavía mayor: al inicio de la LXII Legislatura, el Pleno decidió, de forma inconstitucional, emitir un decreto por medio del cual facultaba a la Junta de Coordinación Política para llevar a cabo el nombramiento de los administradores. Esa delegación de facultades fue siempre inconstitucional —aunque ningún legislador la impugnó— porque la Constitución local establecía expresamente que debía ser el Pleno, y no la Junta, quien llevara a cabo las designaciones.

AHORA, LA MISMA

DISCRECIONALIDAD

Hoy la Constitución establece que es el Ejecutivo quien debe designar a los administradores municipales; la Ley Orgánica Municipal establece algunos criterios sobre su designación; y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo faculta a la Secretaría General de Gobierno para tramitar el nombramiento de los encargados de la Administración Municipal que designe el Gobernador del Estado (artículo 34, fracción XL).

El problema es que, a pesar de todo eso, sigue siendo un asunto en el que influye de manera determinante alguien que no entregó buenas cuentas en esa materia (Avilés, en su pasado como diputado local y principal decisor en la Junta de Coordinación Política); y que, estructuralmente, sigue siendo una cuestión inundada por la discrecionalidad y la aparente buena voluntad política del Ejecutivo que, a la luz de las circunstancias, resultan criterios insuficientes para generar certidumbre respecto a la confiabilidad y eficacia de quienes sean nombrados como administradores y, sobre todo, que éstos cumplan verdaderamente con la misión de encauzar los conflictos políticos en el corto plazo, y no ser —como hasta ahora— instigadores de la crisis para mantenerse en el cargo por todo un periodo constitucional, tal y como ha ocurrido en los últimos años con quienes han tenido esa responsabilidad.

INTERROGANTES

En el fondo, las interrogantes y los cuestionamientos sobre los administradores siguen siendo los mismos, a partir de que quienes fungieron en el trienio 2014-2016 ni avinieron arreglos entre las partes en los conflictos de las comunidades, ni tampoco fueron ejemplo de trabajo, cercanía, transparencia y pertenencia con la comunidad. No es alivio para nadie que ahora se diga que los administradores serán de la misma extracción política o partidista de la última autoridad electa; el problema no es que los nombre el Ejecutivo sino que lo haga en el marco de discrecionalidad, que no ha cambiado a pesar del vaivén de la atribución entre los poderes Legislativo y Ejecutivo estatal.