+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Magisterio-Cué: vayan por una agenda posible

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+ Fantasía, un calendario de 200 días en Oaxaca

El gobierno de Gabino Cué Monteagudo comenzó a aterrizar en la realidad, apenas unos momentos después de que el nuevo Mandatario rindiera la protesta constitucional que correspondía. En su discurso inaugural, se pronunció porque nunca más los niños y jóvenes oaxaqueños que acuden a instituciones de educación pública básica, se queden sin clases. Pero, por paradójico que parezca, su gobierno arrancó justamente con un día de paro de labores del magisterio oaxaqueño.

Es claro que, al menos en ciertos temas específicos, el gobernador Cué debe comenzar a ser realista, y pensar que no todo se arregla con buena voluntad o con la legitimidad política que dan los votos. El de la educación, sin duda, es uno de esos grandes problemas para los que se deben emprender todas las medidas que sean necesarias, pero sobre los cuales cualquier decisión errónea se magnifica. Y sobre todo, se debe actuar más allá de los discursos o la demagogia.

En este sentido, es necesario que la nueva administración del Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y su titular, Bernardo Vásquez Guzmán, comiencen a construir ya no una agenda deseable, sino una agenda posible para comenzar a enfrentar y revertir los grandes problemas que enfrenta la instrucción pública que se imparte en la entidad.

El primer botón de muestra lo tuvieron desde el momento mismo de la toma de posesión del gobernador Cué. Con el pretexto de repudiar “hasta el último día” a la administración del gobernador saliente Ulises Ruiz Ortiz —argumento erróneo y engañoso, dado que la gestión anterior culminó el día previo, por lo que, de ser así, ellos debieron haber marchado el 30 de noviembre y no el 1 de diciembre—, el llamado “magisterio democrático” de la Sección 22 del SNTE hizo notar su presencia a través del elemento de la movilización de masas, la protesta y las acciones de presión.

Así, mientras Gabino Cué se pronunciaba por terminar con los paros de labores de los profesores para no seguir afectando a la educación, éstos hacían justamente eso para hacerle sentir que lejos de cualquier acuerdo posible, su gobierno deberá comenzar a entenderse con ellos, que a partir de ahora serán una fuerza política mucho más contestataria y de doble lenguaje que nunca.

La razón de esa altivez es clara: en algún sentido, junto con Gabino Cué, la Sección 22 también ganó los comicios del pasado 4 de julio; ellos también sienten que arribaron al poder gubernamental estatal; y, como fuerza sindical, a partir de ahora lucharán en la ruta obvia de todos los sindicatos: es decir, harán lo que sea necesario no sólo por preservar todos los privilegios y los espacios de poder con los que ya cuentan, sino también, y sobre todo, por ensancharlos.

Además, como factor político e incluso electoral, la 22 ha tenido como herramienta fundamental de lucha, la movilización de sus masas y las acciones de presión. Los “democráticos” nunca han preferido la vía electoral, y tampoco las vías políticas. Por su propia naturaleza, ellos buscan siempre las acciones de presión, la presencia radical, y la protesta al límite para tratar de conseguir los objetivos que se plantean.

AGENDA POSIBLE

Por todo ello, es claro y urgente que la nueva administración del gobierno estatal, comience a construir una agenda educativa de temas y alcances posibles, en donde existan planteamientos que no sean tan idealistas o desapegados a la realidad. En su primera declaración ya como director del IEEPO, Vásquez Guzmán ofreció diálogo a la Sección 22, y dijo que comenzarán a trabajar en la construcción de herramientas que les permitan la evaluación del desempeño de los profesores. “En la alternancia, convertida en un proyecto de transición democrática, los profesores tienen cabida pues está la invitación de trabajar desde hoy mismo con el magisterio a fin de reconstruir la comunicación que se ha deteriorado”, dijo.

Este parece un buen principio que, sin embargo, se agotará tan pronto el Gobierno del Estado comience a delinear los aspectos en los que tendrá que ceder la Sección 22. Por ejemplo, cualquier agenda deseable de atención a la educación pública en Oaxaca, debería de contener como uno de sus primeros puntos, la evaluación del desempeño de cada uno de los profesores oaxaqueños, así como el establecimiento de mecanismos claros y profesionales de permanencia, promoción y remoción de las actividades docentes para cada uno de ellos.

Una agenda deseable, debería también contener, como otro de los puntos previos, la necesidad de que el Instituto de Educación quedara en manos por lo menos imparciales: es decir, que ya no fuera la Sección 22 quien propusiera a la gran mayoría de los funcionarios de mandos medios y superiores de su estructura, y que a través de ello pudieran dejar de ser juez y parte de la educación, y vehículo para el corporativismo del que se vale la Sección 22 para controlar a sus agremiados.

Del mismo modo, esa agenda posible debería contener —y que los profesores aceptaran— los mecanismos a través de los cuales se otorgan los estímulos (como la carrera magisterial) a los mentores que sí decidan incrementar su nivel de preparación profesional, y que demuestren mejor desempeño en sus actividades frente a grupo. Lo más importante, en este sentido, debería ser que los profesores de la Sección 22 se hicieran parte de la voluntad del gobierno de Gabino Cué, de que en Oaxaca se cumpliera el calendario escolar de 200 días que establece la SEP.

Es bueno que haya voluntad de diálogo por parte del nuevo Director del IEEPO. Pero es cierto también, que por lo menos es su obligación entablar nuevos canales de diálogo que, primero, permitan distender los agravios entre el magisterio y la autoridad que se generaron en el pasado, para luego pasar a una fase constructiva que logre reencauzar la educación pública que se imparte en la entidad.

 

¿ESPERAR SENTADOS?

Ojalá que no esperen hasta el momento de chocar con la realidad, para entender que la buena voluntad es insuficiente cuando se está frente a un grupo que esencialmente no defiende a la educación o a sus agremiados, sino el poder que acumula. Ojalá que tanto Bernardo Vásquez, como la secretaria de Gobierno, Irma Piñeyro Arias, tengan la claridad y los arrestos suficientes, primero para entablar diálogo real, y luego para construir esa agenda posible que tanto le urge a la educación en Oaxaca.

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