La SCJN ya le resolvió los conflictos educativos fuertes al Congreso

LXII Legislatura

+ Ahora diputados deben armonizar según esos lineamientos concretos


Ahora que los diputados de la LXII Legislatura se dicen tan dispuestos a aprobar la ley estatal de educación aún frente a los amagues de la Sección 22 del SNTE, debieran aprovechar que al resolver controversias por las legislaciones de otros estados del país, la Suprema Corte está estableciendo puntos específicos que deben ser recogidos por el Congreso de Oaxaca para armonizar con eficacia y sin entrar en más conflictos supuestamente ideológicos o con el magisterio oaxaqueño.

En efecto, esta misma semana la Suprema Corte está resolviendo varias de las controversias que en junio del año pasado presentó el Presidente en materia educativa. Como bien debemos recordar, junto con la controversia presentada en contra de Oaxaca por la no armonización de las leyes estatales con la reforma educativa federal, el Ejecutivo de la nación presentó varias controversias más en contra de las legislaciones de otros estados del país, que al armonizar habían incurrido en algunas cuestiones que la federación consideró como inconstitucionales.

En la mayoría de los casos, esa inconstitucional surgió, a juicio de la federación, porque los estados habían invadido facultades federales en temas como el servicio profesional docente, la evaluación, la contratación o la permanencia de los profesores en sus deberes. Oaxaca fue el único caso de una entidad federativa que simplemente no hizo nada. Y por eso a la par de la conminación del máximo tribunal de justicia del país para que los poderes locales oaxaqueños armonicen en un plazo de seis meses, están estableciendo una serie de parámetros que el Congreso local ahora debe recoger para hacer una armonización más sencilla, más eficaz —que no sea objeto de una segunda controversia, ahora por el contenido de la ley armonizada— y más alejada de los mitos y atavismos que sigue esgrimiendo el magisterio oaxaqueño.

De hecho, en un artículo publicado ayer en El Universal, el ministro José Ramón Cossío Díaz hace referencias específicas sobre uno de los temas torales de la reforma educativa, en el que varios estados del país incurrieron en normas que ya fueron declaradas inconstitucionales. A este respecto, el ministro Cossío recuerda que en febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 73 de la Constitución federal para establecer que el Congreso de la Unión era el único facultado para legislar en materia del servicio profesional docente.

Con ese parámetro, el ministro Cossío señala que a partir de lo decidido por la Suprema Corte en sus últimas sesiones con base en el criterio anterior —y frente al hecho de que varios estados establecieron disposiciones relacionadas con el servicio profesional docente en sus constituciones y leyes locales—, se han actualizado dos efectos.

Por una parte, se han anulado las leyes o preceptos en que los legisladores locales hubieren regulado al “servicio profesional docente”, lo que se fundó en su señalada falta de competencias en la materia. Y por otra parte, la Corte ha ordenado a los legisladores locales que hubieren sido omisos al emitir leyes en materia educativa que, en un plazo no mayor a seis meses, legislaran a fin de armonizar su régimen educativo a lo previsto en la reforma de febrero de 2013, sin imponer obligación alguna a los congresos locales en materia de servicio profesional docente, pues ello corresponde sólo al Congreso de la Unión.

Abundando en lo anterior, ayer en Excélsior el senador Arturo Zamora aclaraba puntualmente el punto: La cuestión, señalaba, es que las leyes combatidas repiten artículos o capítulos de las leyes generales de educación y servicio profesional docente fuera de contexto, o peor aún, los reformulan ambiguamente, abriendo la puerta a convalidar acuerdos locales como se hizo en Oaxaca con el convenio que engendró al IEEPO.

Nada menos que en eso último radica la importancia del trabajo de la Suprema Corte en estas materias, y de lo útil que pueden ser todos esos criterios para la emisión de una ley estatal de educación en Oaxaca que sea armónica con la Constitución, y útil para las cuestiones que debe abordar.

ALEJARSE DE ATAVISMOS

El Congreso de Oaxaca, como lo hemos apuntado en enésimas ocasiones, ni siquiera ha iniciado el análisis de las iniciativas de ley estatal de educación que se han presentado, bajo el argumento de que no existen consensos entre los legisladores para que eso ocurra. Esa supuesta “falta de consensos” la han llenado de contenido a partir del argumento de que algunos partidos, como el PRD y las fuerzas de izquierda, respaldan a pie juntillas las iniciativas que presentaron, por un lado, los profesores de la Sección 22, y por el otro, el Ejecutivo del Estado; y que el PRI sólo respaldará una armonización lisa y llana de las normas locales a la legislación federal.

