+ La evaluación, entre policías e irracionalidad, es un fracaso general

Evaluación Docente (12)

+ Sección 22 repudia a sus cuadros preparados; se queda con escoria


En las condiciones en que ocurrió la primera jornada de evaluación docente de este fin de semana, nadie puede decir que fue un triunfo o un hecho histórico. No puede decirlo la Sección 22, que a pesar de la trifulca que fue a armar a las inmediaciones de Ciudad Administrativa no pudo demostrar su vieja y conocida capacidad de convocatoria para una cuestión tan vital como el boicot al primer acto de implementación en Oaxaca de la reforma educativa; y tampoco puede decirlo el gobierno, que a pesar del enorme gasto y los esfuerzos realizados, sólo pudo aplicar la evaluación a seis de cada diez profesores convocados.

En efecto, este fin de semana ocurrió la primera evaluación docente que, a decir del propio gobierno estatal, sólo le fue aplicada a alrededor del 60 por ciento de la población magisterial convocada para ese efecto. Días antes el gobierno federal, a través de la SEP, había advertido que para resguardar la aplicación de la prueba a los docentes oaxaqueños habría una fuerza de alrededor de 10 mil efectivos, entre elementos estatales y federales. La CNTE reafirmó su decisión de emprender el boicot. Y el sábado las cosas ocurrieron tal y como se habían planeado. No obstante, hay que ver lo que está más allá de eso.

Pues por un lado, se confirmó la previsión de que la aplicación de la evaluación docente en Oaxaca sería una de las más costosas hasta ahora aplicadas, no únicamente por el monto económico que se utilizó en la organización propiamente del evento, sino por el enorme costo económico que implicó la movilización de fuerzas policiacas de los ámbitos estatal y federal, así como por el marcado ausentismo que hubo en la aplicación de la prueba. No existe una cifra totalmente consensada sobre el costo final de la prueba. Pero de las previsiones, puede inferirse que al sólo haberse aplicado al 60 por ciento de la población convocada, el costo por examen debió subir a casi el doble de las proyecciones realizadas.

Esto es una derrota, que aunque parcial, debe dejarle enseñanzas al gobierno estatal. Es evidente que esta era una evaluación que revestía un enorme grado de complejidad no únicamente por su organización, sino por la resistencia de la dirigencia magisterial a asumir su nueva realidad. En ese sentido, debe considerarse todo lo hasta ahora hecho para corregir fallas y ubicar la forma más precisa en la que podrá aplicar la evaluación. Pues si vemos este ejercicio como una cuestión periódica, en sus condiciones actuales no habrá presupuesto, ni capacidad institucional que soporte la realización de exámenes como los de este fin de semana.

Deben buscarse, entonces, mecanismos alternos para la aplicación de los mismos. Y sobre todo debe asumirse que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca necesita realizar un trabajo más firme, y a ras de suelo, de concientización a los propios profesores sobre sus derechos y deberes laborales, y sobre la influencia que sigue teniendo —o que perdió— el sindicato respecto a su estabilidad laboral, y prestaciones. En el fondo, el IEEPO también debe estimular a quienes sí hicieron la prueba, ya que ellos constituyen la primera gran escisión de la Sección 22, a la que ahora deben promover para el cambio institucional de fondo que requiere la educación de Oaxaca.

LA 22, SIN RUMBO

En ese contexto, el secretario general de la sección 22 (que es cabeza de playa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), Rubén Núñez, anunció que la asamblea estatal del gremio decidirá las sanciones que alcanzarán aquellos profesores que “traicionaron” al movimiento y se presentaron el examen de servicio profesional docente.

Luego de concluir su jornada de protesta, indicó que el boicot de la disidencia magisterial fue un éxito, toda vez de que muy pocos de sus integrantes acudieron al llamado de los gobiernos federal y estatal. “Al examen fue gente del Ieepo, los espurios de la sección 59 y, obviamente, algunos compañeros de la 22 que de manera sorpresiva los trajeron; sin embargo, la mayoría de los notificados de la 22 marcharon con nosotros y no acudieron al llamado de las autoridades (…) vamos a valorar (las sanciones), nosotros no tenemos un recuento exacto”, dijo.

Esto significa mucho más de lo que parece. Pues finalmente, de cara a la evaluación, la Sección 22 decidió darle completamente la espalda, y repudiar, a sus cuadros preparados. Apuntábamos hace apenas unos días (Al Margen 23.11.2015) que en los últimos años el radicalismo de la Sección 22 los llevó a distanciarse de sus cuadros preparados. Es un error pensar, decíamos, que todos los que esencialmente coinciden con los planteamientos políticos de la CNTE, se resisten a la evaluación. Por naturaleza, el magisterio es un gremio plagado de pluralidad y diferencias.

