+ Desaparición de poderes, desechado por el Senado
Parece increíble, pero es cierto: en México a pesar de la existencia de mecanismos de control de la constitucionalidad, no parece haber caminos viables frente a la situación de un insostenible como el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero en Guerrero. No existen, primero porque en ese aspecto la Constitución de la República está desfasada frente a la realidad; y segundo, porque si tomamos como base los criterios del pasado reciente sobre la desaparición de poderes, podríamos ver que —a menos de que haya un acuerdo político para echar mano de esa figura— el mismo Senado la ha declarado inoperante.
En efecto, en nuestra entrega de ayer hacíamos un repaso somero de las normas jurídicas locales y federales que en un momento dado podrían regir o la desaparición de poderes, o el procedimiento de juicio político en contra del gobernador Aguirre en Guerrero. En realidad, su separación del cargo de Gobernador se ha vuelto un imperativo nacional frente a los graves hechos del 26 de septiembre en Iguala. Y sin embargo, hasta hoy no existe un criterio claro sobre qué prevenciones deben tomar los poderes federales, o el Congreso de Guerrero, en uno u otro caso, para poder separarlo del cargo sin romper la ley, dado que el propio Aguirre ha sostenido que su voluntad es continuar en el cargo.
Y es que tal y como lo analizábamos ayer, optar por la ruta del juicio político es materialmente imposible, dado que la bancada perredista en Guerrero es mayoría, y es quien apoyaría al gobernador Aguirre para sostenerse en el cargo. Por eso, decíamos, el otro camino se encontraba en la desaparición de poderes. Y afirmábamos que sólo faltaba ver si el Senado ocupaba correctamente, como prueba de la desaparición de poderes, los hechos del lunes pasado… en lo que Oaxaca en 2006, no es buena referencia.
No es el ánimo ser machacones. Pero si de lo que se trata es de tratar de probar la ingobernabilidad como causal para la desaparición de poderes ante el Senado de la República, Oaxaca es el único referente reciente al que habría que acudir. Y, lamentablemente, para los que quisieran que por esa ruta se fuera el gobernador Aguirre, la solución senatorial al caso Oaxaca no ayudaría como referente. ¿Por qué?
Valdría la pena recordar, brevemente, algunas circunstancias. Esta semana, en Guerrero, hubo un solo día de disturbios. Pero en Oaxaca, en 2006, los poderes locales estuvieron cinco meses a salto de mata. El Poder Ejecutivo no pudo ejercer sus funciones normalmente. El Legislativo actuó siempre en sedes alternas. El Judicial funcionó a medias, porque las salas del Tribunal Superior no pudieron sesionar durante la revuelta, y porque los juzgados de la capital fueron tomados. Todo esto, además de los constantes disturbios, enfrentamientos y ataques a la paz pública y los derechos de terceros, cometidos lo mismo por las caravanas de la muerte que por los integrantes de la APPO y la Sección 22 para tratar de generar las condiciones de ingobernabilidad que según ellos eran necesarias para la desaparición de poderes.
¿QUÉ RESOLVIÓ EL SENADO?
En 2006 el Senado recibió por lo menos siete solicitudes de desaparición de poderes en Oaxaca, basadas en el argumento de la ingobernabilidad. La Comisión de Gobernación del Senado conformó una Comisión de Senadores que vino a la entidad a corroborar lo que decían las solicitudes. Y vale la pena releer, punto por punto, bajo qué argumentos la Cámara alta resolvió, el 19 de octubre de 2006, la improcedencia de dicha solicitud. (El dictamen, íntegro, puede consultarse en http://bit.ly/1rd7VnQ) Veamos.
“I. Esta Comisión de Gobernación encuentra que el marco legal de la desaparición de poderes está rebasado por la realidad y la compleja vida actual. La legislación vigente fue pensada para un sistema político que ha sido superado por la dinámica política que en los últimos años ha vivido el país. Un ejemplo de esta complejidad para declarar la desaparición o no de los Poderes de un estado, como en este caso, lo constituye el hecho de que la Ley Reglamentaria de la fracción V, del artículo 76 constitucional, confiere al Senado más facultades que el propio texto constitucional. Es por ello, que aún cuando se tuviera la voluntad de declarar desaparecidos los poderes, en la situación que nos ocupa y con el marco de la actual legislación, no se dan los supuestos de ley.
“II. Resulta insoslayable que existen condiciones graves de inestabilidad e ingobernabilidad en el Estado de Oaxaca; que se ha trastocado seriamente el orden jurídico y la paz social. Sin embargo, esta Comisión dictaminadora, ciñéndose al marco jurídico vigente, sólo puede concluir que los hechos que esta situación ha generado, no implican la desaparición, esto es, la ausencia o inexistencia, de todos los Poderes del estado de Oaxaca.
III. Una vez analizados los antecedentes, valoradas las pruebas y vertidas las consideraciones, se concluye que no se actualizan los supuestos normativos previstos por la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proceder a declarar desaparecidos los Poderes del Estado de Oaxaca y por tanto, no ha lugar a nombrar Gobernador Provisional en dicho Estado.”
Bajo esos argumentos, en resumen, el Senado resolvió que no era procedente la solicitud de desaparecer poderes en Oaxaca. No, porque según ellos, los hechos graves ocurridos durante cinco meses no eran prueba plena de que los poderes habían desaparecido. Pero sobre todo, porque el Senado consideró que el marco jurídico estaba rebasado por la realidad y que por ende no era aplicable frente a una situación y un tiempo como el que ocurría entonces.
Y lamentablemente, ese parece ser el único referente para Guerrero, en donde a pesar de que existe una responsabilidad de Estado por la detención-desaparición de los normalistas, y de que esa responsabilidad pasa necesariamente —por acción u omisión— por el Gobernador del Estado, que debía irse para facilitar la realización de una investigación imparcial, parece muy poco posible que pueda operar plenamente esta figura para que el Senado lo separe de su cargo.
SOLUCIÓN POLÍTICA
¿Qué soluciones quedan? Que el PRD haga la labor política necesaria para que, “voluntariamente”, el gobernador Aguirre solicite licencia a su cargo; otra salida pueda ser que el gobierno federal lo haga, presionándolo con el fincamiento de otras responsabilidades. Pero al final, y para mal de todos, ninguna salida pasa por la Constitución y las leyes.