Esos argumentos son engañosos, porque al final de lo que se trata es de que lo que se legisle en Oaxaca no invada las normas federales ni intente re legislar a favor de la Sección 22, en materias que son de exclusiva competencia de los poderes federales. Fuera de eso, todo lo demás es paja. El problema es que esa paja es la que ha sido utilizada como pretexto por los diputados para esquivar la urgencia y la responsabilidad de hacer el trabajo político y legislativo que sea necesario para aprobar las normas locales en la materia.

Por eso, si verdaderamente tienen ganas de hacer algo por Oaxaca deberían revisar con detalle todo lo que en estos días ha resuelto la Suprema Corte, para impulsar una ley educativa capaz de abordar y resolver algunos de los muchos problemas educativos locales, y verdaderamente ser un factor de solución política, y no de más problemas, para la educación pública en Oaxaca.

LA TRAICIÓN QUE VIENE

El ulisismo está desatado: en un evento político, disfrazado de “un cumpleaños”, este fin de semana todos los herederos del ex gobernador Ulises Ruiz se fueron a alinear con los prospectos a la gubernatura del grupo gobernante. Dejaron ver sus dos rutas: por un lado, seguir respaldando a sus desechables “candidatos naturales” (el senador Eviel Pérez y Héctor Pablo Ramírez); y por el otro —¡lo increíble!—, buscar una alianza con el gobierno estatal, para ir contra sus adversarios domésticos del PRI. Por eso, al “cumpleaños”, todo el ulisismo fue al pase de lista. Todo. De ese tamaño son las ambiciones, cuando de tratar de regresar al poder se trata.

En el Congreso: ¿esperan “línea” o ya tienen dictamen de la ley de educación?

+ LXII Legislatura pudo ser factor determinante, pero prefirió “política avestruz”


Ahora que la Suprema Corte conminó a los poderes locales a que en un plazo máximo de seis meses emitan las leyes estatales que deben ser parte de la reforma constitucional en materia educativa, el Congreso del Estado debería transparentar el proceso que según ha conducido para confeccionar el dictamen con el proyecto de ley que presentarían al pleno legislativo, e informar a la ciudadanía en qué consiste la supuesta “falta de consensos” que ha impedido la aprobación de la ley estatal de educación. No hacerlo sólo confirmaría lo que es un secreto a voces: que en más de un año los diputados no han hecho nada.

En efecto, según el presidente de la Comisión Permanente de Educación, y ahora también presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, Jesús López Rodríguez, desde el mes de abril “está listo” el dictamen de la nueva Ley Estatal de  Educación para ser presentado al Pleno. Desde entonces, decía, ese dictamen “enfrenta varios problemas relacionados con el consenso entre las fracciones parlamentarias”.

Según el diputado López Rodríguez el dictamen no había podido ser llevado a la agenda legislativa debido a que “no tenemos mayoría ni en comisiones unidas y estamos entrampados legalmente” (TIEMPO, 18.04.2015). Y lo que desde entonces se sabía es que, formalmente, la única certeza que existía era la de un atasco político y una profunda falta de consensos entre las fracciones legislativas.

No obstante, también en el Congreso se decía que todos esos eran simples argumentos para justificar la inacción de la Comisión Permanente de Educación; la inexistencia de algún dictamen relacionado con las diversas iniciativas de ley estatal de educación presentadas por el Ejecutivo, por la Sección 22, y por al menos dos fracciones parlamentarias de la LXII Legislatura; y también se decía que, incluso, era una realidad la inexistencia de cualquier trabajo político o técnico al seno de la propia Comisión Permanente de Educación, o respecto a las demás comisiones legislativas, a las que se turnó el estudio y dictaminación de las diversas iniciativas.

¿Por qué es importante conocer hoy estas cuestiones? Porque resulta que hoy la situación política entre el gobierno y el magisterio enfrenta una circunstancia distinta, en la que ya no es necesario discutir qué enfoque debe tener la ley estatal de educación, sino apurar la emisión del conjunto normativo que se supone que va a complementar la reforma educativa impulsada por el gobierno federal.

Sería muy provechoso que la ciudadanía pudiera conocer qué ha hecho el Congreso en todos estos meses, no únicamente para contar con un panorama claro de qué se debe establecer en la reforma educativa estatal, o para conocer la postura de cada grupo político respecto a ese proceso que sigue rechazando la Sección 22, sino incluso para poder entender por qué los diputados no han podido ser parte de la solución al problema magisterial emitiendo una norma consensada y políticamente viable, mientras han cobrado millonarios salarios en todo este tiempo.

