+ Aborto: no hay convicciones, sino conveniencias
Como envueltos en una moral incuestionable, priistas y panistas se dicen engañados y defraudados respecto al acuerdo firmado en la Ciudad de México, en octubre del año pasado, en el que los primeros se comprometieron a apoyar la reforma fiscal del gobierno federal, a cambio de que los segundos no erigieran alianzas electorales en el Estado de México, y otras entidades federativas, incluyendo Oaxaca. Tomando en cuenta los antecedentes, lo que puede verse es que en más de una fuerza política no son las convicciones, sino solamente los intereses lo que determina su actuar.
En primer término, habría que tomar en cuenta la realización de otros “pactos” oscuros, de los cuales nadie sabe su contenido —aunque existen fundadas sospechas— y las fuerzas partidistas y personajes que los firmaron. El más reciente de esos acuerdos inconfesables, ocurrió hace apenas unos meses: entre los años 2008 y 2009, con el impulso y aprobación, en 18 entidades de la República, de sendas reformas constitucionales a nivel local, quedó momentáneamente cancelada toda posibilidad de que se legislara cualquier nueva forma de legalización del aborto.
Este asunto tiene aristas harto parecidas a las del llamado “acuerdo antialianzas” firmado en octubre pasado entre el PAN, el PRI y el gobierno federal. Si bien se recuerda, en abril de 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó modificaciones legales que abrieron la posibilidad, en la capital del país, de que cualquier mujer se realizara voluntariamente la extracción del producto de un embarazo, cuando éste tuviera menos de 12 semanas de gestación.
Dicha reforma abrió un debate intenso entre diversos grupos de la sociedad, los ámbitos de gobierno, y los grupos eclesiásticos y proclericales, e incluso la controversia llegó al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una Acción de Inconstitucionalidad.
Los grupos defensores de la reforma ocurrida en el Distrito Federal, ponderaban el derecho de toda mujer a decidir sobre su cuerpo y su proyecto de vida; quienes se ubicaron en la posición contraria, aseguraban que la vida existe desde el momento de la concepción, y que nadie tiene derecho a decidir sobre un tercero. Y, en todo esto, la Corte declaró como constitucionales, en agosto de 2008, las leyes que despenalizaban el aborto en la capital del país.
¿Qué ocurrió entonces? Que, al tener agotada la posibilidad de las acciones constitucionales para invalidar normas de esa naturaleza, comenzó a darse un proceso de contrarreformas en diversas entidades de la República Mexicana. El objetivo, como es evidente, era el de cerrar la puerta a la reproducción de ese modelo de despenalización del aborto establecido en el Distrito Federal, al establecer en las Constituciones de las entidades federativas que dichas normas protegen y garantizan la vida de las personas, desde el momento de su concepción.
¿Y quiénes se aliaron para emprender ese camino de las contrarreformas? En efecto, se unieron PRI y PAN, junto con la Iglesia, para lograr que, hasta ahora, las Legislaturas locales de 18 entidades de la República —gobernadas por esas dos fuerzas políticas— establecieran ese principio constitucional, a través del cual cerraban toda posibilidad de reformas legales que favorecen el aborto voluntario.
¿QUÉ TRANSIGIERON?
Cuando comenzó el proceso de contrarreformas, el gobierno del Distrito Federal acusó, en voz de Marcelo Ebrard, de la existencia de un pacto entre el PRI y la Iglesia Católica para el impulso de reformas constitucionales locales que limitaran la despenalización del aborto en las entidades federativas. En ese mar de sospechas, continuaron las reformas que hoy se cuentan en 18 estados de la República, y los proyectos de modificación en ese sentido que se preparan cuando menos en otras cuatro entidades federativas.
Nadie sabía bien a bien cuál era el pacto. Lo que sí era evidente, es que este tema logró hacer una comunidad de intereses entre el Revolucionario Institucional, los grupos conservadores y el Partido Acción Nacional. Aquí mismo en Oaxaca, fue la diputada Perla Maricela Woolrich Fernández, de la fracción parlamentaria del blanquiazul, quien en septiembre de 2009 presentó, como suya, una propuesta de reforma a la Constitución del Estado, para garantizar, en su artículo 12, el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Esa propuesta, según pudo establecerse en consulta con varios legisladores que participaron de ese proceso, fue elaborada por los asesores del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional. Y como era previsible, en un grosero acto de mayoriteo, como los que abundan en el Poder Legislativo del Estado, el 10 de septiembre pasado la fracción completa del priismo avaló tal modificación a la Constitución del Estado. A partir de entonces, coincidentemente, se apagaron casi por completo las tradicionales críticas que se vertían desde el seno de la Grey Católica a la actividad gubernamental local.
Ningún diputado priista, ninguno, en Oaxaca y en las demás entidades donde se ha aprobado esa prohibición tácita del aborto voluntario, ha podido explicar con razones sustentables cuál es la razón de su decisión, y por qué impulsaron una reforma que atenta contra la naturaleza política y la ideología del priismo. A nadie le importó entrar en esa discusión, porque obviamente era nada rentable emprender un debate en el que de antemano sabían que no podrían salir bien librados.
Pero además había otra razón: el pacto que es evidente, pero del que nadie conoce sus detalles, que permitió que el PRI impulsara una reforma ampliamente conservadora, en las entidades que gobierna. Esa tarea los hermanó con el PAN, de quien ahora reniegan. Juntos transgredieron todos los principios morales, políticos e ideológicos por los que, ahora, unos y otros se rasgan las vestiduras.
SÓLO CONVENIENCIAS
Al inicio de la semana, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel se pronunció, personalmente, a favor del aborto, y dejó ver que las reformas impulsadas por su partido que contravienen sus ideas personales, se habían realizado en el marco del pluralismo que reina en ese partido. ¿A poco? Deberían preguntar si ha existido pluralidad y debate, a todos aquellos legisladores priistas que en las entidades federativas han manifestado su rechazo personal a las reformas anti aborto. Todos han actuado, al final, en base a consignas, intereses y pactos anteriores al “antialianzas” por el que ahora se escandalizan azules y tricolores.
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