+ Sociedad y gobierno desunidos, vs criminalidad organizada
La mañana de ayer, murió ejecutado el candidato a Gobernador de Tamaulipas por la alianza del Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista, y Nueva Alianza, Rodolfo Torre Cantú, y cinco de sus colaboradores. Este hecho, además de convulsionar gravemente el proceso electoral en aquella entidad, deja ver el tamaño del problema nacional en que se ha convertido la falta de respuestas de Estado, ante la violencia y las acciones del crimen organizado.
A pesar de que Tamaulipas es una de las entidades federativas en las que ha habido una importante presencia del crimen organizado, el proceso actual por el que ahora mismo atraviesa no se aparecía como uno de los más convulsionados para las fuerzas políticas. De hecho, el candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal, Rodolfo Torre Cantú, reportaba una amplísima ventaja —en algunos momentos por más de 30 puntos porcentuales—, que aún mantenía sobre su principal oponente del PAN, José Julián Sacramento Garza. Esto último, de acuerdo con la encuesta publicada el 21 de junio pasado por Consulta Mitofsky, en la que el tricolor tenía una intención de voto del 61 por ciento, sobre un 30 por ciento del blanquiazul. Es decir, que para efectos electorales, la elección estaría prácticamente resuelta a favor del malogrado abanderado del tricolor.
Por esa razón, este asunto debe verse y entenderse a partir de otro contexto distinto al de un posible choque entre integrantes de partidos políticos. De hecho, en mayo pasado fue ejecutado otro abanderado en Tamaulipas, aunque aquella ocasión fue un candidato panista a presidente Municipal, de nombre José Mario Guajardo, quien fue ultimado junto con su hijo. En aquella ocasión, algunos dirigentes partidistas y aspirantes a cargos de elección popular, reportaron haber sido objeto de intimidación y amenazas por parte de grupos criminales, e incluso algunos de ellos optaron por retirarse de la contienda electoral.
Así, habría que considerar primeramente el contexto social y de violencia no sólo de Tamaulipas, sino de todo el norte de la República. Grandes extensiones del territorio colindante con la frontera con Estados Unidos de Norteamérica hoy vive problemas aparentemente incontrolables de criminalidad, violencia y enfrentamientos entre grupos ligados al crimen organizado.
Mientras esto ocurre, y avanza día con día, el gobierno federal ha aplicado algunas “recetas” tales como la presencia del Ejército, la Marina Armada de México y las fuerzas federales de seguridad pública, como un intento de frenar la presencia criminal y brindar paz a las zonas afectadas; los gobiernos estatales también han tratado de hacer lo propio, al igual que los gobiernos municipales a través de sus respectivas corporaciones policiacas. Lo cierto es que nada parece haber sido suficiente para detener las ofensivas criminales, que lejos de disminuir se han intensificado en diversos estados del norte del país.
No obstante lo anterior, todo parecería indicar que nada de esto tendría que afectar al proceso electoral. En el escenario nacional, no se tenían reportes de amenazas en contra del abanderado priista; de hecho, la entidad es gobernada por el tricolor, a través de Eugenio Hernández Flores.
Por eso, en general, más allá de las insinuaciones sobre posibles nexos con la delincuencia organizada —que tendrían que haber aflorado ya ante la campaña electoral, por el “blindaje” antinarco del IFE, o las investigaciones de la PGR, y los órganos de inteligencia civil y militar del país—, lo que debe preocupar al país entero, y no sólo a los tamaulipecos, es la respuesta implacable que da el crimen organizado ante la desunión y la mezquindad que ha mostrado, en común, tanto la clase gobernante como la oposición, en los tres órdenes de gobierno alrededor de la República mexicana.
CRISIS INSTITUCIONAL
Llevamos, nos guste o no, casi cuatro años de una cruzada interminable contra el crimen organizado. Esta lucha la emprendió el gobierno federal a nombre del Estado mexicano. Por eso, somos todos, y no sólo el gobierno, quien paga las consecuencias. El problema de todo esto, en realidad, es que esa noción de que la guerra anticrimen la libra el Estado en contra de un ente amorfo y poderoso como el crimen organizado, parece estar ausentes entre quienes componen el entramado institucional del país. Es decir, entre los grupos de poder, los partidos políticos, el gobierno federal, las representaciones legislativas; los gobiernos de las entidades federativas, y demás. Todos se asumen como parte de una casta política, pero no de un Estado cohesionado.
Todos los partidos de oposición, han planteado sus respectivas agendas políticas en función de sus intereses y no del país. El PRI, desde el 2006, ha sido un engañoso detractor del gobierno federal que, sin embargo, se alía con él cuando juntos reparten el presupuesto público o cuando tienen intereses del común. Las fuerzas de izquierda —PRD, PT, Convergencia, etcétera— fueron no sólo censuradores del gobierno federal, sino que durante tres años alegaron una carencia de legitimidad y denunciaron la usurpación en la Presidencia de México, hasta que, también, los intereses electorales los alcanzaron y unieron.
Lo cierto, en todo esto, es que nadie ha querido hacer algo por el país, para no dar beneficios a sus adversarios. El país está más desunido y enfrentado que nunca. El gobierno federal ha utilizado la procuración de justicia y la seguridad pública, como armas electorales y de persecución hacia sus adversarios. El PRI ha asumido la postura cómoda de ejercer la denuncia sistemática de los males nacionales, como haciendo ver que con eso —y no con la generación de respuestas eficaces— cumple con su papel histórico ante la nación.
CRIMEN OR-GA-NI-ZA-DO.
Y ante toda esta desunión, confrontaciones, mezquindad y falta de sentido de las necesidades no del gobierno, sino del Estado, que se abreva entre los grupos de poder, está el crimen organizado, que sí parece entender que si su enemigo es justamente el Estado, también lo son todos los gobiernos, todos los partidos, todas las facciones, y todos los grupos parlamentarios; y que, por tanto, todo aquel que le provoque un perjuicio a sus intereses, debe ser eliminado. El homicidio del candidato Torre Cantú, es una muestra implacable de todo lo que no hemos sido, todos juntos, capaces de resolver.
almargenoaxaca.wordpress.com
Lástima que tengan que pasar este tipo de situaciones para que podamos hablar con EJEMPLO de lo que cada día no sólo tú, sino cientos de mexicanos comprometidos con la verdad gritan con voz apagada!
Mis condolencias a la Familia Torre Cantú y mis oraciones para Oaxaca este 04 de julio.
Un abrazo.