PARTE DEL PROBLEMA

Es muy llamativa la forma en cómo en el Congreso local todos los disensos son “de mentiritas”. Es decir, si tomamos como ejemplo la reforma educativa, y los supuestos “disensos” existentes en la Legislatura local, lo lógico sería que esas discordancias hubieran sido vertidas en acaloradas discusiones en el pleno legislativo, y todo eso se reflejara en el diario de los debates y todos los oaxaqueños pudiéramos ser testigos de esa supuesta defensa de posturas distintas, e irreconciliables, entre los legisladores locales.

El problema es que no existe una sola constancia de ese disenso y de esa falta de acuerdos. Si los debates han ocurrido en esa supuesta máxima tribuna del Estado, y en la supuesta “casa del diálogo” que según que es la cámara de diputados, los ciudadanos no tenemos una sola forma de conocer esos disensos o discusiones o posturas ideológicas o razones políticas que —también se supone— han esgrimido los legisladores locales para sostener sus posiciones discordantes. Si no conocemos esos argumentos, entonces también es imposible entender el supuesto disenso que aseguran que existe, y que es la razón por la que no se ha podido aprobar la ley educativa.

Razones para el debate sobran, pero no les interesan a los diputados. Por ejemplo, el gobernador Gabino Cué presentó una polémica iniciativa de ley de educación que construyó la Sección 22, y que su administración únicamente pulió para que —según— pudiera pasar por el tamiz del análisis constitucional federal. La Sección 22 presentó una iniciativa muy similar, pero en la cual se establecía —como originalmente se confeccionó, y que fue lo único que le quitó el Ejecutivo al hacer suya la propuesta— que el gobierno estatal tenía el deber de otorgar incentivos económicos a los trabajadores de la educación, y que debía contratar a los egresados de las normales ubicadas en territorio oaxaqueño. El PRI y PAN, por su parte, presentaron iniciativas que eran copias exactas de la legislación federal, trasladadas como normas locales.

¿No había materia en esos proyectos, como para entablar una discusión pública formidable entre los representantes populares? Evidentemente sí. El problema es que los diputados locales nunca sacaron del ámbito privado sus supuestas diferencias, y siempre le negaron a la ciudadanía la posibilidad de conocer por qué no se podían construir los consensos que supuestamente impedían la emisión de dicha norma. Por esa razón, al final, terminó siendo un argumento vacío el relacionado a que ya había un dictamen pero que no se podía subir al pleno porque no había la suma de voluntades necesaria entre los legisladores, para que ello ocurriera.

SILENCIO

Al final, todos sabemos cuál es la realidad: nunca entre los diputados hubo discusión alguna; tampoco en comisiones hubo algún análisis o trabajo relacionado; lo dicho fueron simples pretextos. Y en el fondo, los legisladores esperarán —como siempre— a que desde el Ejecutivo les envíen el contenido íntegro del dictamen supuestamente consensado, para que una vez que ellos hayan negociado su contenido (en el Congreso no es lo mismo “consensar” que “negociar”) lo pasen al pleno y lo voten. Eso ocurrirá cualquier día de estos, y tampoco veremos una discusión porque los diputados están convencidos de que los oaxaqueños no merecemos saber cómo y por qué toman las decisiones que sólo nos imponen.

Consulta por el CCCO: quieren aplastar, no socializar con la ciudadanía

Si CCCO

+ El gobierno se lanza a la calle; ¿Toledo va a seguir en la parsimonia?


Con el impulso a la consulta ciudadana que realizará el órgano electoral sobre el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), el gobierno estatal abrió formalmente el frente de batalla contra los grupos opositores. Esto presenta una disyuntiva formidable: habrá una consulta, y el gobierno ya se lanzó a ganarla. Frente a esto, ¿qué harán las organizaciones y ciudadanos que se oponen al gobierno para contrarrestar la embestida?

En efecto, en apenas una semana se definió el rumbo de la consulta ciudadana sobre el centro de convenciones: a finales de la semana antepasada el gobernador Gabino Cué Monteagudo y el consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Gustavo Meixueiro Nájera, formalizaron la realización de una consulta, circunscrita a dos condiciones: primera, que sólo se realizaría entre los habitantes del municipio de Oaxaca de Juárez; y segunda, que ésta consulta sería indicativa, sin efectos vinculatorios pero, dicen, con la voluntad del gobierno de acatar su resultado. Así, la semana pasada el IEEPCO delineó la forma de la consulta, y ésta se llevará a cabo en menos de diez días.