Esto hace que así como existen trabajadores de la educación comprometidos con la lucha magisterial y dedicados de lleno a ella, también existan profesores que estando comprometidos con las causas de la CNTE también estén preocupados permanentemente por prepararse, por incrementar su nivel de formación, y por tener un mejor desempeño en su labor docente. Para muchos, esa búsqueda constante de preparación tiene como objetivo incrementar su salario y prestaciones. Y en ese contexto, no temen un proceso de evaluación, independientemente de su origen o de si esto pone o no en duda sus coincidencias ideológicas o políticas con su sindicato.

¿Qué ha hecho la 22? Todo, no para estimularlos, sino para alejarlos. En los últimos años, la tendencia marcada por el sindicato magisterial fue la de excluir a todos aquellos que no coincidieran a pie juntillas con sus parámetros de radicalidad y compromiso con la lucha política. Por eso hubo —como una verdadera tendencia— una marginación de quienes provenían del normalismo académico, o de quienes ascendieron salarialmente y en jerarquía a través de su desempeño. Los “favoritos” eran los que estaban inopinadamente en la lucha sindical, los que anticipadamente se oponían a los nuevos estándares o a cualquier cambio, y a los que demostraran más radicalidad. Y salvo excepciones, preparación y radicalidad eran condiciones excluyentes en las filas sindicales.

RADICALISMO CONFIRMADO

Aplicar sanciones a quienes fueron a la evaluación, significa dar la espalda a cualquier cuadro preparado. La Sección 22 está confirmando su vocación de quedarse con sus incondicionales. Aunque sean lo menos, y los más impresentables.

¿Qué tipo de diálogo pretende el gobierno federal con los maestros?

 

Aurelio Nuño M

+ Además de inaceptable, militarizar evaluación es una táctica errónea


Ayer el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, afirmó que el Gobierno Federal está listo para transitar por el camino que los maestros disidentes deseen: el diálogo o la firmeza en la aplicación de la ley. Esto, en el contexto de la aplicación de la primera evaluación a los profesores oaxaqueños, que será vigilada por alrededor de 10 elementos de corporaciones policiacas de los tres ámbitos de gobierno en la entidad. ¿Es en verdad una buena estrategia cerrar de esa forma el diálogo, amagar con la aplicación de la fuerza, y utilizar la intimidación como forma de aceptación de la reforma educativa?

En efecto, el secretario Nuño Mayer expresó ayer que la gran mayoría de los mentores están dispuestos al cambio, y apuntó que la resistencia se centra en los liderazgos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que no quieren el cambio. Hay dos caminos, dijo, y ellos tienen la opción de escoger por cualquiera de ellos: el de mantener escuelas sin clases y querer presionar a los maestros que sí se quieren evaluar. Si persisten en este camino se van a encontrar un gobierno muy firme en la aplicación de la ley. Pero existe otro camino, es el camino de que acepten la reforma educativa y caminemos juntos”, expresó.

¿De verdad está el gobierno federal en la posición de condicionar de esa manera el diálogo con la Coordinadora magisterial? Evidentemente, las posiciones de la CNTE no han sido precisamente amigables y de hecho pareciera que el gobierno está respondiéndole a las secciones sindicales radicales con la misma moneda de la política que ellos han ejercido durante años para presionar al Estado mexicano al diálogo. No obstante, es claro que ni el secretario Nuño Mayer, ni el gobierno federal, entienden que ellos no son un grupo de presión más, ni una organización que se dedica a la industria del chantaje, sino que son nada menos que el Estado mexicano ejerciendo sus potestades, pero en el marco de un estado democrático.

¿Qué significa esto? Que en una sociedad civilizada, como la que se supone que somos, el Estado no le puede responder de forma iracunda a un grupo de presión. Dicho de otro modo, no está en condiciones de aplicar una política como la demostrada por el Titular de la SEP porque eso significaría la institucionalización, la aceptación —y quizá hasta una “constitucionalización” fáctica, por la búsqueda de una forma legal para legitimar la fuerza— del “plata o plomo”, que es tan conocido entre las organizaciones que desarrollan actividades lucrativas y que tienen como elemento de coacción a la amenaza.

Evidentemente este tipo de cuestiones no pueden pasar inadvertidas, máxime cuando lo que está en juego es no sólo la evaluación educativa sino las demostraciones de que el Estado tiene los elementos —todos— para hacerle frente a este tipo de situaciones, pero de la forma más civilizada posible y no únicamente utilizando la política del sometimiento o la trifulca.

Esto demuestra la incapacidad y la ineptitud de las instancias federales encargadas de la gobernabilidad, y la urgencia por aplastar un movimiento con el que, les guste o no, tendrían que aprender a convivir aún en la subsistencia de las nuevas circunstancias impuestas a los trabajadores de la educación con la reforma educativa.

