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El padre Alejandro Solalinde encabeza una caravana de migrantes centroamericanos que busca llegar a la Ciudad de México para pedir que el gobierno federal cambie la política de contención migratoria en la frontera sur del país, y que específicamente modifique las acciones del Plan Frontera Sur, que implementó la Secretaría de Gobernación al inicio de esta administración para contener el paso de migrantes desde el sur del continente hacia la frontera con los Estados Unidos. Más allá del activismo, es evidente que esa política debe cambiar, pero no a partir de los tradicionales argumentos de la política migratoria, sino de los deberes que tienen los tres órdenes de gobierno con los derechos humanos.
En efecto, los migrantes, que iniciaron el Viacrucis el 24 de marzo en la frontera de México y Guatemala, realizan desde hace varios años este recorrido para hacer visible el drama de las personas indocumentadas que intentan llegar a Estados Unidos y sufren en México toda clase de abusos. Sin embargo, en esta ocasión el Instituto Nacional de Migración (INM ) desplegó un operativo alrededor de Ixtepec y advirtió que se permitirá el tránsito de ilegales.
Frente a esto, Solalinde Guerra ha manifestado que uno de los objetivos principales de esta caravana se centra en pedir a la Secretaría de Gobernación —que es de quien depende orgánicamente el INM— que modifique el Plan Frontera Sur, a partir del cual han tratado de impedir que continúe el tránsito de migrantes que vienen de Centroamérica, y que ingresan al país no para quedarse en él, sino para tratar de llegar a la frontera con los Estados Unidos.
Solalinde ha hecho énfasis en dos cuestiones: primera, que los Grupos Beta, que fueron creados para brindar protección, seguridad y ayuda a los transmigrantes en su paso por territorio nacional, han sido ahora utilizados como grupo de inteligencia, y esto ha corrompido su labor; y segunda, que el gobierno federal no ha realizado una verdadera política de contención de la migración, sino que únicamente se ha dedicado a tender redadas para impedir que los migrantes continúen su camino, y para regresarlos a su lugar de origen, pero que no ha hecho prácticamente nada para asegurar que no sean blanco de delitos, extorsiones y trata, y, sobre todo, para garantizar que estén a salvo sus derechos como persona, al margen de su calidad migratoria.
Y es que resulta que una de las principales acciones que contempla ese Plan Frontera Sur, se centra en impedir que los transmigrantes aborden el tren de carga que periódicamente sale de Chiapas, y que cruza varios estados —entre ellos Oaxaca— antes de conectarse con la frontera norte de la República. Hasta ahora los resultados positivos de esa política de contención no han sido claros, pero lo que sí ha sido público es que el número de migrantes que llegan al país desde Centroamérica no sólo no ha disminuido, sino que se ha incrementado.
Frente a todo esto, la gran incógnita se centra en cuál es la ruta, y los medios de transporte alternos que han comenzado a utilizar los transmigrantes para tratar de cruzar el país, y sobre todo a qué nuevas calamidades se están teniendo que enfrentar en dicho proceso. Evidentemente, nadie creería que la política actual ha servido para algo.
Y más allá de lo que diga Solalinde, lo que todos debiéramos preguntarnos es qué está haciendo el gobierno, en sus tres ámbitos, para evitar que los transmigrantes —que son personas, con calidad migratoria ciertamente irregular, pero también con derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución, y que son válidos para ellos por el solo hecho de encontrarse en territorio nacional— continúen siendo el blanco preferido de las organizaciones criminales, que lucran con ellos, que los agreden, los extorsionan, violan a las mujeres y provocan todo tipo de horrores de los que el gobierno no se está haciendo corresponsable en lo que le correspondería hacer.
CUESTIÓN DE DERECHOS
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece derechos fundamentales que no pasan por la calidad migratoria de las personas. Un ejemplo de ello, se encuentra en la clásica afirmación constitucional, de que los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional, por ese solo hecho alcanzarán la libertad y la protección de las leyes (penúltimo párrafo del artículo 1 constitucional). Ello es un punto de referencia para entender que existen derechos que no pasan por el tamiz de la calidad migratoria, y sobre los cuales el Estado mexicano tiene deberes ineludibles, también contenidos en el citado precepto de la Constitución de la República.
¿Por qué afirmamos esto? Porque hasta hoy el tema de los transmigrantes se ha quedado en la discusión de las normas migratorias y de población, pero no ha alcanzado el nivel de los derechos fundamentales. Bajo esta lógica, el Estado tendría que estar preocupado de verdad no sólo por ver qué ocurre con los transmigrantes en su paso por el territorio mexicano, sino sobre todo por garantizar que sus derechos a la vida, a la integridad, a la seguridad y a la no discriminación —entre otros— fueran respetados y garantizados en toda la extensión de la palabra, independientemente de su calidad migratoria.
¿Por qué? Porque no se trata de promover la migración irregular, pero sí de asumir que por lo menos en algún grado parcial, sí es responsabilidad del Estado mexicano todo lo que ocurra con los transmigrantes mientras se encuentran en territorio nacional. No hacerlo, significa también negarles de facto su calidad de personas y por ende entregarlos, por la vía de los hechos, a las organizaciones criminales para que ellos hagan con los centroamericanos lo que les venga en gana.
Finalmente este es un asunto que debe pasar por una discusión serena respecto a los derechos fundamentales. Más allá del activismo —y hasta oportunismo— de algunos personajes, en la frontera sur sí existe gente preocupada por la suerte de los transmigrantes que debe ser escuchada y respaldada siempre que esta lucha sea de verdad por los derechos fundamentales.
SOLALINDE
Es bienvenida, y muy necesaria, su lucha a favor de los migrantes. En mala hora se alió con el gobierno estatal (a quien ya no cuestiona) para involucrarse en una grilla local, que nada tiene que ver con la lucha por la que ganó reconocimiento nacional e internacional.