Ante este panorama, el gobierno tomó una decisión escandalosa pero que indica hasta dónde está interesado en ganar la consulta: como en los tiempos más rancios del priismo gobernante, dispuso a todo el aparato burocrático del gobierno estatal, bajo coacción, para hacer promoción a favor del proyecto del CCCO. Y no sólo eso, literalmente sacó a media burocracia a las calles para promover las bondades del proyecto, y para recabar información sobre los posibles participantes en este ejercicio, sobre los cuales el funcionario “promovente” tendrá el deber de asegurarse que el día de la consulta acudan a los centros de votación y emitan una opinión favorable al proyecto.

Mientras, el gobierno emprendió otras tareas de promoción —que no socialización— del proyecto. En los últimos días desplegó la más grande campaña de promoción que haya hecho en todo el sexenio de un tema específico, lo mismo comprando publicidad en medios informativos, espectaculares y publicidad móvil, que utilizando redes sociales, mensajes de texto y todas las formas conocidas de generar aceptación hacia su objetivo.

Sólo haría falta conocer que también utilizara a su favor la promoción dentro de los programas sociales estatales en el área de la consulta. Al final, el gobierno espera que con la combinación de todos esos mecanismos, quede segura una votación favorable y tenga legitimidad para continuar con una obra que no se ha detenido ni un día desde que arrancó a principios de julio pasado.

Evidentemente, esto da una dimensión clara del nivel de preocupación que tiene el gobierno sobre el proyecto, y su urgencia por cerrar este capítulo polémico en el que se ha enfrentado abiertamente con los defensores tradicionales de la ciudad y el Centro Histórico, que opinan que dicho proyecto no debe realizarse en la zona donde ya comenzó a construirse.

Hoy la duda que queda, es qué harán esas organizaciones opositoras para también asegurar un papel digno frente a la cascada de medidas que ha utilizado el gobierno para afianzar su “triunfo” en la consulta.

¿QUÉ HARÁ LA OPOSICIÓN AL CCCO?

La misma semana pasada vimos al pintor Francisco Toledo emprendiendo otro tipo de acciones. Personalmente acudió a un crucero de la capital (el de la calzada Niños Héroes de Chapultepec con la calzada Porfirio Díaz) para verificar la instalación de un espectacular en el que hace referencia al rechazo a que la obra sea convalidada en el sitio donde se pretende construir.

Evidentemente, la instalación de ese espectacular causó el interés que genera prácticamente todo lo que hace el maestro Toledo. Medios de información, redes sociales y personas en general reseñaron el hecho y hasta vieron con agrado la acción. Quizá en lo que no reparan el Artista, ProOax, y todas las organizaciones que lo acompañan, es que hay una parte muy importante de la ciudadanía que no es “tocada” por los medios tradicionales o por las redes sociales, y que por ende no puede enterarse de su posición de rechazo.

Quizá no han asumido que en la misma ciudad de Oaxaca hay muchísimas personas a las que, por sus condiciones de pobreza o marginación no tienen un teléfono celular o acceso a internet, y que por ese solo hecho hay que ir directamente a sus colonias y barrios para decirles qué está pasando, por qué rechazan la obra, y por qué ellos están obligados a ir hasta ahí a invitarlos a respaldar su posición el día de la consulta.

Esto, en la circunstancia actual, no tendría que ser una pose ni un “baño de pueblo” para los artistas y ciudadanos que impulsan el rechazo a la obra. Más bien, tendría que ser la consecuencia natural a lo que está haciendo el gobierno, que además de generar su propio efecto mediático, sí sacó a la burocracia a las calles, y que sí tiene a miles de personas volcadas en la promoción, casa por casa, del proyecto.

Al final, se trata de ver quién gana más adeptos. El maestro Toledo y quienes lo respaldan, deben asumir que, en este caso, el imán mediático natural que significa la imagen del pintor no es suficiente, y que verdaderamente necesitan socializar el proyecto, comenzando por salir de su zona de confort y acudiendo personalmente a esos lugares, donde podrían encontrar el apoyo para ganar la consulta.

No lo están haciendo, y el riesgo que corren es que al final su oposición sea evidenciada como meramente testimonial, pero no real, debido a que no fueron lo suficientemente agresivos, ni estuvieron a la altura de la posición que manifestaban, y que por ende no tomaron las decisiones de la magnitud adecuada para enfrentarse a esta inusual embestida del Estado oaxaqueño para defender el cuestionado proyecto del Centro de Convenciones.

