+ La ciudadanía debe manifestarse, en contra, más que nunca
La decisión tomada y anunciada el viernes por la Secretaría de Educación Pública de suspender indefinidamente la evaluación a los docentes de educación básica, es un riesgo que la ciudadanía y las instituciones del Estado deben atajar enérgicamente. Esa concesión, claramente otorgada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el marco de las negociaciones políticas que actualmente sostienen, constituyen el riesgo latente de que la suspensión se convierta, con el paso del tiempo y las resistencias magisteriales, en cancelación definitiva de facto. Y no hay razones para que todos corramos ese riesgo innecesario.
En efecto, la tarde del viernes mediante un comunicado —que luego fue quitado de la página oficial de la SEP— la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP informó que quedaban suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para la realización de la evaluación, debido a nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en la Educación Básica y Media Superior.
Y es que apenas en abril, la SEP había dado a conocer los perfiles, parámetros e indicadores para la evaluación de los profesores de niveles básico y medio superior para la promoción y permanencia de los profesores. Las evaluaciones eran parte fundamental de la reforma educativa. La normativa establece que las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado. Nada menos que esto fue lo que declaró suspendida de forma indefinida la SEP este fin de semana.
Las reacciones no se hicieron esperar. La sociedad civil organizada emprendió de inmediato una campaña de repudio a la decisión tomada por la SEP, pero lo que generó más expectativa fue el anuncio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de que su Junta de Gobierno tendría una sesión urgente para definir una postura respecto a la decisión que unilateralmente había tomado la SEP sobre este tema toral para la reforma educativa, y claramente motivado por la negociación que ahora mismo ocurre en la Secretaría de Gobernación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Sección 22 de Oaxaca con autoridades federales, y el estallamiento del llamado “paro nacional” a partir de este mismo lunes.
Anteayer sábado, el INEE emitió un fuerte comunicado — y por su tono, podríamos decir que hasta inédito en la relación respetuosa que siempre guardan los organismos constitucionalmente autónomos con el gobierno federal— en el que abiertamente encara a la SEP por la decisión tomada, la reprueba, y le exige que se retracte.
“Esta decisión —dice el INEE en su comunicado— atenta contra el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus leyes reglamentarias, así como de los lineamientos para regular los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente (SPD), del Programa de Mediano Plazo para la Evaluación del SPD 2015-2020 y del Calendario de Evaluaciones 2015 que, en el ámbito de sus atribuciones, ha publicado el Instituto para dar transparencia, legalidad, objetividad e imparcialidad a la implementación de los procesos de evaluación en el marco del SPD…”
“Esta decisión es contraria al interés superior de la niñez mexicana, al no garantizar el derecho a una educación de calidad (…) Que las niñas, niños y adolescentes que cursan la educación obligatoria de nuestro país no podrían iniciar el próximo ciclo escolar con los docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos que cumplan con los conocimientos y las habilidades profesionales que establece la ley, y que son indispensables para un ejercicio profesional responsable y de calidad, razón por la cual la suspensión ‘indefinida’ anunciada por la SEP no solo vulnera la legalidad de la Reforma, sino que afectaría de manera severa el funcionamiento normal del servicio educativo en el ciclo escolar 2015-2016.”
Luego de señalar todo eso, el INEE conmina al Gobierno de la República para que deje sin efectos la decisión de “suspensión indefinida” anunciada, y observe los mandatos que la ley establece para llevar a cabo los procesos de ingreso, promoción y permanencia del Servicio Profesional Docente, de acuerdo con el calendario establecido.
REPROBACIÓN GENERAL
No hay duda de que la SEP entendió el nivel de rechazo que generó su decisión. En los últimos meses ha habido fuertes señalamientos en contra de la Secretaría de Gobernación por permitir canonjías políticas a la Coordinadora, en su intento por detener las movilizaciones y acciones de protesta que particularmente van a realizar a la Ciudad de México.
Según los que conocían de esas negociaciones, había un acuerdo para la negociación entre la Gobernación y la SEP, para que la primera “mareara” y la segunda “madreara”. Es decir, que Gobernación les daría lo que luego la SEP les quitaría. Sólo que la decisión anunciada el viernes va en contra de esa lógica y de hecho pareciera la constatación de que el gobierno federal claudicó por completo en su determinación por implementar la reforma educativa aún en contra de las presiones de poderes fácticos como el de la Coordinadora y la Sección 22 de Oaxaca.
¿Qué queda frente a eso? Que la ciudadanía se muestre más enérgica que nunca en contra de la SEP, y en general del gobierno federal, rechazando ese tipo de decisiones y exigiendo que ese aplique la ley de la forma que sea posible, pero siempre en un plano de progresividad. ¿La razón? Que frente al conformismo ciudadano con las acciones y decisiones federales, lo que pasará es que la CNTE terminará aplastando no sólo la reforma educativa, sino la educación pública y de calidad que merecen los niños mexicanos, independientemente de que nuestros hijos acudan o no a una escuela pública.
LA DECISIÓN, A PESAR DE LA CIUDADANÍA
Es muy probable, mucho, que la SEP no dé marcha atrás a la decisión que ya tomó. El pragmatismo y la conveniencia de evitar un problema y trasladarlo al gobierno que venga, es el parámetro. Lo que nosotros como ciudadanos debemos hacer, es al menos tomar la postura de que esa decisión se tomó a pesar de nosotros, y no con el ominoso aval de nuestro silencio.
