Ayotzinapa y el choque con el avasallamiento

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+ Crisis de Estado, porque México no es el PRI

Muchos se alegraron cuando al llegar de nuevo el PRI a la Presidencia de la República, comenzó a dar muestras de recentralización y avasallamiento a los otros poderes del Estado, y a los dos órdenes de gobierno que constitucionalmente conviven con el gobierno federal. Quienes se alegraron, vieron que el “orden” de la anterior era priista podría estar de regreso. Aunque quizá pasaron por alto que el México de hoy no es el de hace tres décadas, y que sólo por eso no se podían aplicar las viejas fórmulas a los nuevos problemas del país. Así, Tlatlaya y Ayotzinapa se convirtieron en ese portazo que irremediablemente iba a comenzar a ubicar en su dimensión real al gobierno de Peña Nieto.
En efecto, las dos semanas anteriores marcaron el fin del gobierno omnipotente de Peña Nieto, y el inicio del aterrizaje forzoso que está teniendo en la realidad. En los casi 23 meses que llevaba de gobierno cuando ocurrió la detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Guerrero, Peña Nieto había deslumbrado a buena parte de los mexicanos, e intentaba hacerlo en el mundo, con una imagen no sólo de reformador y de gobernante eficaz, sino también con el intento de establecimiento de un perfil neodinosáurico que pretendía reasumir todas las funciones metaconstitucionales que había perdido el Presidente en los 12 años que el PRI estuvo fuera del poder.
Y es que si en el ámbito internacional, Peña Nieto vendía una imagen “sexy” como estadista reformador y conciliador en un país donde había sido imposible poner de acuerdo a los factores reales de poder, en México el gobierno federal intentó establecer —y lo logró, buena medida— una idea de que el Presidente que ahora gobierna era lo suficientemente fuerte como para volverse a ubicar en un plano superior a los otros dos poderes del Estado, y a los otros dos órdenes de gobierno, con los que constitucionalmente debe convivir, pero no sobreponerse.
Peña Nieto logró todo esto gracias al factor de obediencia que marcó con los dos partidos principales de oposición, a los que primero ayudó y luego le cobró la factura en las reformas estructurales. El PAN y el PRD fueron, desde el primer día, a pactar con el Presidente para que éste los respaldara en sus pugnas internas, a cambio de los votos en el Congreso.
Así, el PAN de Gustavo Madero aseguró su permanencia a cambio del respaldo a las reformas presidenciales. Y el PRD de los Chuchos hizo lo mismo para permanecer en el poder. ¿Qué consiguieron? Que a la par de que Peña Nieto lograra consolidar su proyecto reformador, le regalaron la calidad de Jefe Político de las dos mayorías en sendas cámaras legislativas federales, asumiendo que ellos se encuentran en un plano inferior al de la potestad del Presidente.
Algo similar pasó con las entidades federativas, a las que prácticamente borró del mapa nacional de los equilibrios. Así, hasta hace pocos días para Peña Nieto eran sólo un puñado de entidades federativas las que tenían importancia estratégica para sus intereses. Estado de México, Hidalgo y algunas entidades del norte del país, eran las únicas que le importaban por los temas políticos que su gobierno está desahogando, o por la relación que tienen con su paquete de reformas. Guerrero y Michoacán, por ejemplo, se metieron a fuerza en su agenda, el primero por la contingencia meteorológica de Acapulco, el año pasado; y Michoacán por la inocultable violencia.
En ambos casos, su decisión de atender los problemas de esas entidades pasó por la anulación de los gobiernos estatales, en dos formas distintas. En Guerrero el gobierno federal tomó el control de los espacios que necesitaban atención, y nombró a delegados especiales de su gabinete para que atendieran las distintas vertientes de la crisis, sin involucrar —y corresponsabilizar— al gobierno guerrerense por sus propias acciones.
Y en Michoacán anuló por completo primero a Fausto Vallejo y luego a Salvador Jara como mandatarios constitucionales de aquella entidad, nombrando en Alfredo Castillo Cervantes a un Gobernador de facto, sin atribuciones y sin respaldo constitucional, pero con todo el poder del gobierno federal.

EL CHOQUE CON LA REALIDAD
Quizá el gobierno de Peña Nieto había asumido que esa era la forma de gobernar el país en esta segunda era priista: recentralizar todas las funciones posibles, anular al disidente, e invertir grandes capitales —políticos y económicos— en la construcción de una apariencia de éxito y eficacia, que bien podría emular el intento del presidente Carlos Salinas de Gortari por engañar a propios y extraños con la idea, en 1993, de que México estaba a punto de ingresar al primer mundo.
Sólo que al igual que como el pasó en el 93 al gobierno salinista, Peña Nieto olvidó que debajo de esa dermis de éxito y logros, había un contenido purulento que evidentemente no había querido reconocer y atender con visión de Estado. Nunca reconoció, por ejemplo, que en el sureste del país existe una combinación peligrosísima de factores, que van desde la pobreza y la marginación hasta la debilidad institucional, pasando por el dominio del narco, la presencia de la guerrilla, y la galopante corrupción y complicidad entre funcionarios y grupos que realizan actividades al margen de la ley.
Hoy queda claro que de todos esos problemas, Peña Nieto no atendió uno solo, pero que va a tener que hacerlo. No ha atendido, con visión de Estado, el conflicto magisterial de Oaxaca, que a la luz de lo que ocurre en Michoacán y Guerrero, es el menos grave de todos los problemas. Tampoco ha atendido los factores sociales que generan la atroz situación que prevalece en Michoacán.
Y en Guerrero tiene un problema para mucho tiempo —y que incluso podría marcar el principal antecedente de su gobierno—, porque los policías que entregaron a los normalistas a los criminales que los desaparecieron, generaron una responsabilidad de Estado por la que, es cierto, Peña Nieto no es el responsable directo, pero por la cual irremediablemente va a tener que responder, de ahora y para mucho tiempo, como jefe del Estado mexicano.

SUBE Y BAJA
Guerrero implica la conjugación de todos los problemas. Pero si Peña Nieto entiende bien el nuevo tablero de la problemática nacional, en sus soluciones tiene que pasar muy pronto por Oaxaca, sin avasallar. La balanza comienza a inclinarse a favor de quienes han sido largamente señalados como ineptos en el manejo de la crisis con la Sección 22 del SNTE.

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