¿Y LOS RADICALES?

Cuando en junio los opositores al CCCO dijeron que tenían 70 mil firmas en contra del proyecto, en este espacio (Al Margen 01.07.2015) se sugirió que el camino correcto debiera ser el impulso a un plebiscito. Algunos integrantes del Frente en Defensa del Fortín se rieron de la “ingenuidad” de esa propuesta y dijeron que la ruta efectiva era la protesta en las calles. ¿Dónde están esos “radicales” ahora que el mismo Frente, tarde y ya sin ningún futuro, está pidiéndole al IEEPCO que se desista de la consulta y opte por el plebiscito?

Confirmado: nadie confía en las instancias de procuración de justicia

Padres de Normalistas

+ Padres piden permanencia internacional; a EPN le pega condescender


Es una verdadera paradoja que hoy el principal cuestionamiento que los organismos de investigación internacional, y los propios padres de los normalistas desaparecidos, le hacen al gobierno federal y al presidente Enrique Peña Nieto, sean justamente los relacionados con la decisión presidencial de no ventilar ninguna hipótesis que relacionara a los estudiantes de Ayotzinapa con la delincuencia organizada. Es una paradoja que eso ocurra, pero es necesario reflexionar seriamente sobre las consecuencias institucionales que puede traer la insistencia general, de que sean organismos ex profeso, y no la justicia ordinaria, este que indague este abominable asunto.

En efecto, el jueves el presidente Peña Nieto sostuvo un segundo encuentro con los padres de los normalistas desaparecidos, que no terminó ni en concordia, ni en entendimiento, ni en una mejor posición para el gobierno federal. En la reunión, el Presidente se comprometió con los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa a que no habrá “carpetazo” y las investigaciones se mantendrán hasta llevar a todos los responsables ante la justicia.

Además, Peña Nieto ordenó a la PGR crear la Fiscalía para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, y giró seis instrucciones, a saber: Investigar todos los hallazgos y posibles responsables que arroje la investigación, reiterando que la investigación no se ha cerrado y llegará a donde tenga que llegar; sumar las recomendaciones y líneas de investigación que ha propuesto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes; que se continúen los trabajos para saber qué fue lo que pasó de manera individual con cada uno de los desaparecidos.

La cuarta instrucción fue que la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberá asegurarse de que todos los afectados tengan acceso a los mecanismos de atención a víctimas, y se garantice la atención médica de todos aquellos que resultaron lesionados en los sucesos de septiembre de 2014.

La quinta instrucción presidencial fue que, atendiendo la recomendación del Grupo de Expertos, la PGR integrará un equipo de peritos del más alto nivel para analizar los hechos ocurridos en el basurero de Cocula, en el cual podrá participar, si así lo acepta, el especialista José Torero; la sexta orden es la creación de la fiscalía para búsqueda de desaparecidos.

De todo esto, lo más relevante es que el Presidente prácticamente se allanó a la exigencia de que se creara una instancia específica para investigar los hechos, e incluyó al GIEI, que sistemáticamente ha sido un detractor de la investigación del gobierno federal, paradójicamente a partir de que denunció que la PGR había abandonado la línea de investigación relacionada con el llamado “quinto autobús” que podría explicar los hechos pero que involucraría a los normalistas con la delincuencia organizada.

Desde hace meses, el gobierno federal decidió no seguir esa línea de investigación —y desde noviembre del año pasado el entonces procurador Jesús Murillo Karam, así lo señaló— que (casi por decreto) no había ninguna relación entre los normalistas y el crimen y que por ende no se sugeriría ninguna línea de investigación al respecto para no ofender a los padres de los desaparecidos.

INSTANCIAS EX PROFESO

Los padres de los normalistas entregaron un documento al Presidente, en el que plantean exigencias muy puntuales, comenzando por pedir que dicho documento no se analice, sino que se asuma. Llaman la atención algunas cuestiones. En especial, el punto 3 de dicha carta, que a la letra dice lo siguiente:

“3. Replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar. Al saber que la Procuraduría quiso engañarnos, una y otra vez nos preguntamos cómo podríamos volver a confiar en una institución que se burló de nosotros. Lo cierto es que no podemos volver a confiar. Pero si fue el Estado el que desapareció a nuestros hijos, no podemos dejar de exigir al Estado que los busque. Sabemos que formalmente la investigación debe continuar, pero para revertir el daño hecho exigimos que la indagatoria:  

