+ Frentes de lucha abiertos, sin más utilidad que el golpeteo
La contienda electoral fue sólo el inicio de la larga guerra que, se espera, ocurra entre el actual grupo gobernante y la élite de Gabino Cué Monteagudo, que tomará las riendas de la entidad a partir del próximo 1 de diciembre. Hasta ahora, ante la natural falta de entendimiento, se abrieron frentes de guerra que ya se miran como auténticos callejones sin salida. Lo peor es que, si en ninguno de los dos bandos calculan la intensidad de esa batalla, y sus consecuencias, harán de Oaxaca un territorio convulso e ingobernable.
Parecía hasta sospechoso el estoicismo con que el PRI asumió la derrota electoral, el pasado 5 de julio. Apenas dos días después de los comicios, el virtual Gobernador Electo dio algunas muestras discursivas de prudencia, pero anunció la creación de un equipo de transición, además de emplazar al gobernador Ulises Ruiz a que, en el lapso de un par de semanas, integrara un equipo que sirviera de enlace con sus enviados.
Ese pareció ser el punto que rompió la fantasía del estoicismo de unos, y la prudencia de los otros. Ante la insistencia de los colaboradores de Cué, el gobernador Ruiz salió al paso para asegurar que su gobierno termina el 30 de noviembre, y que será hasta llegado ese mes que se conformará un equipo que coordine las tareas de entrega-recepción con la nueva administración. ¿Por qué se rompió la aparente calma? Porque más allá de cualquier promesa de civilidad, en todos comienza a aflorar un ánimo de confrontación que parece ser riesgoso e irreconciliable. Veamos por qué.
A partir de la disputa por la entrega-recepción, ambos grupos se han lanzado diversos obuses que no pasan inadvertidos. El llamado a comenzar los trabajos de transición, eran impertinentes aún porque, para efectos formales, el proceso electoral —que se encuentra en la etapa de impugnaciones ante los órganos jurisdiccionales competentes— aún no termina. Al no estar concluido, y haber cuestiones pendientes de determinar sobre la elección de Gobernador, entonces Cué aún no tiene plenamente la calidad de gobernador electo.
Sin embargo, parecía claro que más allá de cualquier imprudencia, lo que el equipo de Cué buscó con ese llamado, fue incrustar en la opinión pública el cuestionamiento de por qué el gobierno actual se niega a comenzar el proceso de entrega. Los aliancistas saben que no están aún legitimados para exigir cuentas, ni que les sea entregado el gobierno —y eso fue lo que puntualizó el Gobernador en su mensaje del pasado 14 de julio. Pero con sus acciones (manipuladas), lo que sí lograron fue asentar la idea de que el gobierno de Ruiz Ortiz está “limpiando la casa”, en lugar de mostrar disposición para iniciar el proceso de transición.
¿Y el PRI se ha mantenido cruzado de brazos? Evidentemente no. En los más de 20 días que han transcurrido luego de la jornada electoral, comenzamos a ver cómo paulatinamente comienza a revivir cierto grado de convulsión social, que no debemos perder de vista, y que ya se manifiesta en el cierre de calles, obstrucción de carreteras, manifestaciones, y demás; pero perpetrado todo esto por grupos que hasta hace un mes eran afines al Gobierno del Estado.
Al mismo tiempo, y al ya estar desprovistos de cualquier cuestionamiento o pago de costos políticos —porque lo que podían perder frente a los electores, ya lo perdieron— los todavía diputados priistas en el Congreso del Estado ya delinearon el rumbo de cómo se va a conducir la oposición tricolor frente al nuevo gobierno. Saben que desde ahí es donde se darán las batallas más importantes. Y por eso han apurado los cambios en la organización del Poder Legislativo, y en algunas de las atribuciones que a partir de ahora tendrán y harán valer a partir de su posición de bancada mayoritaria, pero como partido de oposición.
GOBIERNO CAUTO
Si este nivel de crispación continúa —como bien podría ocurrir—, lo que viviremos en los meses próximos será una reedición del caos. La visión real de no pocos de quienes asumirán —o reasumirán— el poder a partir del 1 de diciembre, se centra en la persecución a ciertos personajes del actual régimen, en la legitimación popular a base de golpes judiciales espectaculares, y a la revisión escrupulosa que culmine con la persecución de funcionarios corruptos.
Frente a ellos, la visión priista es mucho más pragmática, pero igualmente contundente: para ellos, la derrota del pasado 4 de julio es un descalabro relativo. Todos han declarado que van por el 2012 porque, efectivamente, ese es el punto en que pretenden centrar su venganza y persecución a quienes los apabullaron recientemente.
El razonamiento tricolor es sencillo. Cuando ganen la elección presidencial, tendrán la posibilidad de cobrar —a Cué y los partidos que lo apoyaron— tanto las afrentas como la persecución política de que fueron objeto en 2006, las descalificaciones posteriores al régimen gobernante en Oaxaca, e incluso las cobardías e ilegalidades con las que, dicen, ahora les ganaron la gubernatura.
Ninguna de esas dos visiones pasa por la prudencia. Al contrario. Mientras ocurre uno u otro escenario, lo que quedará en medio es Oaxaca, con todos los problemas que unos y otros se fabriquen para llenarse de piedras el camino. Lo más seguro es que veamos un gobierno con importantes tintes de persecución, y a una oposición priista recalcitrantemente vengativa, provocadora de conflictos, y capaz de bloquear cualquier acuerdo o avance importante en el Congreso del Estado.
Como ninguno de los dos grupos está indefenso, ambos harán todo, y se valdrán de todo, para atacarse. El problema es que en su riña, le subirán el tono a los problemas de la entidad. Y eso, en global, dejará ver el verdadero rostro de los partidos y sus integrantes, así como lo engañosas que habrían sido aquellas promesas tanto de transformación, como de paz y progreso.
CIUDAD BACHE
El gobierno estatal ha gastado cantidades millonarias en la rehabilitación de algunas calles del Centro Histórico. Pero mientras, en toda la ciudad, miles de baches se hacen más grandes todos los días, y se acentúan en la temporada de lluvias. Muchos de ellos datan desde 2006, cuando las llantas quemadas en las barricadas derretían el asfalto. Y la Secretaría de Obras, y los Ayuntamientos de Oaxaca y municipios conurbados, hacen nada para atender este visible problema.