El Congreso y los partidos deben promover, no derruir, la democracia

Elecciones desleales

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Frente a las circunstancias, no está de más la pregunta siguiente: ¿a quién le conviene socavar la democracia representativa en Oaxaca? Si las dirigencias o representaciones políticas de los partidos se vieran obligados a responder tal cuestionamiento, necesariamente tendrían que decir que, a cualquiera, menos a ellos. Si a los partidos no les conviene el descrédito de la democracia y los procesos electorales, como el que está en puerta en la entidad, ¿por qué son ellos quienes lo promueven?

En efecto, la pregunta no es menor, y más bien debe verse a la luz de las propias circunstancias: como la autoridad electoral quedó políticamente debilitada por el efecto que causó la declaratoria de inconstitucionalidad de la reforma político-electoral realizada por la Suprema Corte, entonces todos —partidos, candidatos, organizaciones y camarillas— asumieron que Oaxaca es tierra sin ley en materia electoral, y desataron una feroz guerra por la gubernatura y las posiciones políticas que se disputarán en 2016.

Hasta ahora, lo han hecho con libertad porque la autoridad electoral pareciera que no alcanza a reorganizarse. Pero si lo que se pudiera esperar es que el propio Estado sentara la bases para una competencia prudente, equitativa y democrática, resulta que éste promueve exactamente lo contrario. Y el resultado es una competencia fuerte y “nutrida” pero también corrosiva y con altos riesgos de convertirse en suicida, porque pareciera que está matando toda la credibilidad y certeza en la democracia representativa que encuentra a su paso.

Esta cuestión es seria. Pues pareciera que de nueva cuenta los partidos pasan por alto que no es lo mismo luchar por el poder, que luchar contra el poder. En los hechos, al tratar de hacer lo primero, terminan haciendo lo segundo. Y el problema es que si bien ambas cuestiones tienen por objeto conseguir el poder, en la primera se lucha dentro de las reglas y las instituciones establecidas por el propio Estado, en la segunda lo que se hace es socavar todas las bases en las que descansa el sistema democrático, hasta dinamitarlas, para —según— construir un nuevo sistema basado en reglas distintas.

Así, si se supone que el ejemplo clásico de la primera definición debiera ser la lucha entre partidos, y el de la segunda sería la lucha armada, resulta que en los hechos es el propio sistema de partidos, por sus propios vicios, quien intenta socavar las bases de la democracia representativa en aras no de construir un nuevo sistema, sino simplemente de alcanzar el poder.

Eso es lo que ocurre en Oaxaca. Parece que los partidos ya perdieron toda noción sobre los límites que deben guardar. Por eso alientan disimuladamente las campañas anticipadas, no moderan a quienes aspiran a un cargo público bajo sus siglas, y a través de sus representaciones legislativas continúan tratando de colonizar al órgano electoral. El conjunto de ese quebranto de normas, y de debilitamiento de la autoridad electoral, es una ciudadanía incapaz de creer en su sistema de partidos.

Pues si ven que los mismos partidos son los promotores de la ruptura únicamente para tratar de sacarle algo de ventaja a sus adversarios, entonces a todos termina quedándoles claro que sólo se puede ganar una competencia electoral rompiendo las reglas, minando a la autoridad y tomando superioridad “a la brava”.

Eso finalmente no beneficia a nadie. Porque gane quien gane, y pierda quien pierda, de todos modos el resultado electoral va a ser cuestionado e impugnado, y de todos modos al final todos van a acusar las mismas irregularidades de las que todos son asimismo copartícipes. ¿Quién pierde? Pierde la democracia; pierde la ciudadanía y, en el fondo, pierden los mismos partidos que con esa competencia feroz y caníbal están engullendo su propio valor como fuerzas representativas de la ciudadanía organizada.

VAN TRAS LA AUTORIDAD

Uno de los aspectos relevantes que invalidó la Corte respecto a la ley electoral en Oaxaca, y que se le ha dado poca importancia, es lo relacionado con la excesiva injerencia que el Congreso del Estado se otorgó en la conformación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Aunque la tendencia nacional apunta a que éstos órganos sean cada vez más ajenos a las tentaciones colonizadoras de los partidos y poderes locales, resulta que aquí ocurrió exactamente eso.

¿Qué facultades se dio el Congreso? Por ejemplo, la de continuar interviniendo en la conformación de las direcciones ejecutivas y órganos técnicos del Organismo Público Local Electoral; en la creación de un Consejo Estatal de Sistemas Normativos Internos, que también rompía con la autonomía del organismo, y con la dependencia que éste debe tener únicamente al Instituto Nacional Electoral. Y así como esas, la Corte invalidó diversas disposiciones que tenían por objeto justamente que los grupos parlamentarios en el Congreso local —es decir, los partidos— continuaran “metiéndole mano” a la autoridad electoral, como si con ello ganaran algo.

Ayer justamente, el consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, apuntaba en un texto denominado “En defensa de la autonomía de los OPL” y publicado en El Universal, lo siguiente: “Dado el sentido de la reforma electoral, es fundamental que el personal directivo de los OPL (en sus oficinas estatales, distritales y/o municipales) sea designado sin ningún tipo de injerencia de algún poder o autoridad. Lo contrario implicaría contravenir el concepto de los organismos constitucionales autónomos y los propósitos mismos de la reforma…

“No puede haber confusiones: la autonomía constitucional de los OPL se estableció respecto de los poderes locales, y en contraparte, estableció los vínculos y herramientas para que el INE intervenga en el funcionamiento de esas autoridades electorales para garantizar la imparcialidad de los comicios en los estados. Por ello los nombramientos son decisiones que deben tomarse con amplios consensos, no con mayorías simples, menos de manera unipersonal, e invariablemente deberán hacerse honrando la autonomía que gozan frente a los poderes locales”.

QUE EN OAXACA LO ENTIENDAN

Eso es lo que falta: que los grupos políticos en Oaxaca entiendan que no pueden continuar socavando todo lo que encuentran a su paso únicamente porque no se ajusta a sus intereses políticos. Y eso está en riesgo de provocarle un daño total y permanente a nuestra incipiente democracia en Oaxaca.