“a) Salga de la SEIDO y sea ubicada directamente en la Oficina de la Procuradora; b) Sea conducida por un fiscal que tenga el visto bueno del Grupo de Expertos; c) Se guíe en función de un plan de investigación que deberá diseñarse conjuntamente con los expertos y la coadyuvancia; d) Pida apoyo externo a la Procuraduría cuando requiera dictámenes periciales, con el visto bueno del Equipo Argentino de Antropología Forense; e) Presente periódicamente los avances de la investigación; f) Cuente con los recursos y facultades para incentivar la cooperación de testigos e informantes, previo visto bueno del Grupo de Expertos; g) Haga suyo el peritaje generado por el Grupo de Expertos respecto del supuesto fuego de Cocula; h) Agote todas las líneas de investigación, incluyendo las relativas al Ejército y a los políticos corruptos de Guerrero; y j) Parta de la base fáctica de hechos comprobados por el GIEI.

“Sin esas condiciones, es imposible cumplir con el replanteamiento recomendado por los expertos. Por otro lado, la unidad especial de investigación que demandamos deberá también investigar a quienes por acciones u omisiones pueden tener responsabilidad en la obstrucción de la justicia fabricando versiones carentes de prueba. En particular, exigimos que se investigue la responsabilidad del ExGobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; del ExProcurador de Guerrero, Iñaky Blanco; del ExProcurador, Jesús Murillo Karam; del Titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio; y de la responsable de los servicios periciales de la Procuraduría, Sara Mónica Medina Alegría” (http://bit.ly/1NRWTTW).

DESCONFIANZA, POR DOQUIER

No deja de llamarnos la atención que haya tanta disposición federal en este asunto. Como lo apuntamos en nuestra entrega anterior, más bien parece que el gobierno federal tiene enormes ganas de quitarse la carga de encontrar, comprobar y decir la verdad. Por eso quiere incluir a grupos internacionales. La intención es que le crean. Pero en el intento está ahondando la desconfianza en las instituciones investigadoras de nuestro país.

Es terrible que el Estado desconfíe en las instituciones de justicia

Murillo Karam

+ Gobierno debe reforzar indagatoria por normalistas, no transferirla


Es terrible para cualquier Estado que se jacta de democrático y garante de la ley, que tanto sus ciudadanos como su gobierno desconfíen de sus propias instituciones. Eso es exactamente lo que ocurre cuando está a punto de cumplirse un año de la detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y pareciera que el gobierno federal, los padres de los desaparecidos, y las instancias internacionales involucradas, apuestan a que sea una comisión o fiscalía ex profeso la que indague los hechos. Al parecer, nadie —ni el mismo Estado— confía en las instituciones del Estado.

En efecto, hoy nadie cree la llamada “verdad histórica” que construyó la Procuraduría General de la República desde hace más de nueve meses, gracias a un grupo de investigación internacional, que más parece haber venido por una consigna política que por tratar de realizar una indagatoria seria; mientras, los padres de los normalistas —quién sabe si accidental o deliberadamente— siguen confundiendo la responsabilidad internacional del Estado con lo criminal. Y el resultado es que un año después de esa tragedia nadie en México puede siguiera sostener alguna versión creíble y comprobable de los hechos y por eso pareciera que todos quieren descansar transfiriendo el deber de la investigación a una instancia —nacional o internacional— creada ex profeso.

¿Por qué lo quieren así? En un primer momento, pareciera que el gobierno federal está decidido a sostener la responsabilidad de la investigación, más por una cuestión de deber y decoro, que por estar verdaderamente convencido de que puede llegar a configurar una hipótesis comprobable de cómo ocurrieron los hechos. La PGR ha dicho que sus investigaciones sobre el destino de los desaparecidos cuentan con el aval de expertos de la UNAM y el Instituto Mexicano del Petróleo, y sin embargo titubeó en el instante mismo en que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó sus primeras conclusiones de una investigación paralela.

No se trataba de que ambas hipótesis, y sus mecanismos de verificación, entraran en una ruta de choque. Más bien de lo que se trataba es de que cada uno lograra sostener no sólo sus argumentos, sino la base científica a través de la cual llegaron a ellas. Unos y otros no pudieron hacerlo a cabalidad, y por eso entraron en una polémica en la que ganó no la contundencia de las pruebas del GIEI sino el antigobiernismo y el escepticismo de una gran porción de la sociedad mexicana, e incluso de la comunidad internacional.

