Declaración política gobierno-S22-Congreso: a un año, el fracaso

Reciben iniciativa de ley

+ Discusión entrampada, por haber firmado lo que no podían cumplir

 

Hoy se cumple el primer año de que Oaxaca se encuentra en rebeldía frente a su deber de homologación de la legislación estatal en materia educativa con las normas federales, y también se conmemora el primer año del pacto ominoso celebrado entre el gobierno, el Congreso y la Sección 22, para construir una ley estatal de educación a modo y capricho del magisterio. Sólo que a un año de distancia el saldo es estéril, y los perjuicios a la educación van en aumento.

En efecto, el 10 de marzo del año pasado, el gobernador Gabino Cué, el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Jesús López Rodríguez, y el dirigente de la sección 22 del SNTE, Rubén Núñez Ginéz, firmaron una declaración política a la que titularon “Hacia una nueva Ley Estatal de Educación”, por medio de la cual se habían comprometido a participar de forma conjunta en la generación de una legislación local “más adecuada para la realidad de la entidad oaxaqueña”.

En aquel momento, todos trataron de matizar de democrática e inclusiva una decisión que no era aceptable. “Se trata de una muestra clara de nuestra vocación democrática, que nos permita generar una ley basada en el diálogo constructivo, responsable y experto, que represente una alternativa real y pertinente para hacer de la educación la base para la equidad y prosperidad de nuestro pueblo”, aseguraba el Mandatario.

Por su parte, el diputado López Rodríguez en aquel momento dijo que “la educación no es patrimonio, ni capricho de unos cuantos, razón por la que es fundamental unir esfuerzos y escuchar todas la voces posibles, que permitan la construcción de leyes que beneficien a toda la ciudadanía”.  Asimismo, el dirigente de la sección 22, Rubén Núñez dijo que la declaración política se daba en cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea Estatal, y de la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, en rechazo a la reforma educativa.

Hoy, a un año de distancia, queda claro que cada uno cumplió su palabra, aunque no necesariamente en beneficio de Oaxaca: el gobierno se limitó a fungir como convocante y coadyuvante para la celebración de los foros educativos, aunque la conducción la dejó en manos del magisterio democrático; el Congreso, como lo había dicho López Rodríguez, aparentó escuchar todas las voces aunque finalmente —y teniendo como base sus nulos resultados— ese fue un ejercicio como el de la Torre de Babel, en el que todos hablaron sin que nadie entendiera a nadie, y por eso al final el resultado sigue siendo el vacío.

Incluso la Sección 22 es quien sí tomó en serio el papel de actor hegemónico en la educación, que no quisieron o no pudieron asumir el gobierno y el Congreso frente a este imperativo de la armonización en materia educativa. Pues en el último año, el magisterio adherido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se ha dedicado a hacer valer los resolutivos de su Asamblea, y para ello ha ido doblando a todas las autoridades con las que ha tratado.

El 10 de marzo de 2014 lo hizo formalmente con el gobierno estatal y el Congreso; y en fechas recientes lo hizo con el gobierno federal, que a través del subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, claudicó en la posibilidad de aplicar la reforma educativa, y confirmó todas las conquistas y beneficios —políticos y económicos— que ha tenido el magisterio democrático en las últimas décadas, creándole a la CNTE un régimen de excepción en sus relaciones laborales.

 

TODO, A CAMBIO DE NADA

Así, queda claro que hoy todos pagamos las consecuencias, primero de que el gobierno y el Congreso hayan firmado una declaración que anclaba el proceso legislativo en materia educativa a los caprichos e intereses de la Sección 22; y segundo, de que el mismo gobierno federal haya claudicado en la posibilidad de sostenerse en su promesa de ir por el cumplimiento del nuevo contenido constitucional en la materia.

Hoy, por eso, si debiera haber alguna conmemoración, ésta debiera ser doble: por un lado, conmemorar el limbo jurídico en el que se encuentra el régimen educativo de la entidad; y por el otro, el triunfo total del magisterio democrático —con la consecuente derrota incondicional del gobierno federal— en la lucha por la preservación de sus beneficios, estructuras y privilegios.

Pues a un año de distancia, lo único que puede verse es que la educación no ha tenido mejora alguna; que el gobierno ha sido completamente incapaz de enfrentar la crisis generada por la beligerancia de los trabajadores de la educación; y que éstos no sólo no han disminuido la intensidad de sus protestas y demandas económicas y políticas, sino que hoy van por la liberación de sus supuestos presos políticos, luego de haber logrado ya la confirmación de todos sus privilegios económicos y laborales.

¿Qué significa esto? Que el gobierno perdió completamente al dar todo a cambio de nada. Oaxaca ni siquiera tiene paz social, porque la Sección 22 continúa manifestándose casi todos los días, a pesar de que ha sido la gran ganadora de todo este proceso de lucha por la reforma educativa; el gobierno federal no tiene garantizado que cualquier otro día la Sección 22 no vuelva a decidir ir a instalar un plantón a la capital del país, o a trastocar la vida de la capital del país con sus movilizaciones; y por sus insuficiencias propias, el Congreso local no ha podido procesar ninguna de las propuestas de ley educativa presentadas, porque su debilidad propia lo ha llevado a ni siquiera tener el sustento para legitimar una decisión, cualquiera que ésta sea.

Al final, todos los que deberían estar en el centro de esta discusión (los niños y jóvenes que siguen padeciendo una instrucción deficiente, y la ciudadanía que no puede vivir en la paz que merece) son quienes están olvidados. En su frivolidad, la 22 se puso en el centro de todo; y en su debilidad, las instituciones ya le dieron todo. Pero el resultado de todo sigue siendo la ignominia.

 

DESPISTADO

Dice el ex diputado Flavio Sosa que la culpa de la crisis en la Cotaipo es de los partidos. Se equivoca: la culpa es de los diputados de la LXI Legislatura, a la que él perteneció, que escogieron a los PEORES candidatos a integrar ese organismo. Lo mismo pasó con la Defensoría de los Derechos Humanos, en donde también eligieron al más cuestionado de los aspirantes (Arturo Peimbert), de quien él también recibió beneficios que hasta hoy no han quedado claros. O qué, ¿ya se le olvidó?