En ese sentido, preguntémonos: ¿en un Estado democrático deben o no existir las voces disidentes? ¿En un Estado democrático, el gobierno está o no obligado a convivir y tolerar a todas las expresiones, aún las más radicales?

Evidentemente, todo esto tiene límites. Pero bajo ninguna circunstancia podríamos negar el derecho de subsistencia a la CNTE equiparándola al extremismo o al terrorismo. Esas son las formas de lucha que cualquier Estado —democrático o no— combatiría. Pero fuera de ellas, se supone que el Estado debe buscar la forma —porque por eso es el Estado— de convivir, y no de aplastar, a los grupos organizados que no están de acuerdo con sus políticas, con su régimen o quizá sólo con el gobernante.

TÁCTICA IMPRÁCTICA

Lo apuntábamos hace apenas unos días, y hoy reiteramos esta duda genuina: ¿Qué va a pasar después de la evaluación de este fin de semana? Porque si algo queda claro, dijimos en nuestra entrega del 25 de noviembre pasado, es que no habrá posibilidad, ni una sola, de que cada evaluación que se realice en las entidades federativas “problemáticas” como Oaxaca o Michoacán, sea resguardada por miles de elementos policiacos, o amenazadas por profesores iracundos que se oponen a la implementación de la reforma educativa.   Evidentemente, tanto el Estado, como los profesores de la CNTE, deberán buscar sus respectivos cauces de entendimiento y lucha, para darle viabilidad de mediano plazo a sus derroteros, y para no anclarse a un escenario que en sí mismo no tiene futuro.

Evidentemente, el mismo Estado ha demostrado que su capacidad de movilización está siendo costosa no sólo en términos políticos, sino que también le está generando una fuerte presión al presupuesto federal destinado a la seguridad pública. ¿Qué revela todo esto? Que además de ser una táctica políticamente inviable la de militarizar las evaluaciones, e insistir en su llamado al “plata o plomo” frente a la CNTE, la SEP está optando por una estrategia que también es poco práctica, de muy corto alcance, y muy costosa para las arcas federales y para las mismas fuerzas federales que están haciendo una abierta labor de contención política y no las tareas de seguridad pública para las que fueron creadas.

Por esa razón resulta hasta machacón el cuestionamiento sobre la urgencia de ubicar rutas alternas a la de la presión actual que ejerce la SEP. Ésta, en el mejor de los casos, debe ser una política momentánea, únicamente utilizada como una especie de “botón de pánico” frente a las circunstancias. Al final, si el gobierno federal no establece los cauces necesarios para entablar un diálogo útil con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dentro de muy poco tiempo su táctica actual se desfondará y terminará ocurriendo un efecto rebote, de consecuencias muy lamentables para la educación pública en nuestro país.

LOS MÁS CONTENTOS…

Son los empleados del gobierno estatal, que desde ayer tienen días de descanso obligatorio. Al menos los que laboran en Ciudad Administrativa, que toda la semana estuvo ya resguardada y confinada, y que —dicen— este fin de semana será un verdadero bunker.

¿Tres años antes, estamos preparados para tener aspirantes presidenciales?

Presidente Desconocido

+ Sucesión adelantada, producto de la ilegitimidad de quienes ejercen el poder


 

Una encuesta publicada por el periódico El Universal, de la Ciudad de México, marcó la pauta para la carrera de la sucesión presidencial que, como en los últimos lustros en México, está adelantada a su tiempo. Al margen de los nombres y las revelaciones que hace dicha encuesta sobre el panorama electoral, vale la pena preguntarnos cuál es la razón de este fenómeno de aceleración sucesoria, en un contexto en el que parecía que el PRI había vuelto con sus tradicionales formas de gobernar y transmitirse el poder.

En efecto, una encuesta nacional del periódico El Universal y la encuestadora Buendía & Laredo, levantada entre el 16 y 19 de noviembre, presentó el panorama electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. De acuerdo con la publicación, cuando se pidió a los encuestados, de manera espontánea, decir quién le gustaría que fuera el próximo Presidente de la República, ocho por ciento respondió que Andrés Manuel López Obrador y dos por ciento que el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas. No obstante, 7 de cada 10 entrevistados no supo quién le gustaría que fuera el elegido.

Según la encuesta, el priista mejor posicionado para la contienda presidencial de 2018 es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; mientras que en el PAN la esposa del ex presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala Gómez del Campo, tiene una ventaja de más de 20 puntos respecto al actual presidente del CEN blanquiazul, Ricardo Anaya, y el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Entre los miembros del Partido Acción Nacional, así como entre los independientes, la ex Primera Dama del país cuenta con el respaldo de 49% y 33%, respectivamente.