Por eso, en el fondo pareciera que la PGR está tratando de construir un escenario en el que, en algún momento, pueda construir una ruta encaminada a generar una instancia ex profeso para la investigación, o más aún, constituir una Comisión de la Verdad o ceder la jurisdicción de la investigación a una instancia internacional. Así, pareciera entonces que el mismo Estado dejó ya de creer en sus propias capacidades de esclarecer un hecho de naturaleza compleja como la desaparición de los 43 normalistas, y por eso, en su desánimo, podría en algún momento llegar a tener la convicción de entregar la investigación incluso en aras de que otros la desahogaran, para que el pueblo mexicano —no todos: sólo sus detractores— y la comunidad internacional creyese las conclusiones a que llegara la misma.

LA OPOSICIÓN NO REPARA EN EL DAÑO AL ESTADO

En los últimos días, los padres de los normalistas, y hasta algunos partidos de oposición al gobierno federal, han deslizado la posibilidad de que se cree una fiscalía especializada dentro de la PGR para investigar esos hechos; y otros han considerado que es necesario que sea una instancia internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que se haga formalmente a cargo de las investigaciones para que entonces se “garantice” la imparcialidad y la profesionalidad de las conclusiones a las que se llegue.

Esa duda, y la intención, tienen exactamente la misma naturaleza que la incredulidad de la PGR. Ellos —y eso es natural— tampoco creen en el Estado. Pero no creen, no porque verdaderamente tengan dudas fundadas de lo que puede revelar o esconder la investigación ministerial, sino que dudan por una cuestión de formación política y de posición sistemática. Es decir, dudan porque tienen que dudar; y una vez resuelta esa primera situación, sólo han ido buscando los argumentos —a veces coyunturales, a veces de fondo— para justificar su posición contraria.

La oposición, y sus grupos radicales, no reparan en que el Estado mexicano es mucho más que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y que ellos estarían terminando de pavimentar una incredulidad que más temprano que tarde llegaría a afectarlos a ellos mismos, si en los siguientes comicios ganan la Presidencia de la República.

Esta tendencia le hace mucho daño al Estado. No tendría por qué haber una fiscalía especial, o una comisión de la verdad, y mucho menos la necesidad de una investigación conducida desde el extranjero, cuando se supone que tenemos instituciones fuertes de procuración de justicia. Si haber más serenidad, más sentido de Estado, y menos manipulación, y frente a la posibilidad de instituciones débiles o poco confiables, lo que debiera estar ocurriendo es una exigencia unánime de que esas instituciones nacionales superen sus deficiencias y realicen una investigación ejemplar que pueda ser sostenibles frente a cualquier tipo de argumento en contrario.

Pensar en esas posibilidades que hoy se barajan a punto de cumplirse un año de la desaparición de los normalistas, no hace sino alimentar la desconfianza que sirve de alimento diario a los grupos que sólo quieren oponerse sin tener convicción alguna por conocer la verdad. Y entre esas dos situaciones, hay un mar de distancia que es en donde hoy podría comenzar a ahogarse la verdad real sobre la desaparición de los normalistas.

SÍ, FUE EL ESTADO

En un primer momento, se deben deslindar responsabilidades y castigar a los criminales que, desde el Estado o con su aquiescencia, perpetraron ese horrendo crimen. Sin embargo, se juzgue por secuestro o por desaparición forzada, de todos modos el Estado tendrá después que enfrentar su responsabilidad internacional. Al margen de las sanciones internas, ese es un delito de lesa humanidad, que dentro de algún tiempo sentará a México en el banquillo de los acusados al menos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La exigencia de SCJN para que se emita la ley educativa, es inerte

+ Ante la omisión legislativa, la Corte debe erigirse en Legislador Sustituto


En medios de la capital del país se ha señalado que en fechas próximas el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dará un “ultimátum” al gobierno y el Congreso del Estado de Oaxaca para que emitan la ley educativa. Esta conminación será consecuencia de la controversia constitucional que el año pasado presentó el Ejecutivo federal en contra de los poderes locales por la omisión de emitir la Ley Estatal de Educación. Es terrible, pero resulta que aunque la Corte se ponga de cabeza, no podrá obligar al abúlico Congreso local a emitir la norma referida… a menos que llegara a tomar la decisión de erigirse en legislador sustituto.

En efecto, según información del diario Reforma, el pleno de la Corte discutirá en breve, probablemente esta semana, un proyecto del Ministro Jorge Pardo Rebolledo, que determina que el Congreso y el Ejecutivo de Oaxaca han incurrido en “omisión legislativa absoluta”, pues no ha aprobado una sola ley para reglamentar la reforma constitucional de 2013.

