Migración: preocupación fue momentánea

+ Gobierno sin estrategias… un año después

Hace un año, la bomba de la transmigración de centroamericanos por territorio estatal —y los abusos de que éstos son objetos—le explotó en las manos a un novato gobierno de Oaxaca, que apenas si supo cómo reaccionar ante los ojos del país. En aquel entonces, quedó claro no sólo que era en la entidad donde se cometían más abusos contra transmigrantes, sino también que el gobierno estatal se había resistido a tomar cualquier medida para reconocer y frenar esos abusos. Ante el ruido mediático y la exigencia de respuestas, el gobierno estatal aseguró que emprendería acciones. Pero tal parece que están esperando una nueva masacre, o un nuevo escándalo —nacional o internacional— para verdaderamente asumir el problema no como una molestia, sino como un auténtico asunto de Estado.
En efecto, desde hace décadas el flujo migratorio desde el sur del continente americano es simplemente imparable. Todas las estrategias que han tomado tanto Estados Unidos de Norteamérica, como los países centroamericanos, para frenar la migración de sus nacionales hacia nuestro vecino del norte, han fracasado en la misma medida que no se ha podido entender que, a estas alturas, la migración ya no es sólo un asunto de necesidad económica o de supervivencia, sino un auténtico tema cultural y de costumbre. En varios países centroamericanos, los jóvenes no conciben otro futuro, ni un motivo de mayor orgullo, que el de tomar la ruta del norte y superar con éxito el cruce tanto del territorio mexicano, como de la frontera que divide a éste con los Estados Unidos.
En este sentido, México para los centroamericanos es un reto pero también un infierno. Históricamente, aquí han sido objeto de todo tipo de abusos, que se han ido acentuando en la misma medida que el crimen organizado ha tomado control de territorios, zonas de tráfico de estupefacientes, o de los mercados ilegales en los que ellos intervienen —entre ellos la prostitución, el narcomenudeo, la trata de personas, y la conformación de grupos de sicarios—. Sin embargo, antes los transmigrantes que pasaban por nuestro territorio, ya eran objeto de abusos por parte de corporaciones policiacas, del Ejército y de las autoridades federales encargadas del control migratorio.
Todo eso ocurría, hace años, desde la frontera sur ubicada en Chiapas. No obstante, el gobierno de aquella entidad federativa lleva por lo menos una década atendiendo el problema y atajando los rubros en los que se abusaba de los transmigrantes.
En ese sentido, hoy el gobierno chiapaneco tiene al asunto como uno de los de más alta prioridad, y para ello ha tomado diversas medidas para proteger el paso de los transmigrantes, e impedir que éstos sean objeto de abusos por parte de autoridades policiacas y civiles; para que el Ejército actúe en el marco de sus atribuciones; y también para atajar las posibilidades de que los transmigrantes sean objeto de criminales organizados.
Paulatinamente, han venido disminuyendo el índice de abusos denunciados en territorio chiapaneco. El problema es que esto en ningún sentido significa que los abusos dejen de cometerse. Lo único que en realidad ocurre, es que la presencia de criminales, de policías y autoridades migratorias abusivas, y de personas que con toda impunidad vejan, roban, secuestran, violan, extorsionan y matan a transmigrantes, se trasladó hacia la siguiente entidad federativa. Y esa entidad federativa, se llama Oaxaca.

INFIERNO OAXAQUEÑO
Recapitulemos un poco: ¿Por qué explotó el problema transmigratorio el año pasado en Oaxaca? Haciendo memoria rápida, podemos traer a la memoria de que, en diciembre del 2010, el padre Alejandro Solalinde Guerra, director de la Casa del Migrante “Hermanos en el camino”, denunció que integrantes de un grupo criminal habían perpetrado un secuestro masivo de centroamericanos, a los cuales habían bajado del tren denominado “La Bestia” en la comunidad de Chahuites, en territorio oaxaqueño.
El presbítero, además de denunciar públicamente los hechos, dio protección a algunos transmigrantes que lograron escapar del secuestro. A los pocos días de ocurrido ese primer hecho, denunció que integrantes de ese grupo criminal hacían actos de hostigamiento en contra de su albergue, y luego denunció que uno de sus principales colaboradores había sido retenido y brutalmente golpeado por quienes lo hostigaban. Todos esos hechos, por su misma naturaleza y gravedad, llamaron la atención de la prensa nacional e internacional. Y entonces todo se combinó con otros hechos como la matanza de San Fernando (Tamaulipas) y otras, en las que migrantes habían sido masacrados con toda impunidad por criminales.
Todo esto le generó a Oaxaca un cuestionamiento por su marcado desdén y olvido del tema transmigratorio. Hasta entonces, el gobierno de nuestra entidad no había tomado acciones concretas y, al contrario, elementos estatales y municipales de varias comunidades de la región istmeña eran constantemente denunciados por extorsionar a los transmigrantes. Cuando todo ello ocurrió, el entonces recién asumido gobierno de Gabino Cué prometió tomar acciones concretas, y dar la más alta prioridad al asunto.
Sin embargo, lo que hoy puede verse es que el problema fue dejado de lado tan pronto la atención viró hacia otros temas. Es decir, independientemente de los operativos y acciones que tomaron en aquellos momentos, hoy no se aprecia que existan medidas o instancias concretas encargadas de atender el asunto o de elevar el nivel de atención del gobierno estatal, a su sola idea —bastante demagógica, por no ser concreta— de “preservar” el Estado de Derecho.

TEMA A LA DERIVA
Por eso, ojalá que el gobierno estatal dejara de ver el tema como un asunto federal, que no es de su competencia, y le diera la importancia y prioridad que merece. ¿Apoco querrán esperar a que haya otra denuncia como la de diciembre pasado, o hechos aún más grave —porque con los transmigrantes a la deriva, todo puede pasar— para tomar cartas en el asunto? Si no pueden atender temas como estos, ¿entonces para qué existen ya, y se plantean crear nuevas instancias de protección a los derechos humanos? ¿Sólo para hacer declaraciones y armar cursitos que sólo sirven para justificar el gasto y la existencia misma de las “coordinaciones”, pero que, objetivamente, no sirven casi para nada? Ojalá ya dejen de simular y tomen medidas concretas.
almargen@tiempoenlinea.com.mx

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