+ Textitlán debe ser severo llamado de atención
Desde mediados del pasado mes de febrero, los sesudos funcionarios estatales encargados de la Seguridad Pública, anunciaron la creación de una Ley sobre el Uso Racional de la Fuerza, que normara la actividad de las fuerzas policiacas en la contención de eventualidades sociales. Hoy, teniendo enfrente los graves hechos ocurridos en Textitlán, esas mismas instancias deberían comenzar a tomar con más seriedad el asunto, para no convertirse en simples repetidores —y represores— del pasado.
El asunto no es menor. Por un lado, queda claro que más allá de cualquier explicación que pueda hoy ofrecer tanto la Secretaría General de Gobierno, como la de Seguridad Pública del Estado, y la propia Policía Estatal, sobre la intervención policiaca ocurrida al terminar la semana anterior dizque para tratar de evitar un enfrentamiento entre pobladores de Santiago Textitlán y San Pedro el Alto, lo que ocurrió fue un abierto acto de brutalidad y excesos en el uso de la fuerza pública. Las imágenes captadas de los hechos, los testimonios y el resultado (en heridos y daños materiales) de la refriega, así lo confirman.
Junto a esto, queda también claro que la falta de una regulación clara sobre las formas y, características, y casos concretos en que la fuerza pública puede intervenir en un conflicto de naturaleza social o política, fue lo que en el pasado contribuyó grandemente a que a los regímenes de gobierno se les acusara de represión.
En este sentido, aunque se tomaban medidas para tratar de garantizar el uso adecuado de la fuerza (como la certificación en el no uso de armas de fuego, la presencia de representantes de organismos públicos y ciudadanos de defensa de derechos humanos en las intervenciones, el testimonio de los medios, etcétera), lo cierto es que casi siempre quedaban dudas sobre la correcta aplicación de la fuerza del Estado, y sobre la posible confusión o exceso, que pudiera derivar en actos de brutalidad o de represión, que tienen graves recriminaciones morales, políticas y hasta judiciales para quienes las cometen.
Frente a esos dos escenarios, cabe la pregunta: ¿Qué no una de las promesas fundamentales del actual gobierno, fue precisamente la de no volver a cometer un acto de barbarie policiaca en contra de la población? ¿No se dijo también que se castigaría con todo el rigor de la ley a quien lo hubiera hecho en el pasado reciente, y que se sancionaría ejemplarmente a quien ordenara o ejecutara un acto de exceso policiaco en la presenta administración? ¿No fue el de la represión, el tema central del leitmotiv en el que convirtió para este gobierno la frase “nunca más”?
Lo cierto, en todo esto, es que el asunto de Textitlán, además de ser un severo llamado de atención tanto para los funcionarios encargados de la concertación política como para quienes tienen encomendadas las labores de seguridad por su respectiva inoperancia, debe también convertirse en el punto clave para la demostración de que sí existe voluntad tanto por aplicar la ley a quienes se excedieron en sus funciones, como también para empujar con mayor fuerza la creación de la norma que regula, y establece límites y condiciones, al uso de la acción policiaca para contener conflictos de naturaleza no delincuencial.
ACTUAR CON INTELIGENCIA
Desde febrero pasado, cuando se anunció casi con fanfarrias que se elaboraría y se sometería a consideración del Congreso una iniciativa de ley que contenía la Ley para el Uso Racional de la Fuerza, en este espacio (Ver Al Margen del 23 de febrero de 2011) señalamos que lejos de ser una innovación, esa propuesta se encontraba ya contenida y desarrollada con amplitud en el programa preliminar de gobierno, y que por tanto lo que tenían que hacer los funcionarios estatales, es recuperar el trabajo que ya se había realizado para el arranque de la administración.
¿Por qué era desde entonces importante no “soltar” el tema? Porque más de uno erróneamente consideró, al escuchar el discurso de toma de posesión del gobernador Gabino Cué Monteagudo, el 1 de diciembre del año pasado, que su promesa de no volver a utilizar, nunca más, a la fuerza policiaca para cometer actos de represión, que eso significaba que nunca más habría de intervenir la policía para evitar que una manifestación afectara a terceros o provocara perturbaciones a la paz o el orden público.
Esa apreciación era totalmente errónea. Desde entonces, las personas que entienden la diferencia entre una promesa riesgosa, y la necesidad del gobernante de sostener el Estado de Derecho por encima de los intereses particulares, sabían que a lo que se refería el Gobernador era a que a partir de ahora se normaría el uso de la fuerza pública, y se establecerían reglas y principios específicos para que la intervención en asuntos como estos tuviera criterios claros, y no quedara al arbitrio, a la discrecionalidad, o a la intensidad que desearan imprimir los mandos políticos o policiacos. De lo que se trataba, pues, no era de ya no volver a usar la fuerza para mantener el orden, sino evitar que el uso de esa fuerza se convirtiera en un acto de perjuicio para la población.
El problema real, sin embargo, es que entre las intenciones iniciales y los hechos ya existe una brecha importante. La intervención policiaca en Textitlán, a todas luces constituye uno de esos actos que justamente este gobierno deseaba evitar. La fuerza policiaca ahí se aplicó indiscriminadamente, con excesos, y sin tener una ruta o finalidad específica.
Y aunque hoy el gobierno estatal no tiene encima los estruendosos señalamientos mediáticos nacionales e internacionales por un posible acto de represión o brutalidad policiaca —tal y como ocurría en el pasado—, lo cierto es que este debe ser el más importante llamado de atención para agilizar el trabajo, y perfeccionar la visión sobre lo que tienen que hacer los que tienen en sus manos el uso de la fuerza. No esperen a que haya uno, o varios muertos, para comenzar a tomar previsión sobre un asunto que se supone que ya conocían.
RUPTURA EN PUERTA
Al menos al interior del Partido Acción Nacional ya se notan fracturas graves entre sus cúpulas de poder. El fuego amigo, como bien dicen, está a todo lo que da. El problema es que eso podrá en riesgo la alianza legislativa en el Congreso del Estado. Aquí se dijo desde diciembre pasado, que esa unión de fuerzas podría durar menos de seis meses. Los vaticinios siguen siendo vigentes.
