+ Las arbitrariedades contra la ciudadanía, cosa de todos los días
Galdino Huerta Escudero goza de buena relación con el Congreso del Estado, aunque en realidad ya no parece encontrar modo de sostenerla. Su arribo y permanencia en la alcaldía de Santa Lucía del Camino le ha implicado la necesidad de cubrir innumerables compromisos, para los cuales ha necesitado echar mano de todos los recursos que tiene a su alcance. Por eso, aunque la los habitantes de Santa Lucía no ven una sola acción notoria de gobierno, sí resienten la multiplicación de los actos de molestia con fines recaudatorios.
En efecto, ya en una ocasión anterior dábamos cuenta en este espacio de cómo el gobierno municipal de Santa Lucía del Camino montó “sofisticadas” medidas para capturar e imponer multas a todos aquellos conductores de vehículos de motor que cometan hasta la más mínima infracción de tránsito.
Decíamos, por ejemplo, que gracias a la instalación de nuevos semáforos en el cruce entre las avenidas Hornos y Ferrocarril, los agentes viales de dicho municipio han hecho su agosto deteniendo, por ejemplo, a motociclistas por no portar el casco u otras medidas de seguridad que son sancionadas por su reglamento. ¿Qué hacen? Los agentes detienen al parroquiano, le exigen y retienen sus documentos (tarjeta de circulación o licencia de conducir, o ambas), y una vez que le imponen una multa, lo dejan continuar su marcha; demostrando con ello que su interés se centra en imponer multas recaudatorias, y no proteger la vida o integridad de las personas.
Si esa es una demostración fehaciente de urgencia desmedida que tiene Santa Lucía del Camino por incrementar su recaudación, lo que hicieron hace unos meses con la empresa Cablemás lo constata. ¿Qué ocurrió? Que sin más, Huerta decidió emprender acciones para que dicha empresa pagara derechos municipales por concepto de derecho de uso de suelo y continuación de operaciones. Y aunque de entrada el cobro de esas contribuciones no parece ser totalmente legal —porque la actividad de Cablemás deviene de una autorización federal—, lo que verdaderamente llama la atención es la forma en que intentaron presionar a la empresa para que pagara.
¿Qué hizo el Ayuntamiento de Santa Lucía? Que como si ese pueblo sin ley estuviera aislado del mundo, decidió ir unilateral e ilegalmente a sabotear el servicio de transmisión de cable, telefonía e internet que ofrece la empresa a unos 15 mil usuarios en esa demarcación, desmantelando y destruyendo equipos instalados en los postes de energía eléctrica (que también son de propiedad federal) para impedir que continuara prestando el servicio, y obligándola con ello a entablar una negociación.
Santa Lucía realizó esas acciones a plena luz del día, con funcionarios municipales, y sin tomar ninguna previsión legal para realizar el cobro de las contribuciones a través de los cauces y los mecanismos jurídicos adecuados. Perpetró, en términos sencillos, un acto de sabotaje, a través de prácticas porriles de chantaje institucionalizado, y bajo la lógica de la venganza privada, pasando por alto que lo que debió hacer —si de verdad estaba convencido de que el derecho le daba la razón— era emprende medidas de cobro para tratar de que se cubrieran los créditos fiscales pendientes, pero sin afectar la integridad y funcionamiento de los equipos de la empresa, porque ello constituye la comisión de delitos del orden federal.
¿EN CAPILLA?
Ante estas medidas de cobro tan lesivas y nada ortodoxas, la empresa prestadora del servicio de televisión por cable y telefonía emprendió diversos juicios. Uno de ellos es del orden penal y, según dicen quienes conocen del entramado legal, se inició ante la PGR por la presunta comisión del delito de ataques a las vías generales de comunicación. Como Galdino Huerta no come lumbre, intentó concretar algún tipo de mediación con la empresa para que se desistiera de sus acusaciones a cambio de lograr algún beneficio en los cobros que intentó ejecutarle su municipio, fracasando sonoramente en el intento.
Hoy la situación parece más complicada que al inicio. Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha tenido forma de justificar por qué trató de iniciar las acciones de cobro afectando de entrada los equipos, cableados e instalaciones de la empresa de televisión restringida, y generando afectaciones a todos los usuarios de esos servicios que a lo largo de más de 12 semanas no pudieron disfrutar del servicio por el que estaban pagando cierta cantidad de dinero.
Quizá hasta ahora reparó Huerta y los concejales de Santa Lucía que lo alentaron y secundaron en este intento, en que ellos como integrantes de un Ayuntamiento no gozan de ningún tipo de inmunidad constitucional, y que por ende cuando incurren en la comisión de alguna irregularidad o delito, las autoridades administrativas y judiciales tienen plenas facultades para proceder libremente en su contra, como cualquier otro ciudadano.
Incluso, ahora Huerta tendría que recurrir a los asesores políticos —entre ellos un connotado diputado local, al que le pagaría cantidades millonarias mensuales por concepto de venta de protección política en el Congreso del Estado— que le recomendaron inmiscuirse en este asunto, para que ahora lo asesoren correctamente para salir de él. Parecieron haberle vendido una idea equivocada y engañosa de los alcances legales de la autonomía municipal para ver si a través de ello lograban hacerse de recursos frescos —los recursos recaudados por los municipios no son fiscalizables— para las arcas municipales.
Al final, la ciudadanía se sigue preguntando qué manos se benefician de estas medidas o cuál es la razón de la implementación de diversas medidas de tipo eminentemente recaudatorio. En Santa Lucía sigue creciendo el número de giros negros —que no son instalados a título gratuito—; y el Ayuntamiento no deja de tomar nuevas medidas para cobrar a la ciudadanía por servicios, derechos, multas y todo lo que le reporte ganancias económicas… aunque no vean cuál es el beneficio, las obras o la mejora de servicios públicos que podría justificar tales medidas.
NUEVOS “COMERCIANTES”
Por cierto, con la instalación de semáforos en Avenida Ferrocarril —también por obra de Santa Lucía— surgió un nuevo problema: desde que éstos funcionan, hay nuevos mendigos, limpiaparabrisas, chicleros y demás población de la que no se hace responsable el Ayuntamiento, pero sí le causa molestias y contaminación a los automovilistas. ¿O será que a ellos también les estarán cobrando impuestos?
