+ Situación política del magisterio: cada quién da versiones distintas
En la icónica marcha del Día del Trabajo, la Sección 22 del SNTE anunció que entregará su pliego petitorio anual a los gobiernos estatal y federal. El magisterio democrático ha evitado hacer público el contenido de dicho documento, e incluso ha atajado cualquier posibilidad de dar detalles concretos sobre qué pedirá. Hasta hoy, los dos ámbitos de gobierno con los que negocia, le han dado todo. Y si por eso hay resistencia a dar a conocer detalles sobre el contenido del pliego petitorio, técnicamente también priva una total incertidumbre sobre qué estado real guarda la relación del Estado con la Sección 22 y la CNTE.
En efecto, en el marco del Día del Trabajo, el pleno de la asamblea Estatal de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, determinó estallar un paro indefinido a partir del 1 de junio, para sumarse a la convocatoria de paro nacional a lado de los estados de Guerrero, Chiapas, Michoacán y el Distrito Federal.
Todo esto, ocurre en paralelo al anuncio hecho también hace unos días, de que este día los profesores oaxaqueños marcharían para entregar su pliego petitorio a los gobiernos estatal y federal, y que a través de él buscarían dar solución a lo que ellos denominan como “la problemática de la educación en Oaxaca”, y que no es otra cosa que el conjunto de privilegios y demandas que han venido planteando al gobierno federal, y que éste no ha podido darles por la presión y el cuestionamiento de la ciudadanía.
Pues resulta que en el plano de las demandas políticas, la Sección 22 ha venido demandando que se apruebe su proyecto de Ley Estatal de Educación, y que se garantice el respeto a sus conquistas y derechos laborales. Concretamente, lo que quiere el magisterio democrático oaxaqueño es que por escrito el gobierno federal les asegure que no menguará ninguno de sus privilegios, y que no permitirá que la autoridad estatal sea relevada como intermediario entre los trabajadores de la educación, y el nuevo patrón que hoy es nuevamente el propio gobierno federal.
En paralelo a ello, los profesores oaxaqueños no han cedido en su demanda de que sea a través de una negociación política que se libere a los integrantes de la Sección 22 que se encuentran en prisión acusados de delitos como secuestro y delincuencia organizada, debido a su participación en un plagio. Hace dos meses la propia Sección 22 había aceptado públicamente que el gobierno federal había accedido a negociar ese aspecto con los profesores si ello servía como una medida de distensión en la compleja relación del gobierno federal con la disidencia magisterial.
¿Por qué no ocurrió? Porque el gobierno federal vio primero que sería complicadísima la ruta jurídica por la que tendría que transitar para tratar de dejar en libertad a los presuntos plagiarios (para hacerlo, o la PGR tendría que desistirse de su acusación; o la PGR tendría que echarse la culpa por una supuesta integración deficiente del expediente penal, para que los acusados obtuvieran un amparo de fondo que los pusiera en libertad; o el Presidente habría tenido que apurar su enjuiciamiento, para después indultarlos); y segundo, porque reparó que eso le habría traído un fuerte cuestionamiento nacional e internacional por acceder descaradamente a un chantaje.
MUCHAS VISIONES
La relación del gobierno federal con la Sección 22 es tan compleja como se le quiera ver. El problema de eso, no es que sea en sí misma compleja, sino que esa aparente incomprensión genera distorsiones (muchas de ellas voluntarias) a través de las cuales se pretende justificar el fracaso de la negociación y el diálogo que ha entablado con ellos el gobierno federal.
Y es que por un lado, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no ha podido explicar cuál es la ruta que sigue el proceso de negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y tampoco qué se ha ganado con las concesiones que hasta hoy se le han hecho. Lo primero no lo hace, porque no parecen tener una ruta y un objetivo concretos sobre para qué negocian con la Sección 22, y qué quieren lograr con ello; y tampoco tienen claro qué es lo que se habría podido haber ganado, si de todos modos la Coordinadora sigue siendo beligerante, contestataria, y poco contributiva a la educación pública de calidad de los niños que tiene bajo su tutela educativa.
En el caso del gobierno de Oaxaca, éste tiene una visión que tampoco es concluyente sobre su relación con la Sección 22. Lo único que ellos tienen claro es que por ningún motivo abrirán un frente de batalla con el magisterio democrático, y por eso han caído en extremos como el de convertirse en defensores a ultranza, y portavoces, de la Sección 22 ante el gobierno federal, y de ser quien termina cubriendo los quebrantos en los momentos en que se ha tensado la relación de la federación con la coordinadora magisterial.
Igualmente, el gobierno de Oaxaca no tiene otro objetivo más que el de su sola supervivencia. Por esa razón avala y prohíja a la Sección 22 sin siquiera tener un interés genuino por la educación, sino únicamente a través del cálculo relacionado con que su buena relación con el magisterio, es garantía de que el régimen no será saboteado ni correrá peligro de perder el poder antes de tiempo. Por eso la alianza gobierno estatal-Sección 22 no tiene puntos medios y tampoco grises, y es una alianza incondicional en la que bajo ninguna circunstancia habrá un rompimiento entre el régimen y los profesores.
Y al final, la ciudadanía tiene una lectura distinta, que es mucho menos triunfalista que la de los dos ámbitos de gobierno. Para el ciudadano común lo que ocurre es un proceso de diálogo sin finalidades ni implicaciones claras. La gente no sabe qué se negocia, con qué se negocia, para qué se negocia, y a qué fin público pretende llegar la negociación. En esas circunstancias, este asunto tiene tantas lecturas como espacio vacío existe en medio de tanta incertidumbre.
NO HAY PRISA
Si el Congreso de Oaxaca no se ha pronunciado sobre la reforma constitucional federal en materia educativa, que le fue remitida hace más de dos años, no hay razón para suponer que ahora tenga “prisa” por aprobar la reforma anticorrupción. Es la magia del inagotable y parsimonioso “reloj legislativo”, que corre en una dimensión distinta al tiempo de los ciudadanos comunes, y que hasta pareciera sólo quiere seguir en la frivolidad, y no entrarle a los temas más importantes del país.