Según Reforma, el proyecto de resolución del ministro Pardo rechaza argumentos del gobernador Gabino Cué, en el sentido de que él cumplió su parte del proceso legislativo al haber enviado, en agosto del año pasado, una iniciativa de ley en la materia; y que, además, es necesaria una consulta previa a los pueblos indígenas de Oaxaca, antes de emitir leyes en materia educativa. La publicación refiere que “de ser aprobado el proyecto, como todo indica, los ministros deberán acordar el plazo que fijarán al Congreso local para discutir y aprobar las leyes estatales que reglamentarán tanto la reforma al artículo tercero constitucional, como las leyes generales de Educación y de Servicio Profesional Docente”.

Frente a esta posibilidad, la pregunta clave se encuentra no en si la Corte obliga o no al gobierno y al Congreso a emitir la norma, si en cómo podría hacerlo, o qué medidas alternativas podría tomar la Corte para evitar que la omisión legislativa continúe generando consecuencias jurídicas tanto para el estado como para la federación. Pues es evidente que aún cuando emita una resolución en la que el Alto Tribunal fije un plazo de días, semanas o meses para la emisión de la norma, lo interesante radica en cómo la Corte podría obligar coercitivamente a los poderes locales a cumplir con su determinación.

Frente a esto, lo que a primera vista parece, es que la consecuencia natural de la “omisión legislativa absoluta” —que está considerando el ministro Rebolledo proponer al pleno de la Corte como situación de la ley educativa en Oaxaca— tendría que centrarse en el juicio político en contra del Gobernador de Oaxaca y los 42 integrantes de la LXII Legislatura del Estado, ya que al ser corresponsables de la no armonización, estarían cometiendo una violación directa a la Constitución. A su vez, el juicio político tiene como efecto que el servidor público que es hallado culpable, debe ser destituido de su cargo e inhabilitado para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión pública durante un periodo determinado.

Y, frente a esto, vale la pena releer lo que, en el ámbito federal, establece la Constitución de la República. Ésta dice, en el tercer párrafo del artículo 110: “los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales (…) solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda”.

Es particularmente importante lo que dice en la última parte: que un posible juicio político llevado a cabo por el Poder Legislativo federal en contra de los diputados locales tendría únicamente efectos declarativos. Y en el caso que nos ocupa sería improbable, y quizá hasta imposible, primero, que se les iniciara juicio político a los 42 diputados juntos; y segundo, que una vez declarada su responsabilidad ante el Congreso federal y comunicada al Poder local —que es integrado por ellos mismos—, los diputados locales oaxaqueños determinaran su propia destitución e inhabilitación, con lo que además se estaría en la situación de facto de la disolución de uno de los poderes del Estado.

¿LEGISLADOR SUSTITUTO?

El señalado anteriormente, es el camino lógico que seguiría una disputa abierta entre la Corte y los poderes locales, a los que técnicamente no podrá obligar a legislar, ya que el acto legislativo es, por naturaleza, colegiado y libre. ¿Qué podría hacer la Corte frente a ese límite de su actividad jurisdiccional, en lo que toca a los deberes de los estados de la república frente al federalismo constitucional? Podría optar por la vía, aceptada en otros sistemas jurídicos, de erigirse en una especie de “legislador sustituto”.

¿A qué nos referimos? A que el hecho de hacer una declaratoria de “omisión legislativa absoluta”, no sirve de nada. No arregla el problema existente ni es suficiente para obligar a dos poderes locales a hacer algo que no quieren o no han tenido condiciones para realizar. Entonces lo que quedaría es que, en virtud de las amplias facultades que le otorga a la Corte tanto el artículo 105 constitucional, como la ley reglamentaria de dicho numeral, para proveer lo que sea necesario para que se cumpla con lo que dispone la Constitución, podría emitir reglas provisionales y extraordinarias —dada la naturaleza del caso— en materia educativa estatal, para aplicarse en tanto el Congreso emite la norma y así evitar que el vacío legal siga generando consecuencias negativas para los dos órdenes de gobierno, y para los mismos trabajadores de la educación que en diversas situaciones deben estar en el limbo jurídico.

¿RESOLVER EL PROBLEMA O SEGUIR SATANIZANDO A OAXACA?

Si la Corte quiere de verdad contribuir a que haya un marco jurídico funcional para Oaxaca y el gobierno federal, entonces debe tomar medidas para subsanar, provisional o definitivamente, la omisión legislativa. Si lo que quiere es seguir utilizando a Oaxaca como piñata política, entonces optará por declarar la “omisión legislativa absoluta” y fijar plazos que de todos modos no tiene manera de hacer cumplir coercitivamente.