De todo esto, la mayoría de los escenarios muestra un empate entre el PAN, la alianza PRI-PVEM y Morena, mientras que el PRD y una eventual candidatura independiente de El Bronco se disputan la cuarta posición. Al enfocarnos en el careo con los abanderados mejor posicionados en las contiendas internas, el resultado es una contienda “a tercios”: El candidato de la alianza PRI-PVEM, Osorio Chong, 23%; Margarita Zavala del PAN, 22%; López Obrador de Morena, 20%, Mancera del PRD, 7%, y El Bronco, como candidato independiente, 5%. Sin embargo, es interesante que en esta contienda, los independientes prefieran a López Obrador (21%), seguido por Margarita Zavala (19%) y en tercer lugar Osorio Chong con 15%.

¿Qué nos dice todo esto? Que el 2018 está enfilado desde ahora, y que en este panorama es muy previsible una nueva alternancia de partidos en la Presidencia de la República. Sorprendentemente, parece que desde ahora la balanza se está inclinando nuevamente por la preferencia hacia los candidatos de los partidos políticos, pero también resalta que en esta contienda hay un ayuno casi total de posibles aspirantes independientes con verdaderas posibilidades de participar en la contienda.

Pero más allá de esta lucha de números, encuestas y partidos, lo que parece evidente —y prácticamente no se dice, y menos se analiza— es que el aderezo de la contienda presidencial será el hartazgo de un régimen que, más allá de los nombres, está agotado por la corrupción, la opacidad y la incapacidad de generar confianza a partir de la rendición de cuentas.

ALTERNANCIA, ¿HACIA DÓNDE?

Según la encuesta, la competencia entre el PRI, y los partidos de derecha e izquierda, respectivamente, va “a tercios”. Es decir, hay un empate entre las preferencias de Osorio Chong, López Obrador y Zavala. El punto fino en estos números —y que tiene mucho que ver con el enojo de la sociedad frente a la corrupción— es que mientras los números de Zavala y AMLO tienden irremediablemente a crecer, los de Osorio Chong continuarán cayendo conforme avance su desgaste natural como el servidor público encargado de la seguridad y la gobernabilidad del país.

¿Por qué ocurre esto? La respuesta no está en lo que el lugar común apunta a denominar como “las calenturas tempraneras” sino más bien al agotamiento anticipado no sólo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, sino de todo el modelo político por el que han tenido estabilidad los últimos mandatarios en nuestro país. Dicho modelo es aquel que en el pasado le intercambió a los mexicanos democracia por estabilidad, y que luego les dio democracia a cambio de la tolerancia a la corrupción. Hoy esa dinámica parece estar llegando a su fin, y por esa razón pareciera que la ciudadanía está tratando de construir un nuevo panorama en el que los cambios que pudiesen ocurrir sean más radicales que los decididos hasta ahora.

Ello se explica en sí mismo: el único posible candidato del partido en el poder está a merced del desgaste que puedan generarle las circunstancias, la corrupción o la incapacidad del gobierno para el que trabaja. Junto a él se encuentra el líder mesiánico, radical, que sin embargo se nutre todos los días del genuino cansancio de la ciudadanía. Y junto a él, casi hombro con hombro, se encuentra la ex Primera Dama, que da un fario de fortaleza y certidumbre que no lo habían dado otras mujeres que en el pasado reciente aspiraron a la Presidencia de la República.

Al final, así como en las recientes elecciones de Argentina no fueron los candidatos, sino el desastre económico y la corrupción y frivolidad, los que derrotaron definitivamente a la presidenta Cristina Fernández, en México parece que algo similar es lo que terminará definiendo el rumbo de Peña Nieto, que a pesar de todo se niega a promover el cambio democrático de fondo que está exigiendo el país, y que no tiene que ver con las reformas electorales sino con las demostraciones de combatir la corrupción, el conflicto de interés, y la impunidad, que hasta ahora han sido los únicos signos distintivos de su gobierno y a los cuales no opacan ni el manejo de la economía estable, y mucho menos las eclipsadas reformas electorales. Así de trágico es su panorama.

QUE LES PREGUNTEN…

Se ha vuelto práctica que unos tomen la voz de otros, sin antes preguntar, para indignarse, y con eso parecer muy comprometidos y muy rebeldes. Es el caso de los que se ofendieron por un comercial de un refresco filmado en la comunidad mixe de Totontepec. ¿Ya le preguntaron a los oriundos de ese municipio qué opinan de eso? Podemos coincidir con la crítica a Coca Cola. Pero los que no nacimos ahí, antes de todo deberíamos conocer y respetar la opinión que tengan los totontepecanos al respecto.

