+ Posible, estar a favor o en contra: pero bien hecho
La verdadera oposición a la reforma energética no se encuentra en las calles o en la toma de la tribuna legislativa, como intentan hacer algunos grupos de izquierda en el país: la respuesta de fondo, y la verdadera oposición a un intento como éste se encuentra en la propia Constitución de la República. ¿Por qué nadie la ve? Porque en realidad es tanto el desprecio que el centro del país le tiene a las entidades federativas –y éstas se encuentran tan desvalorizadas- que todos intentan consumar, o frenar, la reforma energética desde el centro de la República, cuando México es un país que tiene 32 entidades, todas con distintos intereses, posiciones y visiones respecto al petróleo y los energéticos.
En efecto, ayer que la discusión legislativa en el Senado estaba a punto de pasar de las comisiones al pleno, legisladores del PRD optaron por su tradicional estrategia de tomar la tribuna de la cámara alta, para tratar de impedir que la discusión iniciara y siguiera avanzando la consolidación de la reforma legislativa, en las cámaras federales. Antes, los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional –partido en ciernes, del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador- habían instalado un cerco a las instalaciones del Senado, intentando con ello evitar que los legisladores pudieran llegar al recinto senatorial. Además de que esos intentos son ilegales, éstos también han demostrado su ineficacia ante un asunto de tal envergadura como el que enfrenta la nación con la reforma energética.
Y es que en el fondo la discusión radica sobre la posibilidad de que el Estado mexicano permita o no que capitales privados, y extranjeros, se involucren en tareas de exploración y extracción de petróleo y gas. La visión nacionalista que defienden los partidos de izquierda en el país, intenta evitar que manos ajenas al Estado mexicano tengan intervención en esas tareas, y plantean una reforma a Petróleos Mexicanos para dotarlo de las herramientas que necesita. La otra visión, la del gobierno federal (respaldada por el PRI y el PAN) busca la salida más práctica: que, como en otros países, el Estado mexicano permita la intervención privada para hacer más competitiva a la industria, para permitirle avances en un lapso menor de tiempo, y para compartir riesgos en las labores de exploración en las que hoy el Estado es el único que gana o pierde, con la búsqueda de nuevos yacimientos en aguas profundas.
Queda claro que esas dos visiones son irreconciliables. Así lo han aceptado el PRI y el PAN de la mano con el gobierno federal, y también así lo asume el PRD y los demás grupos de izquierda en el país, que juntos dicen que no darán tregua en sus respectivas posiciones. Los partidos que impulsan la reforma energética decidieron dejar atrás los pactos de pluralidad para erigirse en un abierto grupo aliado que se limitarán a la tarea de sacar juntos la reforma constitucional, uniendo el número de votos que necesitan en las dos cámaras legislativas federales. Y enfrente, los grupos de izquierda intentan frenar la reforma con lloriqueos, con marchas, con cercos y con toma de tribunas legislativas.
Juntos parecen no comprender que la nación es mucho más que tres partidos; que México es mucho más que dos cámaras legislativas, y que 500 diputados y 128 senadores. México es una federación, formada por 31 entidades y un distrito federal, los cuales deberían ser tomados en cuenta e involucrados de forma determinante en una reforma de tal calado como la que se intenta. Nadie lo ve. Y lo más triste es que parece que los mismos estados no asumen su importancia en este momento tan decisivo para la nación.
VOLVER A LA CONSTITUCIÓN
México, lo sabe cualquier abogado, tiene una Constitución que establece un método rígido para realizarle reformas o adiciones. Esto es, que contempla un procedimiento especial, distinto y más complejo, que la forma en que se puede concretar una modificación a leyes ordinarias.
De hecho, el artículo 135 constitucional establece: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados.”
Ya metidos en la dinámica política tradicional de nuestro país, podríamos descalificar esta vía por considerar que en México las cosas se arreglan de otra forma. Es decir, con protestas, en las calles, o con toma de tribunas legislativas. No entendemos que todas las posibilidades siguen abiertas, porque el hecho de que el PRI y el PAN en el ámbito federal acuerden una reforma, no significa en automático que ésta alcanzará el nivel de constitucional, y que por ende se volverá obligatoria para todo el país.
Por eso es momento de que todos regresemos a ver la importancia que tienen las entidades federativas (Oaxaca entre ellas) en todo este proceso, y que todos asumamos que este es el momento en que todos los ciudadanos -al margen del PRI, del PAN, del PRD o de López Obrador-, dejemos los intentos demagógicos para defender a nuestra Constitución, y lo hagamos por las vías que la propia Carta Magna nos ofrece. Es decir, que si no estamos de acuerdo con reformas como la energética, a los mexicanos nos queda, antes que las calles o que la resistencia, la segunda –e igual de importante- parte del 135 constitucional, que establece que las Legislaturas locales deben también dar su anuencia para que una reforma alcance verdaderamente el rango de constitucional.
No valoramos esa situación; las mismas entidades federativas no valoran su posición e importancia en un momento como éste. Es lamentable porque entonces queda demostrado que el centralismo en nuestro país es aprovechado por quienes quieren decidir todo desde la ciudad de México, pero también por las entidades que no asumen su importancia, y que aún se creen simples provincias de un virreinato que dejó de existir hace casi dos siglos en nuestro país.
POSICIÓN EN OAXACA
Aquí habrá una situación particular con la reforma energética: para aprobarla, la Legislatura necesita el voto de la mitad más uno de sus integrantes. En Oaxaca, la LXII Legislatura tiene mayoría simple priista. Pero oficialmente gobierna el PRD. Y no sólo eso: el gobernador Gabino Cué ha sido un decidido partidario de personajes como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué pasará?
