+ No responsabilidad: principal prevención para juicio político
Afirman quienes conocen a detalle el dictamen final emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en dicho engrose el pleno del Alto Tribunal no atribuyó responsabilidades, ni hizo señalamientos directos, en contra de quienes sí identificó como los servidores públicos principalmente participantes en el conflicto magisterial y popular ocurrido en Oaxaca en 2006. Por ello, según parece, en ese punto se encuentra la clave del inicio del procedimiento de juicio político que ahora mismo se desarrolla en el Congreso del Estado en contra del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Vayamos por partes. Como bien recordamos, porque lo hemos apuntado en otros momentos, el pleno de la Suprema Corte tiene la posibilidad de iniciar una investigación sobre la probable comisión de hechos que constituyan violaciones graves a las garantías individuales.
Este procedimiento, según lo establece el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de la República, puede iniciarse por iniciativa propia del Alto Tribunal, o cuando así lo solicitare el Presidente de la República, una de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de una entidad federativa.
El límite de dicha facultad, se encuentra en la sola posibilidad de averiguar los hechos y emitir un dictamen. Esto es, que para efectos constitucionales, escapa del ámbito de atribuciones de la Corte la posibilidad de establecer responsabilidades directas o hacer señalamientos sobre servidores públicos y civiles.
Si esto es así, ¿entonces por qué, en noviembre del año pasado, cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia discutió públicamente el proyecto de dictamen sobre el llamado “Caso Oaxaca”, resolvió que tanto el gobernador Ulises Ruiz, como otros seis ahora ex funcionarios del gobierno estatal, eran responsables por violaciones graves a las garantías individuales?
La razón de aquel posicionamiento verbal de los Ministros, quedó únicamente en su fuero interno. Pero según lo establece el engrose —que es la versión final, en la que se contiene también la resolución aprobada por los integrantes del Pleno—, los ministros no incurren en el establecimiento de responsabilidades. La razón de esta aparente omisión, se encuentra en el hecho de que esto los llevaría a sobrepasar su ámbito de atribuciones.
¿Por qué? Porque, en todo caso, el efecto que tiene el dictamen emitido por la Corte en base a las facultades que le confiere el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, se convierte en una importante referencia —pero mera referencia al fin, por el carácter meramente enunciativo de dicho dictamen— para que los poderes legitimados procedan como corresponde a procesar y definir si esas violaciones graves a las garantías individuales, son motivo para que el servidor público en comento sea sometido a juicio político o, en su caso, le sea retirada la inmunidad constitucional para que pueda ser procesado libremente por los tribunales jurisdiccionales competentes.
Si en realidad el Congreso del Estado tomó como base lo establecido en el engrose del dictamen sobre el llamado Caso Oaxaca, entonces no hay mucho qué esperar. El asunto, para el Gobernador y los demás involucrados, pareciera ser mucho menos grave y complejo de lo que se podría esperar.
Y por eso mismo, el final de toda esta historia podría ser que, además de dejar cancelada toda posibilidad de reabrir otro procedimiento de esa naturaleza por los hechos del 2006, los procesados en juicio político por el Congreso del Estado tuvieran una sentencia favorable a sus intereses.
CONGRESO INDECOROSO
Para eso está sirviendo la agonizante LX Legislatura del Congreso del Estado: para allanar el camino de salida al grupo gobernante, y para legitimar una serie de pretensiones y hechos que, si bien no son estrictamente ilícitos, sí revelan el ánimo de tenderles un manto de imperturbabilidad —ocurra o no cualquier acto de molestia—, para el futuro. En ese sentido, el fondo de estos asuntos puede ser perfectamente confesable y explicable si se hace pasar por el tamiz de la legalidad; pero no si lo que se pretende es demostrar que esos son actos de congruencia y dignidad, de lo que se dice denominar un Poder del Estado, y no cuestiones de mero servilismo.
En ese sentido, existe un cuestionamiento de fondo que la mayoría tricolor de la actual Legislatura ha desatendido por completo: han sido groseramente incongruentes, entre las reformas impulsadas en las semanas recientes para dizque garantizar la pluralidad y la democracia en la toma de decisiones y el gobierno interior del Congreso, pero a la par de una actuación que pasará a la historia como una de las menos comprometidas con esos mismos principios, por una mayoría legislativa respecto al Poder Ejecutivo.
Los diputados actuales —los tricolores, particularmente— pueden decir libremente que esto es una vacilada, o un mero idealismo trasnochado. Pero si las funciones del Estado se encuentran divididas, es precisamente para unas se contrapongan y equilibren las posibles desviaciones y excesos de las demás. Empero, lo que ocurre actualmente es exactamente lo contrario: haya o no ilegalidades, y haya o no inmoralidades en el gobierno que termina, lo que la LX Legislatura deja ver, es un ánimo desbocado por eliminar todos esos problemas y cuestionamientos, que ellos mismos dicen que no existen.
Frente a esas actuaciones, de la LX Legislatura local puede ya esperarse cualquier cosa peor. Desprovistos de toda dignidad, han preferido terminar su función sirviendo a una mera causa partidista. Y, en este sentido, no sólo hay que ser, sino también parecer. Porque dicen que no existe nerviosismo por los cuestionamientos y juicios del futuro, pero hacen todo por manipularlos. Porque aseguran que las cuentas están claras, pero se apresurarán a revisar la última cuenta pública. Y porque si dicen que ésta será una transición transparente pero aún tienen ases inmorales bajo la manga, es, sin duda, porque las cosas no están tan bien como ellos mismos lo aseguran.
HONESTIDAD COMPROBABLE
Por cierto, ante las promesas de integrar un gobierno de profesionales y honestos, el gobernador electo Gabino Cué debería comenzar a establecer los métodos estrictos de selección —además del polígrafo y la declaración patrimonial— a los que someterá a sus próximos funcionarios. Para validar el ofrecimiento, el proceso de selección debería ser totalmente abierto a la sociedad. ¿O no?