¿Todas las evaluaciones tendrán que ser vigiladas por 10 mil policías?

cnte

+ Gobierno debe abrir, paulatinamente, canales de diálogo con la CNTE


 

Una de las grandes aduanas en la implementación de la reforma educativa, ocurrirá este fin de semana cuando, en un episodio simbólico por diversas razones, se enfrenten el Estado mexicano y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por la realización de la primera evaluación a los docentes oaxaqueños. Es importante el hecho que constituye la aplicación de los primeros exámenes. Pero lo es mucho más, la medición de fuerzas entre dos bloques que, en el mediano plazo, se verán obligados a buscar rutas alternas que el choque que están previendo para este fin de semana.

En efecto, ayer el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseguró que “serían agregados unos 10 mil elementos de la Policía Federal” a las autoridades policíacas actuales para garantizar el buen desempeño de la evaluación docente este fin de semana en Oaxaca. “La Policía Federal, dijo, empezará a llegar de manera numerosa a Oaxaca. Así como arribó la semana pasada a Michoacán, esta semana se verán los contingentes federales para poder garantizar la evaluación (…) estaríamos hablando de ocho mil a 10 mil policías federales adicionales de los que ya existen”, agregó el funcionario federal.

Horas más tarde, el gobernador Gabino Cué confirmó que unos 7 mil policías, entre federales y estatales, resguardarán la evaluación docente que se realizará este sábado y domingo, 28 y 29 de noviembre, en Ciudad Administrativa. Descartó que vayan a trasladar a los docentes en helicópteros como ocurrió en Michoacán porque en Oaxaca se aplicará otra logística. Dijo que la presencia policial será disuasoria, en un primer instante, pero ante la amenaza de boicot o de ‘lastimar’ el derecho de los docentes por parte de la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, la obligación de la autoridad es garantizar la integridad de quienes acudan a este proceso.

Y es que desde hace varias semanas, la Comisión Política de la Sección 22 lanzó la advertencia de que intentaría un boicot a la evaluación diagnostico de la SEP, que inicialmente se realizaría los días 14 y 15 de noviembre, pero que fue pospuesta para este fin de semana. Según la 22 “los maestros de Oaxaca tienen la indicación de no acudir al examen (…) Cuando todos los compañeros tengan un documento donde les indiquen el tipo de examen, la hora, la sede y el propósito, entonces se podrá hablar que es un proceso legal”, señalaban.

Hasta ayer, la Sección 22 no había retirado su amenaza de boicotear la evaluación, y en ese contexto se decidió resguardar, desde el lunes, las instalaciones de Ciudad Administrativa donde formalmente se llevará a cabo la evaluación; y ayer martes se hizo el anuncio formal del refuerzo de elementos federales para garantizar la seguridad de la evaluación. A simple vista no parece fácil poder prever la existencia de disturbios o violencia. Pero sí se infiere que si la Policía Federal está movilizando masivamente a sus efectivos, es porque ven latente la posibilidad de que esto ocurra.

¿Qué resguardarán? Físicamente, buscarán salvaguardar a las personas que acudan a realizar su evaluación. Pero políticamente —y esa es la parte sensible— lo que resguardarán es la supervivencia y la capacidad del Estado de aplicar la evaluación ejerciendo para ello su autoridad tanto frente a quienes evaluarán, como a quienes tratarán de impedirlo.  Por esa sencilla razón, lo que ocurra el fin de semana en las instalaciones de Ciudad Administrativa será definitorio para el futuro inmediato de toda la reforma educativa en el país —y quizá hasta sea un abono a la endeble legitimidad del presidente Enrique Peña Nieto—, frente a la CNTE que buscará por todos los medios la forma de impedir la consumación de esta significativa evaluación.

¿Y DESPUÉS?

Es lo que también vale la pena preguntarse. Porque si algo queda claro es que no habrá posibilidad, ni una sola, de que cada evaluación que se realice en las entidades federativas “problemáticas” como Oaxaca o Michoacán, sea resguardada por miles de elementos policiacos, o amenazadas por profesores iracundos que se oponen a la implementación de la reforma educativa.

Evidentemente, tanto el Estado, como los profesores de la CNTE, deberán buscar sus respectivos cauces de entendimiento y lucha, para darle viabilidad de mediano plazo a sus derroteros, y para no anclarse a un escenario que en sí mismo no tiene futuro.

¿De qué hablamos? De que los profesores de la Coordinadora deben asumir, con seriedad, que su lucha tiene mucho más de fondo que el solo rechazo a la evaluación. Deben ver, por ejemplo, qué futuro tienen como organización, cómo podrán mantener la base social que tuvieron hasta hace poco tiempo gracias al terror disciplinario que aplicaban sobre sus agremiados; deben reconocer que mientras más tiempo pierdan en estas luchas parciales, más espacio pierden en los espacios educativos de decisión, en los que hasta hace poco tiempo eran nada menos que los amos y señores.

