+ Medina Mora: un signo claro de que ciudadanía está despertando
La elección de Eduardo Medina Mora Icaza como Ministerio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por varias razones, no tiene precedentes. Es la primera vez en la historia reciente del país que un Presidente enfrenta tanta oposición y descrédito por la formulación de la propuesta para la integración de un ente institucional; y es también la primera vez que la ciudadanía se involucra a tal nivel en ese proceso que, técnicamente, no está sujeto a aceptaciones o popularidades. Es por ello un proceso inédito, en el que ciertamente la ciudadanía fue derrotada, pero que debe servir de precedente para futuras victorias.
En efecto, hoy en el ámbito internacional uno de los imperativos más importantes para generar confianza, es la certidumbre basada en el Estado de Derecho. Ese término, en general, se entiende no sólo como la capacidad de cada uno de los poderes del Estado de cumplir cabalmente con sus funciones (es decir, que el Congreso dé buenas leyes; que el Ejecutivo administre correctamente los recursos públicos; y que el Poder Judicial pueda dar justicia en todos los casos) sino también como que cada uno de esos poderes estén integrado de forma tal que la sola presencia de sus integrantes pueda ser el primer signo de certidumbre.
Eso no pasa en México. En nuestro país, los peor evaluados de todos por la ciudadanía son los diputados y senadores; al mismo tiempo, el Presidente de la República hoy enfrenta un fuerte descrédito internacional por la falta de claridad respecto al origen de los bienes inmuebles que posee, y por la evidente intromisión en los asuntos de los otros poderes; en general, existe un sentimiento relacionado con que el entrometimiento del Ejecutivo en funciones de los demás poderes es un intento por instaurar el viejo régimen, pero ya no como un régimen de partido hegemónico, sino como un “régimen de Presidente hegemónico”.
La realidad así lo apunta: hoy en día, aunque lo quisiera, es imposible que el PRI gane todas las elecciones, como en los mejores tiempos anteriores a 1997; es improbable que, aunque lo quiera, el PRI pueda volver a sus tiempos de clientelas y corporativismos; e incluso es imposible que pueda sostener un voto duro de millones de sufragios asegurados e incondicionales, como en el pasado.
¿Signo de qué es esto? De que hoy no podría volver a haber un régimen de partido hegemónico, porque la democracia representativa ya permite —con todas sus deficiencias— un esquema de competencia electoral, en el que sería imposible que un partido pudiera colonizar todas las posiciones que están en juego en los procesos electorales. Como quiera que sea, la ciudadanía participa; los otros partidos existen; y las mayorías abrumadoras hoy son cosa del pasado. ¿Entonces?
Entonces el problema es que el viejo régimen intenta restaurarse por las rendijas que aún tiene a su alcance. Por ejemplo, el Presidente priista (Enrique Peña Nieto) ya no pudo obtener mayoría en el Congreso por la vía directa de los votos, pero para eso se construyó una mayoría artificial a través del Pacto por México. Aunque su partido no fue respaldado por los ciudadanos —y éstos tampoco le dieron el aval al PAN y PRD para que se aliaran con el gobierno, sino que de hecho los mandó a ser oposición—, de todos modos el Presidente se construyó su mayoría invadiendo y avasallando al Congreso a través de acuerdos cupulares. Esto inhibió un ejercicio democrático auténtico, y entonces gracias a la construcción de esa alianza nacional artificial, se procesaron decisiones y cambios constitucionales que de otro modo no habrían transitado en la democracia.
Parecía que esto mismo pasó con la llegada de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte —que ocurrió por el “trabajo coordinado” entre el Presidente y el Senado de la República—; pero lo cierto es que los signos dejados por la ciudadanía frente a esta decisión deben servir como lección para empujar la disolución de ese Régimen de Presidente Hegemónico que intenta consolidarse.
EL MINISTRO Y LA CIUDADANÍA
A diferencia de la elección de quienes integran los poderes Legislativo y Ejecutivo, la elección de los integrantes del Poder Judicial no está sujeta a la popularidad ni a la aceptación ciudadana. La razón esencial de esto, se centra en que el Poder Judicial es el que realiza las funciones más complejas del poder público (juzgar) y que por esa razón sus funciones no deben estar sujetas a más cuestiones que las de la especialización, la certeza, y la autonomía de sus funciones.
¿Por qué entonces tanto interés en la elección de Medina Mora como ministro? La cuestión, en esencia, no radica en que el ex Procurador y ex Embajador no le caiga bien a la ciudadanía; más bien, la inconformidad se centra en que aún cuando su designación no es un tema de popularidad, sí debe ser una cuestión de idoneidad y confianza, que en este caso no se cumplieron. Medina Mora no es una persona moral o técnicamente confiable, porque en sus haberes no se encuentran registros que lo destaquen como jurista, y porque no ofrece el más mínimo indicio de que es un jurista con capacidad de afianzar su independencia frente a los otros poderes.
Aún con eso, Medina Mora fue impuesto en la Suprema Corte y, en términos llanos, eso constituye una derrota para la ciudadanía que se opuso a su designación. Empero, lo defendible de esta primera expresión de oposición, es que hacia el futuro se incrementó en automático la necesidad de que el Ejecutivo proponga a personas moral y técnicamente legitimadas para el ejercicio de la función judicial, y que el Senado procese con más claridad, certeza y consideración a la ciudadanía, las elecciones que realiza de entre los individuos que les propone el Ejecutivo para la integración de los poderes públicos.
Esta es, por tanto, una derrota, sí, pero parcial, porque aún con la oposición ciudadana Medina Mora es ministro. No obstante, ello debe ser un imperativo no dejar de ver que este necesita ser un despertar ciudadano y no una razón para el desaliento.
REFORMAS OBSOLETAS
Hace apenas cuatro años, en Oaxaca se realizó una reforma constitucional que, según, puso a la entidad a la vanguardia en cuanto a la garantía de independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo. En concreto, lo que se hizo fue adecuar la Constitución local a lo que dice la federal. El problema es que ahora todos dicen que los artículos 95 y 96 de la Constitución federal son obsoletos. Entonces, ¿cuál vanguardia? Abundaremos.
