+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Oaxaca sin bloqueos: ahora que se recupere el sentido de autoridad

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Federales en Oaxaca

+ Que en la lucha organizada ya no venza la minoría sobre la mayoría


Era elocuente la portada de TIEMPO del miércoles: gracias a la presencia de las fuerzas federales, la capital oaxaqueña —y la ciudadanía— ya cumplió dos meses sin padecer ningún tipo de bloqueo a calles u oficinas gubernamentales. Ello es prueba fehaciente de varias cuestiones que ahora deben repasar fríamente los gobiernos estatal y federal, si de lo que se trata es de que ambos contribuyan a devolverle a la Verde Antequera la paz y el sentido de la autoridad que merece.

En efecto, en la nota principal del pasado miércoles, TIEMPO señalaba que gracias a la presencia de las fuerzas federales, en coordinación con las corporaciones policiacas estatal y municipal de la capital, en Oaxaca desde hace sesenta días ya no se registran bloqueos de calles ni acciones de protesta que violenten derechos de terceros. Incluso, las otrora multitudinarias mar- chas de la S22 lucen con poca asistencia. “Empresarios y ciudadanos piden que uniformados permanezcan en la entidad”, remarcaba la nota de primera plana.

¿Qué significa esa inusitada actitud de prudencia que han mostrado las organizaciones sociales en estos dos meses? Hay varias cuestiones importantes que señalar. La primera de ellas, es que la reciente paz social de la entidad está enmarcada no en los actos represivos e intimidatorios que muchas organizaciones han querido denunciar por la presencia de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, sino en el hecho de que las organizaciones sociales estaban acostumbradas a hacer y deshacer a placer con la paz social y la tranquilidad y los derechos de la ciudadanía.

Una segunda lección apunta a que, como parece, las organizaciones sociales no comen lumbre. Muchas de ellas estaban acostumbradas a hacer lo que les venía en gana, siempre retando a la autoridad a que procediera en su contra, para responder con doble virulencia. Si esa actitud envalentonada estuviera verdaderamente respaldada por un sentido social de fondo cualquiera de ellas habría respondido de la misma forma que como amagaban al gobierno de Oaxaca, ante la presencia de las fuerzas federales. No lo han hecho, porque saben que su capacidad de movilización y respaldo social era por demás relativo, y que cualquier intento hoy en día sería apagado de inmediato por las fuerzas federales.

Una tercera lección, que es por demás importante, radica en que ahora tanto el gobierno estatal como el federal deben considerar la importancia de devolver el sentido de autoridad a Oaxaca, pero que éste sólo puede ocurrir cuando haya un verdadero respaldo y colaboración institucional entre los dos ámbitos de gobierno. Siempre que nos preguntamos por qué las organizaciones hacían lo que querían, volteábamos a ver a las fuerzas estatales, y su evidente incapacidad para contener los rasgos de la efervescencia social que derivan en la comisión de delitos.

Ni siquiera se reparaba en el hecho de que esa incapacidad —numérica, de equipos, de preparación y organización de las fuerzas policiacas estatales, para contener las protestas sociales desbordadas— era sólo la mitad del problema. La otra mitad estaba en el hecho de que en Oaxaca no había ningún tipo de presencia, ni siquiera testimonial, de las fuerzas federales.

Muchos recibieron con agrado la noticia de que la Gendarmería Nacional buscaba un espacio dónde asentar un cuartel permanente para sus elementos que quedarían estacionados en Oaxaca. No vieron que implícitamente ese era el reconocimiento de que hasta antes del siete de junio no había ningún tipo de presencia de fuerza pública federal, y que por eso ante la inferioridad de las fuerzas estatales, la gobernabilidad y la paz social estaban en manos de un puñado de organizaciones que marchaban, bloqueaban y perturbaban cada que se les daba la gana, sin enfrentar ningún tipo de consecuencia.

LOS MÁS, PERO LOS MENOS

Nos acostumbramos a que el gobierno asumiera, por largos años, que los grupos organizados eran la mayoría, y que a la ciudadanía la obligara –nos obligara– a padecer los efectos de esa lucha que, aunque organizada, es en realidad minoritaria. En Oaxaca tenemos una larga y funesta tradición en ese sentido, a partir de grupos como la Sección 22 del SNTE que por su capacidad de organización y disciplina puede poner en jaque al gobierno, a pesar de tener una representación que apenas rebasa al dos por ciento de la población.

Hoy que parece que esta dinámica se rompió, vale la pena no perderlo de vista. Por ejemplo, durante los años de lucha que lleva la Sección 22 del SNTE en Oaxaca, el gobierno ha asumido como una determinación velar por la atención a las demandas e intereses del magisterio, por ser un grupo numeroso y organizado. La contracara de esa determinación está en los ciudadanos, que aún siendo mayoría, ha estdo dispersa y se decanta en la sola indignación sin poder dar paso a las siguientes etapas de la reprobación a una autoridad que privilegia las minorías, por encima de la mayoría.

Primero, hace años, lo hacían como una forma contundente de lucha. Si lo recordamos, hace quince o veinte años tomar cruces viales como el llamado crucero de la Volkswagen, en la capital oaxaqueña, era sinónimo de un verdadero atrevimiento y de una afrenta a la autoridad. Era así porque pocos lo habían hecho antes, y porque también la autoridad se aprestaba a atender de inmediato, bajo la amenaza de acciones recíprocas por parte de la fuerza pública, las demandas de los inconformes.

Sin embargo, con la reiteración de esas formas de lucha se fueron relajando los efectos. Por un lado, los grupos se dieron cuenta que tomar una acción tan “contundente” como esa era cada vez menos efectiva; y por otro lado, la autoridad comenzó a dejar de tener miedo a la reacción de la ciudadanía –que vio que a pesar de los abusos no tomaba partido o represalia política o electoral de la situación– y entonces comenzó a dejar pasar ese tipo de protestas sin dar mayor respuesta.

¿Se habrá ya roto esa dinámica? No lo creemos. No podrá haber policías siempre. Por eso debe haber un rescate urgente del sentido de orden y autoridad en Oaxaca.

EL IEEPO LEGÍTIMO

El pasado 23 de julio apuntamos en este espacio: “López Obrador quiere en Oaxaca un ‘IEEPO legítimo’ de la mano de la Sección 22… al servicio de Morena. ¡Vaya oportunismo!”.  Aunque hubo quien no lo creyó, ayer la Asamblea del magisterio determinó ¡abrir su IEEPO legítimo! Lo siguiente será oficializar el pacto con Morena y Andrés Manuel. ¿Alguien lo duda aún?

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