+ Garantizar la no impunidad: una expectativa casi imposible
El nuevo gobierno deberá ser cuidadoso en cuanto a las expectativas que está creando sobre la procuración de justicia. El gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, ha reiterado que no permitirá más actos que queden en la impunidad, y para muestra dijo que se reactivarán las investigaciones sobre los hechos presuntamente constitutivos de delitos, relacionados con la revuelta magisterial y popular ocurrida en 2006. Debe haber cuidado y cautela para establecer qué hechos emblemáticos serán indagados, cómo se abatirá la impunidad, qué medidas se tomarán para reforzar a la Procuraduría estatal, y sobre todo, qué relación establecerán con los grupos sociales con quienes históricamente el gobierno ha negociado la impunidad.
El asunto no es menor. Hoy, a través del tantas veces citado “bono democrático” —que no es más que la aceptación popular que tiene un gobierno en ciernes, basada en las expectativas de que logrará grandes beneficios sociales y políticos, y un cambio respecto a sus antecesores—, el gobernador electo Cué ha establecido algunas de las directrices sobre las cuales arrancará su gobierno, y que en realidad no corresponden más que a diversos reclamos abanderados en los últimos años por los grupos sociales que apoyaron su candidatura, y por los partidos que lo postularon.
De ahí que si uno de esos reclamos es el de la impunidad que la permitido y fomentado la actual administración, y el punto emblemático de ese aspecto son algunos hechos ocurridos durante el conflicto social y político 2006, entonces ese binomio es el que habrá de representar el cambio en la postura gubernamental respecto a la procuración de justicia. El problema, en realidad, es que satisfacer la expectativa del cumplimiento de la ley, y el castigo puntual a quienes delinquieron y reprimieron los movimientos sociales, conlleva altísimas complejidades para su cumplimiento, que no deben ser pasadas por alto.
Vayamos por partes. En realidad se equivoca, o se engaña sola, la procuradora María de la Luz Candelaria Chiñas. Aún cuando asegura que para la Procuraduría General de Justicia del Estado, los episodios presuntamente constitutivos de delitos relacionados con la revuelta magisterial de 2006 son un caso cerrado, porque fueron investigados y concluidos en las instancias correspondientes, lo cierto es que, en sentido contrario, ha sido prácticamente nada lo que se ha investigado al respecto.
En este sentido, la procuradora Candelaria Chiñas pretende evadir la discusión de fondo: para asegurar lo anterior, dice que “los excesos en los que se haya incurrido se investigaron en su momento y se abrieron las indagatorias correspondientes, pero han concluido”. Esto, únicamente en relación a los ex mandos policiacos José Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas. Pero más allá de ellos —cuya participación resulta ser sólo una de las aristas de un conjunto de episodios violentos como los del 2006—, queda una larga estela de agresiones, muertes, persecuciones, desapariciones y hostigamiento sobre los cuales nada ha resuelto positivamente el Ministerio Público del Estado.
En esta lógica, si el nuevo gobierno tiene voluntad para investigar los hechos del 2006, tendrá que llamar a cuentas de nuevo no sólo a quienes fungían entonces autoridades ordenadoras y ejecutoras de los operativos y las acciones imputadas al Gobierno del Estado.
Pero sobre todo, deberá desempolvar todos los expedientes por los delitos cometidos en aquellos meses aciagos, y directamente relacionados o conexos con la revuelta magisterial, para dar respuesta puntual de justicia no sólo a quienes desean ver sujetos a proceso a ciertos ex servidores públicos, sino también a todos los que aprovecharon el vacío de autoridad y la percepción de ingobernabilidad, para cometer otros delitos que igualmente agraviaron y movieron a la sociedad a exigir justicia, sin que hasta ahora hayan tenido respuesta.
MUCHO QUÉ INDAGAR
Si la voluntad es genuina, y no existen pactos oscuros para mantener en la impunidad ciertos hechos o a ciertos personajes, entonces el gobierno del gobernador Cué tendría que crear una instancia ministerial que, como ha ocurrido en numerosos gobiernos de transición, son conocidas como “comisiones de la verdad”. A partir de ello, podría reescribirse y comprenderse un episodio convulsivo de la historia reciente de nuestra entidad, y se podrían establecer con puntualidad los testimonios, los hechos constitutivos de delitos, y los responsables civiles y gubernamentales de cada uno de ellos, para luego ser llamados a cuentas, y procesados conforme a derecho.
Durante el conflicto magisterial y popular de hace cuatro años, hubieron más de dos decenas de muertos. De ellos, sólo el homicidio de Lorenzo San Pablo Hernández, ocurrido el 21 de agosto de 2006 en las inmediaciones de la barricada que se ubicaba en la calle de Nezahualcóyotl, en la colonia Reforma de esta capital oaxaqueña, es probadamente responsabilidad de agentes ministeriales, que entonces participaban en un operativo de limpieza de calles, y que por ese hecho fue luego denominado por los grupos inconformes como “caravanas de la muerte”.
Fuera de aquel homicidio, existe otra veintena que no ha sido indagada ni procesada ministerialmente; además de ello, existen varios miles de expedientes que contienen acusaciones de civiles respecto a daños, quebrantos y agresiones sufridas durante el conflicto; existen también procesos judiciales respecto a diversos participantes en el movimiento social, que ni han sido sobreseídos ni han sido concluidos, y que más bien se mantienen congelados gracias a acuerdos políticos. Todos esos hechos, incluido el de Lorenzo San Pablo, se mantienen en la más abominable de las impunidades, gracias a que nadie ha tenido la voluntad para reactivarlos.
Por eso, el nuevo gobierno debe tener cuidado con las expectativas que crea sobre la impunidad, sobre la procuración de justicia, y sobre estos hechos. Como en los otros casos, del tamaño de la promesa, debe ser la respuesta. Si no, incluso en esto, el desencanto les cobrará facturas costosas.
¿PREMIO A QUÉ?
Por cierto, hace dos días una barra de Abogados otorgó un reconocimiento “al mérito” al secretario General de Gobierno, Evencio Martínez Ramírez. ¿Mérito? ¿A qué? Como procurador, lo único que fomentó fue la impunidad sobre todo lo antes comentado; ahora, en su nuevo encargo, sigue la encomienda de negociar la ley. Cuánto mérito.
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