Y por su parte, el Estado debe asumir que no puede vivir cuidando con policías los procesos de evaluación de la educación. De hecho, los términos “educación” y “policías” resultan ser excluyentes, y por esa razón debe buscar cuanto antes la forma de dejar que las evaluaciones docentes tengan como contexto el resguardo policiaco y militar.

Si coyunturalmente es necesario utilizar a la fuerza pública, en el corto plazo debe establecer los canales de diálogo necesarios para que ese resguardo militarizado deje de ser necesario, y debe entablar el diálogo suficiente con sus adversarios para que sus respectivas luchas continúen por otras vías. De no hacerlo, entonces se constataría no sólo la sordera del aparato federal, sino también su incapacidad de generar más escenarios que los de la aplicación de la fuerza.

Por todo eso, lo que pase el fin de semana en Oaxaca será definitorio, pero sólo para que la reforma educativa siga viva. Después vendrá el momento de demostrar —o de desmentir— que dicha reforma es viable en el mediano y largo plazo.

DORMIDOS

En la prensa de la capital del país apenas se dieron cuenta que Flavio Sosa dejó el PRD para irse a Morena. Ello quedó más que claro, al anunciarse el nombre de la nueva dirigente de ese partido en Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera. Más bien la duda es si con ese enroque subsiste la candidatura —que según ya estaba “segura”— de Salomón Jara a la gubernatura por Morena en 2016.

Comisión de la Verdad: que sus finalidades sean más que electorales

Comision de la verdad

+ Deben citar a los involucrados, pero sin anclas al calendario político


El fin de semana el presidente de la Comisión de la Verdad (CV), Alejandro Solalinde Guerra aseguró que dicho organismo citará al ex gobernador Ulises Ruiz a que rinda su testimonio sobre los hechos ocurridos en Oaxaca durante los años 2006 y 2007. Informó además que giró citatorios a otros ex funcionarios del periodo. Si consideramos el momento político del anuncio, y la fecha establecida para la entrega de las conclusiones de la memoria histórica que se supone que la CV está realizando, no hay más que concluir que los trabajos de dicha Comisión están perfectamente calculados en base al calendario político de la entidad.

En efecto, según una nota de Proceso, Solalinde Guerra destacó que los integrantes de la Comisión de la Verdad tomaron la decisión de llamar a declarar a Ruiz. “No importa que saque una biblioteca de libros, de todos modos lo vamos a llamar, porque es el principal presunto perpetrador (de la represión en Oaxaca), no cabe duda, pero además vamos a llamar a otras personas que están siendo señaladas”, resaltó. Este anuncio, ocurre en un contexto político inundado por la efervescencia electoral, en la que Ulises Ruiz insiste en ser uno de sus principales protagonistas.

Esta es una tragedia doble para Oaxaca: por un lado, la Comisión de la Verdad tiene una misión encomiable que, sin embargo, no está cumpliendo; por el otro, priva una especie de socarronería por parte de los ex funcionarios involucrados en la crisis social de 2006 y 2007, debido a que los resultados de la investigación no tienen ningún efecto vinculatorio, además de que saben que la propia CV está haciendo una investigación parcial, más cercana a la consigna política que a la rememoración de fondo del periodo, por lo que saben que también dicha investigación carga con cierto nivel de descrédito. Y finalmente porque saben que si la facultad de investigación de la Suprema Corte sobre violaciones graves a derechos fundamentales, y las investigaciones ministeriales, no fueron capaces de llevarlos ante los tribunales, esta investigación tampoco.

¿Por qué es trágico lo que está haciendo la CV? Básicamente, porque lo que hace es cumplir una consigna política de perseguir al régimen anterior a través de señalamientos y acusaciones, pero sin cumplir con el papel de fondo que debiera tener una Comisión de la Verdad. Si consideramos que organizaciones como Amnistía Internacional señalan que todas las víctimas de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de tortura, de ejecución extrajudicial y de desaparición forzada, tienen derecho a la verdad, entonces lo que la CV tendría que estar haciendo es cumplir con la búsqueda de la verdad y no cumplir con una consigna política.

Amnistía Internacional, dice además, que obtener la verdad sobre los crímenes es vital, primero, para que las víctimas directas conozcan toda la verdad sobre los crímenes de que han sido objeto, así como las razones que los motivaron, y para que se reconozca públicamente su sufrimiento. Además, dice, la verdad es necesaria para desmentir toda acusación falsa que haya podido formularse contra ellas durante la comisión del delito.

