+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

En la Frontera Sur, sí debe cambiar la política del gobierno federal

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Frontera Sur

+ ¿Qué han hecho gobiernos locales para resolver crisis humanitaria?

El padre Alejandro Solalinde encabeza una caravana de migrantes centroamericanos que busca llegar a la Ciudad de México para pedir que el gobierno federal cambie la política de contención migratoria en la frontera sur del país, y que específicamente modifique las acciones del Plan Frontera Sur, que implementó la Secretaría de Gobernación al inicio de esta administración para contener el paso de migrantes desde el sur del continente hacia la frontera con los Estados Unidos. Más allá del activismo, es evidente que esa política debe cambiar, pero no a partir de los tradicionales argumentos de la política migratoria, sino de los deberes que tienen los tres órdenes de gobierno con los derechos humanos.

En efecto, los migrantes, que iniciaron el Viacrucis el 24 de marzo en la frontera de México y Guatemala, realizan desde hace varios años este recorrido para hacer visible el drama de las personas indocumentadas que intentan llegar a Estados Unidos y sufren en México toda clase de abusos. Sin embargo, en esta ocasión el Instituto Nacional de Migración (INM ) desplegó un operativo alrededor de Ixtepec y advirtió que se permitirá el tránsito de ilegales.

Frente a esto, Solalinde Guerra ha manifestado que uno de los objetivos principales de esta caravana se centra en pedir a la Secretaría de Gobernación —que es de quien depende orgánicamente el INM— que modifique el Plan Frontera Sur, a partir del cual han tratado de impedir que continúe el tránsito de migrantes que vienen de Centroamérica, y que ingresan al país no para quedarse en él, sino para tratar de llegar a la frontera con los Estados Unidos.

Solalinde ha hecho énfasis en dos cuestiones: primera, que los Grupos Beta, que fueron creados para brindar protección, seguridad y ayuda a los transmigrantes en su paso por territorio nacional, han sido ahora utilizados como grupo de inteligencia, y esto ha corrompido su labor; y segunda, que el gobierno federal no ha realizado una verdadera política de contención de la migración, sino que únicamente se ha dedicado a tender redadas para impedir que los migrantes continúen su camino, y para regresarlos a su lugar de origen, pero que no ha hecho prácticamente nada para asegurar que no sean blanco de delitos, extorsiones y trata, y, sobre todo, para garantizar que estén a salvo sus derechos como persona, al margen de su calidad migratoria.

Y es que resulta que una de las principales acciones que contempla ese Plan Frontera Sur, se centra en impedir que los transmigrantes aborden el tren de carga que periódicamente sale de Chiapas, y que cruza varios estados —entre ellos Oaxaca— antes de conectarse con la frontera norte de la República. Hasta ahora los resultados positivos de esa política de contención no han sido claros, pero lo que sí ha sido público es que el número de migrantes que llegan al país desde Centroamérica no sólo no ha disminuido, sino que se ha incrementado.

Frente a todo esto, la gran incógnita se centra en cuál es la ruta, y los medios de transporte alternos que han comenzado a utilizar los transmigrantes para tratar de cruzar el país, y sobre todo a qué nuevas calamidades se están teniendo que enfrentar en dicho proceso. Evidentemente, nadie creería que la política actual ha servido para algo.

Y más allá de lo que diga Solalinde, lo que todos debiéramos preguntarnos es qué está haciendo el gobierno, en sus tres ámbitos, para evitar que los transmigrantes —que son personas, con calidad migratoria ciertamente irregular, pero también con derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución, y que son válidos para ellos por el solo hecho de encontrarse en territorio nacional— continúen siendo el blanco preferido de las organizaciones criminales, que lucran con ellos, que los agreden, los extorsionan, violan a las mujeres y provocan todo tipo de horrores de los que el gobierno no se está haciendo corresponsable en lo que le correspondería hacer.

CUESTIÓN DE DERECHOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece derechos fundamentales que no pasan por la calidad migratoria de las personas. Un ejemplo de ello, se encuentra en la clásica afirmación constitucional, de que los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional, por ese solo hecho alcanzarán la libertad y la protección de las leyes (penúltimo párrafo del artículo 1 constitucional). Ello es un punto de referencia para entender que existen derechos que no pasan por el tamiz de la calidad migratoria, y sobre los cuales el Estado mexicano tiene deberes ineludibles, también contenidos en el citado precepto de la Constitución de la República.

¿Por qué afirmamos esto? Porque hasta hoy el tema de los transmigrantes se ha quedado en la discusión de las normas migratorias y de población, pero no ha alcanzado el nivel de los derechos fundamentales. Bajo esta lógica, el Estado tendría que estar preocupado de verdad no sólo por ver qué ocurre con los transmigrantes en su paso por el territorio mexicano, sino sobre todo por garantizar que sus derechos a la vida, a la integridad, a la seguridad y a la no discriminación —entre otros— fueran respetados y garantizados en toda la extensión de la palabra, independientemente de su calidad migratoria.

¿Por qué? Porque no se trata de promover la migración irregular, pero sí de asumir que por lo menos en algún grado parcial, sí es responsabilidad del Estado mexicano todo lo que ocurra con los transmigrantes mientras se encuentran en territorio nacional. No hacerlo, significa también negarles de facto su calidad de personas y por ende entregarlos, por la vía de los hechos, a las organizaciones criminales para que ellos hagan con los centroamericanos lo que les venga en gana.

Finalmente este es un asunto que debe pasar por una discusión serena respecto a los derechos fundamentales. Más allá del activismo —y hasta oportunismo— de algunos personajes, en la frontera sur sí existe gente preocupada por la suerte de los transmigrantes que debe ser escuchada y respaldada siempre que esta lucha sea de verdad por los derechos fundamentales.

SOLALINDE

Es bienvenida, y muy necesaria, su lucha a favor de los migrantes. En mala hora se alió con el gobierno estatal (a quien ya no cuestiona) para involucrarse en una grilla local, que nada tiene que ver con la lucha por la que ganó reconocimiento nacional e internacional.

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