La evaluaci贸n, constitucional. S-22, usa argumentos enga帽osos

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Supremas Corte de Justicia de la Naci贸n

+ Su estabilidad laboral no implica entenderla como perpetuidad


En su sesi贸n del martes pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n resolvi贸 uno de los puntos m谩s relevantes de un conjunto de juicios de amparo presentados por profesores en contra de la evaluaci贸n docente, prevista por la Constituci贸n. El argumento principal esgrimido por los quejosos se centr贸 en se帽alar que, como trabajadores al servicio del Estado, apartado B, fracci贸n IX del art铆culo 123, les otorga estabilidad laboral. Es as铆, aunque ello no significa inamovilidad ni inmunidad. Y ello es relevante para entender qu茅 resolvi贸 la Corte.

En efecto, el tema central de los amparos que a煤n sigue discutiendo la Corte, pero que ya perfil贸 para negar 鈥攜 por ende declarar constitucionales las normas que establecen la evaluaci贸n al personal docente del pa铆s鈥 se encuentra en que los profesores que iniciaron los respectivos juicios de amparo argumentaron que no pueden ser separados de sus empleos a partir del resultado de la evaluaci贸n, a partir de que sus relaciones laborales se encuentran regidas por el apartado B del art铆culo 123, que regula la relaci贸n laboral entre el Estado y sus trabajadores.

Seg煤n dicho argumento, los trabajadores de la educaci贸n se encuentran amparados por el art铆culo 123 apartado B, y por ende todo lo que establecen las leyes reglamentarias de los art铆culos 3 y 73 en materia educativa, respecto a la situaci贸n laboral de los docentes, son inconstitucionales.

Espec铆ficamente, en sus amparos sostuvieron que es la fracci贸n IX la que directamente los protege, al disponer que los trabajadores s贸lo podr谩n ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los t茅rminos que fije la ley. 鈥淓n caso de separaci贸n injustificada tendr谩 derecho a optar por la reinstalaci贸n en su trabajo o por la indemnizaci贸n correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresi贸n de plazas, los trabajadores afectados tendr谩n derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnizaci贸n de ley鈥.

Hay algunas palabras clave, que est谩n establecidas en el precepto transcrito, pero que los profesores que buscaron la v铆a del amparo pretendieron utilizar en un contexto distinto al que la ley pretende tutelar. 驴Cu谩les? Espec铆ficamente, lo relacionado a que los trabajadores s贸lo podr谩n ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los t茅rminos que fije la ley. 茅stas 煤ltimas palabras (鈥渆n los t茅rminos que fije la ley鈥) son clave, porque los profesores aduc铆an que su relaci贸n de trabajo est谩 protegida por las leyes laborales (la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado), y no por las leyes especiales emanadas de la nueva redacci贸n del art铆culo tercero constitucional.

A partir de ello, pretend铆an que los efectos de la evaluaci贸n (es decir, que el Estado pueda separar de su cargo a quien no apruebe la evaluaci贸n docente) fueran declarados inconstitucionales.

ARGUMENTOS FALLIDOS

Frente a esos argumentos, vale la pena releer la intervenci贸n del ministro Jos茅 Ram贸n Coss铆o, en la sesi贸n del Pleno de la Corte el pasado martes, que a nuestro juicio fue la m谩s elocuente en la exposici贸n de las razones por las que los argumentos anteriores no son correctos, y por qu茅 la evaluaci贸n y sus efectos no s贸lo son constitucionales y convencionales, sino que toda la legislaci贸n internacional aplicable establece que la evaluaci贸n docente es uno de los mecanismos m谩s eficaces para lograr el objetivo de que el Estado imparta educaci贸n p煤blica de calidad.

鈥淒esde mi punto de vista 鈥攕e帽al贸 el Ministro鈥, el examen para determinar la constitucionalidad y convencionalidad de las normas impugnadas que establecen las condiciones de evaluaci贸n del desempe帽o para la permanencia en el servicio, deber谩虂 hacerse de la siguiente manera:

鈥淧rimero, identificando la finalidad constitucionalmente leg铆tima. En este caso, 茅sta se encuentra establecida en el tercer p谩rrafo del art铆culo 3o y consiste en que el Estado debe garantizar la calidad de la educaci贸n obligatoria y la idoneidad de los docentes y directivos para alcanzar el m谩ximo logro de aprendizaje de los educandos. Segundo, hay que determinar la idoneidad de la evaluaci贸n, como medio para conseguir aquella finalidad a trav茅s de la verificaci贸n de los conocimientos y capacidades que correspondan a la funci贸n para el mejoramiento constante y el m谩ximo logro acad茅mico de los educandos, conforme a los planes y programas de estudio de la educaci贸n preescolar, primaria, secundaria y normal, para toda la rep煤blica.

鈥淎 mi juicio, las tres oportunidades de evaluaci贸n y los programas de regularizaci贸n para obtener la suficiencia de resultados, para estar en aptitud de continuar en el desempe帽o del servicio profesional docente, en estas condiciones, si虂 resulta id贸neo en funci贸n de la periodicidad m铆nima establecida en la propia ley, al menos una cada cuatro a帽os.

鈥淭ercero, dada la finalidad constitucionalmente leg铆tima identificada ya, podemos concluir que la evaluaci贸n del desempe帽o docente, establecida en los art铆culos 52 y 53 impugnados, no s贸lo resulta proporcional como medida menos gravosa posible, sino que es indispensable para que la funci贸n del trabajador de la educaci贸n sea identificable, como se encuentra configurado el n煤cleo esencial de la garant铆a de la calidad educativa establecida en el art铆culo 3o, despu茅s de la reforma.

鈥淣o podemos actualizar el derecho a la educaci贸n 鈥揷omo se encuentra configurada en la Constituci贸n鈥 si no se verifican los conocimientos y capacidades de los servidores p煤blicos que deben garantizarlos como 铆ntimos colaboradores del Estado o como funcionarios estatales y corresponsables de la consecuci贸n de estos objetivos. Finalmente, me parece que no existe un par谩metro o est谩ndar de fuente internacional contenido en un tratado o instrumento firmado por el Estado Mexicano que otorgue una mayor protecci贸n a la persona鈥︹. (Versi贸n taquigr谩fica de la sesi贸n de Pleno de la SCJN, 23 de junio de 2015. P谩ginas 10 y 11. Disponible en http://bit.ly/1Niifbe).

LA EVALUACI脫N, FIRME

Esta consideraci贸n fue la que prevaleci贸 en la mayor铆a de los ministros. Ahora lo que seguir谩 鈥攜 es la 煤nica ruta leg铆tima que le queda a los profesores鈥 es que el INEE atienda los argumentos a favor de una evaluaci贸n diferenciada, que tanto han exigido los profesores de la Secci贸n 22. Qui茅n sabe si lo logren. Pero lo que s铆 queda claro es que no habr谩 m谩s caminos institucionales para impedir la evaluaci贸n de sus propios conocimientos.

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