¿Verdaderamente está haciendo eso la Comisión de la Verdad en Oaxaca? No lo sabemos, porque la Comisión nunca estableció una ruta específica para su investigación; no ha demostrado estarla haciendo con base en criterios reconocidos para una investigación de esta magnitud, y porque más bien se la ha pasado señalando, acusando a priori a los responsables, y utilizando momentos y formas que lo que demuestran es un linchamiento político y no la intención de resarcir —al menos con la verdad— a todas las víctimas de aquellos episodios, fueren integrantes del movimiento popular o simples civiles que resultaron afectados por aquella crisis social.

ULISISMO, IMPUNE

Desde el momento en que se creó la Comisión de la Verdad, varias dependencias estatales, como la Procuraduría de Justicia, o los tribunales dependientes del Poder Judicial del Estado, debieron fijar una posición sobre la aceptación implícita de las deficiencias estructurales que les impidieron tener la estatura para conocer de los hechos relacionados con el conflicto magisterial, y llegar a conclusiones no sólo, declarativas sino incluso vinculatorias, para quienes resultaren responsables de violaciones graves a los derechos humanos y, por ende, de la comisión de delitos. Crear una Comisión de la Verdad trae aparejado el reconocimiento de la incapacidad de las instancias ordinarias de ofrecer certidumbre sobre qué ocurrió en un periodo específico. Este fue el caso.

Además, si el objetivo de la CV es conocer la verdad sobre las posibles violaciones a derechos humanos durante el conflicto de 2006, las organizaciones que impulsaron la creación de dicha Comisión —e incluso los mismos integrantes de la misma— debieran dejar constancia específica de su disposición a que, de verdad, se conozca toda la verdad. Es decir, a que esa Comisión se encargue de indagar todos los hechos que posiblemente atentaron contra la dignidad y derechos de las personas, y que no fuere sólo un tribunal creado ex profeso para enjuiciar al gobierno, porque eso sería conocer —en el mejor de los casos— una parte de la verdad, pero no toda.

Todo esto ha sido trágico, porque la CV parece más bien un montaje encaminado a enjuiciar mediáticamente a Ulises Ruiz —cosa que a él no le interesa, ni le afecta en lo más mínimo—, pero que en el fondo lo que hace es convalidar su impunidad frente a todos los hechos de los que se le acusa responsabilidad.

Aunque han pasado casi 10 años, las heridas del conflicto magisterial siguen abiertas, y sus agravios continúan vigentes. Y hacer todo esto sólo para empatar las conclusiones de la investigación con los tiempos electorales, sólo refleja que están desdeñando la verdadera justicia frente simples cálculos políticos. La responsabilidad de Ulises Ruiz debiera ser investigada a fondo y no ser utilizada como un mecanismo más del año electoral.

FIN ELECTORAL

“Seguramente —apuntamos aquí hace 12 meses (Al Margen 26.11.2014)— las conclusiones de la Comisión serán dadas a conocer en marzo de 2016… en un momento ideal para que esto sirva como un eficaz proyectil del gobierno y la coalición contra sus adversarios, en plenos tiempos electorales”. ¿Alguien sigue dudando que todo esto se va a cumplir a pie juntillas? Ver para creer.

La Sección 22, derrotada por no ofrecer alternativa a sus agremiados

Evaluación

+ Incita a no acudir a la evaluación, pero sin ofrecerles una ruta alterna


Es inminente la consolidación de la evaluación a los profesores oaxaqueños, y en ese contexto queda claro que la Sección 22 está pagando el costo de su irreflexividad, y de su incapacidad de generar un escenario de consenso no únicamente entre quienes están convencidos de su lucha, sino también entre quienes aceptando los postulados políticos del sindicato magisterial, también desean prepararse para tener mejores condiciones de trabajo. Carente de esa visión, la Sección 22 se está condenando sola.

En efecto, este fin de semana se llevó a cabo la jornada de orientación e información a los profesores oaxaqueños que en fechas próximas participarán en el primer proceso de evaluación implementado en Oaxaca. El sindicato magisterial había amagado abiertamente con emprender acciones de sabotaje tanto a las jornadas informativas, como a la realización de la evaluación docente.

Los gobiernos estatal y federal respondieron señalando que la aplicación de los exámenes a los docentes se realizará en las instalaciones de Ciudad Administrativa, y que utilizarán a la fuerza pública si es necesario, para garantizar que dicha jornada se realice. La respuesta de la 22, fue ya no hacia el gobierno, sino hacia sus propios agremiados, exigiéndoles que no se presentaran a las evaluaciones.

La escasa respuesta a ese llamado —porque la jornada de información ocurrió sin incidentes, y se prevé que un número importante de profesores acuda a la aplicación de los exámenes, para lo cual la SEP y el IEEPO están ofreciendo diversas facilidades— tiene su explicación no únicamente en el “miedo” de los evaluados a perder su empleo si no acuden a presentar su examen, sino en otras circunstancias que terminan siendo propias del sindicato magisterial. Vale la pena repasar algunas de ellas.

