En 2010 no había condiciones; Iguala los está unificando
Cuando en 2010 muchos se preguntaban si México se encontraba en los albores de una nueva revolución, todos los posibles factores que habrían podido determinar esa situación enviaron señales en sentido negativo. Específicamente, los grupos armados ubicados en el centro y norte del país dijeron que ese no era el momento porque no existían condiciones. Hoy, la incapacidad del Estado mexicano de prevenir y resolver los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Iguala, parecen ser el elemento faltante que podría ser el hilo conductor que hacía falta para un gran levantamiento armado.
En efecto, en México hay una teoría cíclica de los movimientos sociales que, sin mucho sustento, aseguraba que si en 1810 hubo un gran levantamiento popular para buscar la independencia del país, y que si exactamente cien años después hubo otro gran movimiento armado para derrotar a las estructuras dictatoriales y sentar las bases de un nuevo orden jurídico, 2010 no sería sino la tercera repetición de ese ciclo. Muchos —románticos o poco enterados— hacían hipótesis sobre la llamada “nueva revolución”. Y muchos otros vieron incluso en el 2006 el catalizador para dicho movimiento que, sin embargo, no llegó.
Y es que para quienes querían todo eso, el conflicto magisterial de Oaxaca era el único referente, pero éste no alcanzó a funcionar como un unificador de luchas, primero porque el agravio que sufrieron los maestros de la Sección 22 del SNTE en ningún sentido era sinónimo de una afrenta general; y segundo, porque ese gran movimiento de 2006 se desgastó muy rápido en medio de la lucha entre radicales y moderados.
Los primeros querían llevar al movimiento popular al punto de la ruptura y la violencia; y los segundos pretendían simplemente negociar sus demandas hasta que fueran cumplidas, para después volver a su vida cotidiana. No hubo, en el conflicto magisterial, un punto medio que lograra articular las distintas formas de lucha. Y por eso Oaxaca fue un intento fallido para la construcción de ese gran movimiento popular.
Luego vino 2010, en el que muchos esperaban que algo importante ocurriera. No fue así, porque mientras se acercaba el momento del bicentenario de la independencia, y el centenario de la revolución, las principales organizaciones armadas del país se pronunciaron sistemáticamente por no considerar al 2010 como una fecha crucial para una posible gran ruptura nacional.
Para ellos, en ese momento aún no estaban dadas ciertas condiciones sociales y políticas como para emprender una gran empresa armada que lograra derrocar al régimen actual, e instaurar un nuevo orden basado en ideas distintas de libertad, de organización y de justicia. Por si eso fuera poco, los grupos armados que en otros momentos habían intentado sublevarse, manifestaron que en las condiciones de ese momento sería algo así como un suicidio pensar en una insurrección violenta.
Más bien, la ruta que en ese momento siguieron fue la de la denuncia sistemática respecto a que la llamada guerra contra el crimen organizado había servido también para perseguir, reprimir y desaparecer a luchadores sociales y grupos que buscaban, por distintas vías, contrarrestar los excesos y las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado.
En aquel septiembre de 2010, apuntamos: “Podría suponerse, por todo eso, que el 16 de septiembre de 2010 podría haber sido una fecha crucial para una gran insurrección. No fue así por el conjunto de razones que, someramente, aquí se enumeran. Por eso mismo, ninguna de las organizaciones armadas de las que se tiene conocimiento de su existencia, hizo pronunciamiento o emprendió acción alguna sobre la fecha o el momento histórico por el que atravesamos. Otros serán los tiempos correctos. De eso no queda duda (Ver Al Margen 22.09.2010).”
¿“TIEMPOS CORRECTOS”?
Cuando aquellas organizaciones hablaban de la no existencia de condiciones, y de esperar el tiempo correcto, lo decían porque en el país no había existido un catalizador específico para la unificación de fuerzas entre quienes podrían encabezar este tipo de acciones. Ese poderoso catalizador, tan coyuntural como brutal fue, por una parte, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa; y por la otra, el silencio y la incapacidad institucional de los tres órdenes de gobierno para enfrentar la crisis rápidamente para evitar que el pasmo de la ciudadanía se convirtiera en indignación, y escalara de los materialmente responsables a todos los actores e instituciones políticas del país.
Y es que la detención-desaparición de los normalistas es un hecho que lastima profundamente a todos los sectores de la población en México. Por eso hemos visto que lejos de suponer que la indignación fuese sólo de un sector o de una clase social, en realidad ésta ha unificado a todos los estratos sociales, a todos los sectores estudiantiles, a todos los intelectuales y, en resumen, a todos aquellos que teniendo capacidad de discernir asumen esa realidad que apunta a que la desaparición forzada de una sola persona a manos del Estado —independientemente del estrato institucional que sea el agente responsable— es suficiente como para mover a todos a la indignación e, inmediatamente después, a la protesta y a la exigencia de justicia, e incluso a la búsqueda de medios para cambiar radicalmente el estado de impunidad que prevalece.
Si sumamos esa indignación, a las condiciones ya existentes —galopante pobreza, marginación, injusticias y desigualdades que han subsistido a lo largo del tiempo, y que lejos de mejorar han empeorado en las últimas dos décadas— entonces lo que tenemos es una suma de factores que hacen posible un movimiento de otra magnitud, quizá capaz de lograr dicho propósito. Y hoy el tema de los normalistas ya logró unificar a las cuatro organizaciones guerrilleras conocidas en el país.
ADVERTENCIA
Con esos antecedentes, cobra sentido la advertencia del EPR en su último comunicado respecto a la búsqueda de acciones a gran escala, para derrocar a las instituciones. “Que nadie se asuste por la acción popular, este es un pueblo con dignidad y voluntad de combatir. Hoy más que nunca cobra legitimidad la autodefensa popular; que los loables actos de fe hagan comunión con las acciones políticas de masas; si por voluntad del pueblo es necesario que ardan los símbolos de la opresión burguesa, que salten por los aires los símbolos del capital monopolista transnacional, que se derrumben las corruptas instituciones de la democracia burguesa ¡QUE ASÍ SEA!”
