+ ¿Y qué pasa si se judicializa proceso interno del PRI?
Esta será la semana crucial en la definición de la candidatura priista al Gobierno del Estado. Ayer ocurrió el primer hecho trascendental de esta recta final de la contienda: Jorge Franco Vargas anunció su separación de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional. En los corrillos políticos del tricolor, se establece como un hecho que antes del fin de semana se emita la convocatoria para el proceso formal de elección del Candidato. Y con ese solo hecho quedará en claro cuál es el destino elegido por el priismo sobre su posible abanderado. Aún con ello, subsistirán riesgos importantes que los tricolores no deberían dejar de considerar.
La renuncia de Franco Vargas a la dirigencia priista es un hecho trascendental, pero no inusitado. De hecho, esa dimisión era un requisito fundamental, que necesariamente tenía que ocurrir para la continuación de la dinámica sucesoria en el Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Porque, al final, tenía que prevalecer la máxima de que es imposible fungir como juez y parte, en un proceso en el que se pretende ser árbitro pero en el que también se tienen inmiscuidos intereses.
De hecho, en la lógica formal del proceso interno —es decir, más allá de las exigencias, las rebeliones y la beligerancia que tanto se acusa—, la posición de Franco Vargas como dirigente del priismo era cada vez menos sostenible. Si otras hubieran sido las circunstancias, y el proceso interno no hubiera alcanzado el grado actual de complejidad y polarización, éste tendría que haber dimitido a su cargo desde finales de 2009 o, a más tardar, en la primera quincena del mes de enero del presente año.
¿Por qué no lo hizo antes? Justamente porque las circunstancias no habían sido idóneas ni para lograr un acuerdo común que verdaderamente lograra conjuntar a todos los aspirantes en torno de una sola candidatura; ni tampoco para establecer un plazo para el desarrollo del proceso formal.
Es decir, que una cosa no pudo llevar a la otra: hasta ayer por la tarde, nadie había sido ungido como candidato realmente de unidad en el priismo oaxaqueño; y por esa razón, el tiempo para desdoblar el proceso formal para la designación de su candidato a Gobernador se vino aplazando hasta estos momentos, que ya se aparecen como los momentos límites en los que todo puede ocurrir sin transgredir los tiempos internos del priismo, y los periodos que marcan las leyes electorales.
Así, lo que parece claro es que el momento y las circunstancias en que ocurre la dimisión de Franco Vargas a la dirigencia priista, sólo es una muestra sintomática más de la incertidumbre que ocurre hoy en el grupo en el poder. Más allá de las especulaciones, queda claro que si aún hoy el PRI de Oaxaca no tiene candidato a Gobernador, no es por un asunto de estrategia o de manejo de tiempos: es porque no se ha podido lograr un consenso, y porque los manejadores reales del proceso interno están llevando el asunto al límite, para tratar de ceñirse no a las negociaciones sino a la presión y el intento de avasallamiento.
Franco Vargas, al final de cuentas, lo que está haciendo es cumplir con los tiempos. Si se tiene fresca la memoria, se habrá de tener bien en cuenta que la primer fecha límite que todos se impusieron para comenzar a desincorporarse de sus tareas en el servicio público y en el partidismo. El primero que tenía que marcar la pauta, era justamente el entonces Presidente estatal del priismo, que no podía aparecer como garante de un proceso en el que él participaría.
Así, el momento verdaderamente revelador ocurrirá cuando se dé a conocer la convocatoria para el proceso interno del priismo. Si a partir de ese documento ocurre la adhesión de la mayoría de los aspirantes a la candidatura a Gobernador, entonces todavía quedará posibilidad de consensar un abanderado de unidad. Si, por el contrario, quienes deben separarse de sus cargos no lo hacen, y declinan a participar en el proceso, entonces se tendría una precandidatura única, pero seguramente también en solitario. Es decir, que aún sin una ruptura manifiesta, la “unidad del priismo” quedaría pospuesta indefinidamente.
RUPTURA FÁCTICA
La no participación en el proceso interno de la mayoría de los seis aspirantes a la gubernatura por el PRI, sería el equivalente inmediato a una fractura no declarada, pero sí materializada. ¿Con qué grado de legitimidad asumiría la candidatura, un aspirante único, que primero compitió con cinco o siete contendientes, pero que al final se quedó solo? La respuesta estaría, mejor que en ningún otro sitio, en la carencia de respaldo político sólido de todos los que, les guste o no aceptarlo, representan eso que denominan “unidad del priismo”.
En esta dinámica, se tendrían que comenzar a vislumbrar otros escenarios. ¿Qué ocurre ahora mismo en el proceso interno priista de Puebla? Que el tricolor, dominado por la decisión del gobernador Mario Marín Torres, negó la posibilidad de participar en el proceso interno a un aspirante que no es su favorito. Enrique Doger, el perjudicado, acudió a las instancias jurisdiccionales en materia electoral federal, para defender sus derechos político electorales con amplias posibilidades de obtener una victoria legal.
Aquí no ha ocurrido nada de ello, simplemente porque el proceso interno del priismo no ha iniciado formalmente. ¿Podría ocurrir? Dependiendo de los términos en que sea emitida la convocatoria, y de las resoluciones que tome la Comisión de Procesos Internos de ese partido, probablemente sí.
¿Por qué asegurarlo? Porque ni el edil José Antonio Hernández Fraguas, ni los secretarios José Antonio Estefan Garfias y Martín Vásquez Villanueva, han decidido moverse de sus cargos. Esperan a la emisión de la convocatoria, justamente para conocer los términos de la misma, y decidir en consecuencia. El riesgo no calculado, hasta ahora, es el de las impugnaciones que pudieran terminar en los tribunales federales; pero también el relativo a que todo se reduzca a una precandidatura única, pero que no tenga los consensos necesarios para que la unicidad pueda ser sinónimo de unidad.
EVENCIO, A SEGEGO
Evencio Nicolás Martínez Ramírez, en la Procuraduría estatal, fue sinónimo de justificaciones sobre sus malos resultados, e inoperancia infinita. Ahora asume la responsabilidad de Secretario General de Gobierno. Habrá que ver quién ocupa su lugar y cómo se realizan los enroques que sigan en los próximos días. Ese también será un signo del rumbo que decida el priismo sobre su candidato.
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