Primero, la Sección 22 no le ha ofrecido a sus agremiados una ruta alterna, viable, a la evaluación docente. Hasta ahora, el sindicato magisterial no ha logrado ubicar una ruta jurídica a través de la cual puedan evadir las responsabilidades de evaluación que les impuso la Ley General del Servicio Profesional Docente, y que esto no les genere la situación de vulnerabilidad para perder su empleo. Hasta ahora, han fracasado los amparos que han intentado y la CNTE no ha podido recobrar el diálogo con el gobierno federal como para poder explorar la posibilidad de prologar el periodo para el inicio de las evaluaciones. Es decir, que por radicales hoy no pueden ofrecer alternativas a los profesores para que rechacen la evaluación sin riesgos.

Segundo, en los últimos años el radicalismo de la Sección 22 los llevó a distanciarse de sus cuadros preparados. Es un error pensar, por ejemplo, que todos los que esencialmente coinciden con los planteamientos políticos de la CNTE, se resisten a la evaluación. Por naturaleza, el magisterio es un gremio plagado de pluralidad y diferencias.

Esto hace que así como existen trabajadores de la educación comprometidos con la lucha magisterial y dedicados de lleno a ella, también existan profesores que estando comprometidos con las causas de la CNTE también estén preocupados permanentemente por prepararse, por incrementar su nivel de formación, y por tener un mejor desempeño en su labor docente. Para muchos, esa búsqueda constante de preparación tiene como objetivo incrementar su salario y prestaciones. Y en ese contexto, no temen un proceso de evaluación, independientemente de su origen o de si esto pone o no en duda sus coincidencias ideológicas o políticas con su sindicato.

¿Qué ha hecho la 22? Todo, no para estimularlos, sino para alejarlos. En los últimos años, la tendencia marcada por el sindicato magisterial fue la de excluir a todos aquellos que no coincidieran a pie juntillas con sus parámetros de radicalidad y compromiso con la lucha política.

Por eso hubo —como una verdadera tendencia— una marginación de quienes provenían del normalismo académico, o de quienes ascendieron salarialmente y en jerarquía a través de su desempeño. Los “favoritos” eran los que estaban inopinadamente en la lucha sindical, los que anticipadamente se oponían a los nuevos estándares o a cualquier cambio, y a los que demostraran más radicalidad. Y salvo excepciones, preparación y radicalidad eran condiciones excluyentes en las filas sindicales.

¿QUÉ SIGUE?

Los llamados de la Sección 22 a movilizaciones siguen teniendo eco, pero cada vez más escaso. Muchos de los que participaban lo hacían por mantener la salud de su hoja de participación sindical, que era indispensable de presentar para realizar casi cualquier tipo de trámite ante la autoridad educativa. Toda esa parte quedó sin efectos, y ahora sólo ocurre la participación por coincidencias políticas o por adoctrinamiento. Hasta ahora, la 22 no ha conseguido una sola forma de mantener la atracción de los agremiados hacia su lucha, y por eso el llamado a la no evaluación se nota deslucido y con escasa convocatoria.

Es evidente que no han terminado de entender que su movilización masiva estaba basada en la disciplina coaccionada, pero que esto se acabó. No puede haber esa misma disciplina cuando ya no existen las condiciones por las que antes se profesaba ese temor a no acudir a las movilizaciones y llamados del sindicato magisterial. Además, es menos probable que esa disciplina y esa convocatoria continúen como la Sección 22 quisiera para continuar oponiéndose, cuando lo único que le ofrecen a los agremiados es un salto al vacío, cuando lo convocan a no hacer caso al llamado a la evaluación.

Finalmente el sindicato magisterial debe asumir su nueva realidad y buscar formas adecuadas de defender sus intereses, pero sin tomar a sus agremiados como kamikazes. Hay muchos más factores en juego que la sola lealtad a una lucha que hoy no sólo no les ofrece alternativas, sino que se ha evidenciado como una lucha con formas torpes y poco eficaces de defensa, ante la embestida que largamente les anunció el Estado, y que hoy les está aplicando tal y como hace tres años anunció que lo haría.

“APOYOS”

A nadie debería sorprenderle que hoy la 22 denuncie los “apoyos” que ofrece el Estado para los profesores que realizarán su evaluación. Esto consiste, dicen, en una suma de dinero para transporte y alimentación. Algo que la 22 nunca dio a nadie que participara incluso en sus movilizaciones. Por eso eran tan famosas las “cuotas” que se daban por escuela, o por sector, para apoyar “la lucha”. Menudo contraste.