¿Qué ruta legal usará EPN para liberar a “presos políticos” de S22?

Pena Nieto+ Elección de Medina Mora, y pactos políticos, vs el Estado de Derecho

 

Aunque parece que son dos historias distintas, el pacto político firmado por el subsecretario de Gobernación con la Sección 22 del SNTE para liberar a los que ellos denominan como sus “presos políticos”, y la inminente elección de Eduardo Medina Mora Icaza como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen un común denominador: socavar al Estado de Derecho y las instituciones del país en aras del pragmatismo político; y demostrar —contra toda lógica democrática— la voluntad del gobierno por reinstaurar el régimen autoritario del pasado.

En efecto, hasta las primeras horas de la tarde de ayer, la elección de Eduardo Medina Mora como nuevo integrante de la Suprema Corte, era inminente. A pesar de que distintos grupos de la sociedad se manifestaron en contra de la decisión presidencial —que nunca fue argumentada ni explicada—, y de que dos partidos políticos (PRD y PT) se manifestaron en contra de una elección fast track, ya existía un consenso a su favor y era cuestión de trámite que se formalizara su elección como Ministro. Esto ocurría a pesar de no satisfacer el requisito moral de ser un jurista de indudable ascendencia en el país, y de no tener antecedentes defendibles en cuanto a su actuación como servidor público frente a los derechos humanos.

En paralelo, ayer el periodista Raymundo Riva Palacio apuntaba, en su columna Estrictamente Personal del periódico El Financiero, que “en una reunión con los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la facción disidente del magisterio que lleva dos años buscando derogar la Reforma Educativa, [el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda] aceptó resolver una vieja demanda de sus líderes: la liberación de “presos políticos” asociados al magisterio. Son 112 en la lista que le entregaron los maestros y que ofreció serán puestos en libertad. Para esto, los convocó este martes a una reunión en la Secretaría de Gobernación, para que enfrente de ellos instruya al comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, a hacerlo”.

Frente a estas dos complejas decisiones del gobierno federal, la pregunta que ronda es: ¿De verdad tiene vocación por la Constitución y el Estado de Derecho? Y, en caso de que sostenidamente argumentara en sentido afirmativo, entonces cabría otra: ¿Qué está haciendo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para corroborarlo?

Pues desde dos flancos paralelos, e igualmente potentes, lo que parece estar queriendo hacer el gobierno federal es socavar primero al Poder Judicial, para someterlo a una integración que no lo fortalece; y al mismo tiempo, obligarlo a procesar decisiones que evidentemente no son concordantes con los tiempos y las aspiraciones de la ciudadanía, y mucho menos con la constitucionalidad y el Estado de Derecho, que se supone que son valores que todos queremos que se fortalezcan.

La situación es ominosa por donde se le vea. Pues a pesar de que existe una clara tendencia de rechazo a esas dos decisiones, el gobierno no sólo no está haciendo nada por considerar el sentir ciudadano, sino que está reiterando sus decisiones inexplicables. Y lo más grave, es que pareciera que hoy el gobierno de Peña Nieto está considerando que vive en tiempos de hace tres o cuatro décadas, en las que sin ningún problema el Presidente y su conveniencia podían doblegar a las instituciones del Estado para obligarlas a tomar decisiones, sin pasar por el tamiz de la constitucionalidad y sin respetar la división de poderes.

 

¿CÓMO LIBERARÁN A LOS PRESOS POLÍTICOS?

Hace 40 años un gobierno en México habría considerado como una tarea sencilla liberar a un preso, independientemente de su responsabilidad o el estado del proceso judicial por el que se le juzga, y sólo por una decisión política. ¿Esto podría ocurrir actualmente? En realidad no parece sencillo.

Pues si bien el sistema penitenciario, se encuentra en manos del Poder Ejecutivo, la misma Constitución de la República dice, en el tercer párrafo del artículo 21, que “La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”; y antes, en la fracción VII del apartado C del artículo 20 constitucional, establece que es derecho de la víctima o del ofendido dentro de un proceso penal “impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño”.

¿Por qué son importantes estos preceptos? Porque, por un lado, es evidente que la facultad de modificar o extinguir una pena resultante de un proceso judicial, no se encuentra en potestad del Poder Ejecutivo, salvo por el indulto que tiene derecho a otorgar el Presidente de la República según lo que dispone la fracción XIV del artículo 89 constitucional, a través de un proceso que también debe estar normado por la ley y que por ende no es gracia discrecional del Titular del Ejecutivo.

¿Qué tendría que hacer entonces el gobierno federal para liberar a esos 112 presos políticos de la Sección 22? Tendría que, a través de la PGR, desistirse de la acción penal. El problema es que intentar esa vía tampoco es una cuestión discrecional, ya que en la contraparte de ese derecho del Ministerio Público se encuentra también el derecho de las víctimas u ofendidos dentro de los procesos que se siguen a las personas que serían liberadas, a impugnar esas resoluciones y someter al escrutinio del Poder Judicial las decisiones tomadas en este caso por la PGR.

¿Para esto estaría entonces el Poder Ejecutivo intentando socavar al Judicial por distintas vías? Más bien, lo que parece es que el gobierno del presidente Peña Nieto no entiende los tiempos que vive, y por su propia subsistencia está intentando doblegar a los demás poderes para salir avante. No repara en que, con estas decisiones, es más fácil que ocasione una crisis constitucional a que verdaderamente logre desactivar conflictos sociales que de todos modos seguirán vivos, como el de los maestros de la Coordinadora en el sureste del país.

 

CONTRADICCIÓN

¿Cómo le dirá el gobierno federal a los padres de los 43 desaparecidos que sí habrá justicia, cuando lo que está promoviendo es justamente la impunidad? Esto es por demás trascendente. La constitucionalidad parece vivir tiempos aciagos en nuestro país.